18 de junio de 2012

ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ORAL DE CATAMARCA, JUAN CARLOS REYNAGA .

ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ORAL DE CATAMARCA, JUAN CARLOS REYNAGA
Las razones de las dos condenas
Ante las críticas recibidas por parte de querellantes y familiares de víctimas de la dictadura, el juez sostiene que se revocará la prisión domiciliaria de los represores cuando el fallo quede firme. Y explica por qué no se aceptó la acusación por homicidio.
Por Alejandra Dandan
“No lo dijeron durante el juicio: no pidieron ampliación de la acusación”, argumentó Reynaga.
El primer juicio por delitos de lesa humanidad en Catamarca terminó con condenas de 16 y de 10 años de prisión para los dos acusados, Carlos Lucena y Juan Rauzzino, cabezas visibles de la represión en esa provincia. El fallo que leyó el Tribunal Oral Federal catamarqueño el viernes pasado provocó críticas de los familiares y querellantes, sobre todo por dos aspectos. Uno, el monto de las penas, porque las querellas y la fiscalía de forma subsidiaria habían pedido prisión perpetua, porque incluyeron el delito de homicidio. Pero el reclamo más importante fue por la decisión de mantener la prisión domiciliaria de la que gozan los ahora condenados. En diálogo con Página/12, el presidente del Tribunal, Juan Carlos Reynaga, dice que los niveles de condena tuvieron que ver con el modo en el que se instruyó la causa. Y, por otro lado, sostiene que en realidad hubo un error en la interpretación de la prisión domiciliaria, porque el Tribunal las revocó, aunque aclara que esa decisión no puede hacerse efectiva mientras el fallo no esté firme. Pese a que esa línea la siguieron otros Tribunales –hubo un fallo similar en Rosario–, otros actores de la Justicia dicen que es un tema en discusión.

“El fallo se entendió mal –dice Reynaga– porque se dictó la prisión efectiva, pero según un criterio de la Cámara de Casación, en numerosas causas, la prisión se hace efectiva, cuando queda firme la condena. Si en diez días los defensores no presentan apelaciones, entonces la sentencia queda firme y en ese momento se puede ordenar la detención en una prisión común. Mientras, van a seguir en prisión domiciliaria.”

–Pero las sentencias suelen ser apeladas una y otra vez. Para que quede firme puede pasar mucho tiempo...
–Uno tiene que poner en práctica el Código Procesal. Y en el fuero federal las sentencias no se ejecutan hasta que no queden firmes. En este caso hubo dos jueces que votamos para revocar la prisión domiciliaria y otro votó para mantenerla.

–¿Quién votó en disidencia?
–(Gabriel Eduardo) Casas votó por la domiciliaria. (José) Quiroga Uriburu y yo votamos porque se revoquen. Recién hoy (por ayer) en los medios de Catamarca se aclaró la situación, porque había salido mal la información. Se entendió que Lucena y Rauzzino seguían en el régimen de prisión domiciliaria, pero no es así.

–Otra de las quejas fue por los cargos de homicidio. Condenaron por privación ilegal de la libertad y asociación ilícita agravada, pero no por asesinatos, ¿por qué?
–El problema fue que el alegato del fiscal agregó sorpresivamente a la acusación el homicidio calificado y, por lo que se llama Principio de Congruencia, no se puede acusar a una persona por un hecho del que los imputados no pudieron defenderse. Ellos llegaron a juicio acusados de privación ilegal de la libertad, pero la fiscalía entendió que, como tres de las cuatro víctimas habían sido vistas en Tucumán (N.d.R.: y allí figuraban en las listas como destinadas a la “disposición final”), se había probado el homicidio. ¿Qué dice el veredicto? Que se corra vista al fiscal federal de Tucumán para que investigue la posible desaparición y muerte.

–Los querellantes entendieron que no había “incongruencia”: entendieron que el delito de homicidio no era nuevo sino consecuencia de la privación ilegal de la libertad.
–Lo que pasó en Catamarca es que no lo dijeron durante el juicio: no pidieron ampliación de la acusación; llegaron a los alegatos y acusaron por esto. Yo también integro el Tribunal de la megacausa de Santiago del Estero. El fiscal allí adelantó en la última audiencia de la semana pasada que pedirá ampliación de la acusación por el delito de “abuso sexual”. Y, si el fiscal lo hace durante el juicio, ahí está bien, porque se le corre vista a la defensa.

–Si la fiscalía hubiese pedido ampliación de la indagatoria durante el debate, ¿la situación sería distinta?
–Totalmente, si se hubiese pedido y se hubiera dicho, por ejemplo, que esta gente los entregó para que se los lleve a (el centro clandestino) Arsenales (de Tucumán), ahí sería otra cosa. Pero el Tribunal se limitó a ver cómo llegó la causa. Y la causa llegó con dos particularidades: con estas características de cargos y con los dos imputados, autores mediatos, en prisión domiciliaria.

