“Al ritmo que veníamos, el último juicio terminaba en el 2040”
Los responsables del seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos dan cuenta de la impunidad de la burocracia, pero sobre todo de la generada por la “lógica corporativa” de funcionarios judiciales vinculados con los represores. Resaltan las audiencias orales, y ponen la lupa sobre la pata civil.
Por: Daniel Enzetti
Auat: –El área fue creada en marzo del 2007 como producto de una necesidad porque las causas arrastraban en sus trámites morosidad y cronicidad realmente alarmantes. Y esto tenía que ver con el propio funcionamiento del sistema judicial. En muchas jurisdicciones tuvimos problemas graves, donde los mismos fiscales y jueces aparecían vinculados a los hechos que se estaban investigando. Por ejemplo en Chaco, donde yo soy fiscal general, tuve que hacer imputaciones por delitos de tormentos contra los otros dos fiscales de la jurisdicción, debido a que estaban implicados directamente con los casos. El escenario era complicado, porque por un lado pesaban los vínculos ideológicos con el pasado dictatorial, y por otro, las mismas demoras en los trámites generaban impunidad.
Parenti: –Recordemos que el primer fallo que declara la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad es de marzo de 2001. Hasta que en el 2003, ya con Néstor Kirchner, se sanciona la Ley de Nulidad del Punto Final y la Obediencia Debida. Varias cámaras federales que tenían causas archivadas de los años ochenta empiezan a reabrir investigaciones, y en el 2005 la Corte Suprema ratifica aquella inconstitucionalidad. Es decir que desde el 2003 hasta el surgimiento de la Unidad pasaron cuatro años en los cuales las respuestas de los juzgados fueron dispares, y también las metodologías. Las demoras se deben en muchos casos a oposiciones meditadas, por cuestiones ideológicas, o porque los acusados tienen conocidos relacionados a los operadores judiciales. Pero también el sistema presenta un montón de ineficiencias que muchas veces son aprovechadas. Hasta los funcionarios judiciales comprometidos con las investigaciones mantienen esa misma lógica burocrática. Entonces, una apelación duerme un año, porque “es normal que las apelaciones tarden un año”; y los fiscales no se mueven hasta que el juez les envíe los expedientes, porque “es lo acostumbrado”.
–¿Cómo definirían la característica de los juicios hasta el momento en que la unidad comenzó a trabajar?
P: –Eran procesos atomizados, orientados a un autor mediato o muy notorio. Menéndez, si se juzga lo ocurrido en el III Cuerpo en Córdoba, es un típico caso de autor mediato. Y pasa lo mismo con Domingo Bussi en Tucumán: está claro que el sistema represivo de la provincia pasó por él. Julio Simón, el “Turco Julián” de El Olimpo, es un autor notorio, y la causa referida al matrimonio Poblete lo apuntó de manera personal. En La Plata, el hombre notorio era Miguel Etchecolatz. Y también Christian von Wernich. Ponerlo a Von Wernich en el centro de la estructura represiva platense, habiendo otros personajes más determinantes, sólo se explica en esa lógica de la notoriedad. Otra característica de aquellos juicios era que en su mayoría, eran impulsados por las víctimas o sus familiares. Dirigir los procesos a autores notorios o mediatos sacaba de contexto lo que significó masivamente el plan de exterminio, su organización, su puesta en práctica, y para qué había sido diseñado.
P: –Córdoba fue una de las provincias donde los secuestros se extendieron con mayor fuerza en el país, y sin embargo, el primer juicio, por el caso Brandalisis, identificó a sólo cuatro víctimas. Tucumán, la cuna de la represión con el Operativo Independencia, arrancó con nada más que una víctima, Gerónimo Vargas Aignasse. A: –Al ritmo que veníamos, el último juicio terminaba en el 2040. Los procesos son algo urgente que no admite más dilaciones, porque estamos frente a daños irreparables. Y la barrera que separa la prisión domiciliaria de la cárcel común también está relacionado con las demoras, porque no es lo mismo juzgar a alguien a los 60 años de edad que a los 80. Por otro lado, no es lo mismo escuchar el relato de una víctima que relatar y analizar el fenómeno de la macrocriminalidad. Jujuy tiene 130 víctimas. Hablar de una o dos desnaturaliza el fenómeno. Otro sello que tuvieron los procesos de lesa humanidad en Argentina fue siempre imputar un tormento por víctima. A un autor se lo condena por 44 tormentos, por ejemplo, y eso representa a 44 víctimas. Pero si ves la historia de cada persona y lo que sufrió, en términos penales esa persona puede contabilizar múltiples tormentos recibidos.
–¿Qué aporta la oralidad?
