Por Irina Hauser
EL JUEZ DE LA CORTE SUPREMA, RAUL ZAFFARONI, TITULAR DE LA COMISION DE REFORMA DEL CODIGO PENAL, CREADA POR LA PRESIDENTA
“Un Código claro da más garantías a todos”
En diálogo con Página/12, el ministro de la Corte estimó en “no menos de un año” el tiempo que demandará la elaboración del proyecto de modificación del Código Penal. El objetivo de dar coherencia y proporcionalidad en las penas.
Por Irina Hauser
“Sobre el aborto es necesaria una discusión separada, cualquiera sea la solución que se postule”, dijo Raúl Zaffaroni.Imagen: Guadalupe Lombardo
Hace tiempo que Raúl Zaffaroni advierte que ya no hay Código Penal sino “escombros” de lo que alguna vez fue un código, que las llamadas leyes Blumberg terminaron de destruir en un clásico intento coyuntural de exhibir una respuesta al delito con un incremento de penas al extremo. El problema, dice, es que esos y otros remiendos (a través de la creación de leyes especiales) le han quitado a la legislación penal toda “coherencia”, lo que abre la puerta a que los jueces apliquen las normas y castigos bajo su libre interpretación. Solo “cuando la ley es clara” y guarda criterios de proporcionalidad en las penas es que “las personas se sienten más seguras”, postula el juez de la Corte Suprema. En diálogo con Página/12 explica que la reforma integral, cuya necesidad quedó plasmada en el decreto que firmó anteayer la presidenta Cristina Kirchner, apunta a lograr un nuevo Código Penal “que no permita arbitrariedades de impunidad ni de represión”. También habla del papel de las víctimas, los efectos “paradojales” de las penas graves, el garantismo y por qué quedará afuera la despenalización del aborto. “La Presidenta ha tenido una iniciativa que es bastante revolucionaria”, consideró el ministro que preside la comisión encargada de elaborar la reforma.
–¿Por qué ha insistido en la necesidad de reformar el Código Penal?–La ley penal es un apéndice de la Constitución, es una especie de menú que muestra lo prohibido y que fija el precio que tiene cada una de esas infracciones, según su gravedad. Es necesario que sea una ley clara, no confusa ni enmarañada, que no permita arbitrariedades de impunidad ni de represión, la jurisprudencia penal debe ser previsible y coherente.
–¿En qué le cambiaría la vida al común de la gente la modificación que impulsa?–Creo que nos hace bien a todos saber con cierta certeza qué es lo que está penado y lo que no está y prever lo que decidirán los jueces. Todo país civilizado tiene un Código Penal y las personas se sienten más seguras en la medida en que ven que funciona. Si no tuviésemos un código, cualquier poder de turno podría hacer con cualquier ciudadano lo que le diese la gana y también dejar impunes a todos los criminales que considere “amigos”. Así como necesitamos una Constitución para que nadie hegemonice el poder, necesitamos una ley penal clara para que se la pueda manipular lo menos posible.
–¿Un Código Penal puede influir en la disminución del delito?–El Código Penal define los delitos, si no lo tuviésemos podría ser delito cualquier cosa. En relación con la violencia criminal, aunque es fundamentalmente una cuestión de prevención, indirectamente puede influir. Se trata de reservar las penas graves para los delitos violentos, con lesión a la vida, a la integridad física, a la libertad sexual; en algunos casos penas considerablemente graves, y procurar penas que no sean deteriorantes, que satisfagan a las víctimas, que sean restaurativas y reparadoras para los otros casos, en forma de evitar efectos paradojales que condicionen carreras criminales. Entre violar a una mujer y librar un cheque sin fondos hay un abismo de diferencia en todos los sentidos, los bienes jurídicos y las lesiones no son comparables, pero aun en las lesiones al mismo bien jurídico hay lesiones incomparables, como entre asaltar un banco con ametralladora y sustraer una billetera en el colectivo. Cada uno requiere una respuesta justa, proporcional, adecuada a la gravedad pero también al caso y a su posible solución con el menor costo social posible.
–¿La propia legislación puede dar más sensación de seguridad o no tiene nada que ver?–Sin duda que una jurisprudencia coherente provee más seguridad jurídica. Si las personas lo perciben, si tienen la sensación, no es una cuestión del código, sino de percepción y de construcción de realidad. Al pensar un código, como en muchos otros aspectos, no creo que debamos preguntarnos mucho por la sensación, sino más bien centrarnos en la seguridad misma. De lo contrario nos ocupamos de lo que “parece” y no de lo que “es”, y lo que interesa es la seguridad real y no su sensación.
