España al borde del precipicio Vicky Peláez (RIA NOVOSTI)
¡Cuídate de la hoz sin el martillo, cuídate del martillo sin la hoz!
¡Cuídate de la víctima a pesar suyo, del verdugo a pesar suyo y del indiferente a pesar suyo!
(César Vallejo, 1892 - 1938)
España se halla en una debacle económica a pesar del rescate de 100 mil millones de euros que recibió para sanear el sector financiero y un espantoso plan de ajuste económico que aprobó el gobierno.
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), todo ha sido en vano y la economía española retrocederá en el 2013 un 0.6 por ciento y el crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto) estará entre el negativo y el 0.1 por ciento, por esa razón el país se convertirá, junto con Italia, en una de las principales amenazas para la economía mundial.
Tal es la desesperación del gobierno conservador y abiertamente derechista de Mariano Rajoy que hasta se olvidó de su ideología. Su ministro de defensa, Pedro Morenés declaró hace unos días que “Hugo Chávez siempre ha sido un gran amigo de España”, todo por el afán de venderle armamento y ganar algo de dinero para la industria nacional que se halla en serios apremios.
Ya nadie se acuerda de una declaración en 2008 del líder del Partido Popular Mariano Rajoy cuando él mismo dijo que “no queremos a Chávez ni a Castro, queremos a Merkel y a Sarkozy, que son los que nos apoyan”.
El apremio financiero hizo que el gobierno de Madrid, que hasta ahora ha sido incondicionalmente obediente a los Estados Unidos, ignorase sorpresivamente el veto que ejerció Norteamérica en 2005, denegando la licencia de venta de componentes fabricados por sus empresas para sus aviones que el anterior gobierno “socialista” de José Luis Rodríguez Zapatero acordó vender a Venezuela.
El don dinero manda y hace olvidar todas las consignas ideológicas, especialmente en condiciones cuando el ministro de hacienda de España, Cristóbal Montoro declara que “no hay dinero”.
Esta es la única razón para que Pedro Morenés autorice la venta de material y el equipamiento militar a Caracas. La política neoliberal del anterior gobierno llamado socialista y su continuidad por el Partido Popular, que asumió la presidencia en 2011, entregando el poder a los bancos e ignorando la corrupción, llevó a España a una bancarrota financiera. El índice de desocupación subió a más del 25 por ciento y para los jóvenes, superó el 50 por ciento.
Y pensar que hasta el 2010, cuando lo tocó la actual crisis, el país había disfrutado durante unos 30 años de una relativa prosperidad. Quién no se acuerda de las declaraciones del primer ministro Zapatero cuando anunciaba que España había superado en el PIB per cápita a Italia y ya se estaba acercando a Francia. Hasta el 2007, el presupuesto de España fue más balanceado que el de Alemania, su deuda pública era del 36 por ciento del GDP frente al 60 por ciento estipulado por el Tratado de Maastricht y el país se consideraba como un modelo en la zona europea.
Había sido la meca para los inmigrantes latinoamericanos (llamados despectivamente “sudacas”), la mano de obra barata, explotada y frecuentemente desprestigiada. Sin embargo, todo en la vida tiene su tiempo y le tocó el turno a España cuando la burbuja financiera de bienes raíces, que llevó a una severa crisis económica a los Estados Unidos y cuyo fin no se avizora hasta ahora, se trasladó alegremente en 2008 a Europa y en especial a España e Irlanda.
Los bancos norteamericanos, austríacos, holandeses, franceses, británicos y en especial los alemanes financiaron la burbuja de bienes raíces sabiendo perfectamente las consecuencias.
Pero el poder de Mammón (el diablo de la avaricia) para los banqueros siempre ha sido en el curso de la historia superior a la razón de supervivencia humana.
Por algo Santo Tomás de Aquino había descrito alguna vez metafóricamente que el pecado de la avaricia como Mammón que era ascendido desde el infierno por un lobo, venía a inflamar al corazón humano.
La codicia de los bancos hizo quebrar la economía española, mientras que las ganancias del Deutche Bank, que dio fuertes préstamos fáciles a la banca española, subieron en un 67 por ciento debido a la burbuja inmobiliaria que fue creada artificialmente haciendo subir los precios de inmuebles en un 500 por ciento en el país.