A: –En la oralidad, la víctima se siente acompañada, se anima a contar, y ese acompañamiento le da fuerza en todo sentido. Además, los testigos de hoy no son iguales que en la década del ochenta. Cuando volvió la democracia, se instauró el deber de testimoniar para probar los delitos sufridos por los que no sobrevivieron. Es decir, los sobrevivientes tenían la carga de testimoniar sobre lo que les había pasado a otros. Hoy, además, cuentan lo que les pasó a ellos.
P: –Digamos que las víctimas asumieron una posición militante, se dan cuenta de su rol histórico, y se sienten reivindicados a partir de rememorar lo que ocurrió. Son protagonistas de este tiempo, y están orgullosas de serlo.
–Antes comentaban las trabas del “sistema”. ¿Es el caso de, por ejemplo el ex juez Carlos Olivera Pastor, que demoró durante tanto tiempo la investigación de la familia Blaquier?
A: –Olivera Pastor es un caso emblemático de impunidad. Al punto de que los mismos integrantes de esos foros que debían analizar su desempeño reconocieron que el trámite estaba paralizado. El actual abogado del Ingenio Ledesma es nada menos que Horacio Aguilar, ex juez federal de Jujuy que también había demorado las investigaciones por la Noche del Apagón. Y encima, el secratario de Aguilar era Olivera Pastor. Por lo menos desde lo social esa estructura habilita a la suspicacia. Una suspicacia que no es arbitraria, sino que tiene hechos que la fundamentan. El propio camarista federal de Salta Renato Rabbi-Baldi Cabanillas vino a defenderlo a Olivera Pastor en la Corte.
según un estudio elaborado para tiempo por la unidad fiscal que controla los juicios contra represores
Hasta hoy son 292 los condenados por delitos de lesa humanidad
El informe revela que desde el retorno de la democracia son 880 los procesados por delitos aberrantes, de los cuales casi 300 recibieron sentencia. Más de 600 civiles y militares fueron mencionados en causas orales. Próximos pasos.
Por: Daniel Enzetti
El resto, 243 acusados, espera que los tribunales resuelvan su proceso, por haber interpuesto recursos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación o en salas de Casación Penal. Siempre tomando la totalidad de los procesados, 605 son mencionados en alguna causa elevada a juicio oral.
La unidad, creada en 2007 y encabezada por Jorge Auat y Pablo Parenti, controla el desarrollo de las causas en todo el territorio nacional, y fue clave para agilizar audiencias y enfrentar las maniobras de impunidad surgidas a partir de trabas burocráticas y complicidades entre funcionarios judiciales y genocidas. El trabajo entregado a Tiempo se divide en dos partes.
Por un lado, el esquema completo de juicios en curso, la gran mayoría orales, pero también escritos según el viejo procedimiento. Y por otro, una grilla de procesos que ya tienen fijada fecha de inicio, a partir de este mes de junio. Los juicios orales en pleno desarrollo involucran las jurisdicciones de Capital Federal, Mar del Plata, Bahía Blanca, La Plata, San Juan, Paraná, Posadas, General Roca (Sección Judicial Neuquén), Tucumán (Sección Judicial Catamarca y Sección Judicial Santiago del Estero), Comodoro Rivadavia y Salta.
A eso se suman los escritos, en la Ciudad de Buenos Aires y Paraná. Tratan distintos hechos aberrantes (secuestros, homicidios, torturas, abuso sexual, robo de bebés, desapariciones), en perjuicio de 1075 víctimas. En cuanto a los juicios programados, describirán lo ocurrido durante la dictadura en las jurisdicciones de Córdoba, San Martín, Rosario (Sección Judicial San Nicolás), Salta (Sección Judicial Jujuy) y Capital Federal, en perjuicio de otras 1060 víctimas.
Con respecto a las demoras que se venían registrando hasta mediados de la década pasada, en la unidad destacan lo ideológico como una de las razones más importantes. “Si un juez o un fiscal analizan actos que implican a la misma estructura de la que forman parte –sostiene Auat a este diario–, el accionar se condiciona.
Ante los procesos de lesa humanidad hubo una reacción corporativa, y el sistema funcionó como cuerpo, porque ese sistema fue cómplice. Aún hoy el fenómeno continúa en varias jurisdicciones. Como forma de cambiar esa realidad, para agilizar los juicios diseñamos un proyecto estratégico de concentración, como forma de evitar la dispersión. Ni bien lo presentamos aparecieron las trabas, y advertimos que algunos tenían poca voluntad en apurarse. Pero era necesario cambiar el paradigma.”
“El sistema acomodó el objeto a su metodología, dispersando causas –explica Parenti–, y por eso la cosa estaba mal. Lo que ocurrió en Córdoba fue una muestra. En los años ochenta, a Luciano Benjamín Menéndez se lo imputaba por 400 casos ocurridos en el centro clandestino La Perla. De repente vimos que en La Perla existían 19 causas distintas. Y encima, la administración de justicia desprendía tema por tema, había más de 1000.
