“Justicia para las víctimas de la tragedia”
Se proponen fotografiar los rostros de 500 mil personas que apoyen el pedido. Ayer empezaron la campaña en la Estación Once y sus alrededores. También hicieron un homenaje a las víctimas frente al lugar de la tragedia. “No queremos cambios a medias tintas”, dijeron.
Por Emilio Ruchansky
“El primer paso para recuperar el servicio que nos merecemos es la justicia”, reclamaron en el acto por los tres meses.Imagen: Jorge Larrosa
Dos horas antes de que comience el acto de conmemoración a tres meses de la tragedia de Once, un pequeño grupo de familiares y amigos de las víctimas se aposta en la entrada principal de la estación ferroviaria y ataja al público en hora pico. Piden, en medio del incesante flujo humano, tomarse unos segundos y posar para la campaña “500 mil caras por la Justicia”. Y reciben las gracias antes de llegar a darlas. “En menos de una hora hice 295”, dice Karen Celles, luego de mirar la pantalla de su cámara. Perdió a su padre, Darío, de 50 años, en el incidente ocurrido el 22 de febrero. Adentro de la estación, decenas de familiares recorren con éxito los pasillos tomando fotos y recogiendo alientos, cuando les devuelven el cartel que cada pasajero sostiene antes del click: “Ju5t1cia, para las víctimas de la tragedia de Once”.Detrás de la línea de molinetes, entre los andenes 2 y 3, que permanecen cerrados desde que la formación se estrelló contra el parachoques, un poster de la campaña explica que “unas vez juntadas todas las imágenes, serán impresas y expuestas en un lugar donde no puedan ignorarnos”. El mecanismo de multiplicación incluye el facebook/tragediaonce, donde se descarga el cartel. Las fotos se reciben en carasporjusticia@gmail.com. En esa fila de molinetes, se alzó el santuario con velas, corazones con nombres y fotos. Entre los carteles, uno afirma que “las víctimas son 52”, y alude al embarazo de 6 meses que llevaba Tatiana Lezcano cuando falleció.
“Queremos plasmar para que se haga visible, ante quienes no consigan verlo todavía, que esta lucha no es sólo de los que perdimos a alguien en ese día, sino de muchos argentinos que se simbolizarán en los quinientos mil retratos de la campaña”, explica María Luján, mamá de Lucas Menghini Rey, en la previa del acto frente al santuario. En las largas filas de micros complementarios al tren, que van a las estaciones Morón, Ituzaingó o Merlo, otros familiares abordan a pasajeros y pasajeras cámara en mano. Lo mismo ocurre en las boleterías y los andenes.
María Luján destaca que la lucha también es “por quienes hoy viajan en este tren y por los que en algún momento tengan que usar este servicio”. Paolo, el padre de Lucas, no deja de recibir apretones de mano, saludos y consultas de otros periodistas. Aún nadie se hace responsable de la tardanza y olvidos en la búsqueda de su hijo. “Los jefes policiales declaran que solo había personas por rescatar en los dos primeros vagones. ¿No se dieron cuenta de que el tercer coche se había metido 60 centímetros dentro del segundo? Es absurdo”, dice.
A las 19.30, Angel Cerriccio, padre de Matías y suegro de Natalia, lee un comunicado de los familiares y amigos de las víctimas: “Estamos ante una situación triste y silenciosa, más silenciosa de lo que quisiéramos. Por eso es importante esta campaña, que esto nos lleve a la acción. Tenemos un planteo sólido ante la Justicia y queremos que se vean los rostros de quienes no tienen por qué esconderse por un reclamo justo. Que paguen los responsables, no queremos cambios a medias tintas en los trenes, queremos un cambio real, que es claramente merecido”.
Cerriccio continúa leyendo. Define como “desidia” la actitud de los funcionarios, empresarios y empleados de la empresa concesionaria, TBA. “El primer paso para recuperar el servicio que nos merecemos es la justicia”, concluye en medio de lágrimas, abrazos y aplausos. El micrófono pasa a Vanesa Toledo, hija de Graciela Díaz. La joven critica a los dueños de TBA y también a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. “Nosotros les pagamos el sueldo y los trenes están colapsados estructuralmente, viajamos hacinados como ganado”, observa.
Toledo explica luego que esas personas a las que se refirió Cerriccio están declarando ante el juez Claudio Bonadío. Y describe: “Responden mediante sus abogados o se niegan a declarar o mandan escritos que no aportan nada. No tienen obligación de contar la verdad ni de decir algo en contra suya. Nosotros entendemos la Justicia, no somos como ellos. Ellos no tienen la altura ética de asumir la culpa. Confiamos en el juez y estamos esperando a que terminen las indagatorias para que reciban los procesamientos que el pueblo reclama.”