Por algo el presidente del Deutche Bank, Josef Ackermann ganó 8.8 millones de euros en bonos en 2012. Mientras tanto los bancos españoles al acabar la burbuja empezaron a acercarse a la quiebra exigiendo su refinanciación.
Se estima que sus derivados tóxicos llegan a unos 170 mil millones de euros. El tercer más grande banco español Bankia no pudo recuperarse después de recibir 4.5 mil millones de euros de ayuda y, en mayo de este año solicitó al gobierno 19 mil millones de euros adicionales para evitar su quiebra.
En estas condiciones no le quedó otra alternativa a la banca alemana que lanzar un rescate de 100,000 millones de euros a la gran banca ibérica para evitar con este gesto sus propias pérdidas en el mercado financiero español comprometiendo así al gobierno de Rajoy de ser responsable por el pago del costo de rescate, de los intereses que serán de unos 30 mil millones de euros y de posibles impagos de la banca.
Este “rescate” significa a la vez la transferencia del control del sistema bancario nacional a la Comisión Europea, al Banco Central de Europa (BCE) y al Deutche Bank lo que implica una pérdida parcial de la soberanía española.
Los beneficiarios reales de este paquete serán la Gran Banca, la Confederación Española de las Organizaciones Empresariales (CEOE) y el Capital Internacional, en especial el alemán.
El pueblo como de costumbre será el gran perdedor. El primer ministro Mariano Rajoy ya lo anunció, al aprobar su gobierno el 12 de julio el nuevo recorte de 65,000 millones de euros para poder rescatar a los bancos.
Declaró que “no se puede elegir entre un bien y un mal; tiene que elegir entre un mal y un mal peor” y que habría que sacrificarse más para contribuir a mejorar el panorama desolador de la economía nacional. Según él, “los españoles no podemos elegir si hacer o no sacrificios.
No tenemos esa libertad”. Su paquetazo de recorte ya fue bautizado como “sado-monetarismo” lo que significa austeridad salvaje, nuevos despidos, quiebras de casas y reducción de las pensiones.
En concreto, implica una rebaja del importe por la prestación por desempleo; la eliminación de la deducción por compra de vivienda; el recorte de las pensiones y la restricción de la jubilación anticipada; el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) general del 18 al 21% y el reducido que se aplica a la mayoría de los alimentos del 8 al 10%, lo que representa un aumento del 16 y del 25 por ciento en el dinero a pagar como impuesto en una compra.
Los más destacados economistas ya advirtieron sobre el fracaso del sado-monetarismo. El Premio Nobel en Economía, Paul Krugman y el economista británico de London School of Economics, Richard Layard lanzaron “Un Manifiesto por el Sentido Económico” firmado por cientos de especialistas internacionales, advirtiendo que las causas y la naturaleza de la crisis han sido interpretados equivocadamente tanto en los Estados Unidos como en Europa y las medidas de austeridad adoptadas por los gobiernos podrán agravar inclusive más la crisis económica en vez de solucionarla.
Según ellos, no ha sido el endeudamiento del sector público que fue el causante de la actual depresión sino los excesivos préstamos y el endeudamiento del sector público y en especial, de los bancos. Cuando reventó la burbuja inmobiliaria, el sector privado redujo drásticamente sus gastos para pagar la deuda lo que desencadenó el colapso del gasto agregado y la depresión económica, haciendo empeorar en seguida el endeudamiento público de los gobiernos.
Al presentarse tales casos, según estos economistas, el sector público tiene que convertirse inmediatamente en la fuerza estabilizadora, tratando de mantener el gasto. Reducirlo fue un gran error pues los efectos depresivos de la disminución del gasto privado fueron reforzados por la austeridad en el gasto público que a la vez aniquila cualquier intento de inversión.
Así se produce un vacío económico caracterizado por la ausencia del gasto y la demanda. El pueblo se convierte en la víctima principal y nadie sabe cuánto durará su paciencia, capacidad de sufrir y su abnegación. Los últimos acontecimientos en España muestran un incremento cada día más visible de la protesta ciudadana.
El movimiento popular ya tiene suficiente potencia para emprender una lucha organizada por sus reivindicaciones. El problema reside en la ausencia de un liderazgo capaz de aglutinar todas las fuerzas dispersas en un monolito para obligar al gobierno cambiar la actual política económica.
La última marcha de mineros lo demostró cuando la dirección de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y la del Sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) desalentaron a los mineros a acampar en Madrid y así sumar su protesta con la de los empleados públicos, jubilados, estudiantes, desempleados, etc.
