GUATEMALA.

miércoles, 9 de mayo de 2012

Ratifican estado de sitio en zona guatemalteca pese a protestas
PL

Sin tener en cuenta las protestas generadas y exigencias de derogación, el Congreso ratificó el estado de sitio decretado por el Gobierno en el municipio guatemalteco de Santa Cruz Barillas.

El órgano legislativo lleva dos meses paralizado por una interpelación sin fin, sin embargo mediante una moción privilegiada la bancada gubernamental logró interrumpir esa acción y viabilizar la medida.

Esta fue aprobada con carácter de urgencia nacional con un decreto que confirma la limitación por 30 días de la libertad de acción y locomoción, el derecho de reunión y manifestación, porte de armas, detención legal e interrogatorio a detenidos o presos.

Mientras los bloques se ponían de acuerdo y llegaron a la definición, frente a la sede del Congreso se reunieron decenas de integrantes de unas 40 organizaciones indígenas, campesinas y de otro corte social para expresar su rechazo.

Los manifestantes, como prolongación de otro plantón en la Plaza de la Constitución, presionaron para derogar el estado de sitio en aquel territorio del noroccidental departamento de Huehuetenango al considerarlo ilegal y violatorio de los derechos humanos.

La protesta fue acompañada por una carta abierta al presidente Otto Pérez Molina, con cientos de firmas, cuyo contenido desmiente la necesidad de esa medida como forma de recuperar la gobernabilidad rota por disturbios en la tarde del 1 de mayo.

Igualmente, reclama la inmediata liberación de al menos 17 líderes comunitarios aprehendidos durante operaciones de efectivos militares y policiales, a quienes las autoridades achacan autoría en los desmanes cometidos durante la revuelta.

Organizadores dijeron que la presencia del Ejército en la zona hace temer a los pobladores indígenas, quienes muestran intenciones de pasar los límites fronterizos del departamento con México.

El recelo de esos campesinos tiene su origen en los atropellos, incluidas masacres perpetradas, de las fuerzas castrenses y otras afines durante los 36 años de conflicto armado interno en Guatemala, de 1960 a 1996.

Según la carta magna, el estado de sitio hace cesar la plena vigencia de los derechos constitucionales en casos como invasión del territorio nacional, perturbación grave de la paz, actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública.

La Ley del Orden Público indica que podrá decretarse esa condición por acciones terroristas, sediciosas o de rebelión que pretendan cambiar por medios violentos la institucionalidad o hechos graves que pongan en peligro el orden constitucional o la seguridad.

miércoles, 9 de mayo de 2012

El Estado deberá rendir cuentas sobre la situación de las mujeres luego del conflicto armado interno
CERIGUA

Obligaron a su esposo a presenciar su violación, luego lo asesinaron, otros fueron reclutados por el ejército; los militares preguntaban cuando las estaban violando si querían morirse o vivir, muchas se aferraron a la vida de retos que les sobrevenía, migraron hacia la capital a trabajar como domésticas o a vender las pocas pertenencias que les quedaban; hasta la fecha su situación económica y la de su descendencia es incierta.

Son los testimonios de algunas mujeres indígenas que fueron violadas durante el conflicto armado interno, que golpeó a Guatemala durante 36 años y que participan en el intercambio local que lleva a cabo ONU-Mujeres sobre la recomendación general de la Convención sobre todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) relativa a los derechos humanos de las mujeres en situaciones de conflicto y postconflicto.

En el área del Polochic hubo desalojos violentos y asesinatos en aquel entonces; las comunitarias huyeron y ahora ven sus terrenos ocupados por otras personas; con sobresaltos y mucha perseverancia se han superado económicamente pero el Estado no ha brindado las oportunidades necesarias para recuperar sus tierras; están dispuestas a pagar por ellas otra vez, puntualiza una de las participantes.

La vida de sus esposos no será devuelta, pero les gustaría rescatar sus medios de vida; ellas están en la lucha por recuperar un país en donde haya un ambiente de paz para sus hijas, nietas y bisnietas.

Han iniciado a contar sus historias, a demandar el resarcimiento del Estado y a participar activamente en espacios de toma de decisión, acompañadas de defensoras de los derechos de las mujeres y de organizaciones feministas, que han abierto la brecha hacia el diálogo con las autoridades.

La Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH) registró un total de 42 mil 275 víctimas, entre hombres, mujeres y niños; 23 mil 671 fueron víctimas de ejecución arbitraria y 6 mil 459 de desaparición forzada; el 83 por ciento de los afectados fueron indígenas.

La violación fue utilizada como un botín de guerra y como una estrategia para sembrar el terror en las comunidades; existe un sub-registro de las mujeres que fueron violadas, pues no todas han denunciado los casos.

Expertas evaluarán situación de las mujeres en el contexto postconflicto

El próximo 29 y 30 de mayo dos expertas visitarán Guatemala para recoger insumos sobre la situación de las mujeres en un contexto postconflicto, que luego serán presentados al Consejo Consultivo de la CEDAW y determinar qué tanto ha avanzado el Estado en la implementación de la recomendación general de ese organismo.

La última evaluación fue realizada en 1997, en la que Guatemala mostró sólo el 4 por ciento de avance; ahora, el Consejo Consultivo pedirá cuentas al Estado para determinar si ha creado las condiciones necesarias para que las mujeres puedan ejercer su ciudadanía plena y tengan acceso al goce de sus derechos, luego de 15 años desde la firma de los Acuerdos de Paz, que puso fin a conflicto armado interno donde hubo genocidio y destrucción total de algunas comunidades.

El intercambio que facilita ONU-Mujeres ha sido replicado en otras partes del mundo; América Latina y el Caribe, es la última región que será visitada por las expertas, antes de presentar sus conclusiones ante el Consejo Consultivo de la CEDAW.

Durante la reunión se evaluaron cuatro aspectos de la recomendación general de la CEDAW relativo a los derechos de las mujeres en situaciones de conflicto y postconflicto: el acceso a la justicia, el empoderamiento económico, la situación de violencia y la participación de la población femenina en la vida política y pública del país.

Participaron lideresas locales de Huehuetenango, Chimaltenango e Izabal, entre otros departamentos, así como representantas de organizaciones feministas y ex funcionarias de gobierno; se asignó una relatora por cada temática analizada, quienes serán las encargadas de trasladar la información a las expertas.

Estado podría recibir una baja calificación

Gabriela Tuch, una de las relatoras que será la responsable de trasladar las experiencias de las mujeres a las expertas del Comité Consultivo de la CEDAW, dijo a Cerigua que el Estado podría recibir una baja calificación pues las mujeres que sufrieron violencia durante el conflicto armado interno y su descendencia, continúan viendo sus derechos violentados al ser ignoradas sus necesidades en las políticas públicas.

Los relatos escuchados durante la reunión revelan que muchas han recordado el miedo y el terror impuesto por el ejército en el pasado, al presenciar la remilitarización de las comunidades hoy en día, como medida para atender las crisis sociales o políticas locales, señaló Tuch.

El reconocimiento de que hubo violaciones a los derechos de las mujeres durante el conflicto armado interno y que los mecanismos de reparación no han sido idóneos ni suficientes por parte del Estado, será fundamental durante la evaluación de la CEDAW, para avanzar en el cumplimiento de la recomendación, enfatizó la entrevistada.

Ellas mismas han expresado que no sienten que se les ha hecho justicia, ni que el Estado ha propiciado un ambiente de paz y seguridad para sus hijas y sus nietas, quienes tienen que enfrentar situaciones de pobreza, de desempleo, de violencia feminicida y de delincuencia, concluyó Tuch.

Fuente:Argenpress