“¡Justicia por los muertos y heridos de Once!”, “¡Justicia!”, se clama varias veces antes de que llegue el largo aplauso. Después, los organizadores invitan al público a acomodarse en el hall, frente a las boleterías, donde se exhibirá un spot sobre la campaña de las 500 mil caras en una pantalla de la estación. Cuando termina, el aplauso dura alrededor de cinco minutos. Los abrazos se multiplican como los viajeros y en el medio del pasillo, con las caras de sus seres queridos estampadas en remeras blancas, los familiares se despiden emocionados.
Juan Frumento, padre de Leonel, advierte que les espera un camino largo. “Es lo que aprendí de los familiares de Cromañón, una tragedia como ésta, donde se mezcla la corrupción y se vapulea a la democracia”, señala. Para él, la campaña es una forma de exteriorizar el dolor. “Si no, debería internarme y tomar pastillas”, asegura. En su remera lleva la foto del hijo que sostiene un legado: “Ese es mi nieto, lo único que me queda”.
EL JUEZ PODRIA DECIDIR A FINES DE JUNIO SOBRE LOS PROCESAMIENTOS
La causa, en medio de las indagatorias
Por Raúl Kollmann e Irina Hauser
Los directivos de TBA responsabilizan por el choque al maquinista.
A tres meses de la tragedia de Once, la causa judicial se centra en acusaciones cruzadas, básicamente entre la empresa concesionaria, TBA, y La Fraternidad, el gremio del maquinista Marcos Antonio Córdoba. La empresa se asienta en el peritaje, firmado por los siete ingenieros que participaron, y en el que se concluye que el motorman no frenó el tren, pese a que los mecanismos funcionaban. Los que defienden al maquinista Córdoba, en cambio, afirman que fueron las malas condiciones del servicio las que influyeron en el choque. El juez Claudio Bonadío está tomando las declaraciones indagatorias a los directivos de TBA, a ex funcionarios del Gobierno y al propio maquinista y se calcula que esa ronda terminará a mediados de junio. Tal vez antes del final de ese mes tomará la decisión sobre los procesamientos. Ayer, desde el Ministerio de Planificación informaron que la intervención de TBA, a cargo de Raúl Baridó, logró aumentar un 20 por ciento las formaciones en circulación, en comparación con las existentes antes de la intervención.
La mayoría de los funcionarios de TBA se presentan a la indagatoria con un escrito y buena parte de ellos aceptan responder preguntas. Por ahora, han dicho dos cosas:
- Que quienes estaban en el día a día del funcionamiento del ex Sarmiento son los gerentes, que todavía no declararon. Que, por lo tanto, no tienen responsabilidades ni en el servicio ni en el mantenimiento.
- Que frente a la imputación del juez de que hubo un mal uso del material rodante y la infraestructura, responden que el único que incurrió en esa falencia fue el maquinista, que no utilizó los sistemas de frenos y que anuló un reaseguro como el sistema de “hombre muerto”. Los directivos sugieren que Córdoba se quedó dormido o cabeceó o se desmayó.
El fiscal Federico Delgado es quien hasta ahora encabeza las respuestas. Básicamente se asienta en los informes de la Auditoría General de la Nación y en las declaraciones de dirigentes de la Unión Ferroviaria, que ponen el acento en el estado de las vías y del material rodante. Los siete peritos –incluyendo el del maquinista– firmaron que el tren frenaba, pero sostuvieron que había vagones con el mantenimiento vencido e informalidad en los talleres. La postura de Delgado es que hubo “un afuera” del choque –la organización del servicio– que influyó en forma decisiva en “el adentro” del choque.
Los dirigentes de la Unión Ferroviaria –que acaudilla la izquierda en el ex Sarmiento– insistieron ayer en que las condiciones del servicio empeoraron desde la intervención y reclamaron la estatización del ramal. La intervención, por su parte, informó que aumentó la circulación en un 20 por ciento, que se incorpora la sexta formación de ocho coches, que se sacarán de servicio 24 vagones viejos y que llegaron al país 15 vagones holandeses comprados por TBA antes de la intervención. También están en estudio en la Universidad Tecnológica siete puentes vehiculares desarmables, que se podrían colocar en 90 días.
Más allá de la causa judicial y de la gestión del interventor, en la Casa Rosada analizan la decisión de fondo: si le quitan o no la concesión a TBA. El rumor es que la decisión ya está tomada.
Fuente:Pagina12


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