Marcelo Saín analiza la policía ante la modificación del Código de Faltas
Todo puede ser peor
Por Por Guillermo Posada
22.02.2012
El especialista en seguridad sostiene que nada cambió en la estructura policial cordobesa desde el regreso de la democracia. Negocios ilegales, disciplina a sectores marginados con razzias y procedimientos y protección de genocidas son algunos de los hábitos que perduran.
Menos bonito, Marcelo Saín dijo de todo sobre la policía que conduce el ministro de Seguridad Alejo Paredes. El actual diputado kirchnerista de la provincia de Buenos Aires fue docente de la Licenciatura en Seguridad que dicta la Universidad de Villa María y conoce el paño. Porque, además, es uno de los especialistas más respetados en el tema, cuenta en su haber la creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que desbarató la mafia de Aeroparque, y acompañó como viceministro a León Arslanian en Buenos Aires, antes que Daniel Scioli resolviera volver a las épocas de la policía brava.
En una reciente entrevista realizada por Cristian Maldonado para Radio Universidad, Saín contó cómo debió enfrentar a la policía cordobesa al momento que la PSA realizó un operativo para un comisario prófugo por delitos de lesa humanidad. En aquel momento, Paredes comandaba la fuerza, antes que José Manuel de la Sota lo premiara con el ministerio.
Veintitrés se comunicó con Saín para profundizar sobre el particular, ya que ningún medio local parecía haberse percatado de tan grave denuncia pública. “Pensé que no lo había escuchado nadie”, dijo por teléfono. Lo que surgió fue una brutal radiografía de la policía de la provincia, en momentos en que el gobernador se propone extender la discrecionalidad del accionar policial, incluyendo entre las penas del Código de Faltas la utilización de bombas de estruendo y quema de gomas en manifestaciones públicas. Dicho Código habilita a la fuerza a realizar detenciones bajo la exclusiva responsabilidad de los comisarios, por lo que su ampliación anticipa cómo prepara De la Sota un año que se avizora con gremios en las calles y protestas sociales, dadas las carencias financieras que muestra el Estado provincial.
“La policía de Córdoba no fue objeto de ningún tipo de reforma durante toda la democracia. La doctrina y las normas de procedimiento, la estructura organizacional, las prácticas y formas de funcionamiento, inclusive aquellas ilegales y abusivas que se replican, así como el amparo de ciertas modalidades criminales, con clara connivencia con sectores de la policía, no se modificaron”, arremete Saín.
–¿A qué modalidades criminales se refiere?
–En Córdoba existen redes de trata de personas y de prostitución a través de dichas organizaciones, hay narcotráfico y corredores de narcotráfico a nivel general. Esas dos actividades delictivas tienen protección policial de alta rentabilidad. Todo esto que señalo nunca fue tocado por el mundo de la política. Lo único que hizo Córdoba es cambiar la ley orgánica de la policía y se lo tomó como si fuera un gesto reformista cuando en realidad fue la propia policía quien la reformuló. Esa ley, en todos sus trazos, es superconservadora. Lo que sí fue auspicioso es la creación de la policía judicial pero la policía de Córdoba en sí misma nunca fue tocada. –¿Por qué dice que la ley orgánica es conservadora? –Porque mantuvo ejes orgánicos y doctrinarios como los estados mayores, una educación de encierro de tipo cuartelero, un sistema de control ficticio dentro de la propia policía. Posteriormente, cuando crearon un control externo, esto no produjo el esclarecimiento de casos de corrupción o de casos delictivos emblemáticos.
–Se refiere al tribunal de conducta policial.
–Sí, más allá de la buena voluntad de la gente que lo ha dirigido. Esto es un problema institucional.
–¿Usted dice que la conducta institucional es la misma que durante la dictadura?
–Hoy no hay centros clandestinos de detención. Por fuera de lo que ha sido la participación sistemática de la policía cordobesa en el aparato represivo militar, todo el resto está incólume. Agregaría un elemento, que ha sido un sino de la democracia en la Argentina, y Córdoba no fue la excepción: la autonomía de la gestión de la seguridad de la política, con la delegación de las cúpulas policiales, y la delegación en estas de la seguridad pública. La situación llega a tal punto en Córdoba –y acá sí es pionera a nivel nacional– que uno de los jefes policiales más conservadores, menos reformistas y más reivindicatorios de la autonomía policial, como Alejo Paredes, fue designado como la autoridad política que está al frente del sistema de seguridad provincial. Por eso ya podemos hablar de la “policiación” de las estructuras de seguridad política. Esto es único en el país.
–¿Usted no tiene referencias de otra provincia donde suceda?
–No, Córdoba es la expresión más acabada de todo lo contrario a lo que sostiene el Acuerdo de Seguridad Democrática, suscripto por organizaciones no gubernamentales, partidos políticos y expertos en materia de seguridad en diciembre de 2009 para todo el país, que se basa en la reivindicación del control político de la seguridad y de las instituciones policiales.