Se anuncian nuevas marchas de protesta, nuevas huelgas de obreros y estudiantes, pero la experiencia de Grecia está demostrando que las protestas populares casi a diario, y en la mayoría de los casos espontáneas no produjeron efectos deseados y los griegos tuvieron que tragarse las pastillas de austeridad con resignación y soportar los bombardeados constantes de los medios de comunicación globalizados con el propósito de desanimar al pueblo, asustarlo y desmoralizarlo.
Lo mismo podría pasar en España donde el movimiento organizado popular fue desarmado, primero por el general Francisco Franco y después por las ideas del Eurocomunismo del italiano Enrico Berlinguer, el español Santiago Carrillo y del comunista francés Georges Marchais.
Seguidamente los social demócratas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) representados por Felipe Gonzáles y después por personajes como José Luis Rodríguez Zapatero quienes abrazaron con cariño las ideas del neoliberalismo y se identificaron con todas las guerras de la OTAN.
Dicen los sabios, que son los hombres los que eligen su camino y hacen su destino y el futuro para sus hijos. Los banqueros y los poderosos saben perfectamente lo que hacen. ¿Y el pueblo español, lo sabrá?. Quién sabe.
VIERNES, 27 DE JULIO DE 2012
España y la furia de los mercados y de la gente
Por Eduardo Lucita (LA ARENA)
España intervenida Durante la crisis del 2001-2002 en nuestro país, cuando los partidos habían perdido consenso y las clases dominantes mantenían el control del Estado pero no lograban mostrarse como clase dirigente, por lo tanto sin capacidad de ofrecer una salida, dos economistas del Instituto Tecnológico de Massachussets, Dorbunsch y Caballero, arriesgaron una hipótesis: la "ayuda" del FMI no resolvería el problema.
Para ellos resultaba "imposible llegar a un acuerdo nacional porque nadie cree en nadie y no hay grupo de poder que pueda confiar el timón a otro para salir de la crisis". Con este diagnóstico concluían la solución era una sola: "La intervención del país a manos de un Comité Internacional para administrar las políticas fiscal, monetaria y tributaria".
Aquel pedido de intervención se frustró cuando el movimiento social se lanzó a las calles, enfrentó la represión a un costo de 35 muertos y cientos de heridos, estuvo a metros de ingresar a la Casa Rosada, y obligó a que el presidente huyera en helicóptero y se impusiese una salida. Todos lo saben, el kirchnerismo es resultado directo de la revuelta plebeya de 2001.
España no ha llegado aún a esa situación pero el poder financiero internacional se adelantó. Ya está intervenida. Es que luego del rescate bancario por 100.000 millones de euros, acordado semanas atrás y del que esta columna diera cuenta oportunamente, los ministros de la Eurozona aprobaron también conceder a España un año más de plazo, hasta 2014, para reducir su déficit público por debajo del 3 por ciento.
Por su parte el gobierno español se comprometió a realizar un nuevo ajuste fiscal por valor de 65.000 millones de euros. El cumplimiento de estos compromisos estará sometido a un riguroso seguimiento, lo mismo que la implementación del programa de recapitalizaciones bancarias y reformas financieras. Ergo: el sistema financiero español ya no estará en manos del gobierno y las instituciones nacionales sino en las de Alemania y la Troika, que son quienes imponen sus condiciones.
"Protectorado de 'soberanía suspendida'" y "Bajo tutela" titularon los diarios El Mundo y el País esa situación. Furia de los mercados La euforia de días atrás por el rescate duró lo que un suspiro, luego trocó en furia. Una de las características de España es que el gasto público se realiza en un alto porcentaje, tal vez un 70 por ciento, por medio de las 17 comunidades autónomas -se ocupan de la educación, la salud y los servicios sociales-.
Es allí donde se focaliza el ajuste fiscal. Así se entiende porqué se lo caracteriza como "el peor ataque al Estado del Bienestar". Recientemente la regional Valencia admitió que su déficit superaba el 1,5 por ciento admitido, solicitó un rescate al gobierno central, ahora lo han hecho también las regiones de Murcia y Catalunya y las alarmas se encendieron. No serían las únicas regiones en estas condiciones.
El gobierno central depende cada vez más de los bancos tanto para financiarse como para auxiliar a las regiones, pero los bancos dependen del BCE. Se estima que, sin tener en cuenta nuevos auxilios a los bancos, se necesitaría una "ayuda" adicional de 300.000 millones de euros para la deuda del Estado.
