La caída del Imperio Romano
El proceso de extradición del ex camarista Otilio Roque Romano –procesado por crímenes contra la humanidad y fugado al país vecino– pone a prueba la forma de hacer justicia en las democracias de la región.
Su desempeño se inicia en 1975, cuando se vivía una realidad que convergía en un puñado de nuevos funcionarios judiciales y un plan represivo desplegado con todo su potencial a partir del golpe de Estado de 1976. Cada familiar de las personas que caían detenidas, o eran secuestradas, y sometidas a procesos penales que desconocían las mínimas garantías reconocidas en la Constitución nacional, veían morir cada una de las denuncias formuladas en el ámbito de su jurisdicción. Tomado conocimiento de los crímenes que se estaban cometiendo, Romano omitía denunciar los hechos o investigar los secuestros, las torturas, las desapariciones, incluso el robo de bebés.
Seguidamente tuvo mucho que ver con los pactos y arreglos producidos en la Justicia Federal para silenciar todo y frenar los juicios por crímenes de lesa humanidad. Toda la seguidilla de excarcelaciones de represores en una u otra sala de la Cámara Federal mendocina no habla más que de su capacidad para lograr un alineamiento de la corporación judicial, una suerte de gran precinto al ímpetu del principio irrenunciable de primacía de los derechos humanos que día a día fue ganando más adhesiones.
Romano fue quien paralizó la aplicación de la Ley de Medios en todo el país. Utilizó además el caso de la promoción industrial para generarle un traspié judicial al gobierno de Mendoza que lo venía cuestionando por su participación en la pasada dictadura. Cuando dicho cuestionamiento tomó la forma de una acusación penal, fundada en más de cien hechos incontrastables, Romano mostró el gen al decir que si la causa avanzaba y su situación se comprometía, tomaría la decisión drástica de matar al juez federal Walter Bento, haría lo mismo con el fiscal Omar Palermo y luego se suicidaría. Tuvo varios desplantes para con el Consejo de la Magistratura y horas antes de ser suspendido por su complicidad con el terrorismo de Estado se dio a la fuga y pidió ser refugiado en Chile como perseguido político de la Argentina.
La primera denuncia. Ocurrió en la década del ochenta, con el regreso del abogado Alfredo Guevara (padre) de su exilio en México. Él fue quien reconstruyó el “dossier” Luis Moriña, un estudiante de la Universidad Nacional de Cuyo que había sido detenido en 1976 y se encontraba dentro de la nómina de los desaparecidos. Por entonces Romano y Miret mandaban en la Justicia. Nadie se metía con ellos y menos con una acción penal que jueces del mismo fuero, verdaderos amigos, debían recepcionar y tramitar. Miret, además, pasaba a hacerse cargo de la cátedra de Filosofía en la carrera de abogacía, recientemente creada con todo el ímpetu del gobierno radical. Entre los contenidos impartidos por Miret estaba nada menos que la Ética.
El caso es que había pruebas de mal desempeño, tanto de Miret como de Romano, uno como juez y el otro como fiscal. Hasta ahí no hubo mayores problemas ya que la Justicia dictaminó que si esas irregularidades existieron, con el paso de los años, el asunto debía ser considerado prescripto. Pero la reapertura del habeas corpus en favor de Moriña había generado pruebas, las suficientes para que apareciera la palabra “complicidad”. “Los dos actores actuaron en banda y con rasgos de permanencia”, señaló Guevara, quien explicaba que la “conducta de ambos funcionarios fue determinante para la consumación de la desaparición forzada de Luis Rodolfo Moriña”.
Romano querelló a Guevara y al padre de Luis Moriña. Y junto a Miret ordenó una sanción ética contra el abogado. No existía por entonces la noción de crímenes de lesa humanidad. Sólo una pregunta quemando en las manos de las máximas autoridades: ¿dónde está Moriña? Eran ellos quienes habían recibido el informe del Ejército en donde se reconocía que Moriña estaba preso, y habían apelado a un ardid para hacer como que la detención no continuaba. Los jueces amigos íntimos de los camaristas resolvieron rechazar todo lo denunciado. Al doctor Alfredo Ramón Guevara no le quedó más que dejar testimonio de la época: “Este tipo de resoluciones tienen el efecto de evitar la investigación de conductas, que por otra parte deben estar por encima de toda sospecha. Este escrito se formula mientras fuerzas policiales revisan mi estudio, por la presunta existencia de una bomba, denunciada anónimamente. No es la primera vez que fundamos recursos en estas condiciones y no es la primera vez ni será la última, que defendemos los intereses de nuestros clientes, sólo para tranquilidad de nuestra conciencia, como dijera una vez Lisandro de la Torre”.
