MÉXICO.

miércoles 11 de abril de 2012
Postular a familiares, trampa para “cumplir” cuota de género
Por Anayeli García Martínez (CIMAC)
Las cuotas de género son para promover el adelanto de las mujeres y su derecho legítimo de ser postuladas como candidatas, no para promover familiares ni privilegiar a unas cuantas, advirtió la politóloga María Subiñas Abad.

La también profesora-investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-México (Flacso) criticó que los institutos políticos cumplieran la cuota de género postulando a esposas, hermanas o familiares de los líderes de los partidos.

En entrevista con Cimacnoticias, tras la presentación del proyecto “Construyendo reglas para la igualdad de género en derechos políticos y electorales”, la especialista en representación política y género aseguró que la cuota no busca privilegiar a las mujeres sino garantizar oportunidades de participación.

Cabe recordar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Federal Electoral (IFE) establecieron que para los comicios de julio próximo los partidos políticos están obligados a postular a un mínimo de 40 por ciento de candidatas a diputaciones federales y senadurías.

Para cumplir con esta obligación, los institutos políticos postularon tramposamente a familiares de varones que quedaron fuera de las listas, así por ejemplo el PRI registró como candidata a una diputación plurinominal a María Elvia Amaya Araujo, esposa del ex alcalde de Tijuana Jorge Hank Rhon, y quien fue arrestado –y después liberado– en 2011 por posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.

En el mismo caso está Victoria Vega Gastelum, quien compite por una diputación de mayoría relativa en lugar de su esposo, Esteban Valenzuela, ex alcalde del municipio de Ahome, Sinaloa.

El PRD, por ejemplo, postuló a una diputación de mayoría a Dulce María Romero Aquino, hermana del ex dirigente del sol azteca en Veracruz Enrique Romero Aquino.

En los casos de familiares promovidas para cumplir la cuota de género, destaca la candidata a una diputación plurinominal Guadalupe Ortega Pacheco, hermana de la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco.

Otra priista que va por una diputación de representación proporcional es Lizbeth Loy Gamboa Song, hija de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, Lizbeth Loy Song Encalada.

Urge reforma al COFIPE
Al respecto, la especialista María Subiñas Abad explicó que “las cuotas de género son para promover el adelanto de la mujeres y el derecho legítimo de ser postulada como candidata, y en ese sentido la cuota de género no busca privilegiar a las mujeres, sino lograr un equilibrio (de oportunidades)”.

Insistió en que la finalidad de las cuotas no es promover familiares por el sólo hecho de ser mujeres, sino generar oportunidades para que las que ya participan en la política puedan ser postuladas a un cargo de elección popular como una diputación o una senaduría.

De acuerdo con la académica, la sentencia del TEPJF del 30 de noviembre de 2011 sobre las cuotas de género fue un avance en la lucha contra la impunidad por el incumplimiento de esta norma, por ello lamentó que los partidos sigan sin dar oportunidades a las mujeres.

Subiñas urgió a reformar los códigos electorales locales y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), para que las mexicanas puedan ser postuladas a cargos de elección popular.

Además afirmó que con la cuota se busca el cumplimiento de los derechos de un grupo que ha estado en desventaja política, y por ello es necesario incorporar al Cofipe las obligaciones establecidas en la sentencia del TEPJF.

Adelantó que en breve el PNUD, ONU Mujeres, la Flacso-México y el TEPJF presentarán unas recomendaciones para reformar el Cofipe. Entre ellas que se establezca como una obligación las candidaturas propietarias y suplentes del mismo sexo.

La académica mencionó que para hacer de las candidaturas una oportunidad real para las mujeres, los partidos deben postular a aquellas con mayor capacidad y trayectoria, otorgarles recursos para sus campañas, garantizar que accedan a medios de comunicación y evitar el “acoso político”.