Las evidencias de que se necesitarían mayores fondos e incluso un rescate de la deuda soberana elevó el riesgo país por arriba de los 600 puntos y el costo del endeudamiento. El ataque de los "mercados" (especuladores) no se hizo esperar, las bolsas se derrumbaron a su nivel más bajo en casi diez años.
Así la crisis no hace más que realimentarse y la salida de capitales se acrecienta. Furia social El recorte anual para los próximos tres años alcanza a algo más del 2 por ciento del PIB, recae en una sociedad que ya registra un 25 por ciento de desocupación, que sube al 50 por ciento entre los jóvenes, para quienes la emigración es una salida cierta frente a un futuro que no les da alternativa, mientras que las sucesivas reformas laborales suprimen una y otra vez derechos laborales y caen los salarios.
El Partido Popular ha incumplido todas las promesas sociales con las que llegó al poder y la suba de los impuestos le ha ganado la antipatía de buena parte de su base social de clase media. Algunas encuestan hablan que el rechazo al gobierno Rajoy ascendería al 80 por ciento, a solo siete meses de ganar las elecciones por amplia mayoría.
Buena parte de sus votantes reniega ya de su gobierno y el recurso de la "herencia recibida" (del PSOE) como justificativo ya no paga como antes. Esto deja en evidencia que en noviembre pasado más que apoyar al PP mucha gente votó contra el PSOE y la política de recortes iniciada por Zapatero en 2010.
Movilizaciones
Las huelgas y movilizaciones mineras han gozado de un amplio respaldo social e incluso político de algunos alcaldes del PP, no dispuestos a perder sus sillones. Así se comprende, que aún en vacaciones, la asistencia a las movilizaciones del 19J en ochenta ciudades tuvieran tal densidad social. Es que la convocatoria de CCOO-UGT fue tomada como propia por otras centrales como CNT-CGT o CSIF e incluso por el 15M.
Los informes dan cuenta de que se suceden las movilizaciones autónomas, al margen de las direcciones sindicales y sin la presencia orgánica del PSOE o IU. Desde hace unos días en muchas dependencias públicas sin mediar convocatoria sindical alguna los trabajadores paran 15 ó 20 minutos por turno y se concentran a las puertas de su organismo y hasta cortan el tránsito.
En el sector privado hay ocupaciones de empresas y movilizaciones, generalmente ante cierres patronales o despidos masivos. Por la tarde la gente se concentra en los lugares más emblemáticos de cada ciudad, llegando a marchar en repudio frente las sedes del PP y del PSOE. La peor de todas Hay una crisis de gobernabilidad en ciernes.
El gobierno Rajoy parece no poder controlar la situación económica, mientras que la pérdida del control sindical y la movilización espontánea de muchos sectores pone en evidencia que los trabajadores empiezan a dar un salto cualitativo en la resistencia frente al ataque del gran Capital. ¿Cuánto falta para el "que se vayan todos"? Si así fuera, ¿a quién confiarle el timón? La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, defendió el ajuste "para que España no se convierta en la Argentina del corralito y la inflación".
Desconoce, o pretende desconocer, que el estallido entre nosotros se debió precisamente a las políticas de ajuste y que fueron las movilizaciones y enfrentamientos del 19 y 20 de diciembre del 2001, con su mensaje de hartazgo frente al orden instituido; de desconfianza y resistencia; de dignidad, autonomía y solidaridad, las que hicieron posible una posterior salida de la crisis.
Claro está que España no cuenta con un partido-Estado como lo es el PJ en nuestro país, tampoco con la posibilidad de devaluar sin salirse del euro, pero sí puede suspender unilateralmente los pagos la deuda, como hizo Argentina durante 38 meses, y tan mal no le fue. Entonces el futuro sería otro. Eduardo Lucita es integrante del colectivo EDI-Economistas de Izquierda.
Foto: España, Política - Luis de Guindos Jurado, ministro de Hacienda del gobierno de Mariano Rajoy (Partido Popular).
VIERNES, 27 DE JULIO DE 2012
Cuando la política que se impone es un crimen
Por Xavier Caño Tamayo (CCS)
“Sin medicamentos para controlar mi VIH, moriré”. Rafael, inmigrante latinoamericano, se hizo en Madrid la prueba de VIH y dio positivo.
