BOLIVIA.

LUNES, 28 DE MAYO DE 2012 
Denuncian que Chile mantiene minada frontera con Bolivia 
PL 
El vicecanciller boliviano Juan Carlos Alurralde denunció que el Gobierno de Chile, al igual que el Tratado de 1904, no cumple la Convención de Ottawa sobre el desminado de la frontera con Bolivia.

"Chile no cumple muchas cosas, como la resolución de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos de 1979 sobre la salida al mar sin compensación territorial y tampoco retira las minas", señaló anteriormente Alurralde.

El Tratado de Ottawa o Convención de Naciones Unidas sobre la prohibición de minas antipersonales, formalmente denominada Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y su destrucción, está vigente desde el 1 de marzo de 1999, recordó este lunes el diario Cambio.

El artículo 4 de la Convención manda destruir todas las minas antipersonales presentes en zonas de su territorio dentro de los 10 años después de la entrada en vigor de la Convención para ese Estado miembro y después de haberlas identificado y señalado, agregó.

En las fronteras con Perú y Bolivia, Chile sembró entre 1974 y 1975 más de 54 mil minas antipersonales como parte de la estrategia defensiva de la dictadura militar ante posibles conflictos armados, señaló en su artículo Cambio que también subrayó que el plazo para el desminado, según el Tratado de Ottawa, feneció el 10 de marzo.
Fuente:Argenpress


LUNES, 28 DE MAYO DE 2012 
Garantizarán inversiones con nueva ley en Bolivia 
Por René Quenallata Paredes (XINHUA)
La nueva Ley de Inversiones que se proyecta en Bolivia pretende garantizar la certidumbre a los inversionistas nacionales y extranjeros, además de consolidar la participación activa del Estado en la dinámica de la economía, según versiones del gobierno y la Asamblea Legislativa.

El presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, explicó que durante más de tres semanas su instancia legislativa recogerá las sugerencias de los empresarios y otros sectores para culminar en un acuerdo.

"La nueva norma tiene entre sus pilares fundamentales consolidar la participación del Estado en la economía, sin obviar ningún sector productivo, pero también está destinada a brindar a los empresarios, si vale el término, doble garantía a sus inversiones", afirmó el legislador oficialista.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aseguró que la nueva Ley de Inversiones, que se debatirá en las próximas semanas en la Asamblea Legislativa, generará certidumbre a las empresas extranjeras y nacionales que inviertan en el país.

Las 15 expropiaciones de acciones privadas ejecutadas en Bolivia en los últimos seis años arrancaron la incertidumbre en el contexto empresarial, aunque el gobierno de Evo Morales garantizó, una vez más, seguridad jurídica a todas las inversiones que se sujeten a las normas y cumplan contratos.

En Bolivia, con las denominadas capitalización y privatización (1994-2005) antes del gobierno de Evo Morales (enero de 2006), se entregaba la administración de los recursos naturales y empresas estratégicas estatales a manos privadas a precios ínfimos, generando pocos réditos para los bolivianos, según el análisis de Quintana.

La nueva Ley, que será consensuada con los empresarios privados, otorgará seguridad jurídica tanto al sector privado como al estatal, con el objetivo de que se cumplan los contratos de licitación.

"La seguridad jurídica no sólo será para la empresa privada, sino también para el Estado, para que se cumplan todas sus leyes y haya un respeto mutuo en una relación de sociedad", destacó el diputado Elío.

Pese a un clima de expropiaciones, la Inversión Extranjera Directa (IED) en 2011 en Bolivia creció en 32 por ciento respecto del 2010, al alcanzar 859 millones de dólares, un récord histórico en los últimos cinco años, porque es la mayor registrada en esta etapa, según un informe del Banco Central de Bolivia (BCB).

De acuerdo con los datos del BCB, en 2010 se registraron 651 millones de dólares, y a 2011 el IED llegó a 859 millones de dólares, es decir 208 millones de dólares más que la pasada gestión.

El asesor de Política Económica del BCB, Raúl Mendoza, destacó que la inversión extranjera está en ascenso por la estabilidad macroeconómica y política que el gobierno de Bolivia garantiza en los últimos seis años.

De acuerdo con el informe de política monetaria, la IED bruta fue destinada en su mayoría al sector de hidrocarburos, seguido de transporte, almacenamiento y telecomunicaciones.

En cambio, las inversiones privadas bolivianas superaron en 28 por ciento a la inversión extranjera directa (IED) en la gestión 2011, lo que demostró un gran repunte de la empresa nacional, según reportes de la Cámara Nacional Comercio (CNC) y el gobierno.

Los informes de ambos sectores, por separado, establecen que los empresarios nacionales invirtieron hasta finales de 2011, al menos 1.200 millones de dólares; en cambio, los agentes externos alcanzaron 859 millones de dólares.

Privados y embajadores
El empresariado privado, embajadores y otros sectores estratégicos serán parte importante de aporte para definir la estructura y lineamientos básicos de la Ley de Inversiones.

El presidente de la Comisión de Planificación y Política Económica dijo que por la complejidad que implica elaborar este tipo de normas se requiere consensuar su elaboración con todos los actores económicos y sociales de Bolivia.

Según la propuesta de los legisladores, además de convocar a empresarios, se extenderá la invitación a los embajadores de varios países para que se pueda lograr un nivel de consenso con el objetivo de construir la estructura de la norma.
En criterio del presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, se debe priorizar esta ley, incluso antes que otras consideradas sectoriales, como la Ley de Minería e Hidrocarburos.

"La norma tiene que ser clara y garantizar los planes de mediano y largo plazo que efectúen los inversores, además de garantizar estabilidad, certidumbre y seguridad jurídica", agregó.
Fuente:Argenpress