La Nueva Frontera
La designación de Sergio Berni como principal colaborador de Nilda Garré busca evadir la alternativa mezquina entre reprimir las protestas sociales y perseguir con la Justicia a quienes participan de ellas. La Ciudad y la Provincia de Buenos Aires como unidad, participación ciudadana, intervención territorial y relación directa con los municipios, para no criminalizar la pobreza ni securitizar la acción social.
Por Horacio Verbitsky
El debate acerca de la inteligencia sobre los movimientos políticos y sociales no se limita a la política y las fuerzas de seguridad. Comprende también a la Justicia, que imparte las órdenes de reprimir o investigar y supervisa su cumplimiento. Ya en 2006 la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, sobreseyó a un dirigente político y anuló el proceso en su contra luego de un corte de ruta, porque la única prueba en su contra era una filmación solapada y encubierta que realizaron oficiales de la Policía Federal que se hicieron pasar por periodistas, en violación de garantías constitucionales, convenciones internacionales de derechos humanos, jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y el propio Código de Procedimientos, que pone límites a la actuación policial aún en caso de delitos que no se originen en un reclamo social.
En ese caso, iniciado en 2004, no intervino la Gendarmería sino la Policía Federal, que envió a un equipo encubierto de Inteligencia a filmar y fotografiar a quienes instalaron un corte parcial e intermitente de la Autopista Panamericana a la altura de la ruta 197 en demanda de planes sociales, un menor precio de la garrafa de gas y la ruptura “del pacto entre Kirchner y el FMI”. El entonces juez federal Conrado Bergesio ordenó identificar a los manifestantes que llevaban el rostro cubierto y blandían palos. Cuando policías de uniforme se dirigieron a ellos, ninguno respondió a sus preguntas. En cambio el dirigente del PO Luis Antón, se identificó y respondió preguntas a cara descubierta sobre los motivos y duración del corte cuando un equipo de Inteligencia de la misma Policía se presentó como si fueran periodistas de un cable local. La fiscal Rita Molina pidió que Antón fuera condenado a tres meses de prisión en suspenso por entorpecer el tránsito, delito descrito en el artículo 194 del Código Penal. Pero Arroyo Salgado decretó la nulidad absoluta del procedimiento y absolvió a Antón, ya que el artículo 18 de la Constitución establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, garantía que también está contemplada en las Convenciones internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional desde 1994. Como Antón fue inducido a engaño por los falsos periodistas, esa prueba debe excluirse del proceso aplicando la doctrina del fruto del árbol venenoso, y sin ella no queda nada en contra del imputado. Además de esta violación a las garantías constitucionales, la policía actuó fuera de las facultades que delimita el Código Procesal Penal. Su artículo 184 le impide tomar declaración al imputado, salvo la constatación de su identidad, pero en tal caso sólo después de leerle sus derechos y garantías. Ese artículo fue introducido en la reforma de 1985 para terminar con las llamadas declaraciones espontáneas, en las que los acusados firmaban confesiones obtenidas bajo tortura. Sólo se admitió que se requirieran del sospechoso en el momento de la comisión de un delito noticias e indicaciones sumarias para continuar en forma inmediata la investigación (del estilo “el que estaba conmigo se escapó por allá”), pero esa información no puede documentarse ni formar parte del proceso legal posterior. Arroyo citó el voto de Enrique Petracchi en uno de los fallos históricos de la Corte Suprema de Justicia luego de la dictadura militar, el caso Fiorentino. Petracchi dijo allí que el conflicto entre dos intereses fundamentales de la sociedad (una rápida y eficiente aplicación de la ley, por un lado; los derechos individuales de los miembros de esa misma sociedad, por el otro) “debe resolverse siempre a favor de la vigencia del principio de legalidad”.