–Mucha gente asocia las penas altas, la cárcel, con mayor seguridad. ¿Qué nuevo criterio se puede ofrecer desde el Código para dar más contención frente al delito?–El criterio que siempre se ha usado cuando se ha legislado con racionalidad y que no es nada nuevo: hay un principio, que se llama de “proporcionalidad”, según el cual, atendiendo a la gravedad del daño y a la culpabilidad del autor, corresponden penas graves para delitos graves, como sucede en todo el mundo, en tanto que corresponden penas menores, si es posible no privativas de libertad o mediante reparación a la víctima en las infracciones menos graves. Cuando se ignora esto y se reparten penas sin ton ni son, se produce un caos del que resultan arbitrariedades, excesos represivos e impunidades.
–La propuesta de reforma que elaboró una comisión en 2006 señalaba que la pena máxima no debía superar los 30 años de cárcel, planteaba eliminar la prisión perpetua y la reincidencia. ¿Cree que hay que ir en esa línea?–Sin duda es un tema central, pero no puedo responder, porque estaría comprometiendo la opinión de la Comisión. Deberá discutirse y decidirse en su seno.
–Pero aquel proyecto de 2006, ¿no será tomado por la comisión como punto de partida?–Hay que tomarlo en cuenta por ser el más reciente, pero también fijarnos en los anteriores; tenemos una larga lista de tentativas de reforma total u orgánica, que comenzó en 1937.
–¿Qué lugar deberían tener en el nuevo Código los crímenes de lesa humanidad?–Nuestra codificación penal siguió el modelo liberal de Feuerbach y encabezó la parte especial con los delitos contra la persona y no con los delitos contra el estado. Ahora corresponde que los encabece con los delitos contra la humanidad, que casi siempre son delitos masivos contra las personas.
–Las legislaciones modernas incorporan penas alternativas. ¿Qué son? ¿sirven?–Son las penas de multa, multa reparadora, reparaciones, arrestos de fin de semana, prestación de trabajos de utilidad pública, cumplimiento de instrucciones en libertad, inhabilitaciones, etc. Su incorporación sin duda que será materia de discusión en la Comisión.
–¿Qué papel deberían tener las víctimas en el código reformado?–Hoy hay en el mundo todo un movimiento de “justicia restaurativa”, que en los delitos no violentos privilegia la satisfacción de la víctima, su reparación, la solución del conflicto con su participación y beneficio. Deberemos discutir hasta qué punto le devolvemos a la víctima este papel, pero la tendencia en el mundo central existe y parece tener buenos resultados, bastante pacificadores, en particular en delitos contra la propiedad.
–En estos días se habló mucho de que el Código perdió “coherencia” y “equilibrio”. ¿En qué se advierte eso?–Bueno, hoy, por ejemplo, puede tener pena más grave el que en estado de emoción violenta, por haber sido gravemente insultado, amenaza con un arma a una persona que si en la misma circunstancia la matase o lesionase gravemente, o puede tener la misma pena el que roba a mano armada que el que comete un homicidio. No parece muy razonable, a ninguno hay que felicitarlo ni darle una medalla, pero el principio de proporcionalidad hay que respetarlo, en principio para no desjerarquizar el valor de la vida humana.
–¿Y por qué se insiste en integrar las leyes especiales que están dispersas?–Porque un código es una única ley que contiene todas las disposiciones de una materia, para que sea más claro y orgánico, para que facilite su aplicación y evite la arbitrariedad, y las disposiciones dispersas más bien se parecen a las recopilaciones coloniales españolas, dan lugar a una legislación preiluminista, donde el juez puede hacer cualquier interpretación.
–¿Fue un pedido de la Presidenta excluir el aborto de la reforma?–Fue una sugerencia que hice desde el comienzo.
–¿Por qué?–Es una cuestión que provocó dificultades en la codificación alemana, austríaca, española y que interrumpió la reforma de 2006. Es necesaria una discusión separada, cualquiera sea la solución que se postule.
–¿Se puede esperar algún cambio en relación a la imputabilidad de los menores?–El Código Penal nuestro, si seguimos la tradición, se limita a señalar que están sometidos a un régimen especial, que corresponde a una ley de justicia penal juvenil que el Congreso deberá tratar por separado.
