A Blaquier le molesta verse en un cartel
La semana pasada, la Secretaría de Derechos Humanos y el gobierno jujeño impulsaron la instalación de carteles marcando lugares en los que la empresa azucarera colaboró con la represión ilegal. Pedro Blaquier, citado por la Justicia, contraatacó.
Por Alejandra Dandan
El cartel apareció dañado y el dueño de la azucarera quiere que lo saquen.
El Ingenio Ledesma parece estar inquieto. Mientras gota a gota, van apareciendo nuevas pruebas de lo que los sobrevivientes y ex detenidos políticos denuncian desde hace 36 años como la relación entre la compañía de Pedro Blaquier y los ejecutores del terrorismo de Estado, el empresario acaba de anunciar que iniciará acciones legales para exigir que saquen los carteles del frente del Ingenio, que señalan el lugar como uno de los espacios donde se cometieron crímenes de lesa humanidad. “Recurriremos a la Justicia para que el cartel sea removido”, indica el comunicado de la empresa ubicado en el portal oficial. “Ya que se trata de un prejuzgamiento explícito en una causa judicial que investiga hechos del año 1976, de los que somos totalmente inocentes.” El cartel tiene ya algunas señales de daño (ver imagen).
La política de señalización de espacios que estuvieron ligados a los crímenes del terrorismo de Estado avanza en todo el país, en ocasiones antes de que esos mismos lugares sean señalados con sentencias judiciales. Como sucedió hace años con los escraches, los organismos de derechos humanos, los ex detenidos y las políticas del Ejecutivo van instalando marcas que empiezan a funcionar en los distintos territorios como espacios de memoria, e impulsan a la vez procesos de reconocimiento social. El miércoles pasado eso sucedió en el departamento General San Martín de Jujuy. En el cruce de la Ruta 34, ante la frontera que marca el comienzo del polo industrial y la entrada al barrio de los poderosos directivos del ingenio, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y distintas áreas del Ejecutivo provincial instalaron un letrero de las mismas características que el que se colocó en la planta de Ford en marzo de este año.
Con muchísimo cuidado, el cartel da cuenta de lo que sostienen los testimonios que están en el Archivo Nacional de la Memoria –continuación de la Conadep–, dice Judith Said, encargada del archivo. En ese sentido, bajo el nombre de la empresa y la definición de “Aquí se cometieron crímenes de lesa humanidad”, el letrero recoge una descripción de los hechos que durante años vinieron denunciado los ex detenidos sobrevivientes y las familias de los desaparecidos. “En este departamento de Ledesma, previo al golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976 y con mayor intensidad desde esa fecha –dice al comienzo–, las fuerzas armadas y de seguridad detuvieron ilegalmente a obreros, ex trabajadores y delegados sindicales que reclamaban por sus derechos laborales ante la empresa Ledesma, así como a sus familiares, militantes políticos y sociales.”
Los carteles se replicaron en otros tres espacios del mismo departamento. Lugares por donde pasaron los secuestrados: la comisaría de Calilegua y la sede de la comisaría y la Gendarmería que están aún ubicadas adentro del barrio de la empresa, a metros de la llamada La Rosadita, la mansión de los Blaquier, a la que los lugareños reconocen como el espacio desde donde él mismo intentó emular las condiciones estéticas del poder.
Los carteles que llevan los logos de los organismos del Estado que trabajaron en la instalación ahora son motivo de críticas de parte de la empresa, que emitió un comunicado este último domingo.
“El 11 de julio pasado, organizaciones de DD.HH., con el apoyo de las secretarías de DD.HH. de la Nación y de la provincia de Jujuy, instalaron un cartel ilegal frente a la planta de producción de Ledesma S.A.A.I., ubicada en Libertador General San Martín (Jujuy), que pretende vincular a la empresa con el terrorismo de Estado ejercido durante la década del ’70”, indica.
“Manifestamos nuestro más enérgico repudio a esta acción ilegal, que vulnera nuestros más elementales derechos.” Y luego de hablar del repudio, explicaron que “no existe una sola sentencia judicial contra Ledesma S. A. ni contra ningún empleado o directivo de Ledesma en ninguna causa de derechos humanos, mucho menos por la falsa acusación contenida en ese cartel”.
El comunicado continúa. No hace ninguna mención a la intrincada trama judicial que impidió durante años avanzar con la causa. No explica por qué, por ejemplo, uno de sus abogados fue antes juez federal de las causas que tenían a Blaquier entre los principales denunciados, en el boca a boca que durante años sostuvieron las víctimas y sus familiares. Habla, en cambio, de “este ataque a Ledesma” y a la “moral de sus empleados y directivos”.
