Por Lorena Panzerini
EL GOBIERNO NACIONAL QUIERE SER QUERELLANTE POR EL TRIPLE CRIMEN
El interés colectivo y los homicidios
El juez Donnola definirá en las próximas 48 horas si acepta como querellante a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. La masacre de villa Moreno generó una "alarma social ante el crimen organizado", señalaron los abogados.
Por Lorena Panzerini
Lucas Ciarniello y Alvaro Baella, abogados de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación.Imagen: Alberto Gentilcore
Con el argumento de que la masacre de villa Moreno generó una "alarma social ante el crimen organizado" en Rosario, abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentaron ante el juez Juan Andrés Donnola para constituirse como querellantes de la causa. Durante la audiencia de la que participaron las partes involucradas, los letrados Lucas Ciarniello y Alvaro Baella señalaron que el caso tiene dos planos: el particular, que incumbe a los familiares de las víctimas; y el de interés colectivo, que afectó "cuestiones que van más allá de los homicidios" del 1º de enero pasado, donde entran "el complot policial, el narcotráfico y el lavado de dinero". En tanto, la defensa de Sergio "el Quemado" Rodríguez, único procesado por el hecho que terminó con las vidas de Jeremías Trasante, Claudio Suárez y Adrián Rodríguez, manifestó su negativa al pedido. El juez resolverá entre hoy y mañana. Por otro lado, la fiscal de la causa, Nora Marull --quien ayer adhirió a los planteos de la Secretaría de Derechos Humanos nacional--, le pidió por escrito a la ministra de Seguridad Nacional, Nilda Garré, la colaboración del subsecretario de Asuntos Complejos de la cartera, Rubén Robles, quien llegaría a Rosario para brindar asesoramiento.
En diálogo con Rosario/12, Ciarniello señaló que "la secretaría como representante del Ejecutivo nacional es una persona jurídica de derecho público que tiene interés en participar de esta causa por elementos puntuales. Está en juego el interés social por la conmoción que generó este hecho. Este caso no se reduce a tres homicidios, sino que los elementos que surgen de la causa dan cuenta de una modalidad de crimen organizado, que tiene que ver con la complicidad de miembros de la policía provincial; y esa connivencia es una participación activa, no solo en estos asesinatos sino también en otros delitos que fueron investigados durante 2010 y 2011 y que aparecen como ajustes de cuenta, figura bajo la cual se pretende disfrazar esta situación. Además, hay elementos para pensar que estos circuitos delictivos se vinculan con el narcotráfico y con el lavado de dinero".
Por su parte, Norberto Olivares aceptó la querella durante la audiencia de la que participaron también los padres de las víctimas, que acompañaron el pedido; mientras que los abogados de los imputados manifestaron su oposición, en cuanto a la legitimación que tiene la Secretaría de Derechos Humanos. También apuntaron a un "desbalance" sobre la cantidad de partes procesales. "La Comisión Investigadora Independiente de la Cámara de Diputados Provinciales no es parte", aclaró Ciarniello.
En tanto, la fiscal --que el viernes pasado presentó el pedido formal de prisión preventiva para todos los acusados no procesados en la causa-- también se manifestó a favor y apuntó a que la masacre tiene un interés colectivo por lo que el hecho significó para la sociedad. "Se vulneraron el derecho a la vida y a los derechos humanos", dijo.
Por otro lado, los abogados de la secretaría de DDHH, plantearon que haya una investigación integral de los elementos que surgen en la causa, para que se llegue a una sentencia que aborde los tres expedientes: el del triple crimen; el de connivencia policial (ver aparte); y el hecho previo en el que el hijo del principal acusado fue atacado a balazos, y que habría desencadenado en la masacre. "Son hecho inherentes", aseguró Ciarniello.
Al mismo tiempo, los abogados apuntaron a la "responsabilidad internacional que podría tener que asumir el estado nacional en el supuesto caso de que haya una sentencia que en cierta forma consagre impunidad. En ese supuesto, las víctimas tendrían el derecho de presentarse ante organismos internacionales como damnificados". Lo cual significa que "el Estado asumió una responsabilidad ante la comunidad internacional de procurar la promoción de los derechos fundamentales y asegurar el juzgamiento cuando estos se vean violados".
Policías a dar explicaciones
Otros tres policías será citados por la Justicia en los próximos días, para dar explicaciones sobre su accionar, en el marco de la causa de presunta complicidad policial con los acusados por el triple crimen de villa Moreno. Se trata del ex comisario de la seccional 15º, Abel Santana --quien además está en la mira por un hecho anterior que tuvo como acusado a "Damiancito" R., por abuso de arma--; el Jefe de Sumario de esa dependencia y un sumariante, de quienes no trascendió la identidad.
En esta causa ya fueron imputados tres agentes de la fuerza: el policía del destacamento del Hospital de Emergencias Clemente Alvarez, Lisandro Martín; el ex Inspector de Zona 3º, Eduardo Carrillo, primero relevado del cargo y luego pasado a disponibilidad; y el suboficial Mario Centurión, también de Zona 3º.
Santana deberá explicar su accionar tras el triple crimen, pero también sobre otras cuestiones como qué pasó con las vainas que la abuela de Facundo O. (atacado a balazos el 29 de diciembre pasado, hecho por el que está imputado Maximiliano Rodríguez, el hijo del Quemado) llevó a la comisaría tras el hecho en el que su nieto fue herido, y que habrían desaparecido.
Fuente:Rosario12
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