Lunes 28 de Mayo de 2012
Intendente denunciado por destruir un edificio donde funcionó un centro de detención
Se trata de Raúl Othacehé, intendente del partido bonaerense de Merlo.
La Comisión Provincial por la Memoria lo denunciará por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público ante el juez Rafecas.
Othacehé, intendente del partido bonaerense de Merlo. La Comisión Provincial por
la Memoria lo denunciará por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes
de funcionario público ante el juez Rafecas.
Foto:Infoban
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentará mañana una denuncia contra el intendente de Merlo, Raúl Othacehé por abuso de poder y violación de los deberes de funcionario público por la destrucción de un edificio donde funcionó un Centro Clandestino de Detención, informaron fuentes de la comisión a Online-911.
La CPM, representada por su copresidente, Hugo Cañón, su Secretario Ejecutivo Alejandro Mosquera y Aldo Etchegoyen con el patrocinio de los abogados Roberto Cipriano y Juan Manuel Combi , efectuará una denuncia penal ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 a cargo del Dr. Daniel Rafecas contra el intendente de Merlo, Raúl Othacehé, por violación de los deberes de funcionario público.
Se trata de la destrucción de buena parte del edificio, ubicado en Eva Perón 1221, fue tipificado como Centro Clandestino de Detención por el Informe de la Conadep en el año 1984 y estuvo bajo el control de la Fuerza Aérea Argentina durante la última dictadura cívico militar.
El 18 de abril un equipo de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos de la municipalidad de Merlo destruyó parte del edificio. "Este acto vandálico incumplió con las normativas vigentes provinciales y nacionales que indican preservar como espacios de la memoria aquellos sitios donde imperó el horror", indicó la comisión mediante un comunicado.
"En este sentido -continúa el documento- la CPM interviene judicialmente con el objetivo de que se investigue y condene al Intendente por su desobediencia a una orden judicial dictada por juez Rafecas competente en al causa, que disponía no innovar sobre el inmueble que aun constituye prueba en la causa donde se investiga los delitos de lesa humanidad ocurridos en ese ex CCDT.
También por abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes de funcionario publico, al dictar una orden contraria a la legislación vigente de preservación de sitios de memoria (ley nacional 26.691 y ley provincial 13.584.)".
Por último, la CPM "proclama que se cumplan las normativas vigentes que aportan a la construcción de la memoria colectiva, y sean sancionadas las conductas que vulneran la política de estado en materia de derechos humanos".
Fuente:online.911

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