impulso a los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura
Los abogados querellantes fijan estrategias
Más de 130 letrados de todo el país conformaron una Red Federal. Buscan unificar estrategias para acelerar los juicios, proteger a los testigos y evitar las excarcelaciones de represores. Presentarán un informe sobre la marcha de las causas.
Por: Gerardo Aranguren
El 28 y 29 de octubre de 2011, luego de cinco años desde que se reiniciaron los juicios por la represión ilegal, más de 130 abogados que impulsan las causas por la represión ilegal de todo el país se reunieron por primera vez en la ex ESMA con el objetivo y la necesidad de aportar ideas y estrategias para resolver las dificultades que enfrentan en las diferentes provincias.
Durante los meses posteriores, elaboraron un documento con las conclusiones de la jornada para trazar estrategias generales ante las numerosas causas. Allí proponen, entre otras cosas, evitar la revictimización de los testigos. Para eso piden “unificar el criterio para reclamar a los TOF (Tribunal Oral Federal) la incorporación por lectura de testimonios brindados en otras causas”, algo que finalmente fue incluido entre las reglas de la acordada de la Cámara de Casación Penal. En un sentido similar, presentarán un informe a la Comisión Interpoderes de Seguimiento de las causas, al presidente de la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de la Magistratura que describa la situación de cada provincia, la fragmentación de juicios y las razones de la demora en las causas.
Cinco meses después del primer encuentro, en el ex centro clandestino de detención, algunos de los impulsores de esta Red Federal dialogaron con Tiempo Argentino sobre el futuro del proceso de Memoria, Verdad y Justicia, las dificultades para avanzar sobre algunos sectores todavía impunes y sobre las nuevas reglas de la Cámara de Casación para acelerar los juicios.
“Las dificultades son enormes, diversas y cada vez mayores. Por eso la necesidad de juntarnos y de seguir conectados para entender que no es lo mismo llevar adelante un juicio en la Ciudad de Buenos Aires que en Jujuy o Salta. Entre los problemas generales están la lentitud de los juicios, la fragmentación en las causas, las prisiones domiciliarias. Una lista enorme. Se están pidiendo reuniones a la Comisión Interpoderes para hacerle planteos concretos”, resumió Pablo Llonto, querellante en numerosas causas como ‘Automotores Orletti’ o la demorada ‘Campo de Mayo’.
Mara y Viviana Reinoso son abogadas querellantes en La Rioja en la causa por el asesinato de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville. Mientras intentan que la causa se sume a la investigación por la muerte de Enrique Angelelli, el juicio que iba a comenzar el jueves pasado se debió suspender porque no se pudo conformar el Tribunal y por planteos de nulidades por parte de las defensas.
“En La Rioja las incidencias alarmantes, por momentos hasta sancionables, por parte de las defensas generan permanentes tropiezos y obstáculos de tipo procesal que demoran los procesos. Los tribunales tienden a patear la pelota para adelante y no ponen freno a estas situaciones dilatorias. También tenemos la dificultad en cuanto a la conformación de los tribunales”, señalaron las letradas.
Para la abogada Lucía Gómez Fernández, quien representa a la Secretaría de Derechos Humanos en las causas Primer Cuerpo del Ejército y Plan Cóndor, la agilización de los juicios es la principal problemática. “En Capital nos encontramos con que muchas de las causas tienen su segunda parte (ESMA, Vesubio, Orletti) y nos preguntamos qué hacemos con la segunda etapa, porque si la hacemos de la misma manera vamos a tardar otros cinco años. Es uno de los grandes temas al igual que la situación de los testigos. No sólo tiene que ver con la revictimización sino con la agilización. La segunda parte de Vesubio es por 200 víctimas. Si declaran nuevamente los 50 sobrevivientes del centro clandestino no sólo los revictimizamos sino que vamos a tardar otros cuatro años más”.
Como una forma de resolver estos problemas que describen los abogados querellantes, la Cámara de Casación Penal aprobó seis reglas que establecen recomendaciones para evitar demoras y buscan reducir el trauma a las víctimas, entre otros temas.
“Las reglas son un avance”, señaló Marianela Ahumada, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos en la causa ESMA, al recordar que se podrá leer sólo las partes pertinentes de la elevación a juicio. “Demoramos meses y meses de lectura que son innecesarios y así podríamos evitar cuestiones que son meramente formales”, agregó.
Adriana Taboada, miembro de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte e integrante de la Comisión Juicio Campo de Mayo consideró que “hay que empezar a desarrollar nuevos elementos conceptuales. Esto no es una formalidad, requiere de discusiones de fondo y si hace falta modificar códigos habrá que hacerlo porque que no haya lugar para el juicio de Campo de Mayo después de 4 años es un problema muy grave”.
En ese sentido, Llonto reclamó “ir del dicho al hecho”. “Si lo llevamos a un partido de fútbol, no se puede jugar sin la cancha, los jugadores o el árbitro. En muchos lugares del país están faltando los árbitros, que son los jueces, o la cancha, que son las salas. Falta una centralización para solucionar estos problemas porque son muchas cosas estructurales que necesitan respuesta y no podemos seguir a este ritmo desesperadamente lento”, analizó el abogado y agregó: “Estamos en un punto crítico en que hay que tomar decisiones de fondo. Lo que ha hecho Casación es una respuesta a esto pero es sólo un taponcito. Hay que destapar muchos otros.”
La clave
DEMORAS. En muchos lugares del país los juicios se demoran por la falta de jueces o de salas adecuadas para llevar adelante los procesos contra los represores. “Falta una centralización para solucionar estos problemas”, dijo el abogado Pablo Llonto.
Fuente:InfoNews
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