COMO CAMBIO LA TRATA PARA LA EXPLOTACION SEXUAL TRAS LA SANCION DE LA NORMA QUE TIPIFICO EL DELITO.

LOS NUEVOS CAMINOS DE LA TRATA

Con la ley de trata, que ya permitió procesar a 74 acusados, las redes cambiaron sus métodos para que resulte más complicado probar el delito. Ahora operan en pequeñas bandas, no les retienen los documentos a las mujeres sometidas y hasta las dejan salir de los prostíbulos. Las rutas, el reclutamiento, el perfil de las víctimas.

COMO CAMBIO LA TRATA PARA LA EXPLOTACION SEXUAL TRAS LA SANCION DE LA NORMA QUE TIPIFICO EL DELITO
Nuevos métodos para eludir la ley
Un análisis de las primeras 74 causas que derivaron en procesamientos por el delito de trata muestra cómo están mutando las formas de sometimiento de las mujeres para que resulte más complicado probar el delito.

Las redes de trata para explotación sexual están mutando las formas de sometimiento de las mujeres para que resulte más complicado probar que están esclavizadas en los burdeles. Las víctimas tienen en su poder sus documentos y en buena parte de los casos pueden salir del lugar, porque en definitiva esa situación no pone en riesgo un posible escape, dado que no tienen a quién pedir ayuda y el sometimiento opera de otros modos. Esta es una de las conclusiones de un estudio sobre la dinámica que está adquiriendo el delito, realizado por la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), a partir de un exhaustivo análisis de las causas judiciales que desembocaron en los primeros 74 autos de procesamientos por trata para explotación sexual en el país, desde la sanción de la ley que tipificó el delito, en abril de 2008. Por el momento la Justicia no detectó grandes organizaciones criminales detrás del delito de trata ni rutas de exportación de mujeres argentinas a otros países. El informe –al que accedió Página/12– muestra con claridad cómo la connivencia estatal, local, policial y judicial “legitima la actividad y conduce a su naturalización”. Resulta significativo que en trece de los casos relevados se encontró presencia de personal de las fuerzas de seguridad en el lugar de explotación. Pero, llamativamente, en las causas judiciales no se investigó a los uniformados. El estudio describe el mapa de la trata para explotación sexual en la Argentina: las rutas, el perfil de las víctimas y de los imputados, el alcance de las redes y sus características, las principales formas de sometimiento y las nuevas modalidades delictivas.

Los expedientes relevados incluyen a 228 implicados y 216 víctimas, de las cuales el 27 por ciento son menores de edad. Aunque “probablemente el universo de víctimas menores afectadas por la problemática sea considerablemente mayor que lo que la Justicia ha constatado”, advierte la investigación. Se presume que a las niñas y adolescentes las podrían mantener escondidas y ofrecerlas solo a clientes de confianza (ver aparte).

“En algunas de las causas, los explotadores dan cuenta de un arreglo con la comisaría, del pago de una suma semanal –cerca de 400 pesos–, que esgrimían como argumento para aseverar que no explotaban a las mujeres que allí ‘trabajaban’”, dice el informe. Sin embargo, en ninguno de estos casos se detecta que las investigaciones judiciales ahonden sobre la participación de funcionarios policiales o públicos. “De hecho, a excepción del único caso donde hay un policía procesado, en el resto de las causas no aparecen funcionarios en actividad ni personal de las fuerzas de seguridad imputados”, señaló a Página/12 el fiscal Marcelo Colombo, titular de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase), de la Procuración General de la Nación. El informe se llama “La trata sexual en Argentina. Aproximaciones para un análisis de la dinámica del delito”. Y fue elaborado por el Inecip y la Ufase. Lo dirigió Sidonie Porterie, titular del Inecip. “En entrevistas con miembros de las fuerzas de seguridad surge la vinculación que habría entre jueces y/o fiscales locales y los lugares de explotación, que se traduce en dilación en el tiempo de la concreción de los pedidos de allanamiento o el descarte arbitrario de posibles situaciones de trata que las fuerzas de seguridad acercan a los órganos jurisdiccionales”, denunció Porterie a este diario.

Hay dos datos concluyentes: la casi totalidad de las víctimas –-involucradas en los expedientes analizados– son mujeres, tienen hijos menores a cargo y graves problemas económicos; y en la amplia mayoría de los casos –72 por ciento– están esclavizadas en locales nocturnos habilitados por los municipios como whiskerías, pubs o pools. En el resto de los casos –22 por ciento–, la explotación sexual fue detectada en departamentos privados. “La práctica prostibularia aprovecha una triple condición de vulnerabilidad de las personas ahí prostituidas: son todas mujeres, pobres y muchas de ellas son migrantes de países extranjeros o de provincias o regiones alejados del lugar de explotación”, puntualizó el fiscal Colombo.