Yo no fui
¿Hasta qué punto son compatibles estos principios tan claros con las directivas que la Gendarmería le atribuye haber impartido a la misma jueza y que exhibe para defenderse de las acusaciones de realizar Inteligencia ilegal sobre movimientos de protesta? Son por lo menos tres expedientes en los que el jefe de la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de la Gendarmería, con sede en Campo de Mayo, comandante principal Julio César Panozzo Zénere, declara haber recibido órdenes de Arroyo Salgado y sus secretarios Pablo Vázquez (hijo del ex ministro de la Corte Adolfo Vázquez, heredado del ex juez Roberto Marquevich) y Pablo Flores para identificar a los manifestantes en cortes de ruta, fotografiarlos, filmarlos y notificarles que estaban cometiendo un delito (prevenciones 16068/09, Kraft Foods; 485/2009, Electroingeniería y Sumario Corte Autopista, Kraft y Fate, del 28 de abril de 2010). Pero la jueza niega haber impartido esas órdenes. “Las directivas que yo siempre di en estos casos no se condicen con lo allí plasmado y suscripto exclusivamente por el personal de Gendarmería. Esas supuestas directivas no se encuentran suscritas por mí, ni por ningún secretario mío”, respondió ante una consulta para esta nota. Esto significaría que los gendarmes actuaron por su cuenta e incluyeron en sus actuaciones escritas órdenes que la jueza no dio. Arroyo Salgado también negó haber intervenido en la causa Mendoza, en la que el secretario Florencio Pinheiro ordenó realizar tareas de Inteligencia durante cinco días, y recibió luego sus resultados, obtenidos con medios encubiertos. En este último caso, el que actuó fue el juez subrogante Daniel Omar Gutiérrez, pero la Gendarmería abrochó por error estas diligencias a un oficio con destino a la jueza Arroyo Salgado, lo cual provocó una confusión. La jueza agrega que para evitar inexactitudes y confusiones, en octubre de 2009 se dirigió al entonces ministro a cargo de Seguridad, Julio Alak, y a los jefes de Gendarmería y Policía Federal, Héctor Schenone y Néstor Vallecas, y les comunicó sus directivas para estos casos cuando se produjeran en su jurisdicción y durante su turno.
Un decreto inquietante
Ese decreto es inquietante y cuesta advertir su diferencia con las órdenes que la jueza niega haber impartido en aquellos tres expedientes. Arroyo Salgado dice que a menudo los manifestantes no son conscientes de que están cometiendo un delito, debido a la “banalización, mediatización e implícita convalidación” que deriva de las medidas en los últimos tiempos adoptadas frente a estos casos por distintos organismos del Estado. Aunque en su origen el reclamo sea legítimo, el corte de la ruta es un delito de acción pública “que no admite ser presenciado de modo pasivo y casi convalidante” por las fuerzas de seguridad. Esto no implica “desconocer la exigencia de racionalidad en el uso de la fuerza pública”. Este uso no debe superar el estrictamente necesario para evitar la comisión de un delito anunciado o hacerlo cesar en su ejecución, “cuidando de no poner en riesgo la vida e integridad física” de los manifestantes, de los automovilistas ni del personal de seguridad. Agrega que no está hablando en abstracto, sino por casos previos de su tribunal en los que los manifestantes no fueron identificados, la tarea se limitó a “medidas de mediación y diálogo” y “el corte fue consentido y permitido por los uniformados”. Esta “desidia o inacción” lleva a que luego las personas detenidas aleguen “en términos jurídicamente atendibles su desconocimiento del carácter prohibido del accionar”, dada “su instalación mediática y consuetudinaria sin las consecuencias prevencionales y judiciales que deberían derivarse”. En consecuencia, para casos futuros, ordenó disponer vallados para impedir el ingreso a la autopista, una dotación humana suficiente para hacer frente a la manifestación prevista, móviles suficientes para trasladar detenidos, los recursos necesarios para evitar o hacer cesar los cortes anunciados, “equipos de tomas de vistas fotográficas y videofilmadoras aéreas y terrestres que posibiliten el monitoreo de los acontecimientos en su total dimensión”. También explica cómo proceder en caso de detenciones y de haber niños entre los manifestantes. Según la jueza éste sería el “modo más eficaz y razonable de conjugar los derechos de particulares reclamantes, aun cuando lo hagan con una génesis legítima, con los derechos de los demás particulares y de la sociedad en general”. Hay cosas peores: hoy el cantón suizo de Ginebra, tan reacio a los aromas y el bullicio que emanan de los trabajadores inmigrantes, votará en referéndum la imposición de multas por valores que rondan el medio millón de pesos argentinos a quienes participen en manifestaciones no autorizadas o provoquen desmanes en las que cuentan con permiso.
