Las claves de los derechos humanos
El Centro de Estudios Legales y Sociales presentó su Informe 2012, que repasa los temas principales sobre la situación de los derechos humanos en el país. Un panel en la Feria del Libro con Verbitsky y Lorenzetti, entre otros.
Por Emilio Ruchansky
Ramiro Fresneda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Verbitsky en la presentación del Informe 2012.Imagen: Jorge Larrosa.
“Este es el decimoseptimo informe que elaboramos, un año más y sería el mismo tiempo que Perón estuvo en el exilio y el que pasó River sin salir campeón en otras épocas”, bromeó Verbitsky, anfitrión del acto realizado en la Sala María Esther de Miguel de la feria, el jueves por la noche. Tras repasar los logros y falencias a diez años de la primera declaración de nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, el columnista de Página/12 criticó el modelo de “prisiones-depósito” en algunas cárceles federales y sobre todo en las bonaerenses, y pidió ir hacia “la participación social en el control penitenciario”.
Verbitsky aseguró que luego de recorrer estos depósitos humanos “uno no es el mismo”, e informó que las muertes ocurridas en las penitenciarías bonaerenses durante y después de las recorridas parecen intimidaciones.
“Igual nos vamos a seguir metiendo”, desafió. El titular del CELS también advirtió retrasos en la aplicación de leyes importantes, como la de Servicios de Comunicación Audiovisual y la de Salud Mental, que aún no fue reglamentada pese a ser discutida en varios foros públicos. Verbitsky mencionó la despenalización del aborto como un debate pendiente, que es abordado en el informe.
Luego de destacar el trabajo porque “su valor hace a la gobernabilidad”, Lorenzetti desplegó el marco teórico de las problemáticas analizadas, a las que “une el mismo cemento”. Primero reflexionó sobre la violación del debido proceso del canadiense Maher Arar, quien fue detenido por portación de apellido en Estados Unidos y trasladado a un centro clandestino de detención de la CIA, la central de Inteligencia norteamericana, en Siria. A este retroceso, le sumó el de las leyes antiinmigratorias de ese país.
“Los derechos humanos pueden ser política de gobierno o de Estado, para mí deben ser ambas”, subrayó luego, al definir a los juicios por crímenes de lesa humanidad como parte del “contrato social” de los argentinos. Sobre el acceso a la vivienda y la exclusión social, el presidente de la Corte hizo una observación genérica sobre el trasfondo del problema: “Los países se conforman con firmar declaraciones y luego son temas que terminan siendo accesorios en la agenda política cuando deberían ser centrales. De otra forma no habrá paz social ni seguridad”.
La protesta social contra la minería a cielo abierto y por la tierra en el caso de los pueblos originarios, agregó Lorenzetti, requieren mecanismos de participación social. “Considerar un delito la protesta es un error porque se niega la esencia misma del Estado democrático. El conflicto existe y va a existir, si no sería la paz de los cementerios”, dijo. Además, el magistrado consideró que ante los conflictos ambientales es preciso “aumentar la información y no ocultarla”. Para finalizar, pidió aplicar el “principio de no regresión” en derechos humanos, inmigración y libertades individuales.
La investigadora Victoria Basualdo examinó el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra en el contexto de la creación de cuatro millones de empleos en la década pasada y las nuevas luchas sindicales, luego de la flexibilidad laboral en los ’90. “El caso Ferreyra se da en el marco de una creciente movilización por las condiciones de trabajo, tras la fragmentación de clase”, dijo. La tercerización, agregó, es un resabio de las privatizaciones y también del sindicalismo empresario, que debe discutirse.
Por su parte, Ramiro Fresneda, miembro del equipo jurídico de Apenoc, estimó que “la expansión de la renta y el saqueo de los bienes naturales sigue fuerte, no por el gobierno nacional, sino por la acción de las transnacionales de negocios agrarios y mineros”. Luego consideró que no existe “un solo campo”, como los medios de comunicación hicieron creer durante la discusión por las retenciones, y recomendó que la política agraria pase por el acceso y la tenencia de la tierra para el campesinado.
“La agricultura familiar, de poblaciones ancestrales y de pequeños productores genera el 60 por ciento del trabajo en el campo y también el 71 por ciento de los alimentos sanos que llegan a la mesa de los argentinos. Y todo esto con sólo el 13,5 de la superficie cultivable”, aseguró. Fresneda destacó los avances que implican el Estatuto del Peón Rural y la ley de Tierras, y explicó que al campesino, al criollo o al indígena les cuesta mucho acceder a la Justicia. “Necesitamos una nueva política productiva, social, ambiental y sustentable. Nuestro pueblo no come soja, pero ese cultivo se sigue expandiendo, en 2020 ocuparía la mitad de la superficie cultivable”, agregó.
El cierre de la presentación del Informe 2012 estuvo a cargo de Paula Litvachky, del CELS, quien se explayó sobre los núcleos de producción de violencia. Primero mencionó el asesinato “a golpes” de Patricio Barros en una cárcel bonaerense cometido por al menos seis guardias. “La construcción de cárceles no puede ser la política de seguridad”, dijo. Luego criticó la represión en el Parque Indoamericano, en Jujuy y también en Formosa, en el caso de la comunidad Qom. “Es necesaria la reforma penal para terminar con las modificaciones de (Juan Carlos) Blumberg y la inflación penal”, sentenció.
