11 de julio de 2012

COLOMBIA.

MARTES, 10 DE JULIO DE 2012
Los Derechos Humanos y el DIH como formas de hacer política 
ANNCOL . 
Ha aparecido el informe de la ONG, CINEP sobre el Conflicto colombiano en 2011 y de el cual se extrae el siguiente cuadro que muestra la distribución geográfica del mismo: Y contradice obviamente, todas las informaciones de las ONG de las FFMM, la CIA y violentólogos del régimen, quienes a través de un enorme despliegue mediático dirigido desde la oficina presidencial de JM Santos, informan al pueblo colombiano y al resto del mundo, que el largo conflicto Social y Armado de Colombia está reducido a unas cuantas madrigueras de las FARC, a donde están reducidos los insurgentes comiendo raíces.


Es indudable que este informe es un avance, si se le compara con informes similares. Sin embargo, ANNCOL se permite hacer algunas consideraciones conceptuales y políticas al mismo:
1 No se entiende por ejemplo, que el pundonoroso sacerdote jesuita Javier Giraldo, quien incluso en contra las altas jerarquías de la iglesia Católica de Colombia, ha ganado su merecido prestigio defendiendo la causa de los humillados y ofendidos, arriesgando su propia vida para mostrar que” el paramilitarismo es una estrategia militar del Estado”, ahora avale con su nombre el lenguaje “apanelado”, interesado y sesgado de algunas ONG y, después de confirmar la consolidación y persistencia del Paramilitarismo lo llame: “actor armado ilegal del conflicto, vinculado no solo al narcotráfico y a la explotación ilegal de recursos naturales, sino también a estructuras de poder económico y político de las regiones” .
Es decir: ¿el paramilitarismo, ha dejado de ser una herramienta esencial de la estrategia militar del Estado? 


2 También a la insurgencia armada, que para efectos del el DIH reclamado como bandera por el informe, es definida como una Parte del conflicto, se le da el tratamiento de “actor armado ilegal” para despojarla de cualquier connotación política.


3 El pesimismo que brota de la información empírica manejada en el informe, y convierte en una forma de hacer política a los Derechos Humanos responsabilidad del Estado y el DIH responsabilidad de las partes del conflicto interno; les hace decir que estamos en “un callejón sin salida”, donde las experiencias positivas de pasados intentos de dialogo entre la insurgencia y el Estado son fracasos absolutos, y además que, “la solución al conflicto no se ve próxima” o en el caso remoto de que se llegue a dar, será “”negociada”. Contradicen todo el optimismo anterior de los volúmenes escritos de los “callejones con salida” y la solución política amplia y democrática, ahora reducida a una simple negociación con la insurgencia del aspecto armado del conflicto ¿En qué quedó su aspecto social? ¿Se hara negocio también con la sociedad civil, cuáles cosas y entre quienes?


4 Finalmente para relativizar la importancia que le da la clase dominante a este tipo de informes; miremos la “teoría del Desgaste” sostenida por Ramón Ortiz, uno de esos violentólogos del régimen, profesor de la Universidad de los Andes de Bogotá e investigador de Real Instituto Elcano (España) en su reciente articulo “Cifras y Estrategia” (El tiempo 15 junio 2012), donde con su particular manera prepago, refuta cifras y datos empíricos para justificar su guerra contra el terrorismo. Articulo que se escribió antes del “pequeño desgaste” sufrido en estos días por su promotor y amigo Juan Manuel Santos y su Estado, con el estruendoso descarrilamiento de su Locomotora Jurídica para la Impunidad, logrado gracias a la grieta que se ha abierto entre Uribe Vélez y Santos y ha sido sabiamente utilizada por el pueblo movilizado y consciente políticamente: “..El plan de guerra ‘Espada de Honor’, adelantado por el Ministerio de Defensa, ha sido víctima de esta peculiar “aritmética de la guerra”.


Observadores y comentaristas han presentado el incremento de ciertos delitos -terrorismo, militares y policías asesinados, etc.- como prueba de que la guerrilla se está fortaleciendo.


Sin embargo, los resultados de ‘Espada de Honor’ desmienten estas visiones.


De hecho, el DESGASTE de los grupos armados se está acelerando. Entre enero y mediados de mayo, por ejemplo, el número de miembros de las Farc dados de baja aumentó en un 39 por ciento y las capturas, en un 72 por ciento…


El nuevo plan de guerra ha flexibilizado esta aproximación y apostado por desmantelar las retaguardias de la guerrilla. Como respuesta, los terroristas han intensificado su accionar para tratar de defender sus baluartes territoriales. Sin embargo, esta tendencia tiene fecha de vencimiento.


A medida que se incremente su DESGASTE, la guerrilla verá mermada su capacidad operativa y reducido su potencial para realizar ataques.


