En la causa se encuentran imputadas 17 personas, entre integrantes del Ejército Argentino, Policía Federal y del Servicio Penitenciario Bonaerense. La audiencia prevista para las 16 se inició 50 minutos después en el aula Magna de la Universidad Nacional del Sur, ubicada en Colón 80.
Los alegatos comenzaron a través de la parte querellante constituida por Mirta Mántaras, por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), acompañada por Walter Larrea y Diego Czerniecky por familiares y víctimas de manera particular y de Mónica Fernández Avello, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
En primer lugar y ante el Tribunal, Mántaras agradeció a los testigos porque “han declarado muchas veces, han sido sobre exigidos en este largo juicio que data de 1987 y creo que éste es un reconocimiento merecido”.
Mántaras, quien desde 1986 representó a las víctimas y familiares del Terrorismo de Estado de Neuquén, Río Negro y Bahía Blanca participó además como querellante en las megacausas de los Centros Clandestinos de Detención “El Vesubio” y “Esma”, entre otros.
La abogada brindó detalles en el marco del contexto histórico y sobre la situación que motivó el juicio. “Durante muchos años ha cundido el mal ejemplo la Argentina que es la de la toma del poder por la fuerza, por las armas”, dijo Mántaras, quien además es especialista en Derecho Militar.
En ese sentido afirmó que “esos golpes militares que azotaron a nuestro país mostraron un ejemplo poco plausible y posteriormente la señora de Perón en el Gobierno de 1975 dio poderes a los militares para la represión interna lo cual estaba vedado constitucionalmente”.
“Estos poderes implicaron un ataque muy fuerte a la comunidad tucumana, donde hubieron muchos muertos y desaparecidos que justamente estaba comandando por el General Vilas (Acdel Edgardo) quien después vino a Bahía Blanca”, señaló.
Mántaras agregó que “esta experiencia efectuada en Tucumán fue letra por letra de lo que habían sido todas las enseñanzas de las doctrinas de la Seguridad Nacional que se efectuó durante los años 60”.
En ese marco detalló que “la señora de Perón en octubre de 1975 accedió a dos presiones muy fuertes: la de las Fuerzas Armadas, que querían continuar con el resto del país y de la Asamblea Permanente de Empresarios, liderados por (José Alfredo) Martínez de Hoz que daban golpes de mercado”.
Señaló además que había directivas en las Fuerzas Armadas que "hablaban directamente de la ofensiva contra la guerrilla". "En estas directivas el concepto de guerrillero se fue trasladando y cambiando por el de oponente, delincuente, indeseable, el que era ajeno a los valores nacionales, occidentales y cristianos hacia los militares", explicó.
Mántaras agregó que se "llegó a decir en la directiva 303 que es la que coordinaba la represión tucumana que éstas personas eran indignas de estar en el país, de ser argentinos y que el último reducto que encontrarían sería la muerte". "Desde entonces ya estaba manifiesto el programa de que hay personas que no merecen vivir", agregó.
En ese contexto afirmó que "la idea central era actuar ofensivamente para aniquilar a la guerrilla, quiere decir en términos militares, dejarlos sin capacidad operativa".
El juicio comenzó el 28 de junio del 2011 y se analizó la causa 982 caratulada “Bayón, Juan Manuel y otros por Privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado reiterado a Bombara, Daniel José y otros en Área controlada operacional Cuerpo Ejército V”.
Fuente:Télam
FuentedeOrigen:labrujula24.com
Fuente:Agndh
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