“La Justicia consolidará la democracia y el Nunca Más”
Estela de Carlotto habló ante el tribunal al finalizar el alegato de los abogados del organismo de derechos humanos. Pidieron 50 años para el dictador Jorge Rafael Videla como máximo responsable del plan sistemático de apropiación de niños.
Por Alejandra Dandan
Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.Imagen: Rafael Yohai
Estela de Carlotto estaba sentada en la sala de audiencias. “Señores jueces –les dijo a los integrantes del Tribunal Oral Federal 6–: en nombre de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, de los organismos de derechos humanos hermanos, de los 30 mil detenidos desaparecidos y de la mayoría del pueblo argentino, manifiesto que sin que nos muevan sentimientos de odio, venganza o revancha brindamos para llegar a la inclaudicable justicia que, sin dudas, consolidará la democracia y asegurará el Nunca Más.” Así terminaron los tres días del alegato de Abuelas de Plaza de Mayo en el juicio del plan sistemático de robo de bebés. Como querellantes, pidieron 50 años para el ex dictador Jorge Rafael Videla y condenas que van desde los 25 a 10 años de prisión para los otros acusados, entre los que están Reynaldo Bignone y Oscar Franco, integrantes de la última junta de comandantes.
La sala estuvo ocupada desde temprano por varias Abuelas, entre ellas Elsa Pavón e Irma Rojas y Jorgelina Azarri de Pereyra. Estaban los nietos que, como en los últimos días, se fueron turnando para hacerse presentes: Victoria Moyano, Paula Logares, Juliana García Recchia; Fernando Navarro, el tío de Claudia Poblete. Frente al tribunal presidido por María del Carmen Roqueta, Videla permaneció sentado al lado del dictador Bignone. No se durmió como en los días anteriores, en los intervalos se la pasó hablando con los defensores y haciendo gestos con las manos levantadas.
Además de la condena a Videla, Abuelas pidió 15 años para Bignone y Franco; 19 para Santiago Riveros, entonces a cargo de Institutos Militares con sede en Campo de Mayo, base de una de las maternidades clandestinas. Pidió 25 años para el ex prefecto Juan Azic, uno de los torturadores de la ESMA, apropiador de dos niñas. Pidieron además 15 y 10 años de prisión respectivamente para Víctor Gallo y su ex mujer, Susana Colombo, por la apropiación de Francisco Madariaga.
En el final, el equipo de abogados de Abuelas volvió a solicitarles a los jueces, como el primer día, que en la sentencia definan que durante la dictadura existió un “plan sistemático de robo de niños”, una de las demandas pendientes desde el Juicio a las Juntas. Entre los muchísimos aspectos del fallo, aceptó que existió un plan sistemático de robo de bienes de los detenidos desaparecidos, pero excluyó el robo de niños de esa lógica. Aunque todavía no se habían producido la enorme cantidad de restituciones de niños que en este juicio se convirtieron en la prueba principal, los abogados recordaron que, en aquel momento, a Videla por ejemplo lo condenaron sólo por uno de los seis casos de robos de niños que estaban en revisión.
Otro de los pedidos fue que el tribunal exprese que los crímenes se cometieron en el marco de un genocidio. Y solicitaron que Videla abandone la prisión en Campo de Mayo y sea trasladado a una dependencia del servicio penitenciario. Los abogados Mariano Gaitán y Alan Iud argumentaron que la guarnición de Campo de Mayo funcionó como centro clandestino y allí dieron a luz varias secuestradas: “Es una afrenta para la memoria de esos niños” que el dictador permanezca en ese espacio, dijeron.