Los apoyos. Los ámbitos tribunalicios, políticos y los medios de prensa mendocinos no fueron ajenos a la trama de sostenimiento del camarista. Hubo quienes lo secundaron, otros que simplemente actuaron porque le debían favores. Digamos que Romano sacó a relucir este radio de influencia en varias oportunidades.
Por ejemplo, cuando durante varios meses logró paralizar la investigación de su actuación en el Consejo de la Magistratura. Lo consiguió vía medida cautelar de un juez amigo que en realidad resultó ser un conjuez, es decir, un abogado elegido de una lista de profesionales. Al apelarse dicha medida cautelar, decenas de jueces y secretarios se excusaron por “razones de la delicadeza y decoro que se genera en el caso particular”. Tuvo que intervenir la Corte de la Nación para que se aplique una acordada que ordena convocar a otros jueces de la región de Cuyo. Para dar una idea, uno de las excusas con que un funcionario se apartó era porque el hijo de Romano trabaja en su misma secretaría.
Poco después, cuando decidió huir a Chile, eligió exhibir un acompañante en el avión a Santiago. Una forma más de demostrar relaciones. Se trató de su amigo el ex juez federal Luis Leiva, quien ya le sirviera de eslabón en su maniobra más grave, prácticamente extorsiva, cual fue utilizar temas de relevancia institucional como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Leiva fue quien patrocinó el amparo del diputado Enrique Thomas contra la Ley de Medios. Cuando esa medida cautelar se convirtió en la noticia más esperada por la oposición política en el país, Leiva dijo que le sorprendían gratamente los argumentos que el camarista preopinante utilizó para dejar en suspenso la ley. Ese camarista era Romano, quien enriqueció el pobre planteo de Thomas sobre que la ley no se había discutido lo suficiente y añadió uno propio, criticando duramente el acto por el cual la presidenta Cristina Fernández envió al Congreso el texto de la nueva de Ley de Medios.
Diferencias de criterio. El camarista federal Otilio Roque Romano es acusado de participar en graves crímenes de lesa humanidad. Entre ellos se cuenta el caso de un bebé, una niña secuestrada, desaparecida y apropiada durante la última dictadura militar, y que fue hallada por Abuelas de Plaza de Mayo en el 2007. Ocurrió en 1977 cuando Romano era fiscal federal. Rebeca Celina Manrique Terrera es su nombre, se trata de la primera hija de desaparecidos en Mendoza restituida a su núcleo familiar y la nieta número 87 recuperada por la organización. El 24 de julio de 1977, cuando tenía poco más de seis meses, Rebeca fue secuestrada junto a sus padres, hoy desaparecidos, Alfredo Manrique y Laura Terrera, en la Terminal de Ómnibus, adonde habían llegado desde San Juan. Nunca más se supo de ella y por 30 años su paradero fue una incógnita. En 1987 su familia empezó a buscarla, pero el entonces juez federal Luis Miret archivó el caso en el marco de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Mientras se firmaba esa decisión judicial, Rebeca –ya niña– vivía en Mendoza en manos de una familia y bajo otro nombre. Para el fiscal Romano no había razón en seguir investigando para hallarla, con lo cual el expediente fue enviado al archivo.
Miret optó por asumir su propia defensa en este y otros casos tan graves que fueron saliendo a la luz. Cuando fue sometido a jury de enjuiciamiento y en la causa penal que impulsa el fiscal Omar Palermo en el juzgado de Walter Bento, esgrimió que había cumplido con su tarea en las limitadas condiciones que existían en ese momento. Dijo que no había sido un “juez del Proceso” sino “juez de carrera que actuó durante el Proceso” y que no recordaba haber visto detenidos con marcas de torturas ni haberse enterado de la existencia de desaparecidos. Sostuvo que todos los detenidos decían haber sido torturados para “desvirtuar la indagatoria policial”.