–El gobierno de Córdoba se jacta de haber invertido mucho en la policía, aumentando la infraestructura y el número de efectivos, superando ampliamente a Santa Fe, para tomar un distrito de referencia en tamaño y población. Sin embargo esto no parece traducirse en una baja en la cantidad de delitos o en el clima de inseguridad. ¿Qué opina al respecto?
–Es así, aquellos gobiernos que destacan inversiones públicas en organizaciones autónomas y corporativas, donde el propio gobierno no participa en la diagramación de las compras, son una expresión de la autonomía policial. Le ponen dinero a una institución que nunca fue objeto de una discusión institucional en cuanto a sus funciones y organización. Es un signo de gobierno policial de la seguridad pública y ocurre en todos las administraciones provinciales que se jactan de invertir en seguridad. Por otro lado, si dicen que es una estrategia eficiente de combate del delito, me pregunto por qué en Córdoba no hay un observatorio de delito y justicia con autonomía del gobierno para poder hacer los estudios criminológicos que den cuenta cuánto y qué tipo de delitos se cometen en Córdoba.
–En su libro El leviatán azul, criticó el concepto de autonomía policial. ¿Cuáles son los perjuicios de la autonomía policial del control civil?
–La autonomía es relativa porque lo que hace el poder político, en un pacto de reciprocidad, es decir: “Gestionen la letra chica de la seguridad pública. A cambio hagan una gestión de los principales conflictos que pueden ser relevantes para el sistema político y que pueden llevar a una escalada de crisis social o demandas colectivas”. La policía lo hace en general de forma eficiente.
–¿De qué forma?
–Esto tiene tres componentes fundamentales: disciplinar a los sectores altamente marginalizados y pobres de nuestra sociedad a través de una combinación de respuestas y abordajes punitivos (las principales razzias, control de criminalidad, están en los barrios populares y carenciados). En segundo lugar, la policía es la llave para que no se criminalice el delito de los poderosos, de cuello blanco, cometido por funcionarios, los hechos de corrupción. Es decir, todas las formas de criminalidad organizada que de una u otra manera siempre implican la intervención de los poderes económicos, institucionales, etc. O sea que también es un instrumento de descriminalización fáctica de los delitos de los poderosos. Y esto es una garantía de estabilidad política. Un ejemplo típico es el caso Nora Dalmasso en Río Cuarto. Ahí hay un delito privado con implicancias de personas relacionadas con el poder político cordobés y por eso no se llegó a nada.
–Paradójicamente el entonces jefe de la departamental de Río Cuarto, el comisario Comugnaro, hoy es jefe de la policía de la provincia. Él estuvo en la casa de Nora Dalmasso en el country el día que se descubrió el crimen.
–Lo ascendieron (exclama), ese es un buen mensaje institucional de lo que pretende el gobernador De la Sota... En tercer lugar, gestiona el conflicto complejo, regulándolo. Así sucede con los mercados ilegales de autopartes, de trata de personas para la explotación sexual o laboral y, fundamentalmente, el narcotráfico, que es una de las actividades más rentables. A través de esto la policía se autofinancia ilegalmente porque se apropia de gran parte de los fondos generados en esos mercados ilegales. Esto la convierte en un instrumento de gestión fabulosamente útil, que es eficaz en la gestión de las conflictividades. Entonces, esto políticamente es eficaz, pero es pernicioso para la democracia porque coloca al sistema institucional de seguridad pública, a través de la violencia institucional, con el foco en los sectores pobres de la sociedad.
–En ese sentido, hay un debate muy fuerte respecto del Código de Faltas por la cantidad de detenciones por merodeo y averiguación de antecedentes…
–…Porque De la Sota es el mejor alumno de Scioli y Macri. Y es una de las expresiones más acabadas de la derecha argentina. Con este código lo que hace es ampliar la función de disciplinamiento de los sectores populares a través de este conjunto de figuras que contravienen los principios democráticos.
–Ahora el gobernador le dio una vuelta de rosca, anunciando que prohibirá la utilización de bombas de estruendo y la quema de gomas en las manifestaciones, aduciendo que no hay lugar para los violentos, y relacionando unívocamente la protesta social con la violencia.
–Sí. Él dice que los violentos no tienen lugar pero los que están dentro del aparato estatal tienen amparo político. La verdad es que ha sido menor el esfuerzo en Córdoba por tener un abordaje y mecanismos de prevención contra la tortura producidos en lugares de encierro y detención del servicio penitenciario o el sistema policial y de la violencia cometida en las calles. Así que evidentemente el gobernador tiene una mirada muy selectiva de lo que es la violencia en la sociedad cordobesa.
Criterios de detención
Hay que regular la ocupación del espacio público, me parece que es una deuda pendiente de toda la democracia argentina. Pero otra cosa es el merodeo y todas esas facultades discrecionales que, sobre la base del delito abstracto, autoriza a las agencias de aplicación de la ley el uso de la fuerza en la discriminación. Ya sabemos que no hay razzias en barrios ricos donde pululan los delincuentes de cuello blanco.”
–Las estadísticas oficiales informan que en el 2010 se detuvo a 55 mil ciudadanos por merodeo y averiguación de antecedentes.
