La reaparición pública de Videla
Los decires de Videla convalidan una victoria popular. En la difícil batalla para esclarecer los ‘hechos’ una versión recibió un espaldarazo definitivo, y la otra se iguala con la falsificación y la mentira interesada, que no es cualquier clase de mentira sino una mentira de clase.
Jorge Rafael Videla no es un viejito que habita un geriátrico domiciliario, fue el jefe militar que desarrolló por cuenta y riesgo del bloque de clases dominantes, con el respaldo completo del arco de partidos parlamentarios, una masacre fríamente planificada. La reaparición pública de este hombre infame es un hecho político, por eso vale la pena entender qué significa su conducta. Algo debe quedar muy claro: no se trata de una improvisación personal, sino de una maniobra cuidadosamente elaborada, donde el diario La Nación no juega un papel pequeño. Pero vamos por partes.
Un debate queda definitivamente saldado: los desaparecidos no se fugaron al exterior, no fueron asesinados por sus propios compañeros, ni pasaron a la clandestinidad, como Videla mintiera infinidad de veces mientras presidió la fatídica Junta Militar. Y ni siquiera hacía falta que fueran guerrilleros. Ya no se trata de denunciar la “campaña antiargentina” que la oposición desarrolló en el exterior, campaña que produjo la indignación de los buenos ciudadanos y hasta del PC de entonces, sino de una admisión lisa y llana: fueron miles de “muertes enmascaradas” de opositores políticos. La inexactitud del número en el anticipo del libro de Ceferino Reato (“siete u ocho mil”) no cuenta, es un detalle menor que forma parte de la “Disposición Final”. No de la “Solución Final” (fórmula utilizada por Adolfo Hitler para implementar la aniquilación de 6 millones de judíos europeos) dado que la “frase nunca se utilizó”. Y para evitar las tergiversaciones Videla informa que se trataba de “sacar de servicio una cosa inservible”. Con tono de cínica y estúpida pedagogía ilustra: “Una ropa que ya no se usa o no sirve porque está gastada.” Exactamente esa era la acusación: torturar y masacrar militantes (seres humanos) como “ropa gastada”. El “salvador de la patria” siempre sostuvo que esa acusación era una infamia, una “estratagema de la subversión”. Hasta un falsificador impenitente a veces dice la verdad, la pregunta es por qué ahora.
La respuesta es simple y rotunda: hace mucho tiempo que esa estrategia discursiva no sirve a los responsables de la dictadura burguesa terrorista, perdió toda eficacia práctica, sólo útil para detectar impresentables. Los organismos de Derechos Humanos, su discurso finalmente sostenido por la voluntad política de punición (derogación de las “leyes” de Obediencia Debida y Punto Final, así como de los indultos), restituyeron la relación de las palabras y las cosas, los delitos y las penas, entre la ley y la política.
En verdad, cuando el capitán de corbeta Adolfo Scilingo, en 1995, contó su participación en los vuelos de la muerte, el “relato” de la dictadura burguesa terrorista había quedado definitivamente escorado. Faltaba la voluntad política de punición.
Está bien, Horowicz, admito que el “relato” naufragó, pero qué le importa a Videla que sirva o no sirva. Después de todo él no tiene que encolumnar a nadie. Ni militares ni civiles se referencian en un oficial degradado, sólo se trata de un cadáver político. Todo lo que hizo fue admitir lo que no hay modo de negar. Lo demás lo sigue ocultando, nada cambió demasiado.
Me permito disentir. Los decires de Videla convalidan una victoria popular. En la difícil batalla para esclarecer los “hechos” una versión recibió un espaldarazo definitivo, y la otra se iguala con la falsificación y la mentira interesada, que no es cualquier clase de mentira sino una mentira de clase. Algo no puede no llamar la atención. En un reciente reportaje publicado por la revista española Cambio 16 Videla sostiene que no hay justicia, que se trata de pura revancha. ¿Un hombre que admite ser el responsable de la desaparición de miles, porque era el “precio a pagar para ganar la guerra”, de qué puede ser considerado “inocente”?