Romano, en cambio, tuvo otro criterio y otro estilo. Apenas el fiscal Omar Palermo comenzó a instruir las causas que complicaban a los camaristas, Romano buscó dilatar al máximo todos los plazos para eludir sus citas con la Justicia. Logró recusar al juez Walter Bento gracias a la intervención de un juez amigo y después salió a festejarlo con whisky y champán a un bar céntrico de Mendoza, sin pudor de ser descubierto con ese juez con el cual debía al menos guardar las apariencias de imparcialidad.
También logró que el Diario Los Andes le publicara íntegra su carta titulada “La utilización política de los derechos humanos”, plataforma desde la cual lanzó su diatriba apuntada a Jorge Auat, principal impulsor de la Fiscalía especial de delitos de lesa humanidad. Y por si todo esto fuera poco, hizo temerarias acusaciones contra una testigo del D2, Luz Faingold, quien declaró haber recibido la visita del ex fiscal en el calabozo de ese centro clandestino de detención. Luego vinieron las amenazas al fiscal Palermo y al juez Bento.
Comodidad en Chile. Lo último que se sabe de Romano es que habita un elegante departamento en el coqueto barrio de Las Condes y que antes se paseó por las playas de Reñaca. Está bajo libertad restringida mientras dure la sustanciación del proceso de extradición. Es un proceso similar al que enfrentó el ex presidente de Perú Alberto Fujimori en 2005. El caso es un precedente importante ya que luego de varios análisis técnicos sobre un par de casos de violación a los derechos humanos, la atribución de responsabilidad a Fujimori por el “dominio de la voluntad en virtud de aparatos organizados de poder” fueron bien sustentados y finalmente terminaron siendo argumentos acogidos por la Corte Suprema de Chile.
Es probable que Romano haya tenido otra perspectiva del asunto al elegir la huida a Chile y solicitar asilo político. Para empezar, contó con el espaldarazo del pinochetismo, especialmente de los dirigentes de la Unión Democrática Independiente (UDI), cuyo secretario general dijo que si la Argentina quería a Romano, primero debía enviar a Galvarino Apablaza –opositor al régimen de Pinochet y ex dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez–, como si se tratara de dos bandas de mafiosos que intercambian rehenes. No fue eso lo que ocurrió precisamente. Romano pidió el asilo e intentó victimizarse diciendo que era blanco de una “persecución y venganza de personeros de izquierda”. El gobierno chileno le otorgó ocho meses de visa transitoria hasta resolver la situación.
Hoy las circunstancias no son otras que Romano dando cuenta ante la Justicia, –ya ha empezado a declarar ante el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Chile Adalis Oyarzún–, tal como cualquier otro que haya cometido masivas violaciones a los derechos humanos. Durante unos días integró la lista de las 315 personas más buscadas por la Interpol, junto con narcotraficantes y terroristas. No es que haya sido mala su estrategia de pedir ser reconocido como un refugiado político, es que no tuvo chances de fructificar ya que al gobierno de Piñera no le interesa afrontar una acusación de apañar a un sujeto de estas características. Al anunciar la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la solicitud de extradición dijo muy claramente: “A Romano lo vamos a traer… la Justicia lo va a traer”.
Corporativismo a full. En 2010, a instancia del Colegio de Abogados de Mendoza, la Federación Argentina de Colegios de Abogados se solidarizó con los jueces cómplices de la dictadura militar. En un comunicado fechado el 23 de abril de ese año el Colegio sostuvo que “los jueces se limitaron a aplicar en sus resoluciones los criterios procesales establecidos por la jurisprudencia de la Cámara de Casación Penal (un tribunal nacional integrado por representantes de distintos estrados) que, entre otras funciones, tiene el objetivo de unificar jurisprudencia, en casos en los que se puedan generar distintas interpretaciones de la ley”. O sea que para ellos haber sido funcional al terrorismo de Estado, omitir denuncias, admitir la tortura y los secuestros, las violaciones y los robos en cientos de causas, rechazar los habeas corpus que interponían los colegas y colgar las resoluciones en un gancho es considerado un “criterio jurídico válido”. Ninguna de las dos asociaciones se manifestó cuando el 24 de agosto pasado Romano cruzó la cordillera un día antes de ser procesado y suspendido. Tampoco dijeron nada cuando el pasado 15 de diciembre fue finalmente destituido de su cargo.
Las víctimas. El abogado penalista chileno Carlos Quezada es el representante de los denunciantes ante la Corte Suprema de la República de Chile. El abogado cuenta con un poder de sus colegas mendocinos Pablo Salinas y Viviana Beigel que han impulsado varias causas junto con el MEDH (Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos). Detrás de ellos está la voz de las víctimas, verdaderos sobrevivientes del horror.
