Los amigos de El Brujo
Entre los detenidos están Julio Yessi, ex jefe de la “jotaperra”, y el periodista Jorge Conti, yerno de López Rega.
El juez federal Norberto Oyarbide reactivó en los últimos días la causa por los crímenes de la Triple A. A dos años del llamado de atención de la Cámara Federal, que criticó la “inexplicable pasividad” del magistrado y alertó sobre la “virtual parálisis del sumario”, Oyarbide ordenó la detención de siete de los hombres más cercanos al ex ministro José López Rega, entre ellos Julio Yessi, ex jefe de la Juventud Peronista de la República Argentina, la “jotaperra”, y el periodista Jorge Conti, yerno y secretario de prensa del ministro de Isabel Martínez de Perón.
“Pensábamos que esta causa estaba condenada al olvido, al fracaso. Con esta noticia, que el juez no nos notificó, renace la esperanza de que por fin se pueda juzgar y condenar los crímenes de la Triple A”, dijo la abogada Liliana Mazzea, querellante por familiares de víctimas y por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
“Es como volver a respirar aire puro y ayuda a seguir luchando”, confesó Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, cuyo hijo Alejandro fue secuestrado en 1975. Las detenciones tomaron por sorpresa a abogados de los organismos de derechos humanos e incluso a altos funcionarios del Ministerio Público Fiscal.
La causa se había reactivado a fines de 2006 con la detención en España del ex subcomisario Rodolfo Almirón, pero la investigación nunca avanzó más allá del núcleo duro originario del grupo de ultraderecha.
Durante los años siguientes fueron detenidos Juan Ramón Morales, Felipe Romeo y Miguel Angel Rovira, que igual que Almirón murieron de viejos, con arresto domiciliario y sin condena.
En junio de 2010, al declarar nula la prórroga de la prisión preventiva de Rovira, los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero alertaron sobre la parálisis del expediente.
“La única actividad de la causa en los últimos años pasó por separar los incidentes, armar uno por cada caso y llamar a ratificar a las querellas una y otra vez, al punto de que varios querellantes ya no querían ir más a Tribunales”, contó Mazzea a Página/12.
La noticia de las detenciones e incluso de las indagatorias se conoció recién ayer, y los siete imputados, hombres de la extrema derecha, acusados por crímenes entre 1973 y 1976, ya están presos en el penal de Marcos Paz.
Yessi fue la cara visible de la “jotaperra”, el sello creado por la derecha peronista para diferenciarse y enfrentar a la Juventud Peronista, y presidió el Instituto Nacional de Acción Cooperativa (INAC).
Después del golpe de Estado estuvo detenido en el buque Bahía Aguirre como huésped de la Armada. Jorge Conti, ex presentador del noticiero de Canal 11, fue secretario de prensa de López Rega.
El ex agente arrepentido Horacio Paino lo sindicó como enlace entre El Brujo y los grupos operativos de la Triple A, y contó que por su intermedio se vehiculizaban los fondos para solventar la infraestructura operativa.
El tercer detenido es Carlos Alejandro Villone, que llegó a ocupar el cargo de secretario de Coordinación y Promoción Social e integró el círculo más cercano a López Rega.
Fue Villone quien le mostró a Paino un listado de personas a ser ejecutadas por la Triple A, que encabezaba el padre Carlos Mugica.
El cuarto imputado ya estaba preso: es el ex cabo de la policía Norberto Cozzani, condenado a fines de 1986 en la causa Camps y actualmente sometido a juicio en La Plata.
Los otros tres son ex custodios y miembros de los grupos operativos: Raúl Ricardo Arias, Carlos Jorge Duarte y Rubén Arturo Pascuzzi. Los detenidos ya fueron indagados y el único que se negó a declarar fue Yessi.
“Desde que empezó mi lucha, desde que las Madres empezamos a marchar, recuerdo que éramos tres las que decíamos ‘ojo que antes del golpe de Estado también hubo desaparecidos’.
Las otras eran Esther Sánchez, que falleció, y Nelly Stagnaro”, contó anoche Taty Almeida. “Sabemos que hay cientos de desaparecidos antes del 24 de marzo de 1976 y que funcionaron al menos tres centros clandestinos.
Que avance esta causa, que había quedado como en el tintero, es un logro que costó mucho. Es como volver a respirar aire puro, ayuda a seguir luchando, a exigir más justicia.”
FuentedeOrigen:Pagina12
Fuente:Agndh
dos integraban el entorno operativo de josé lópez rega
Oyarbide detuvo a siete ex policías y funcionarios que integraron la Triple A
Entre los prisioneros están Jorge Conti, ex yerno y secretario de prensa de “el Brujo” y el ex secretario de Estado Carlos Villone. Se los responsabiliza por los crímenes del padre Mugica, Julio Troxler, Silvio Frondizi y Ortega Peña, entre otros.