De una sola cosa, de haber cumplido órdenes. Un militar que cumple las órdenes impartidas no puede ser culpable. Qué órdenes cumplió Videla. Él lo hace saber: las de Ítalo Argentino Luder, presidente provisional del Senado a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, en sustitución de María Estela Martínez de Perón. Ahora bien, ¿esas órdenes eran legales? Si se lee la acusación del fiscal Julio César Strassera, sí. Si se lee la defensa de los integrantes de las juntas militares, también. En cambio, si se lee la Constitución Nacional, no. El artículo 67, Inciso 24, dice que forma parte de las atribuciones excluyentes del Congreso Nacional: “Autorizar la reunión de las provincias o de parte de ellas, cuando lo exija la ejecución de leyes de la Nación y sea necesario contener las insurrecciones o repeler las invasiones.”
Dicho en criollo, ningún Ejecutivo puede impartir semejante orden; pero la impartió, y ningún partido político lo denunció ni entonces ni ahora. Las FF AA obedecieron una orden “ilegal” de un gobierno “legal”. Ahora bien, ese elemento ha sido soslayado porque deja en evidencia –como señalo en mi libro Las dictaduras argentinas– la complicidad de la enorme mayoría de la sociedad en la política represiva.
Y Videla nos recuerda más. Nos hace saber que los empresarios pidieron otros 10 mil muertos. Y añade: “Nuestro objetivo era disciplinar una sociedad anarquizada” para “ir hacia una economía liberal”. Otra vez Videla admite la acusación de los organismos de Derechos Humanos. El nuevo programa del partido del Estado, para poder ser llevado a cabo, requirió liquidar toda forma de oposición. La oposición era ilegal –así se puede leer en el discurso del 24 de marzo de 1976– y los opositores, todos los opositores, fueron tratados como “enemigos” y a los enemigos se los “aniquilaba”.
EL PROGRAMA DE LA NUEVA DERECHA. Leemos en La Nación, editorial del 10 de abril pasado: “Con el lema de ‘Memoria, juicio y castigo a los culpables’, se ha desarrollado una enorme presión sobre la justicia, volcándola hacia el juzgamiento de sólo una de las partes. Los avances hacia la reconciliación que se habían dado con las leyes de Obediencia Debida, de Punto Final y los indultos fueron desandados con la anulación, claramente inconstitucional, de estas leyes. Los numerosos juzgamientos y condenas a militares, policías, gendarmes y civiles han dejado de lado el principio de legalidad, así como el de la irretroactividad de la ley penal. El argumento de que la represión de los grupos armados no rigieron esas garantías no puede usarse como justificativo para violarlas por parte de un gobierno constitucional.”
Pido disculpas por el tamaño de la cita. La Nación sostiene que anular las leyes alfonsinistas y el indulto menemista, e instar a la justicia a juzgar delitos aberrantes es ilegal e inconstitucional. Ese es el punto de vista de Videla. Y la reconciliación, esa mascarada hipócrita para garantizar la impunidad, debe continuar hasta el fin de los tiempos. La Iglesia católica, como institución, defiende lo mismo. Si la Iglesia en compañía de La Nación, su dador de sangre intelectual, intenta que Videla “aporte” un eje unificador, aunque termine reconociendo lo que siempre negó, es porque no pueden plantearse la acción directa. Por ejemplo, un golpe de Estado. Conviene saber, que semejante espantajo conceptual –electoralmente hablando– sólo puede producir mayoritarias arcadas de rechazo. Y esta versión de la “verdad videlista” muestra que el ’76 sigue vivo. Este reconocimiento miserable dará paso a un sinceramiento terrible. Las cloacas de la indigencia moral abrirán sus exclusas y lo que oiremos no será exactamente gratificante. Aun así, es una operación imprescindible para la construcción de una verdadera cultura democrática.
Fuente:InfoNews
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