Esta representación dentro del proceso es posible gracias al emblemático caso Prat donde la Corte chilena aceptó la presentación de las víctimas. Y son las víctimas quienes al relatar sus experiencias pintan la singularidad de las conductas relacionadas con la violación de derechos humanos como algo que merece el más vigoroso repudio de cualquier tribunal de cualquier país o región.
Cuando fue el turno de Luz Faingold, primer juicio oral a comienzos de 2011 en Mendoza, su testimonio fue revelador. Fue detenida cuando tenía 17 años recién cumplidos. Narró que la metieron en el piso trasero de un auto, encapuchada. Que la persona que la sostenía le dobló la uña del dedo pulgar y la tiró abajo del asiento. Que estuvo encapuchada y que alcanzó a ver algo hasta que se dan cuenta porque no se cae con un escalón y es allí donde le pegan muy fuerte en el estómago y se dobla en dos, del dolor.
En primera persona, su relato sigue así: “Me pusieron cinta o elástico arriba de la capucha y me llenaron la cabeza de eso. Me empezaron a hacer subir o bajar escaleras, cuando llegué a algún lugar, yo seguía gritando, cuando llegue allí me siguieron poniendo cosas en la cabeza, me ataron muy fuerte los brazos atrás y allí me violaron, en ese momento. Hubo como un silencio, yo dejé de gritar, hasta que yo tuve como un ruido de asco que me salió de la boca y yo dije ¿y ustedes tienen esposas? Para mí eran hombres grandes y allí terminó todo y me tiraron a una celda y cerraron la puerta, empecé a gritar de nuevo porque no sentía los brazos”.
Luz prosiguió diciendo que “estuve una semana detenida, perdí noción del tiempo. Me llevaron a hacer una declaración ante un policía muy alto y yo dije que no sabía nada. Yo pensaba que mi papá me iba a sacar. No sé si fue ese día u otro, en un momento abrieron la celda, creo que era el fiscal Romano, estaba vestido de traje y corbata… le dije ¿me voy? Dijo no y cerró la puerta. Luego apareció Smaha a visitarme a la celda, trató de hablar conmigo y no recuerdo más. Ahora veo que fue una semana lo que estuve. No recuerdo el horario, creo que de noche, me llevaron a un hogar de menores a la vuelta de la policía federal, creo que allí llegué a dormir y al día siguiente me buscó una combina y fui con otros niños al Juzgado Federal”.
Efectivamente, Otilio Roque Romano aconsejó no restituir a Luz Faingold, tal como habían solicitado sus padres. Según narró en el juicio ella pensó que era un abogado y que se iba en libertad. Después resultó que era Romano, a quien reconoció de la fotografía donde está cenando con Julio Petra y tomando champagne.
Esa fotografía fue tomada un 21 de octubre de 2010. Tiene su contexto explicativo en la crisis institucional que envolvía al Poder Judicial federal de Mendoza. Unos días antes, el 14 de octubre, el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, se presentaba ante el plenario del Consejo de la Magistratura para expresar su preocupación por la situación de Romano que no hacía más que agravar la de otros magistrados que vienen siendo cuestionados por paralizar las causas por violaciones a los derechos humanos. Righi ya había expresado que el camarista Romano estaba entorpeciendo el avance de la investigación penal en su contra y también el proceso que se le seguía en el Consejo de la Magistratura.
Romano parecía confiado en el cerco que le proporcionaban los medios, pero en realidad desbarrancaba. El entonces camarista salió a festejar junto a Julio Petra en un bar de la coqueta Arístides Villanueva. La foto de esta cena con vino y dos botellas de champán de por medio pasará a ser la postal misma de la falta de pudor. Si cenaban juntos, si festejaban con vino y champán, había amistad. Y si había amistad era manifiesta la parcialidad de Petra al haber firmado el fallo que desplazó al juez Walter Bento que había citado a indagatoria a Romano. Según se pudo saber, la noche del festejo en el bar de la calle Arístides Villanueva, ni Petra ni Romano se enteraron que en una mesa aledaña alguien que los reconoció decidió fotografiarlos y enviarles ese documento a los periodistas.
FuentedeOrigen:Revista23
Fuente:Agndh
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