Cita en el Senado
Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe
El Senado votó ayer la primera cuestión de privilegio contra un ex funcionario de la Casa Gris en 28 años de democracia. El acusado es el ex secretario de Seguridad Comunitaria, Enrique Font, quien será citado a la Cámara -posiblemente en dos semanas? para que "ratifique" dos denuncias que le atribuyó un portal de noticias horas después de que su designación como auditor de fiscales fuera rechazada por la Asamblea Legislativa, el 3 de mayo.El otro citado a comparecer será el editor del periódico digital Redacción Rosario, que publicó una nota en la que Font se consideró el "pato de la boda", acusó a los 41 legisladores del PJ y el Pro que voltearon su pliego como supuestos partícipes de un "toma y daca" y vinculó a cuatro de ellos: las diputadas Alejandra Vucasovich, Silvia De Césaris y Marcela Aeberhard y el senador Joaquín Gramajo, con "grupos narcopoliciales" que operaron con ese objetivo. Gramajo planteó una cuestión de privilegio que ayer el Senado admitió en votación dividida: ocho senadores justicialistas votaron a favor y siete del Frente Progresista propusieron que el expediente vuelva a la comisión de Asuntos Constitucionales.
Los senadores reaccionaron ante una nota de Redacción Rosario publicada el mismo día que la Asamblea Legislativa rechazó el pliego de Font y en la que éste se definió como "el pato de la boda de las tensiones gobierno?oposición en la Legislatura y de las disputas internas del PJ", se consideró víctima de un presunto "toma y daca" en el que habrían participado los 41 legisladores que no lo votaron y acusó a Vucasovich, De Césaris, Aeberhard y Gramajo de militar en "espacios sensibles a incidencias y operaciones de grupos narcopoliciales".
Gramajo planteó la cuestión de privilegio el jueves 10 de mayo. El viernes 11, ocho días después del "pato de la boda", el portal publicó una desmentida a medias: atribuyó la denuncia sobre el presunto vínculo de los cuatro legisladores "con grupos narcopoliciales", ya no a Font sino a una fuente anónima "que transitó largamente la Legislatura". Pero nada dijo sobre el "toma y daca" que -según el ex funcionario? "prima en la Legislatura".
"Las inmunidades y privilegios constitucionales son individuales y colectivos y en este caso, las injurias vertidas en esa página de internet se afectaron las dos", dijo Gramajo en el debate. "En lo colectivo, por lo del 'toma y daca', que es un ataque a la Asamblea Legislativa y al Poder Legislativo. Y en lo individual, porque me siento afectado por ser uno de los cuatro legisladores imputados por pertenecer o provenir de grupos narcopoliciales. Esto tiene una gravedad inusitada", dijo el senador.
"Quiero que se esclarezca esta situación porque no quiero que pese sobre mi persona, que tengo una trayectoria, familia e hijos, una imputación tan grave como que pertenezco a grupos que operan fuera de la ley. Siempre me manejé en el campo de la legalidad, como corresponde a cualquier persona de bien", agregó.
Gramajo destacó también "la opinión de algunos periodistas que sin ser juristas, tienen una visión clara de las cosas". El jueves pasado, tras plantear la cuestión de privilegio y luego de salir del recinto para una entrevista, le dijeron: "'Quédese tranquilo, senador. Que mañana cambia el pato de la boda. Ya no será más Font. Va a ser el periodista que escribió la nota'", recordó.
"Creo que acá, Font no tuvo la hombría de bien de asumir la responsabilidad de los dichos, si los dijo en un momento donde estaba exaltado o exacerbado es de un hombre de bien saber reconocer y saber rectificarse a tiempo y no endilgarle a un periodista cosas que el periodista escribió por manifestaciones propias de Font", tiró Gramajo.
El senador Lifchiz pidió que el expediente vuelva a comisión, aún cuando aceptó que se cite a declarar a Font y al editor de Redacción Rosario, pero no en la presidencia del Senado sino en la comisión de Asuntos Constitucionales. La mayoría del PJ rechazó la propuesta. En ese momento, sólo había catorce senadores presentes, varios están de viaje con el gobernador Antonio Bonfatti. El presidente provisional del Senado, Alberto Crossetti puso a votación el dictamen de mayoría, él también levantó la mano como si fuera el voto número ocho, y lo dio por aprobado.
Fuente:Rosario12
LOS PLIEGOS QUE SE RETIRARON
Versión oficial
Por José Maggi
El vicegobernador Jorge Henn y el ministro de Justicia, Juan Lewis, salieron a explicar ayer el retiro de los pliegos para defensor y fiscal de Venado Tuerto, que llevaban los nombres de Mariano Mascioli y Gabriel Fajardo, respectivamente. Para Henn, a cargo del Ejecutivo provincial, "no es una derrota política para el gobierno sino una actitud madura y una señal de que el gobierno provincial siempre va a hacer los esfuerzos para lograr los acuerdos necesarios". Mientras para el titular de la cartera de Justicia "la razón del retiro fue intentar preservar los nombres de estas personas ante un rechazo". Y aclaró que "hasta el momento no hay decisión final acerca de volver a enviarlos en otra oportunidad o realizar un nuevo concurso".
El vicegobernador Henn explicó ayer: "Estamos mirando cómo consolidamos estos procesos de cambio, evitando hacer lecturas que no inciden en la vida del ciudadano que está preocupado por otras cosas".
"De todos modos -agregó- en función de preservar el trabajo y la imagen de muchas de las personas propuestas, y dando una señal de diálogo, optamos por retirar el pliego".
Para el ministro Lewis "las razones del retiro del pliego fue intentar preservar los nombres de estas personas que habían sido remitida para ocupar esos cargos, y en función de la instancia de diálogo con la Legislatura, nos pareció más prudentes esperar ante la eventualidad de fueran rechazados".