Por: Claudio Mardones
El caso ayer abandonó el letargo, cuando el juzgado a cargo de Norberto Oyarbide confirmó la detención de siete ex funcionarios estatales y ex policías que formaron parte de la extrema derecha del peronismo y se desempeñaron en cargos clave del Ministerio de Bienestar Social de la Nación, la cartera que condujo López Rega entre la asunción del presidente constitucional Héctor J. Cámpora, el 25 de mayo de 1973, y la peor crisis económica del gobierno de Isabel, en septiembre de 1975, conocida como “Rodrigazo”.
La última vez que el caso salió del olvido fue hace cinco años, cuando el mismo expediente reactivó la persecución del genocida Miguel Ángel Rovira en España y la posible detención de la ex presidenta María Estela Isabel Martínez de Perón. Esta vez, no hubo largos trámites internacionales de extradición, sino una serie de detenciones que se realizaron hace dos días.
Desde el martes están detrás las rejas, el periodista Jorge Conti, yerno y ex secretario de prensa del difunto López Rega y el ex secretario de Estado Carlos Alejandro Villone. Ambos, fueron considerados por Oyarbide, como enlaces directos de López Rega con la Casa Rosada y con la Policía Federal, para la planificación de crímenes, financiamiento y aprovisionamiento de la patota de ultraderecha que entre 1973 y 1976 dejó 700 muertos.
Dentro de esa lista, relevada por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP), los primeros asesinados fueron los abogados Rodolfo Ortega Peña y Alfredo Curutchet, el ex subjefe de la Policía Bonaerense y sobreviviente de la Masacre de José León Suárez Julio Troxler, el profesor y abogado Silvio Frondizi, su yerno Luis Mendiburu, los periodistas Carlos Laham, Pedro Barraza, el ex rector de la UBA Pablo Laguzzi y el padre tercermundista Carlos Mugica.
Los crímenes de estas nueve personas, que enmudecieron al frágil retorno democrático luego de 17 años de proscripción del peronismo, dieron origen a la causa 6511, cuando el abogado Miguel Ángel Radrizzani Goñi, amigo de Ortega Peña, pidió a la justicia que investigara una nota publicada en el diario La Opinión con la firma del periodista Heriberto Kahn.
El texto, informaba sobre la existencia de un informe militar secreto que revelaba el funcionamiento de una patota que tenía ramificaciones desde Bienestar Social, con la Revista El Caudillo, conducida por el militante fascista Felipe Romeo, con la Federal, bajo el control del comisario general Alberto Villar, con la Juventud Peronista de la República Argentina (JPRA), encabezada por Julio Yessi, la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU) y el Batallón 601 del Ejército, entonces comandado por el general Otto Paladino, el mismo que luego de 1975 inauguró el Centro Clandestino de Detención Automotores Orletti (ver recuadro).
Durante los 36 años de duración, el caso sumó más de 50 cuerpos, centenares de declaraciones, miles de documentos y una gran cantidad de pruebas que, hace 48 horas también desembocaron en las detenciones de Yessi, ex presidente de la lopezrreguista JPRA y de Raúl Arias y Carlos Duarte, dos hombres que habrían formado parte de las patotas que operaban de noche para garantizar los crímenes políticos.
La lista de arrestados se completó con la caída del ex policía federal Rubén Pascucci, y un nuevo pedido de cárcel para el ex cabo de la Bonaerense Norberto Cozzani, que está detenido en el Penal de Marcos Paz con prisión preventiva por su participación en crímenes cometidos durante la última dictadura en la causa conocida como Circuito Camps.
Según fuentes del tribunal de Oyarbide, que lleva el caso a través de la secretaria Patricia Palmisano, todos fueron indagados y luego detenidos como presuntos organizadores de una asociación ilícita que tuvo su epicentro en el Ministerio de Bienestar Social y en la Triple A.
Esa calificación penal no sólo ha puesto tras las rejas a figuras tristemente célebres del terrorismo paraestatal antes del golpe militar. Ahora, volvió a reactivarse luego de la recolección de nuevas pruebas en el caso que investiga el asesinato del padre Mugica, donde ya no habría dudas sobre la responsabilidad del ex policía federal Rodolfo Eduardo Almirón en su asesinato.
Entre la cantidad de documentos que engrosan la 6511, existe una auditoría de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FNIA) que refleja el traslado y la compra de ametralladoras y fusiles que fueron retirados por la dictadura de los sótanos de Bienestar Social, actual sede del Banco Hipotecario, frente a la Plaza de Mayo. Entre la colección de rastros y pruebas también está la confesión y los datos aportados por el ex teniente del ejército Salvador Horacio Paino, uno de los dos arrepentidos de la causa, que en 1975 aportó un curioso mapa de relaciones políticas y parapoliciales, donde los siete detenidos tenían un papel crucial para crímenes que la justicia declaró imprescriptibles en marzo de 2008.
FuentedeOrigen:TiempoArgentino
Fuente:Agndh
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