El pedido de 50 años de prisión para Videla fue una de las singularidades del alegato. La habilitación para esa solicitud la dio la polémica ley Blumberg, sancionada en 2004. Los abogados explicaron lo siguiente: sobre el dictador pesan 22 apropiaciones: 12 son de niños restituidos antes de la sanción de la ley, y entonces no puede ser acusado en base a esa norma; otros 10 son posteriores, porque cinco de esos niños recuperaron la identidad después de 2004 y cinco aún permanecen desaparecidos. Es así que Videla aún sigue cometiendo el delito con los niños que aún no están identificados, porque la apropiación y sustitución de la identidad es un delito “permanente” que cesa cuando la persona recupera su nombre original. “Sería fantástico que se derogue la ley –dijo Iud–, pero que empiecen por no aplicarla a personas que cometieron delitos mucho menos graves; hasta que el Congreso no la derogue es una ley que está vigente.”
Un tema nada menor que está en análisis por quienes llevan adelante estas causas es la situación de detención de Videla. El dictador está condenado en varias causas. Sin embargo, el cúmulo de condenas no se acumula. La perpetua es de 25 años de prisión efectiva. La ley garantiza que quienes cumplieron dos tercios efectivos de la pena tienen derecho a obtener la libertad condicional y Videla está iniciando ese trámite en este momento. Los cincuenta años bloquearían su salida.
“Las Fuerzas Armadas planificaron la represión en forma previa al golpe de Estado, pero muy probablemente no resolvieran en ese momento qué hacer con los hijos de aquellas personas que iban a secuestrar. Entonces se instauró una práctica de apropiación de niños, conocida y tolerada por los comandantes, y luego esa práctica tuvo paulatinamente un salto cualitativo y se organizó institucionalmente. Es a esa organización institucional, a esa provisión de recursos para el desarrollo de los partos clandestinos, a esa logística para el alojamiento, traslado y atención de las embarazadas, juntamente con la definición de que esos niños no debían ser entregados a sus familias biológicas, es a eso a lo que llamamos ‘plan sistemático de apropiación de niños’ (...) Entendemos que no se puede dudar que respecto de los niños nacidos en cautiverio hubo una orden, dictada desde la cúspide del aparato represivo, para que esos niños fueran apropiados.”
De los 35 casos del juicio, 25 son de apropiaciones de niños nacidos en cautiverio; 18 recuperaron su identidad, “seguimos buscando a ocho”, dijeron. En total, son 400 los jóvenes que siguen secuestrados.
“Sembrar el terror”
Por Alejandra Dandan
“Yo nunca dudé de que el plan sistemático de robo de bebés es producto del plan que incluyó un golpe de Estado que tenía como meta sembrar el terror para dormir y alisar a la sociedad y ostentar un poder absoluto que les permitiera establecer los proyectos detrás del poder al que respondían”, dijo Alcira Ríos en la audiencia, querellante por el caso de Maria Victoria Moyano, Cecilia Viñas y de Silvia Mónica Quintela Dallasta, la madre de Francisco Madariaga. Alcira, que impulsó la primera detención de Rafael Videla en 1998, pidió entre las condenas 50 años de prisión para el dictador. En base al derecho internacional, entre los que citó la Convención de Viena y derecho de gentes de la Constitución argentina de 1953, consideró que los delitos no prescriben, que la denuncia original de Abuelas de Plaza de Mayo tenía una carpeta con más de 200 denuncias y que el daño que produjeron es inconmensurable y no se puede definir cuán grande va a ser todavía.
Fuente:Pagina12
29.03.2012
cierre de un alegato clave en el juicio por el plan sistemático de robo de bebés
Abuelas reclamó 50 años de cárcel para Jorge Rafael Videla
La Asociación también pidió penas de entre 15 a 25 años para otros seis acusados por el organismo. “Brindamos por arribar a la inclaudicable justicia”, subrayó Estela de Carlotto.