Una opción menos mezquina
Pero una sociedad tan vital y conflictiva como la Argentina, donde para bien y para mal pasan cada semana más cosas intensas que en un año en Suiza, debería encontrar una opción menos mezquina que reprimir un reclamo legítimo o perseguir después con la Inteligencia y los jueces a quienes participaron en ella. En esa dirección señala el nombramiento de Sergio Berni como Secretario de Seguridad. Médico, incorporado al cuerpo profesional del Ejército, donde es teniente coronel, no abandona la ilusión de llegar a general, sabiendo que este país generoso dos grados no se los niega a nadie. Lo primero que hizo luego de asumir fue dirigirse a la Villa 31, donde acordó la postergación hasta el lunes de la protesta en la autopista Illia por parte de quienes reclaman un par de micros escolares que el denominado gobierno de la Ciudad Autónoma prometió y no entregó. Bonaerense pero radicado en Santa Cruz, donde participó con los Kirchner en la fundación de la Corriente Peronista, germen del Grupo Calafate que proyectó a los pingüinos a la escena nacional, Berni jugó un rol decisivo en los primeros meses del presidente imprevisto. Kirchner temía que la ocupación de las calles como consecuencia del colapso económico-social de fin de siglo fuera el pretexto de los poderes fácticos para derribar su frágil gobierno antes de que cumpliera un año, en cumplimiento del anhelo profetizado por La Nación en un editorial celebérrimo de Claudio Escribano. Berni necesita sentir el barro en los zapatos para sentirse pleno y se cansó de patear la ciudad y el conurbano, dialogando en cada piquete y buscando soluciones. Continuó esa tarea junto a Alicia Kirchner desde la secretaría de Abordaje Territorial del Ministerio de Desarrollo Social y volvió a cumplir una misión crucial poco después de la muerte de Kirchner, cuando la ocupación del Parque Indoamericano y del Club Albariños, y la brutal respuesta de ambas policías, federal y metropolitana, ejemplificaron los riesgos que enfrentaba la presidente en su flamante viudez. La creación del Ministerio de Seguridad a cargo de Nilda Garré y la actuación de Berni en ambas ocupaciones serenaron un escenario muy tenso y sellaron un entendimiento que fue creciendo mientras declinaban otras estrellas. En esos días y luego durante el desalojo de las Bodegas Giol, en abril de 2011, Garré y Berni desarrollaron una relación cordial, al punto que la ministra pidió a la presidente CFK que lo designara para acompañarla en el Ministerio. Pero Berni tenía otra idea. Deseaba lanzarse a la política, con la aspiración de gobernar la intendencia de Zárate, uno de los escenarios habituales de cortes en la Panamericana. No tuvo éxito, y Cristina lo incluyó en la lista de senadores bonaerenses del Frente Para la Victoria. Como vicepresidente del Senado, actuó desde diciembre en coordinación con el vicegobernador Gabriel Mariotto y el vicepresidente de la Cámara de Diputados, José Ottavis. Berni y Mariotto eligieron la Seguridad como campo de disputa con el gobierno provincial de Daniel Scioli y su superministro, el alcaide mayor penitenciario Ricardo Casal. Con ayuda de Garré, quien les brindó la inteligencia necesaria para detener a dos traficantes protegidos por la policía bonaerense, consiguieron hacer pie en los barrios más pobres de Florencio Varela, sobre los que se extiende la sombra de Luis Genoud. Si Casal fue el primer penitenciario en alcanzar rango ministerial, Genoud lo precedió como el primer policía en ocupar un asiento en la Suprema Corte de Justicia. Ese fue el premio consuelo que el ex gobernador Felipe Solá le ofreció a Don Luis cuando el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán lo obligó a desembarcarlo del ministerio de Seguridad. El último acto de Berni antes de pedir licencia para asumir en Seguridad fue asistir a la creación de la Comisión Investigadora sobre el repugnante asesinato de la niña Candela Sol Rodríguez, que puso al alcance de la vista de todos las redes de ilegalidad de las que participa la policía bonaerense.