–¿El Código que imagina será más garantista?–Un Código claro, sin ambigüedades ni enmarañamientos, que permita saber con certeza qué es y no es delito, siempre da más garantías a todos.
–La semana pasada un dictamen del fiscal Germán Moldes decía (en relación con los mails de una causa contra Ricardo Jaime) que “el fundamentalismo garantista protege cada vez más a quienes delinquen y desprotege cada vez más a quienes padecen sus delitos”. ¿Qué opina?–Cuando desaparecen las garantías desaparece el Estado de Derecho y la República. Las garantías están en la Constitución; si desaparecen tendremos muchas más víctimas, sólo que de los abusos del poder. Si extremamos las cosas, la supresión de límites al poder (no otra cosa son las garantías) son el prólogo de todos los genocidios. Toda nuestra mejor tradición codificadora penal fue políticamente liberal y, por ende, garantista, desde Tejedor, que marcó la senda al elegir como modelo al código de Baviera y no al autoritario de Napoleón.
–¿Es bueno que un mismo gobierno se ocupe de impulsar la reforma de prácticamente todo el sistema (Código Civil, ahora Código Penal, y quizá la Constitución)?–Me parece que alguien tiene que pensar en lo institucional, y si lo hace seriamente, enhorabuena.
–¿Cuánto tiempo real puede tomar la redacción del Código Penal?–En mi opinión, creo que no menos de un año.
LEON ARSLANIAN
“Devolver identidad”
“Por la experiencia que he tenido, cada día estoy más convencido de que la decadencia del sistema penal obedece, además de que es obsoleta e inadecuada, a las expectativas que se ponen en el Código Penal como remedio a todos los males derivados de la inseguridad”, dice el ex camarista y ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian e integrante de la comisión que redactará la reforma. “Ha habido un abuso en la creación simbólica de penas y penas que carecen de toda eficacia”, advierte. “Otro de los problemas –añade– es que quien quiera conocer qué conductas están prohibidas de poco le sirve leer el Código, porque por fuera existen infinidad de leyes. Debemos devolverle identidad, ése es un trabajo fundamental que hay que hacer; tenemos certeza de que vamos a hacer un Código totalmente nuevo, lo que supone trabajar en su creación.”
–¿Eso qué implica? ¿Reducir penas, introducir nuevas figuras penales, despenalizar otros, generar penas alternativas, por ejemplo?–No podemos dar una precisión porque no empezamos a trabajar ni debatir en la comisión. Pero se trata de que haya claridad sobre cómo opera el sistema, qué cosas resuelve, qué papel tiene en la sociedad y las agencias que lo aplican. También hay un aspecto cultural, terminar con la idea de la pena como talismán. Una reforma penal no es poner penas de cien años para arriba. La cárcel hoy no cumple su objetivo, no resocializa, ni sirven juicios de veinte años. Pero tampoco es que somos abolicionistas, creemos en la necesidad y la diversidad de la pena, pero no sólo es pena la que prohíbe la libertad, hay otro tipo de sanciones. El desafío no se agota, así, en hacer un nuevo Código, sino en ser convincentes con una sociedad sensibilizada por el fenómeno de la inseguridad.
RICARDO GIL LAVEDRA (UCR)
“Lograr armonía”
“El Código Penal está deshecho, destruido, ha perdido toda su organicidad, no hay proporcionalidad en el régimen de penas, ha quedado como un cuerpo de notable irracionalidad”, explicó Ricardo Gil Lavedra cuando se lo consultó sobre la importancia de reformarlo. “Esto es producto de la enorme cantidad de reformas que ha sufrido, cerca de novecientas desde el año 1921, incluso durante períodos democráticos. Recordemos que pasó por el vendaval de (Juan Carlos) Blumberg y muchísimos más parches y enmiendas que lo han distorsionado completamente”, agregó.
El objetivo prioritario de la comisión para el ex camarista federal debe ser lograr “la armonía” interna entre los artículos del futuro Código. “Luego vamos a discutir algunas actualizaciones del régimen de penas, el ejercicio de la acción, darle más poder a la víctima, la punibilidad de la persona jurídica, en fin, son muchas las cuestiones que se están planteando.”
El legislador radical recordó el antecedente de “un muy buen anteproyecto de reforma elaborado en 2006, que luego no fue remitido al Congreso” y consideró que “son cuestiones transversales que tienen que ver con el interés de todos de tener la mejor legislación posible, de que se castiguen los delitos jurídicos de acuerdo con su gravedad y no como ocurre ahora, que puede estar más protegida la propiedad que la vida”.