Le hicieron también una analítica completa y, vistos los buenos resultados, tener el VIH sólo supuso revisiones periódicas. Pero hace un año descendieron sus defensas y el médico le prescribió medicamentos antivirales para evitar el desarrollo del sida. Aún sin permiso de residencia, tenía su tarjeta sanitaria por estar empadronado.
Fue atendido y tratado sin problemas. Hasta ahora. El próximo 1 septiembre, muchos miles de inmigrantes sin permiso de residencia y aún muchos más jóvenes españoles con más de 26 años que no coticen o hayan cotizado a la Seguridad Social (por estar en paro) dejarán de tener asistencia sanitaria en España, salvo en urgencias, por decreto del gobierno de Rajoy.
Entre los expulsados de la sanidad pública hay un colectivo muy vulnerable: quienes tienen el VIH, como Rafael. Expulsar a inmigrantes irregulares y a jóvenes del servicio público de salud significa, por ejemplo, que los infectados por el VIH (en el caso de inmigrantes, de tres a cuatro mil) no dispondrán de medicamentos para controlar su infección.
Tampoco podrán comprarlos, no solo porque no tendrán los más de ochocientos euros mensuales que cuestan, sino porque esos medicamentos no se expenden en farmacias, pues son de exclusiva distribución hospitalaria.
Rafael y otros muchos miles de inmigrantes irregulares o jóvenes despojados de la tarjeta sanitaria infectados por el VIH estarán más expuestos a morir por sida. A esos seropositivos hay que sumar pacientes inmigrantes o jóvenes sin tarjeta sanitaria con hipertensión arterial, cardiopatías diversas, diabetes, insuficiencia cardíaca o renal, asma, enfermedades pulmonares, cáncer...
No dispondrán de atención médica ni de diagnóstico ni de tratamiento alguno ni de medicinas. El seguimiento de lo que ocurra a infectados por el VIH demuestra la fechoría que es el recorte de derechos sanitarios del decreto gubernamental.
Porque habrá más mortalidad e incremento de enfermedades oportunistas asociadas al sida. También aumentará el contagio del VIH y de otras enfermedades infecciosas (como tuberculosis) a la población, así como habrá más probabilidad de contagio del VIH de embarazadas infectadas a fetos en gestación.
Son algunas conclusiones del Grupo de Estudio del SIDA (Gesida), integrado en la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Gesida asegura que la peor consecuencia por los recortes presupuestarios en sanidad será el aumento de la mortalidad. Para empeorar las cosas, esas medidas de ahorro que violan derechos humanos tendrán efecto contrario al buscado. Porque aumentarán los gastos de sanidad.
Según el Gesida, el incremento de costes por recurrir a urgencias muchos de aquellos a quienes se les ha quitado la tarjeta sanitaria reducirá a la mitad el ahorro conseguido con la supresión de la misma. Y también habrá más gasto por tratamientos de personas con tarjeta sanitaria recién infectadas por el VIH y enfermedades asociadas al sida.
Contagios que aumentarán por falta de diagnóstico y de tratamiento de pacientes que estén infectados, pero sin control por haber sido expulsados de la sanidad pública. Y, mientras el gobierno pretende ahorrar unos millones de euros recortando derechos, el fraude fiscal en el Reino de España es de 70.000 a 80.000 millones anuales.
El presupuesto total del sistema público sanitario español, según la consultora i2 Integrity, miembro del Pacto Mundial de la ONU contra la Corrupción. Más del 70% de ese fraude fiscal lo perpetran grandes fortunas, grandes empresas y corporaciones.
Pero parece más fácil meterse con inmigrantes y jóvenes que con los ricos que deben pagar y no lo hacen. Entre los países europeos que soportan recortes presupuestarios que paga la ciudadanía, Grecia, fue el primero en sufrir esa feroz política de austeridad.
Una docena de sus ciudadanos ha denunciado al gobierno griego ante la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad y genocidio; sostienen que la austeridad impuesta está matando al pueblo griego. Y no solo por el abandono de los enfermos con VIH u otros pacientes.
Tal vez suene excesivo hablar de genocidio, pero es justo decir que la política de austeridad que se impone es un crimen. El gobierno español tiene un mes para rectificar parte de la tropelía. Y Europa debería cambiar de rumbo.
Xavier Caño Tamayo es periodista y escritor.
Fuente:Argenpress
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