Seguridad y Desarrollo
El nuevo organigrama ministerial expuesto en el decreto 328 devolvió relevancia a la Secretaría de Seguridad, que Aníbal Fernández desactivó porque obstruía su relación directa con los jefes de las fuerzas y que no pudo reconstruir la buena fiscal Cristina Camaño, quien ahora podrá emplear su experiencia en otro tema delicado, la relación con jueces y fiscales. Berni llega junto con otros dos funcionarios de Desarrollo Social que lo acompañaron en aquellas críticas intervenciones: el ex jefe de gabinete Darío Ruiz, quien será subsecretario de Políticas de Seguridad e Intervención Territorial, y la ex Directora Nacional de Asistencia Crítica, María Cecilia Rodríguez, que ocupará la subsecretaria de Participación Ciudadana. Seguridad, intervención territorial y participación ciudadana son un trípode significativo, que Garré asentó en las fronteras entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, con operativos como Cinturón Sur y Centinela. La nueva estructura del Ministerio incluye entre los objetivos de la Secretaría de Seguridad “atender las causas de la criminalidad, con políticas de prevención social, interviniendo antes de que el delito se produzca”. Sin caer en la criminalización de la pobreza que se practica en la provincia de Buenos Aires (en sus megaoperativos de saturación se toman por asalto villas y asentamientos, cuyos pobladores sólo son vistos como amenaza, y se plantan armas y drogas para hacer “estadística policial” y marketing político) se corre el riesgo simétrico de la securitización de la acción social. Eludirlo sólo es posible con participación ciudadana y control sobre las fuerzas, para que no se produzcan arbitrariedades y abusos sobre los derechos de los ciudadanos. La Secretaría también tiene como objetivo “coordinar la intervención de las fuerzas y la implementación de acciones en forma directa con los municipios de acuerdo con la realidad local de cada uno”. Si Scioli se animara a cuestionar la constitucionalidad de esta cláusula podría tener éxito, pero el gobernador Bartleby preferiría no hacerlo. La coordinación con los municipios, llevando a rastras a la gobernación, es lo que Kirchner hizo en los comienzos de su gestión, cuando el nombre de Eduardo Duhalde aún infundía temor. El primer intendente que le abrió las puertas de su territorio fue Julio Pereyra, el mismo que ahora acompañó resignado el avance de Berni y Mariotto sobre el feudo de Don Luis. Por si alguien dudaba sobre la importancia de la designación de Berni, a la jura asistieron Alicia Kirchner, Carlos Zannini, Juan Manuel Abal Medina, Amado Boudou y Gabriel Mariotto. También estuvieron Casal y el jefe de gabinete Alberto Pérez, conscientes de que estas campanas doblan por ellos.