Gil Lavedra consideró que la composición de la comisión es “razonable”. “La circunstancia de una integración política plural puede llegar a facilitar el tratamiento parlamentario aunque no lo asegura –advirtió–, porque sin duda no es ésta una tarea de cinco personas, sino que será necesario un procedimiento de consulta muy generoso.”
FEDERICO PINEDO (PRO)
“Seré el moderador”
El jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados, Federico Pinedo, le asignó una “alta importancia” a la decisión del gobierno nacional de encarar una reforma del Código Penal. “Hay una necesidad evidente de reformar las normas penales y hay muchos temas muy importantes que es necesario discutir”, dijo. Citó como ejemplos “la adecuación de la legislación penal a los tratados internacionales de derechos humanos y a la doctrina de derechos humanos, la coordinación de la legislación penal de nuestro país con la de los países vecinos para los delitos transnacionales, un régimen penal de menores, la posibilidad de que haya distintos tipos de penas como trabajos comunitarios o multas según el tipo de delito, y otro tema importante es la disponibilidad de la acción de los fiscales, es decir que puedan desistir de perseguir delitos menores y privilegiar la investigación de delitos más relevantes para la sociedad”.
–¿Qué objetivos se plantea en la comisión? ¿Cuál será su rol?–Tengo claro que probablemente me toque el papel de moderador de posturas extremadamente garantistas –responde y se corrige sobre la marcha–. Garantista es una mala palabra, porque todos somos garantistas, más bien me tocará ser moderador de posturas abolicionistas, que no garanticen la seguridad de la sociedad.
–¿Tiene realmente ese temor?–No, sólo me parece que hay posturas muy extremas y que tendré un rol de moderador. Voy a tratar de encontrar un camino intermedio entre la reinserción social de los delincuentes y la protección de la comunidad. Me parece que hay que idear maneras inteligentes de obtener los dos resultados. Una comisión plural debe justamente poder alcanzar consensos básicos comunes, pisos de acuerdo que sean razonables y aceptables para todos.
–¿Es un buen momento para tratar el tema?–Sí, de hecho es un reclamo muy viejo de la comunidad vinculada con temas criminales. La legislación penal actual es muy caótica, poco conocida, poco ejemplificadora, poco preventiva, contradictoria, antigua en muchos aspectos.
MARIA ELENA BARBAGELATA (FAP)
Mirada de género
“Me parece una iniciativa interesante porque posibilita generar un debate en torno de una de las ramas del derecho más sensibles en relación con la libertad y los derechos humanos. Se da además en un marco de debate e intercambio y no como otras veces, en coyunturas dramáticas, de reformas impulsadas al calor mediático o de hechos dolorosos. Es un desafío que se da en un tiempo y espacio mucho más adecuados para debatir propuestas de cambio a un código que tiene casi cien años”, se esperanzó la ex diputada socialista María Elena Barbagelata, quien se opuso en su momento a las reformas de mano dura impulsadas por Juan Carlos Blumberg.
A la hora de analizar los temas prioritarios que deberá tratar la flamante comisión, Barbagelata consideró que “la preocupación inicial estará en avanzar en cada tipo de delito para ver realmente el tipo penal, si necesita adecuarse en su terminología, si hace falta incluir otros aspectos, como el tema del medio ambiente, o avanzar en delitos a la libertad sexual”.
“Seguramente habrá que suprimir aspectos que ya no se condicen con la realidad social de 1921, analizar la proporcionalidad de las penas, la escala penal, avanzar sobre los ámbitos de culpa y no sólo el dolo para dejarlo más claro en la aplicación de la responsabilidad penal”, agregó, y consideró que será importante establecer una metodología de trabajo que permita estudiar a fondo “temas muy diferentes, que van desde el abuso de autoridad hasta el lavado de dinero”.
Sobre la conformación de una comisión plural, se esperanzó en que “permita acortar el tiempo de debate” y recordó la experiencia de 1921, cuando el gobierno de Hipólito Yrigoyen logró destrabar la sanción del Código Penal recién después de delegar la conducción de la comisión en un diputado opositor. “Es una forma de trabajo interesante”, opinó.
–¿Ser la única mujer de la comisión implica una responsabilidad especial?–Sí, no tanto por ser la única, sino porque en mi trayectoria profesional y política me he vinculado con la vigencia de los derechos de las mujeres. Quiero aportar también la mirada de la perspectiva de género.
Fuente:Pagina12
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