Asociación Nacional
DE EX PRESOS POLITICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Asociación civil (IGJ - 1828074)
Rechazamos categóricamente la Ley de Pensión para los Ex Presos Políticos cordobeses sancionada el 24 de marzo próximo pasado, por considerar totalmente inadecuado el sentido de la norma mencionada, teniendo en cuenta, que lo que impera convertir en Ley vigente, es simbólicamente un reconocimiento a los Ex presos Políticos como sujetos históricos de las luchas de Latinoamérica y contar de una vez por todas, con la reparación integral adeudada por el Estado Argentino. Reparación, justa, equitativa e igualitaria para todos. No aceptamos esta política que nos divide, que nos obliga a romper una causa común que nos une nacionalmente y nos empuja a distraer energías aisladas provincia por provincia.
Tampoco aceptamos el subsidio de $ 900 otorgado al Ex Preso Político por la Provincia de Misiones. Ni aceptamos de buen grado la Pensión de $ 1900 que le reconoce la Provincia de Mendoza, teniendo cuenta que la Provincia de Buenos Aires, ampara a los bonaerense con una Pensión no contributiva de $ 3680 (Ley 14042) y que cubre a todos sin distinción de ninguna forma o manera.
De todas formas, agradecemos el gesto de Córdoba, de pensar en beneficiar a un 10 por ciento de ex presos Políticos, a Misiones por amparar a 20 compañeros y a Mendoza.
Es sabido que las actuales autoridades de la provincia, al igual que los organismos financieros internacionales son partidarios de las políticas sociales focalizadas, propias de las políticas de tinte neoliberal.
Ahora bien, creemos que a los fines de llegar a una adecuada comprensión de las virtudes “superadores” de las políticas de este cuño, no es ocioso precisar lo que diferencia a las focalizadas de las universales. Veamos:
Las políticas sociales universales son aquellas prestaciones asistenciales (que se ejecutan por trasferencias de bienes y/o servicios, directas o indirectas) con las cuales el Estado beneficia a todos los ciudadanos, sin tomar en cuenta el nivel socioeconómico, pobreza u otros ítems que discriminen en uno o en otro sentido. Entre estas políticas, estría una renta o ingreso universal que, en principio, deberían recibir todos, más allá que luego se busque la “corrección” de los sectores de ingresos medios, por medio del
Impuesto a las ganancias.
Las políticas sociales focalizadas, por el contrario, son prestaciones restringidas a un subgrupo dentro del universo. Y ese subgrupo, se arma por alguna característica relacionada con una situación de privación. En otras palabras, para acceder a la asistencia, el sujeto tiene que demostrar que la necesita
No es menos relevante señalar que las políticas sociales universales tienden a prevenir situaciones de privación: son proactivas; mientras que las políticas focalizadas sólo actúan una vez que la privación ha sucedido: son reactivas. Parten de una matriz en la cual la pobreza se piensa como carencia (de plata, de educación) y no como propiedad (de un derecho ciudadano). “Dónde hay una necesidad hay un derecho”, dice el viejo adagio peronista; esto idealmente quiere decir: dónde hay una necesidad hay un derecho, a pedir, a protestar, a la política en definitiva. La focalización piensa a la asistencia como don, cómo algo que se da en las condiciones del donante, que es el que decide qué, cuándo y cómo. En este esquema, los pobres no deben hacer nada más que aceptar graciosamente lo que (otros) les den, y quedarse calladitos.
Las políticas sociales focalizadas fragmentan las comunidades y erosionan los lazos sociales, socavan los vínculos solidarios. En el seno de la comunidad, se establecen diferencias entre quienes “reciben” el subsidio o la asistencia y quienes no. Las políticas focalizadas establecen sus prioridades en forma tecnocrática. Pese a que estos funcionarios aseguran trabajar con una cabeza puramente “técnica”, suelen tallar en sus decisiones juicios de valor (político y/o ideológico). La neutralidad solo es aparente. Y la competividad es lo que se instala. Por que se compite por ser más pobre, más necesitado. Por que entre nosotros a instancias del mandato de los otros, se produce una caza de brujas sobre quien tiene, por quien no tiene, quien merece ser subsidiado , por quien no lo merece.
¿Y que tiene que ver esto con un reconocimiento histórico? Nada. Es una dádiva seca y divisionista. Porque segmenta, porque fracciona, porque provoca rupturas y distanciamientos. Porque humilla, porque si me reconocen en mi calidad afectado debe ser hecho en calidad de la injuria cometida, no del estado presente de vulnerabilidad.
¿O es un subsidio para indigente o una reparación para un daño?
Porque pide en lugar de que justifique la existencia del daño pasado que aún persiste, se me pide que justifique el estado actual de carencia. Entonces es excluyente.
Y es solidario y es agraviante y es injuriante. Porque a través de una paradoja de matriz neoliberal me invitan a ser reconocido como candidato a la reparación solo si soy pobre o si soy lumpen o si soy vivo.
Pero nunca sanando, curando, restaurando, cuidando, poniendo las cosas en su justo lugar. En virtud del derecho. Solo ofreciéndome una salida, digna de una mente perversa. Pero no digna de un ciudadano que pide derechos y no dádivas.
LEY ANTIDICRIMINACION EN ARGENTINA
Ley 23.592 Discriminación
Sanc. 3/VIII/1988; prom. 23/VIII/1988; 'B.O.', 5/IX/1988
Art. 1: Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados.
A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos.
Envío:AexPPCdba.
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