Il Gattopardo Bonaerense
Por Horacio Verbitsky
Al enviar a la Legislatura el proyecto de creación de una policía judicial Daniel Scioli dijo que era el de la Comisión Provincial por la Memoria. Es otro anuncio falso en materia de seguridad, como la banda que descarriló el tren para saquearlo o la detención del jefe del cartel mexicano de los Zeta. El cotejo del proyecto que Scioli y Casal firmaron, con el de la CPM, que copresiden Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón, describe bien cómo se mueve el gobernador ante los reclamos de organismos defensores de los derechos humanos, sectores significativos de su propia fuerza política y el gobierno nacional. Según la CPM al delegar la gestión de la seguridad en la policía bonaerense, el gobierno provincial generó ineficacia, armado de causas y corrupción. Este pacto entre el poder político y la corporación policial cuenta con la complicidad de parte del poder judicial, todos volcados al control social de los sectores desfavorecidos. Muchos artículos del proyecto reproducen en forma textual el trabajo de la CPM, pero no aquellos referidos a selección y capacitación del personal, mecanismos de control y transparencia. El proyecto de Casal suprime la asistencia técnica de la policía judicial a la defensa, que la CPM proponía para igualar armas entre fiscales y defensores. La amputación obedece al acuerdo del ministro con la Procurado General, María Falbo, quien también se opone a la autonomía de la Defensa Pública. Falbo, cuyo secretario letrado César Albarracín es hoy el segundo de Casal, ha favorecido en forma sistemática a la acusación, desamparando a la defensa, y Casal no está interesado en modificar ese desequilibrio, que debilita el control a las fuerzas policiales y penitenciarias. El proyecto oficial también delega en Falbo el dictado de los reglamentos e instrucciones de la nueva policía judicial, a la que podrán ingresar miembros de sociedades destinadas a la prestación de servicios de seguridad privada, que para la CPM era una causal de incompatibilidad, y los actuales instructores judiciales y agentes del ministerio público, sin pasar por el proceso de selección general previsto por la CMP. El nuevo cuerpo no podrá recibir denuncias, lo cual desvía la puerta de acceso hacia la Bonaerense. También elimina la junta evaluadora de recursos existentes y borra la garantía de publicidad y participación ciudadana. Una vez que los jurados presentan una terna, la Procuración propone y la Suprema Corte designa, sin la previa audiencia pública en el Senado ni el mecanismo que la CPM contemplaba para una selección cristalina. El proyecto oficial difiere para un futuro reglamento la estructura de las secretarías, los requisitos de ingreso y la conformación de los cuerpos de instructores. Esto anticipa la discrecionalidad posterior con que se armarán esas estructuras, para desvirtuar su funcionamiento. También suprime el Observatorio de funcionamiento de la policía judicial, que la CPM ubicaba en la Legislatura. Tampoco habrá audiencia pública, transparencia ni control para designar al Director, Subdirector y secretarios, cosa que también quedará en manos de la Procuración. El Pacto se hizo explícito en el Día Internacional de la Mujer, cuando Falbo recibió una distinción especial, auspiciada por Fundejus, un sello creado por Casal y el cesanteado ex Procurador del Tesoro Joaquín Da Rocha como grupo de lobby sobre la Justicia y que auspicia la candidatura presidencial de Scioli.
Real malicia
Por Horacio Verbitsky
En la inauguración del año judicial, Ricardo Lorenzetti se refirió a los cuatro fallos en los que la Corte Suprema de Justicia definió los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado para que “podamos enseñarles a las generaciones que nos suceden, que no se puede perseguir desde el propio Estado al que piensa diferente”. Clarín y La Nación omitieron toda mención al terrorismo de Estado y titularon “Exigió Lorenzetti que el Estado no persiga a los que piensan diferente” (La Nación) y “Lorenzetti: el Estado no debe perseguir al que piensa diferente” (Clarín). Lorenzetti se declaró molesto por lo que llamó con delicadeza “descontextualización” y aclaró que la Corte no se refería “a una persecución del Estado a los ciudadanos hoy en democracia; estábamos hablando del terrorismo de Estado”. La Nación publicó su rectificación pero Clarín prefirió ignorarla. La única verdad es mi realidad.
Fuente:Pagina12
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