El desenlace será un nuevo balance de fuerzas que colocará a los grupos armados en una posición de marginación estratégica y al Estado, a las puertas de ganar la batalla contra el terror”.
( http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/otroscolumnistas/cifras-y-estrategia-roman-d-ortiz-columnista-el-tiempo_11949584-4).
Fuente:Argenpress 


MARTES, 10 DE JULIO DE 2012 
¡Que se vayan todos!
Por Alpher Rojas Carvajal 
Si parafraseamos al Quijote en su afirmación según la cual “no hay libro tan malo que no tenga algo bueno”, una reflexión sobre la debacle desatada por el proceso legislativo de la “Reforma a la Justicia” en Colombia, nos lleva a destacar como saldo pedagógico la emergencia de una sociedad civil activa, cuya rápida y eficaz reacción movilizó la dinámica de las plataformas digitales y sus redes sociales e impulsó una severa ola de indignación que condujo a los autores del engendro a reversar decisiones dolosas para aplazar su revocación por la ciudadanía encolerizada. 


No era para menos, la distribución proporcional de canonjías o intercambio de blindajes Ejecutivo-Legislativo-Judicial, constituía un atentado contra el previsible menú de inhabilidades de la Carta del 91 y facilitaba la libertad de los exfuncionarios del gobierno ultraderechista de Álvaro Uribe, presos por graves conductas punibles y delitos de lesa humanidad. 


Se trata, sin lugar a dudas de la primera gran ruptura entre la ciudadanía –habitualmente pasiva- y la más elocuente representación de las patologías públicas en cabeza de la tradicional clase política del país, subordinada a inconfesables intereses.


De modo estricto, no podría hablarse de primera ruptura –en el sentido de única- porque el país ha tenido una historia de baja participación electoral -de abstención- superior al 50%, margen que toma proporciones catastróficas si agregamos los votos “en blanco” y los “nulos”, lo cual ilustra el agotamiento progresivo de la legitimidad política y de la crisis de representación general en sus instituciones como consecuencia del deliberado desinterés de la sociedad por el quehacer político y los “productos” de política pública que en lugar de construir soluciones terminan por ahondar la discriminación económica y la segregación social. 


Si sumamos los elevados costos del financiamiento de las campañas electorales, asumidos por donantes clandestinos, los fraudes y otras sinecuras no menos delictuales, la situación no es para frotarse las manos. O sí. Porque finalmente hemos entrado a una etapa de reflexión en la que la sociedad colombiana se ha visto compelida a construir un proceso de drásticas rectificaciones. 


De ahí la ansiedad teatral de los congresistas para “hundir la reforma” a la manera de Pilatos, unos al proclamar ignorancia de los contenidos, otros al denunciar el engaño de sus colegas y algunos, como el candoroso presidente de la Cámara de Representantes, al blindarse tras la revelación de no haber leído el acta de conciliación.


¿Y el Presidente Santos?, pensemos –copiando a Bismarck- en la perplejidad de un hombre que, fuera del tiempo y del espacio, ha perdido su reloj, su regla de medir y su diapasón. La sociedad transita –por falta de salidas institucionales transformadoras- hacia un inquietante escenario preinsurreccional, consecuencia de la “crisis de gobernabilidad” exacerbada por el fuego de la corrupción y la violencia, legado indiscutido del expresidente que duró ocho años invitando a sus legisladores a “votar mientras los meten a la cárcel”. 


Ahora no son sólo usuarios de los servicios de salud, los trabajadores, los pensionados, los campesinos, las víctimas de la violencia, “los condenados de la tierra”, buscando salidas, sino los médicos, los maestros, los agricultores, víctimas de un modelo de desarrollo que impacta su situación económica y su status ciudadano. 


También son los militantes demócratas del partido Liberal que exigen la reestructuración de su colectividad, para que haga tránsito de la “corporación de gamonalatos”, como lo llamó en su época Fabio Lozano Simonelli o del sindicato de burócratas, parapolíticos y delfines en que se ha convertido, a un partido que impulse la democratización de la sociedad y del Estado. Porque a los conservadores, de Laureano a Álvaro, “nadie podrá quitarles lo bailao”. 


Después de su prolongado mutismo frente al carrusel de la contratación en Bogotá, no es confiable el razonamiento instrumental de la presidenta protémpore del Polo Democrático. Y a los verde-uribistas no se les puede creer los golpes de pecho del momento, pues su acondroplasia política corresponde al insufrible ADN de su progenitor. 


Con razón alguien dijo que los partidos políticos no mueren de muerte natural; se suicidan. Por ello, ante la falta de reestructuración de los partidos, lo que se aprecia es el desarrollo vigoroso de los movimientos sociales, amparados en una opinión pública organizada y una sociedad civil activa que va a marcar la pauta y a castigar electoralmente a los actores –colectivos e individuales- implicados en el fraudulento proceder frente a la necesidad de una pronta y cumplida justicia. 


“Que se vayan todos”, es la consigna que empiezan a agitar estos colectivos. (Publicado en el diario El Tiempo de Bogotá, 06-07-12) Alpher Rojas Carvajal es analista político e investigador en ciencias sociales.
Fuente:Argenpress

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