–Esas altas estadísticas son la expresión más acabada de una policía inútil. Si detiene masivamente por averiguación de antecedentes, en realidad realiza dos cosas: por un lado, disciplinar discrecionalmente a los sectores populares, por otro, demostrar que es inepta para controlar el delito de manera eficaz. Eso es para la tribuna porque así justifica con estadísticas su rol institucional.
–Cuando surgieron fuertes críticas a esta política el año pasado, tras la masiva movilización de la Marcha de las Gorras, Paredes dijo que la gente se lo pide.
–O sea que Paredes hace lo que la gente le pide…
–Esa dijo para cerrar el debate.
–(Irónico) Es una luz Paredes, con esa respuesta demuestra que es un jefe intelectualmente sólido.
Policías universitarios
- ¿Cómo fue su experiencia como docente de comisarios en la Universidad de VillaMaría?
–Fue una muy buena experiencia para los tres grupos que tuve con altos oficiales en actividad y retirados. Muy bien considerada por ellos. La reforma de la ley orgánica obligaba al comisariato cordobés a obtener esa licenciatura, a que esa cúpula tuviera que cursar mi materia. La razón que colmó mi paciencia fue que la jefatura quería que dictara las clases en la central de policía. A lo que yo me negué. Si la policía cordobesa quiere un título universitario debe venir a sentarse en un aula con el resto de los alumnos como cualquier persona. Además, en mi curso el comandante general soy yo y no ellos. Está claro que en los tres cursos que dicté, con ex jefes de policía participando, que sacaron calificaciones muy altas, tuvieron que transpirar para aprobar. Conmigo no se negociaba la materia porque yo no soy un profesor amigo de la policía y no le hacía ningún favor a los alumnos de esa carrera ni a las autoridades de la universidad, que me llevaron cariñosamente, haciéndome el amigo de la policía. Yo era muy aceptado por mi alumnado policial, en mi curso había libertad de expresión y mucho espíritu crítico. Eso evidentemente molestaba. Aun los alumnos con una impronta fuertemente conservadora que debían estudiar una bibliografía compleja, pasados los meses, podían incorporar los conceptos y terminaban teniendo una relación de afecto. Eso les jodió la vida porque yo empecé a ser visto como un enemigo de la institución.
–La Voz del Interior cronicó un seminario internacional que usted dictó en la ciudad de Córdoba, en 2010. El diario detalló el malestar de mandos superiores, en off the record, donde afirmaban que Córdoba se modernizó y que usted confundió a la policía local con la de la provincia de Buenos Aires.
–En esa conferencia yo no hablé del caso cordobés, ellos se calzaron el sayo. Puede verse en la desgrabación de la conferencia. Yo diserté sobre la situación de la seguridad pública a nivel nacional y de la crisis de la institución policial. Como se ve que mi descripción le cabía a la policía cordobesa, salieron a reaccionar. Ahora bien, de frente ninguno me respondió, nunca. Y yo durante un año estuve dando clase en la academia de oficiales de la policía de Córdoba. Entiendo que todo ese resquemor fue de trastienda. Debo reconocer que Alejo Paredes le hizo llegar el pedido soterrado al rector de la Universidad de Villa María para que yo no siguiera siendo el profesor en la carrera y la universidad me respaldó. De hecho seguí un año más. Después, cuando vi que no me gustaba el perfil que había adquirido la carrera porque la policía la terminó controlando, me fui. Mi prestigio académico no lo regalo.
El Comando Radioeléctrico
-El juicio del Comando Radioeléctrico, que comenzó la semana pasada, sentó a tres ex policías en el banquillo de los acusados. ¿Cree que puede generar un espacio en Córdoba para reelaborar el papel de la policía provincial?
–Totalmente. Es más, como la participación de la policía en el aparato represivo militar fue sistemática, incluso con anterioridad al golpe de Estado, evidentemente esto se va a poner en tela de juicio. Habrá que ver si los organismos de DD.HH., el mundo académico autónomo de Córdoba y la sociedad civil preocupada por estos temas tienen la capacidad de hacer un abordaje inteligente y poner sobre el tapete esta mirada, distinguiendo lo que fue la labor del Ejército de la que realizó la policía cordobesa. Fijate que no hay muchos trabajos en materia de ciencias sociales que investiguen la participación de la policía en el aparato represivo militar y su incidencia sobre el desarrollo de la policía cordobesa después de la instalación democrática. En general se investiga todo aquel período de tiempo bajo la égida de la represión como algo holístico (como un todo sin distinguir las partes, N. d R.). La gran diferencia es que aquel Ejército no es el Ejército actual, pero aquella policía que el poder político no tocó si tiene gravitación. Yo sospecho, y me gustaría que lo pongan en estos términos, que en la actual policía cordobesa hay resabios de aquellos tiempos que están muy presentes. Y que el esfuerzo de la actual cúpula por impedir el conocimiento y el abordaje de hasta dónde la policía cordobesa participó del esquema represivo de la dictadura, en realidad lo que está ocultando son cuestiones presentes.
Fuente:Veintitres
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