Un aspecto que llama la atención de los investigadores es que no se han producido numerosos casos de allanamientos a bares o privados en las grandes ciudades, con excepción de Mar del Plata. “Los lugares de explotación alcanzados por la Justicia están más asociados a ciudades del interior de las provincias, que son fácilmente reconocibles e identificables y en la gran mayoría de los casos, habilitados por organismos locales”, puntualizó Porterie. La mitad de las víctimas fueron explotadas en ciudades pequeñas, con menos de 70 mil habitantes. Una hipótesis es que en los centros urbanos puede existir una mayor proporción de “privados” que en las localidades del interior del país. Pero lo que queda en evidencia para los autores del informe es que sobre esos VIP “no opera ningún tipo de control oficial”, indica el informe.

El fiscal Colombo señaló que solo en la ciudad de Buenos Aires la Ufase ha detectado y denunciado la existencia de explotación de la prostitución ajena en al menos 190 departamentos privados. “En varios de esos casos existían indicios de delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, lo cual dio lugar a numerosas denuncias ante el fuero federal”, indicó. Y destacó que de otras 79 denuncias realizadas ante la Justicia Federal porteña por el delito de trata sexual, solo en una de ellas se ha dictado auto de procesamiento. “Todas las restantes no han presentado ningún avance significativo”, denunció. El tema está incluido en el informe.


Las redes
Hasta ahora, las investigaciones judiciales no han detectado grandes organizaciones criminales detrás del delito de trata ni rutas de exportación de mujeres argentinas a otros países. Predomina la “trata interna” y entre Paraguay y Argentina, que es lugar de destino de explotación (ver aparte). Queda la duda, señala el estudio, si como ocurre en otros delitos “es posible que la persecución en estos casos también alcance a los sectores más vulnerables, directamente involucrados en la fase de explotación”.

Las redes que se observan, en aquellos casos judicializados, no indican un alto alcance territorial: “Podrían ser caracterizadas como redes no profesionalizadas, ciertamente poco estructuradas, sin una organización jerárquica, con poca diferenciación interna de roles, muchas veces de carácter familiar, y sin autonomía organizativa y operacional respecto del Estado, y en particular de las agencias policiales y fuerzas de seguridad, que protegen, favorecen, moldean y alientan la actividad”, advierte el informe.

En el relevamiento se identificaron varias situaciones de funcionarios de las fuerzas de seguridad dentro de los prostíbulos. “En términos generales, la presencia de funcionarios policiales se debe interpretar como un método de sometimiento a las víctimas. En algunos casos, la presencia era permanente, los policías cumplían funciones dentro de la whiskería. En otros, era circunstancial, aparecían haciendo supuestos controles. Y en otros, aunque no se tenga fehaciente confirmación, en calidad de clientes”, señaló la abogada Laurana Malacalza, coordinadora de la investigación.

Para el estudio, explicó Malacalza, se analizaron 74 causas judiciales vinculadas con la totalidad de los procesamientos dictados en los juzgados federales, que fueron informados a la Ufase, desde la sanción de la Ley de Trata N° 26.364, en abril de 2008, hasta abril de 2011 inclusive. En segundo lugar, se realizó un relevamiento de casos de trata con fines de explotación sexual en medios gráficos de tirada nacional –entre 2007 y 2010– del que se obtuvieron 142 noticias que representaron 57 hechos y daban información sobre 179 víctimas. Además, el estudio incluyó entrevistas a funcionarios y funcionarias a cargo de distintas fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, y de los ministerios de Justicia, Interior, Desarrollo Social y Seguridad de la Nación. Como parte de la investigación, se llevaron adelante talleres con miembros de las fuerzas federales, provinciales, ONG locales, funcionarios públicos y operadores de la justicia federal, en las provincias de Santa Fe, Tucumán y Misiones, en los que también se obtuvo información relevante.

LA MAYORIA LLEGA DESDE PARAGUAY
Rutas de la explotación
Hay una ruta de la trata de mujeres para explotación sexual muy clara: es la que une Paraguay y Argentina, donde este país es, en principio, destino de las víctimas paraguayas, que ingresan por Posadas, por el paso fronterizo habilitado, y con su documentación en regla, fundamentalmente en servicios regulares de ómnibus. El dato surge del análisis de las causas judiciales que derivaron en los primeros 74 procesamientos por ese delito (ver nota central). También se destaca la ruta noreste-centro del país, donde la provincia de Buenos Aires aparece como centro de explotación y lugar de confluencia de víctimas de distintas provincias.