No sólo se perdía tiempo, sino que además los juzgados se convertían en fábricas de papeles. Todo lo contrario a lo correcto, es decir, el agrupamiento de casos según denominadores comunes.” Y agrega: “Entonces organizamos las causas en tres grupos. Las que estaban avanzando aun con esa metodología inadecuada; las que ya tenían prueba desde los ochenta que justificaban juicios más sólidos; y un grupo de casos que faltaba esclarecer. Y decidimos impulsar juicios en varias zonas, porque el primer juzgamiento en un lugar es muy importante, abre el camino y cambia totalmente la jurisdicción.
Como seguramente pasará en Jujuy en los próximos días.” El 12 de julio, Jujuy vivirá un hecho histórico: por primera vez en 36 años, la provincia escuchará en audiencias orales detalles de la manera en que la dictadura reprimió, secuestró y asesinó a estudiantes, militantes políticos, representantes rurales de base y trabajadores mineros y zafreros.
Por una cuestión procesal y de aceleramiento de tiempos, se trabajarán causas acumuladas: Álvarez García, Aredez, Bazán, Aragón y Galeán. Con una particularidad: las audiencias avanzarán sobre la complicidad civil y empresaria dentro del engranaje genocida, sobre todo lo ocurrido en la minera El Aguilar y en el Ingenio Ledesma.
“Los crímenes de la dictadura tienen autores de avanzada edad –dice Auat–, y eso debía ser tomado en cuenta. De otra manera, a corto plazo caíamos en otro tipo de impunidad, por una cuestión biológica. Se morían imputados, y se morían víctimas. Como Olga Aredez en Jujuy, por ejemplo. Lo peor que puede ocurrirle a una persona que sufrió lo padecido por Olga es llegar al final de la vida sin ver la solución a su conflicto, sin poder repararlo.
Por otro lado, la muerte de testigos origina otro perjuicio, que es restar potencial probatorio a la propia causa. Y eso también genera impunidad.” Otro paquete cercano al juicio oral corresponde a delitos de lesa humanidad registrados en Junín. Se trata del proceso contra siete ex policías y militares por secuestro y torturas a 30 personas, como parte de la mega causa Primer Cuerpo del Ejército. Entre los imputados figuran el coronel retirado Ángel José Gómez Pola y los ex policías Miguel Ángel Almirón, Edgardo Antonio Mastrandrea y Julio Ángel Esterlich.
En cuanto a los procesos a punto de finalizar, la Unidad incluyó el de Mar del Plata, donde en estos días se pronuncian alegatos referidos a secuestros y torturas en el centro clandestino de detención La Cueva (dentro de la Base Aérea), las comisarías Primera y Cuarta de la Ciudad, y la subcomisaría de Necochea. También se escuchan alegatos en Bahía Blanca. Sobre todo el de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, representada por Mónica Fernández Avello, que arrancó pidiendo prisión perpetua para los represores involucrados.
La causa bahiense fue una de las más importantes de los últimos meses (comenzó en 2011), reconstruida gracias a la palabra de casi 400 testigos. Al igual que Jujuy, Tucumán es otro de los distritos donde se unificarán causas para hacer más rápidas las audiencias y el tratamiento de casos. Son casi 50 los imputados por la represión en la provincia, vinculados con lo ocurrido en la Jefatura II y el Arsenal II.
Para los representantes de la Unidad Fiscal, el tema clave de ahora en adelante será la decisión política. “Podríamos hablar de que falta gente, que hay poca infraestructura –explica Auat–, pero ese no es el verdadero problema. Lo realmente importante es que los tribunales fijen agenda. Para que no ocurra lo de Rosario, que acaba de comunicar la programación de un juicio para mayo de 2013. De esa manera es imposible terminar con los procesos que faltan. ¿Quién controla, por ejemplo, las audiencias que se hacen por día?
La lógica del sistema judicial se basa en que cada juez federal maneja su juzgado como le parece, y lo mismo hacen los tribunales orales. Y si te atrevés a cuestionar algo, o a recomendar un camino, salen con que eso afecta la independencia de la justicia.” Parenti lo reafirma: “En realidad, eso de la independencia aparece como una muletilla para frenar cualquier tipo de control de la gestión. Y la independencia judicial no tiene que ver con eso, sino con que el juez pueda decidir libremente si una persona es culpable o no.
En tanto funcionario público, la gestión de un juez puede y debe ser controlada por la sociedad. Obviamente no es correcto que esa sociedad influya en su manera de inclinarse ante un conflicto. Pero sí está habilitada a interpelarlo, y a enterarse de la forma en que actúa, y finalmente arriba a su sentencia.”
La clave
AGENDA
Para Jorge Auat y Pablo Parenti, responsables de la unidad, lo importante es que “los tribunales fijen agenda, y que el paso del tiempo no se convierta en una muestra más de impunidad”. La muerte de testigos actúa restando potencial probatorio.
FuentedeOrigen:TiempoArgentino
Fuente:Agndh
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