–En la causa de la Escuela Mecánica de la Armada se condenó por homicidio en dos casos en los que no se pidió ampliación de la acusación.
–Son casos distintos. Habría que ver allí qué decía el hecho. La calificación puede cambiar en cualquier momento, hasta en el alegato. Si la calificación está mal, pero el hecho tiene tal amplitud como para entender otra calificación penal, hasta el Tribunal podría hacerlo, no hace falta que lo haga la fiscalía o la querella. Pero si el hecho está limitado a una conducta, no se puede cambiar el hecho, como fue este caso: acá el hecho es un hecho corto, se la privó de la libertad y el hecho termina ahí. Si, en cambio, luego se habla de secuestros y entregas a un grupo paramilitar o del Ejército y se dice que son trasladados a otra provincia, ya estamos hablando de otra cosa. Acá la acusación inicial es que fueron y secuestraron a otras dos personas. Ni siquiera habían hablado de torturas. Como es tan complejo, los familiares no entendieron. Porque si pidieron cadena perpetua y el Tribunal condena a uno a 16 años por tres hechos de privación ilegal de la libertad y al otro lo condenan por un hecho, es entendible que estén disgustados.



MIRTA CLERICI, DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS
“Catamarca no fue una isla”
Por Alejandra Dandan
Mirta Clerici pertenece a Familiares de Detenidos Desaparecidos y es una de las referentes de los organismos de derechos humanos de Catamarca. El día de la lectura de la sentencia, dice, se enojó mucho, sobre todo cuando escuchó la decisión de mantener las prisiones domiciliarias. “Yo no soy abogada, soy militante. El asunto es que en verdad te da mucha indignación como familiar cuando ves sentencias muy bajas. Te da mucha indignación que estos tipos, que son genocidas, vayan a sus casas como unos abuelitos, porque a eso mismo hicieron alusión durante el juicio. Nuestra primera reacción fue ésa, pero ahora vemos que es muy importante el juicio por ser el primero, donde se deja al descubierto que acá, Catamarca no fue una isla ni una Suiza, como intentan decir todavía algunos y que acá se aplicó el terrorismo de Estado.”

–El Tribunal parece decir que la responsabilidad por las penas fue de la instrucción.
–Es una realidad, cuando vos ves que sí la instrucción ha sido mala, pero bueno... son los jueces que tenemos. Y si nosotros empezamos a tratar de cambiar a todos los jueces, no vamos a caminar nunca con los juicios. Tratamos de hacer el camino lo más liviano posible, pero hay cosas que a los militantes se nos escapan y a los abogados también. Apelar nos lleva dos años y después dos años más en llegar a Casación. Esta causa la iniciamos en el año 2002 o 2004, nos llevó ocho años llegar hasta acá. Entonces vos decís: “Elevación a juicio, vamos”. Pero yo no soy abogada, soy militante, y te da mucha indignación, como familiar, ver sentencias muy bajas. Yendo a la sentencia, creo que hemos tenido una reacción desmesurada, porque yo personalmente, cuando sentí las sentencias y la detención domiciliaria me dio mucha rabia, después de tantos años, más de treinta y pico de años esperando. Yo también tengo varios desaparecidos, pero cuando nos tranquilizamos y empezamos a analizar más fríamente las cosas, vimos que no era tanto como veíamos. En realidad, vamos a ver qué pasa cuando la condena esté firme, y antes vamos a ver y se verá qué se puede hacer.
Fuente:Pagina12



domingo, 17 de junio de 2012

“Este juicio terminó, pero nosotros familiares seguiremos en la lucha”

Luego de dictada la sentencia contra Rauzzino y Lucena.

“Este juicio terminó, pero nosotros familiares seguiremos en la lucha”