“Si bien no debe asumirse que no existen rutas que vinculen a la Argentina como país de tránsito o de origen de víctimas que serían trasladadas al exterior, debe mencionarse que al menos del análisis de los expedientes, no parecería posible imaginar esta situación con el tipo de red delictiva que se observa”, señaló a Página/12 la abogada Laurana Malacalza, coordinadora del estudio realizado entre el Inecip y la Ufase. Este panorama se ve corroborado con los datos obtenidos a partir de otro informe elaborado por la Ufase sobre seis provincias del Noreste y Noroeste argentino, donde en el 94 por ciento de los expedientes judiciales por trata el lugar de destino era la Argentina, mientras que sólo el 4 por ciento era Paraguay y el 2 por ciento, Chile, agregó el fiscal Marcelo Colombo, titular de la Ufase.

De la web de Interpol, destacan los investigadores, se conoce que están buscando a 20 chicas, pero se desconoce si las búsquedas de paradero internacional que existen publicadas en esa página se vinculan con casos de trata. De acuerdo con la información de los medios gráficos que se relevaron para el estudio del Inecip y la Ufase, al menos diez de esas chicas podrían ser víctimas de trata. A partir de la experiencia de la Ufase en la tramitación de investigaciones preliminares o colaboraciones con fiscalías de todo el país, se han detectado algunos casos de ciudadanas argentinas desaparecidas en el extranjero que podrían haberse visto afectadas por el delito de trata de personas, informó Colombo. Los destinos posibles en esos casos, que no son muchos y cuyas investigaciones no han arribado a instancia de auto de procesamiento, colocan como lugar de destino a México, España y Chile.

Del estudio surge entonces que hay una preponderancia de “trata interna” y una leve preeminencia de víctimas argentinas (51 por ciento) en relación con las víctimas extranjeras, aunque se observa un porcentaje realmente significativo de mujeres paraguayas (36 por ciento). En menor medida aparecen otras nacionalidades: dominicanas, colombianas, brasileñas.

En general, los traslados de las víctimas de trata para comercio sexual al lugar de explotación se hacen a través de empresas de transporte conocidas. En algunos expedientes analizados para la investigación de la Ufase y el Inecip, se da cuenta de la vinculación de los choferes con los tratantes. Esta situación está descripta en el expediente N 22-D-10 que tramita en los juzgados de la ciudad de Córdoba: “El explotador contaba con la connivencia de dos choferes de las empresas Flechabus y de Encon, quienes sabiendo de la actividad que el primero realizaba y de las condiciones de absoluta indigencia de las mujeres a las cuales acogía y alojaba en sus prostíbulos, recibía telefónicamente su encargo de transportar a algunas de ellas sin cobrarles desde las ciudades litoraleñas hasta el prostíbulo donde las entregaban y le cobraban al imputado por el viaje y el favor realizado”.

LA COMPLICIDAD DE LA POLICIA
La pata estatal
Para combatir la connivencia estatal con las redes de trata y explotación sexual de mujeres “hay que establecer fronteras más claras entre lo legal y lo ilegal”, concluyó Sidonie Porterie, titular del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y directora del informe “La trata sexual en Argentina. Aproximaciones para un análisis de la dinámica del delito”.

Porterie consideró como un problema el hecho de que la política criminal esté dirigida solo a perseguir la trata y no abarque a todo el fenómeno de la explotación sexual. “La clave en términos del problema criminal o de seguridad es desarrollar una clara política de persecución del proxenetismo en todas sus formas. Si no, la policía (y algunos otros) seguirán administrando el negocio, en la calle o en los burdeles, sea con mujeres tratadas, explotadas, o con quienes se reconocen a sí mismas como trabajadoras sexuales. Es sintomático de la falta de política sobre la explotación sexual que todos los prostíbulos, cabarets y afines reciben visitas periódicas de fuerzas provinciales y federales (inspecciones), pero en más del 90 por ciento de las veces no encuentran ningún delito, o con suerte, infracción a la Ley de Profilaxis”, observó Porterie.

Actualmente existen mecanismos institucionales que rodean la práctica de la explotación sexual, como ocurre en numerosos municipios donde otorgan una libreta sanitaria a las “alternadoras” y habilitan como whiskerías o pubs sitios que en realidad son prostíbulos. “Estas situaciones le otorgan una falsa legitimidad a la actividad y alimentan su naturalización”, advirtió Porterie. Sin embargo, en la Argentina, la práctica prostibularia y la explotación sexual están prohibidas, pero no así el ejercicio de la prostitución.

Para la directora del Inecip, “si el Estado no define qué se debe perseguir y qué no, la política pública contra la trata y la explotación sexual seguirá en un híbrido por el que se visibilizan los ‘excesos’ (o formas más abusivas), pero no se erradica la explotación ni el negocio policial en el sostenimiento de la actividad”.