Subiñas Abad agregó que los institutos políticos también deben asumir obligaciones en este tema y promover acciones afirmativas internas, así como eliminar las prácticas discriminatorias.

miércoles 11 de abril de 2012
Gobierno de Chihuahua criminaliza lucha contra feminicidio
Por Gladis Torres Ruiz (CIMAC)
En lugar de resolver los casos de feminicidio y desapariciones de mujeres, el gobernador de Chihuahua, César Duarte, desprestigia, ataca y criminaliza a las y los familiares de las víctimas que exigen justicia, denunció Edgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

El defensor humanitario se pronunció luego de que hoy el Juzgado de Garantía de Ciudad Juárez dictó auto de formal prisión a los activistas José Luis Castillo y su hijo, Lorenzo Castillo Rincón, por su presunta responsabilidad en el “asalto a mano armada a una casa de masajes” en 2008. Ambos fueron detenidos el pasado jueves por agentes de la Fiscalía General del estado Zona Norte.

José Luis Castillo es padre de Esmeralda Castillo Rincón, quien a los 14 años de edad fue reportada como desaparecida en la urbe fronteriza, en mayo de 2009. Desde entonces, y ante la omisión y negligencia de las autoridades judiciales de Chihuahua, él y su familia decidieron investigar por su cuenta el paradero de la joven.

En marzo pasado, Castillo y su esposa, Martha Alicia Rincón, viajaron a la capital del país para denunciar la desaparición de Esmeralda ante la Procuraduría General de la República, y exponer el caso ante medios de comunicación nacionales e internacionales, lo cual tuvo repercusión ante la opinión pública.

En declaraciones a Cimacnoticias, Edgar Cortez advirtió que el encarcelamiento de Castillo y su hijo se puede leer como un “aviso y escarmiento” para aquellos familiares y organizaciones civiles que exigen justicia ante la violencia de género en Chihuahua, y la ineptitud de las autoridades locales.

“Hemos visto en muchos casos que las y los ciudadanos que asumen la responsabilidad y el riesgo de denunciar, deben tener en cuenta que siempre hay un riesgo de que su denuncia pueda terminar siendo usada en su contra por parte de las autoridades”, abundó el coordinador de la red integrada por 75 organizaciones de la sociedad civil en 24 estados del país.

Añadió: “Las autoridades creen que desprestigiar a quienes están denunciando les servirá para evitar cumplir con su obligación de investigar los delitos”.

Clima hostil
Cortez subrayó que el caso de la familia Castillo Rincón es reflejo de una práctica “muy recurrida” para acallar a quienes exigen justicia, y a la vez muestra la vulnerabilidad de las y los ciudadanos.

“Primero no tienen garantía ni acceso a la justicia y cuando se ponen en medio de una acción (para buscar a su desaparecida) hay consecuencias en su contra”, explicó el activista.

La hostilidad contra las organizaciones civiles que luchan contra el feminicidio y la desaparición de mujeres en Chihuahua se recrudeció luego de que a finales del mes pasado, César Duarte acusó que las y los activistas que defienden a las víctimas “lucran” con el tema, e incluso advirtió que no toleraría a estas agrupaciones.

Previo a esas declaraciones, el mandatario estatal acudió el 24 de marzo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, para informar que los asesinatos y desapariciones de mujeres en Chihuahua se habían resuelto, lo que provocó airadas protestas de grupos ciudadanos.

En entrevista telefónica, Martha Alicia Rincón, confirmó el auto de formal prisión contra su esposo y su hijo, y acusó que el proceso judicial se realiza de manera irregular. Reiteró que la detención de sus seres queridos es en represalia por haber denunciado la inacción de las autoridades para buscar a su hija Esmeralda.

Por separado, Luz Estela Castro, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua (Cedehm), señaló que la fabricación de culpables y la tortura en la entidad son reiterativas.

“Hemos documentado varios casos en los que a las personas se les han fabricado delitos, y lo que nos preocupa es que no haya investigaciones científicas que sustenten un juicio y que sea través de vulnerar los Derechos Humanos como se quieran resolver los delitos”, explicó.

Sobre las acusaciones contra José Luis Castillo y su hijo, Lorenzo Castillo Rincón, la abogada Karla Michel Salas, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), aseguró que lo único que culpa al padre y hermano de Esmeralda Castillo es la palabra de la propietaria y de las y los trabajadores de “una casa de masajes”, giro que se ha relacionado con prostitución y trata de personas, advirtió.

Enfatizó que no existe ningún otro dato en la carpeta de investigación que señale a ambos activistas como responsables del supuesto asalto.
Fuente:Argenpress