La policía y la represión
Otros puntos abordados son la ley antiterrorista y la utilización de recursos militares para la vigilancia de las fronteras. El primer caso responde a ciertas exigencias regionales y organismos como el G-20 y el GAFI y deja a criterio del juez “las acciones terroristas” o “actos extorsivos a las autoridades”. En caso de llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría ser declarada inconstitucional por violar, según advierte el informe, el principio de legalidad. El segundo tema tiene relación con el Operativo Escudo Norte, lanzado por el Poder Ejecutivo, con el fin de reprimir el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando de bienes, utilizando radares y recursos militares.
“Este tipo de intervenciones pone en tensión el principio de que las Fuerzas Armadas no deben intervenir en cuestiones de seguridad interior”, dice el informe. Por otra parte, tal como advierte en el prólogo Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, la nueva Policía Metropolitana, más allá de su “diseño institucional moderno”, tiene una conducción política que “mostró una preocupante aceptación de casos muy graves de represión policial”.
El accionar de las policías provinciales, los distintos asesinatos e intentos de encubrirlos son mencionados en varios tramos del informe. Muchos de los arrestos por averiguación de identidad o por “actitud sospechosa”, se señala, derivan en “detenciones arbitrarias por varias horas, maltratos, amenazas, coacciones, golpes, torturas o llegar incluso a la muerte”. Normas como la actual ley de drogas, agrega el informe, “faculta y habilita a la policía” a realizar procedimientos y detenciones claramente desproporcionados.
Otros puntos abordados son la ley antiterrorista y la utilización de recursos militares para la vigilancia de las fronteras. El primer caso responde a ciertas exigencias regionales y organismos como el G-20 y el GAFI y deja a criterio del juez “las acciones terroristas” o “actos extorsivos a las autoridades”. En caso de llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría ser declarada inconstitucional por violar, según advierte el informe, el principio de legalidad. El segundo tema tiene relación con el Operativo Escudo Norte, lanzado por el Poder Ejecutivo, con el fin de reprimir el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando de bienes, utilizando radares y recursos militares.
“Este tipo de intervenciones pone en tensión el principio de que las Fuerzas Armadas no deben intervenir en cuestiones de seguridad interior”, dice el informe. Por otra parte, tal como advierte en el prólogo Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, la nueva Policía Metropolitana, más allá de su “diseño institucional moderno”, tiene una conducción política que “mostró una preocupante aceptación de casos muy graves de represión policial”.
El avance de los juicios
Este tema ocupa el primer capítulo del Informe 2012 y fue elaborado por Lorena Balardini, quien recuerda que, al momento de ratificar el fallo de la nulidad, la Cámara Federal porteña sostuvo que “la invalidación” de las leyes de la impunidad no constituía “una alternativa”, más bien era “una obligación”. Aunque los juicios arrancaron con tibieza en 2006, año en que sólo hubo dos sentencias, se produjo una reactivación desde 2008 en adelante, con un pico de 21 sentencias en 2011.
“Gran responsable de esto es el accionar de la Unidad Fiscal (de Coordinación y Seguimiento de estas causas), que desde su creación ha consolidado estrategias de persecución penal en las fiscalías de todo el país, y de organizaciones como el CELS, que a partir de diagnósticos de obstáculos y problemáticas ha planificado diferentes estrategias de reactivación y organización”, explicó Balardini.
Entre los desafíos se destacan la implementación generalizada de las estrategias para no revictimizar a los testigos, la inclusión de los delitos de integridad sexual y violencia de género durante la última dictadura como delitos de lesa humanidad y la responsabilidad penal de funcionarios del gobierno de facto y miembros del Poder Judicial.
Fuente:Pagina12
En 2011 se cumplieron diez años del fallo que declaró nula la amnistía en la causa “Simón”, convirtiéndose en el punto de partida de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. “Si bien las falencias son menores que los avances, éstas tienen su importancia. Hay un bajo porcentaje de sentencias firmes, aunque hubo 253 condenas y 20 absoluciones, un número que no es desdeñable y demuestra que acá no funciona un máquina de condenar”, afirmó Horacio Verbitsky.
Este tema ocupa el primer capítulo del Informe 2012 y fue elaborado por Lorena Balardini, quien recuerda que, al momento de ratificar el fallo de la nulidad, la Cámara Federal porteña sostuvo que “la invalidación” de las leyes de la impunidad no constituía “una alternativa”, más bien era “una obligación”. Aunque los juicios arrancaron con tibieza en 2006, año en que sólo hubo dos sentencias, se produjo una reactivación desde 2008 en adelante, con un pico de 21 sentencias en 2011.
“Gran responsable de esto es el accionar de la Unidad Fiscal (de Coordinación y Seguimiento de estas causas), que desde su creación ha consolidado estrategias de persecución penal en las fiscalías de todo el país, y de organizaciones como el CELS, que a partir de diagnósticos de obstáculos y problemáticas ha planificado diferentes estrategias de reactivación y organización”, explicó Balardini.
Entre los desafíos se destacan la implementación generalizada de las estrategias para no revictimizar a los testigos, la inclusión de los delitos de integridad sexual y violencia de género durante la última dictadura como delitos de lesa humanidad y la responsabilidad penal de funcionarios del gobierno de facto y miembros del Poder Judicial.
Fuente:Pagina12
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