Las formas de sometimiento
Una forma de sometimiento de las víctimas de trata es el endeudamiento con su explotador: la deuda se inicia a partir del pago de los pasajes para el traslado por parte de los tratantes y un adelanto de cobro, además de descuentos que se aplican por alojamiento, comida, limpieza y vestimenta, principalmente. Además –señala el informe de la Procuración y el Inecip– en los burdeles les aplican sistemas de multas, que alimentan el endeudamiento, “por faltas” al régimen de vida impuesto en el lugar como “llegar tarde”, no tener limpia la habitación, “peleas entre chicas”, quejas del “cliente”.

“Esto sumerge a las víctimas en un círculo o burbuja de coerción del cual les resulta imposible salir, en tanto nunca logran ‘cobrar’, todo lo que producen se ve destinado a pagar la constante deuda que mantienen con los tratantes”, señala el estudio. Otras formas de sometimiento que aparecen con frecuencia son las amenazas y la violencia psíquica. Como novedad, aparece que los tratantes han encontrado alternativas en las modalidades de sometimiento “que impiden su sencilla visualización: las víctimas tienen en su poder sus documentos y en buena parte de los caos, pueden salir del lugar, porque en definitiva ello no pone en riesgo un posible escape, en tanto el sometimiento opera de otro modo”, describe el informe.


El perfil de los imputados
La mayoría de los implicados en casos de trata para explotación sexual son argentinos. Ninguno tiene una profesión. En general, el rol preponderante de los imputados, en las causas relevadas para el informe, es de explotadores y administradores de prostíbulos, con mayor preponderancia de varones sobre las mujeres en ese desempeño. En numerosos casos, los explotadores han sido captadores y muchas veces también transportistas. Es interesante el dato que indica que el 43 por ciento de las personas procesadas son mujeres. “Este porcentaje, que de algún modo se mantiene si se tiene en cuenta la información de sentencias condenatorias (32 por ciento de condenadas mujeres), es llamativo si se lo compara con las cifras de condenados por delitos en general en todo el país, donde las mujeres no superan el 10 por ciento”, señaló el fiscal Marcelo Colombo, titular de la Ufase. Una hipótesis que manejan los investigadores es la posible “criminalización” de víctimas de trata “reconvertidas” luego de su etapa de sometimiento, en engranaje útil de organizaciones criminales. Las “ahora” autoras podrían ser las “anteriores” mujeres explotadas. En general, son captadoras o regentes de whiskerías o privados.

Quiénes son las víctimas
La investigación de la Ufase y el Inecip encontró que en los expedientes analizados un 27 por ciento del total de las víctimas eran menores de edad y un 72 por ciento, mayores. La preponderancia de mujeres adultas afectadas por la problemática podría estar evidenciando una mutación del delito después de la sanción de la ley –dado que es más difícil probar la trata de víctimas adultas que de menores, un aspecto que actualmente está siendo debatido en el Congreso para reformarse– o que los tratantes están tomando mayores recaudos con las víctimas menores para que no sean encontradas en los procedimientos. “Si tienen menores jamás las van a tener en un prostíbulo”, dijo un miembro de una fuerza federal con cargo jerárquico entrevistado para la investigación. Otro alto jefe también de una fuerza federal indicó en relación a un operativo: “Nos enteramos después de que no encontramos a las menores porque las tenían en un auto. Cuando el cliente pide algo especial y demuestra un buen poder adquisitivo o en el caso de que ya fuese un cliente de la casa, ahí se le ofrece a la menor”.


La captación por engaño
El engaño es la forma de captación de víctimas de trata más utilizada (49 por ciento de los casos): falsas ofertas de trabajos precarios, como empleadas domésticas, niñeras, o en whiskerías como meseras o coperas, que terminan en situaciones de explotación sexual, advierte el informe de la Ufase y el Inecip, sobre la dinámica del delito de trata para explotación sexual.

También hay casos en que existe engaño en relación con las condiciones en las que se ejercerá la actividad prometida: en estas situaciones saben que serán prostitutas pero no que estarán bajo condiciones de esclavitud. En general, la captación es de tipo “hormiga”, se hace en forma personal, cara a cara y ocurre en pequeñas ciudades. En la mayoría de los casos en los que se pudo obtener información, las víctimas no conocían a los reclutadores previamente. Por otro lado, es “insignificante” la proporción de casos en los que la captación se hizo a través de chats, Internet, mensajes de texto. Y mucho menos a través de publicidad gráfica.

El secuestro, tal como ya se sostenía en un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) del 2008 –sobre el cual informó oportunamente Página/12–, no es una modalidad que se advierta comúnmente. Según el informe de la Ufase y el Inecip sólo se encontró secuestro en dos oportunidades, en las causas judiciales analizadas. “Esta situación permite dar cuenta, por un lado, de la condición de vulnerabilidad socioeconómica previa de las víctimas, y por el otro, del tipo de estructura más elemental y rudimentaria que necesitan las redes para efectivizar el engaño, a diferencia del tipo de estructura necesaria para concretar un secuestro”, señala el estudio.
Fuente:Pagina12