En este sentido advirtió que de ocurrir el rechazo "no iban a poder ser remitidos nuevamente en este período legislativo". Y en la misma línea aclaró: "Ahora tenemos que ver qué hacemos: como desde hace un tiempo estamos tratando de lograr acuerdos con la Legislatura, nos pareció más prudente esperar para ver qué sale en este debate".
--Mientras el pliego de Fajardo estaba objetado por otro concursante como el actual fiscal de Cámara Fernando Palmolelli, lo único que se conocía de Mascioli es que es el sobrino político del ex ministro Héctor Superti. ¿Por qué retiraron su pliego, qué se le objetaba?
--No nos pusimos a discutir con estos pliegos. Nos enteramos que iban ser rechazados y para evitar esto los retiramos, ninguno de los dos tiene objeciones atendibles, por eso hay que avanzar con estos acuerdos. La verdad es que no discutimos ningún nombre, ni ningún pliego.
Lewis defendió la postulación de quienes han sido funcionarios políticos de un gobierno, una de las críticas más escuchadas contra varios candidatos a ser elegidos, jueces, fiscales o defensores: "La circunstancia de haber sido funcionario no alcanza para objetarlos para ocupar un cargo judicial, sino habrá ahora muchos funcionarios judiciales que ya tendrían que estar poniendo las barbas en remojo".
Fuente:Rosario12
Retiro de pliegos en la Legislatura
Para Henn “no es una derrota política”
17/05/2012
La Provincia retiró los pliegos de Eduardo Fajardo y Mariano Mascioli, postulantes a cubrir las vacantes en los cargos de fiscal y defensor regionales, luego de que la comisión de Acuerdos reunida el martes último les adelantara que serían rechazados.
A las objeciones contra la designación de Enrique Font para el cargo de auditor de fiscales, se le sumaron esta semana sendas impugnaciones contra los postulados para los cargos de fiscal y defensor regionales de la 3ª circunscripción judicial (Venado Tuerto).
Fue en la reunión con la comisión de Acuerdo del martes último, convocada de urgencia por el ministro de Justicia Juan Lewis, justamente para apuntalar las designaciones de Fajardo y Mascioli, que el Ejecutivo tomó conocimiento del rechazo.
Según consigna el artículo publicado este jueves por Rosario 12, Lewis fue recibido por el presidente de la comisión, Ricardo Kaufmann y varios legisladores del PJ, con el análisis que impugna el nombramiento de Fajardo sobre la mesa.
En el caso de Mascioli, nada trascendió del argumento por el que se repele su postulación.
En el dossier, presentado por el fiscal de Cámaras de Venado Tuerto, Fernando Palmolelli, se impugna el nombramiento de Fajardo como fiscal regional de esa jurisdicción por un lado, y se denuncian, por otro, las “irregularidades” del procedimiento que condujo a su designación, las que fueron calificadas por Palmolelli como de “gravedad institucional”.
Según reproduce Rosario 12, en el texto se advierte que Fajardo “no cumple con los requisitos constitucionales y legales” para acceder al cargo al que se postula. El artículo 17 de la ley 13.013 dispone que “los fiscales regionales deberán reunir las mismas condiciones que para ser fiscal general”.
Se cita además el artículo 14, el cual sostiene que “el fiscal general deberá reunir las condiciones previstas en la Constitución para ser fiscal de Estado”. Y que “para ser fiscal de Estado se debe reunir las condiciones requeridas para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia: poseer título de abogado y tener por lo menos 30 años de edad, diez de ejercicio de la profesión de abogado o de la magistratura y dos años de residencia inmediata en la provincia”.
“Fajardo, con el mayor de los respetos, es un mero empleado judicial que nunca ejerció la profesión de abogado –señala el texto– y nunca estuvo inscripto en la matrícula de un colegio profesional ni mucho menos ejerció la magistratura, tal cual estipula el artículo 85 de la Constitución Provincial, por lo que la propuesta es inviable desde el punto de vista constitucional para que la Asamblea Legislativa aprueba su pliego”.
Asimismo, el informe alude al Código Penal (artículo 253), que castiga “al funcionario que propusiere o nombrare en un cargo público” a una persona que no cumpla los “requisitos legales” y a quien aceptara el cargo.
“La inflación de los antecedentes del doctor Fajardo –dice el textual citado por Rosario 12– es manifiesta y ostensible y también resulta extremadamente grosera. Esto podría llamarse desviación de poder, un caso de ilegitimidad por quebrantamiento del fin a que debe responder un acto público, porque no ha sido el interés general el que se ha privilegiado sino el interés individual del doctor Fajardo o si se quiere de un grupo que conforma un Club de Amigos Universitarios. Basta remitirnos al legajo del doctor Fajardo para comprobar lo dicho”.
Tras confirmar la negativa, Lewis anunció que el Ejecutivo solicitaría el retiro de los pliegos, lo que finalmente ocurrió el miércoles por la mañana.
Por su parte, el vicegobernador a cargo del Ejecutivo, Jorge Henn, negó este jueves en declaraciones a LT8, que el retiro de los pliegos signifique “una derrota política para el gobierno”.
“Es una actitud madura y una señal de que el gobierno provincial siempre va a hacer los esfuerzos para lograr los acuerdos necesarios”, dijo.
“Estamos mirando cómo consolidamos estos procesos de cambio –agregó–, evitando hacer lecturas que no inciden en la vida del ciudadano que está preocupado por otras cosas”.
“De todos modos, en función de preservar el trabajo y la imagen de muchas de las personas propuestas, y dando una señal de diálogo, optamos por retirar el pliego”, concluyó el vicegobernador.
Fuente:RedaccionRosario
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