Por: Gerardo Aranguren
La querella de Abuelas de Plaza de Mayo reclamó ayer 50 años de prisión para el ex dictador Jorge Rafael Videla, a quien responsabilizó de la apropiación de 21 niños durante la última dictadura en el juicio oral que se sigue por el Plan Sistemático de robo de bebés. Además, pidió penas que van de 15 a 25 años de prisión para los otros imputados: 25 para el apropiador de Francisco Madariaga, Víctor Gallo, y para Juan Azic, por la apropiación de la diputada Victoria Donda; 19 años de prisión para Santiago Omar Riveros; 17 para la apropiadora de Madariaga, Susana Colombo, y 15 para Oscar Franco y el ex dictador Reynaldo Bignone. Además, reclamó el traslado de Videla de la prisión que funciona en Campo de Mayo, donde estuvieron cautivas mujeres embarazadas y nacieron niños que luego fueron apropiados.
La jornada de ayer fue el tercer día consecutivo de alegatos, durante los cuales Abuelas recorrió los casos de los 35 niños robados durante la dictadura, 26 de ellos nacidos en centros clandestinos. Luego de que los abogados Alan Iud y Mariano Gaitán leyeran las penas requeridas y pidieran las “máximas sanciones” para Videla; la titular de Abuelas, Estela de Carlotto, se dirigió al Tribunal Oral Federal 6 para reclamar justicia: “En nombre de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, de los organismos de Derechos Humanos hermanos, de los 30 mil detenidos-desaparecidos y de la mayoría del pueblo argentino manifiesto que sin que nos muevan sentimientos de odio, venganza o revancha brindamos por arribar a la inclaudicable justicia que, sin dudas, consolidará la democracia y asegurará el Nunca Más”, leyó en la etapa final de un juicio oral que llegó 15 años después de la denuncia original.
En un resumen de su alegato, los abogados de Abuelas recordaron que, si bien las Fuerzas Armadas habían planificado la represión en forma previa al golpe de Estado “muy probablemente” no habían resuelto en ese momento qué hacer con los hijos de sus víctimas y con las embarazadas. Luego se instauró una práctica de apropiación de niños, “conocida y tolerada por los comandantes”. “Es a esa organización institucional, a esa provisión de recursos para el desarrollo de los partos clandestinos, al alojamiento, traslado y atención de las embarazadas, conjuntamente con la definición de que esos niños no debían ser entregados a sus familias biológicas, es a eso a lo que llamamos ‘Plan Sistemático de Apropiación de Niños’”, leyó Iud.
Los letrados consideraron como probada la existencia de ese plan sistemático y que “hubo una orden desde la cúspide para que esos niños fueran apropiados”, a pesar de que no se han encontrado documentos que lo probaran.
Luego de interpelar a Bignone para que aclarara sus dichos sobre la existencia de órdenes “que indicaban cómo proceder con menores nacidos en cautiverio”, la querella de Abuelas llamó la atención a los imputados sobre las oportunidades que se les ha dado a los acusados para que cuenten donde están los niños que permanecen apropiados. En ese sentido, cuestionaron que sigan callando a pesar del “puente de oro” que significa la Ley 26.679, que reduce las penas hasta un 50% a quienes aporten información. “Les exigimos una vez más que nos digan dónde están, adónde los llevaron, dónde está el nieto de Estela, dónde está Clara Anahí, dónde está Ana Libertad, dónde están los hijos de Stella Maris Montesano, de Gabriela Carriquiriborde, de Ana Castro, de María del Carmen Moyano, y todos los que seguimos buscando”, dijo. Y aseguró: “No tienen coraje para enfrentar a sus víctimas, reconocer sus crímenes y aceptar la justicia. Incluso tienen el tupé de calificar a estos juicios de ‘venganza’.” Por último, agregó: “Les daremos una sola respuesta: como dicen los HIJOS, nuestra única venganza es ser felices; como dicen las Abuelas, cada nieto restituido es una derrota de la dictadura. No tengan dudas, la seguiremos derrotando.” La abogada Alcira Ríos, en representación de la familia de Cecilia Viñas, quien dio a luz a un niño en la ESMA, y de la nieta restituida Victoria Moyano Artigas, también reclamó 50 años de prisión para Videla.
Fuente:TiempoArgentino
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