La primera gran sorpresa que surgió en los crímenes de lesa humanidad que se ventilan en la Justicia Federal de Salta, llegó por el lado de Fernando Antonio Chaín (56).
El ex militar no puso en conocimiento del Tribunal Oral Federal de Salta, que se venía desempeñando en el cargo de subgerente de Control de Gestión en el Gobierno de la Provincia de Tucumán.
Pero ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reveló que el nombrado había presentado la renuncia y que esta había sido aceptada de inmediato.
Chaín, junto a los 20 militares y policias que aparecen acusados de haber tenido participación en el secuestro y muerte de 34 estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Salta, de dirigentes políticos y gremialistas durante la década del '70 debió responder a las preguntas del camarista Carlos Jiménez Montilla, pero en ningún momento hizo referencia a la función que venía desempeñando en el Gobierno tucumano.
Obligado a responder a las preguntas, Chaín dijo que tenía el rango de capitán y que su retiro del Ejército Argentino fue por su propia voluntad, después de permanecer en la fuerza durante quince años.
"El retiro fue sin goce de haberes, porque el tiempo que llevaba no alcanzaba para tener pago alguno porque así lo establece el reglamento de la fuerza ", amplió Chaín.
Ubicado detrás de los tres defensores oficiales, se vió a Chaín acercarse en más de una oportunidad a uno de los abogados para hablarle al oído y escribir algunos textos en papel que luego pasaba a otro de los acusados.
FuentedeOrigen:NuevoDiariodeSalta
Fuente:Agndh
El caso del soldado que desapareció del cuartel
El nombre de este último tomó repercusión ayer en la prensa nacional, al confirmarse que hasta hace dos días se desempeñó como funcionario en el Ministerio de Seguridad de Tucumán.
A fines de febrero de 1976 Brizzi ingresó al Regimiento de Caballería para cumplir con el servicio militar obligatorio. Le faltaban pocas materias para recibirse de abogado.
El 8 de marzo fue retirado del campo de entrenamiento por un capitán de la Compañía de Ingenieros, con la excusa de que su padre se encontraba enfermo. Nunca más se supo de su paradero.
Cuando Cristina Cobos, esposa del soldado, se presentaba en el cuartel era atendida por el teniente De la Vega y este siempre le repetía que Brizzi era un desertor.
Como la mujer insistía en su reclamo, después del golpe aparecía en escena Vujovich Villa, quien ponía como argumento que a Brizzi lo había llevado la misma organización extremista a la que pertenecía. Según Cobos, en la instrucción su esposo estaba a cargo de los oficiales Chaín y Marcelo Diego Gatto.
Lo dinamitaron
El cuerpo de Santillán también fue destruido por explosivos luego de que una patota policial irrumpiera en su domicilio del pueblo de General Mosconi. El dirigente se resistió por espacio de dos horas para proteger a su esposa Irma Yolanda Prado e hijos menores. Finalmente fue reducido y su restos aparecieron esparcidos en el camino a Acambuco, en Tartagal.
En su dictamen el fiscal Ricardo Toranzos sentenció que está probado que Santillán estaba sindicado por la autoridad militar como que sustentaba ideología de izquierda. La víctima era secretario de la Juventud Peronista (línea Ragone- Cámpora), habiendo trabajado en YPF hasta el 30 de julio de 1976 y se desempeñó como gremialista antes del golpe.
Por este crimen, junto a Ríos Ereñú, fue imputado el coronel Mulhall. Ambos fueron considerados autores del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia, en concurso real con el de homicidio agravado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas.
FuentedeOrigen:ElTribuno
Fuente:Agndh
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