Bajo un manto inicial de disconformidad con las penas impuestas, concluyó el viernes el primer juicio por delitos de lesa humanidad realizado en nuestra provincia. En el mismo, se condenó a Carlos Alberto Lucena a 16 años de prisión y a Juan Daniel Rauzzino a 10, por asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad agravada, en la tónica de la desaparición y posterior muerte de Griselda del Huerto Ponce, Francisco Ponce, Julio Genaro Burgos y Nelly Yolanda Borda durante los tiempos del proceso militar.
Con las aguas más calmas y tiempo de reflexión, salieron a la superficie otras cuestiones, y si bien los familiares, quienes también son víctimas de estos hechos, se mostraron confundidos durante la lectura de las sentencias, comenzaron a valorar el hecho de que lo sucedido en el Tribunal Federal fue un hecho histórico. Por primera vez, se reconoció que existió en la provincia el terrorismo de Estado y había una organización sistemática para exterminar personas y ésta se llevó cuatro vidas.
Siguiendo este pensamiento, Noemí Toledo, sobrina de Francisco y Griselda Ponce, y prima hermana de Julio Burgos, se comunicó con El Esquiú.com para acercar su impresión respecto a este acontecimiento.
“Para nosotros, cuando comenzó el 23 de abril no podíamos creer que estuviera sucediendo, que estos personajes perversos se encontraran sentados en el banquillo acusados por la desaparición y muerte de nuestras familias. Esperamos muchos años, golpeamos muchas puertas, hablamos con mucha gente y nadie nos escuchó, ninguno hizo nada, nadie nos ayudó. Al contrario, en muchos casos hemos pasado discriminación, soledad, burlas, dolor, pero todo eso quedó atrás. Pasaron los días e íbamos atestiguando toda la familia, toda la que queda, porque varios se nos murieron esperando saber algo de ellos”, indicó Noemí.
Respecto al momento de ser parte del medio centenar de testimonios, expresó: “...me costó mucho dar mi testimonio, no porque no recuerde lo que sucedió ya que tengo impresa en el alma cada cosa que me pasó, sino que tenía que separar todo lo sentimental en mi relato, no quería dar lástima ni ventilar tanto dolor que nuestra familia pasó, sólo transmitir la verdad y cómo sucedieron los hechos, sin mezclar broncas, miedos, dolor, impotencia. Tenía que tratar de hablar claro, no llorar, pelear con mis nervios para decir todo prolijamente, pero fue tanta la tranquilidad que tuve en ese momento sentada allí hablando, contando lo que 36 años tuve guardado, que las palabras me salían solas, me hicieron muchas preguntas y eso me agradaba porque sentía que alguien se interesaba en saber lo que tenía para contar, que alguien por fin me escuchaba y podía expresarme libremente”.
“Los Borda y los Ponce no nos conocíamos y tenemos mucho en común. Si bien Yolanda, Gregorio, Griselda y Julito son los únicos que desaparecieron en esta provincia, son más de 30 hermanos catamarqueños que padecieron la tortura y muerte de la dictadura”.
Veredicto

Cuando el juez y presidente del tribunal Juan Carlos Reynaga comenzó la lectura de la sentencia, al llegar al sexto dictamen se produjo el malentendido en cuanto a la prisión domiciliaria de los imputados, la cual será solamente hasta que la sentencia quede firme.
“Nuestra primera reacción fue de repudio, bronca, impotencia después de tantos años de lucha silenciosa, les dijimos muchas cosas, desde asesinos, hacer justicia por manos propia y gritarles todo tipo de insultos, no sólo a los personajes nefastos sino a los jueces que fueron tan benevolentes con el veredicto. Pero hoy ya más calmos hemos rescatado lo más importante: se logró llevar a juicio a dos de los responsables de secuestros, torturas, muerte y mutilación de nuestras familias, se logró una condena y son culpables por delitos de lesa humanidad en Catamarca”, dijo Toledo.
“Abuelitos dulces”

Arrancada de su vida tranquila para convertirse en una luchadora, Toledo manifestó lo que fueron tantos años de lucha: “Hay quienes taparon lo sucedido, personas que saben mucho y por miedo siguen callados, están los indiferentes que no opinan ni les importa lo que sucedió en Catamarca porque pasó hace mucho y para qué revolver el pasado, y quedan los que emiten su opinión agresiva sin conocer quiénes fueron realmente estas personas desaparecidas y estos genocidas con tanta historia sembrando el miedo, el dolor, la muerte y tantos hechos aberrantes durante tantos años, y que ahora se los ve con esa arrogancia hechos unos padres amorosos y abuelitos dulces, que no discuto que lo deben ser, claro, con su familia, pero a nosotros no nos permitieron disfrutar de una vida familiar como ellos, que destacaron durante todo el juicio la hermosa familia que constituyeron ¡Qué suerte que tuvieron!”.
No todo está dicho y aún quedan muchas instancias para agotar respecto a la sentencia dictada contra Lucena y Rauzzino, y las familias involucradas son conscientes de ello. “Este juicio terminó en cierto modo porque nosotros, familiares, seguiremos en la lucha, tenemos mucho camino todavía, Catamarca debe saber toda la historia, que conozcan con nombre y apellido quiénes fueron los cómplices, civiles, eclesiásticos, policías, militares y los que se decían amigos de esa época que todavía caminan al lado nuestro por nuestra calles, como si nada hubieran hecho y que son tan culpables como éstos individuos que se juzgó”.
Finalmente, Toledo rescató lo positivo de que el debate por estas cuatro desapariciones se haya realizado: “¡Después de 36 años, sí fueron secuestrados, sí fueron trasladados a la policía, sí fueron torturados y sí los mataron!”.
Fuente:CasaPueblos
Envío:Andrea Benites-Dumont

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