Menciona nuevamente las “agresiones de las que fue víctima” en las últimas semanas, en un escenario que refuerza la lógica de la victimización. Y agrega: “En este contexto de agresiones permanentes a sus derechos, Ledesma S. A. ratifica una vez más que nunca prestó camionetas a la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983, ni colaboró con ese gobierno de facto de modo alguno. Ledesma es una empresa argentina agroindustrial con más de cien años de vida. Emplea a casi 8000 personas y lidera los mercados del azúcar y papel para impresión, y el de cuadernos y repuestos escolares”.
Blaquier, en este momento, tiene dos frentes judiciales abiertos en la provincia, por las causas de lesa humanidad. Por un lado, la indagatoria todavía pendiente por las víctimas de la Noche del Apagón y la causa en la que está el ex intendente de General San Martín, Luis Arédez. Por otro, y casi sin quererlo, su nombre empieza a aparecer en el contraplano del primer juicio oral que empezó la semana pasada. Si bien allí no está entre los imputados, las testimoniales que vayan reconstruyendo el universo y las pruebas de las víctimas podrían ponerlo en escena. El viernes pasado, de hecho, empezó a suceder. En ese caso, el nombre de la empresa apareció en la declaración indagatoria de un imputado Mariano Braga, ex teniente, integrante de las patotas de secuestro. Aunque dijo que él era inocente de todo, Braga dio un dato del que la fiscalía tomó nota. “Una vez tuve un incidente con una camioneta de Ledesma que trasladaba a gendarmes”, dijo. Y explicó que su auto casi choca con un vehículo del ingenio de Pedro Blaquier. La camioneta, según contó, se dirigía al penal de Villa Gorriti, un dato que para la fiscalía y las querellas refuerza la hipótesis del vínculo entre la empresa y los ejecutores del terrorismo de Estado.
Desde el pueblo de Ledesma, en tanto, siguen llegando noticias. Los carteles todavía están en pie. Sin embargo, el más grande de todos, y más simbólico, aquel que está en el ingreso del Polo industrial, éste por el que está enojado Blaquier, amaneció en los últimos días con algunos agujeros. Para algunos las huellas de posibles piedrazos.
Los testimonios siguen aún en la feria
En una señal destinada a todo el Poder Judicial de la provincia de Jujuy, esta semana y la próxima continuarán las audiencias del primer juicio oral de lesa humanidad pese a la feria judicial. Miércoles, jueves y viernes declararán varios testigos a través de una video conferencia desde la sede del Consejo de la Magistratura en Buenos Aires. El primer testigo será Juan Martín, un ex integrante de la Juventud Universitaria Peronista y Montoneros que estuvo detenido ilegalmente en un centro clandestino de Tucumán antes de exiliarse. Martín es uno de los testigos convocados en la causa de Julio “Pampero” Alvarez García, una de las 43 víctimas del juicio, detenido en febrero de 1976 en Tucumán y luego liberado y vuelto a secuestrar en agosto de ese año en Jujuy, desde cuando continúa desaparecido.
La decisión de continuar con las testimoniales pese a la feria no es un dato menor. Está basada en el retraso histórico que tuvo el desarrollo de este juicio en Jujuy y la búsqueda de encontrar un conjuro para acelerarlo. El tribunal está integrado por René Casas en ejercicio de la presidencia, Mario Juárez Almaráz y Daniel Morín, de Jujuy, Salta y Buenos Aires, respectivamente. Morín y la cuarta jueza (suplente), Fátima Ruiz López, fueron designados desde la Cámara de Casación de Buenos Aires.
El testimonio de Juan Martín es esperado por las querellas. Inés Peña, la compañera de Julio “Pampero” Alvarez García, es una de las que lo está esperando hace tiempo. Inés declaró el sábado pasado, identificó al represor Mario Rafael Braga como la persona que encañonó a su suegro el 21 de agosto de 1976 entrando a la casa para llevarse a su esposo. Braga la estaba escuchando. “Sentí presión pero por las actitudes de él, de su mujer y el abogado defensor –dice Inés–, porque estábamos al lado y nos sentíamos mirados.”
Fuente:Pagina12
La señalización del Ingenio en la provincia de Jujuy fue dañada por desconocidos
Ledesma pide que retiren el cartel que denuncia sus vínculos con la dictadura
Por: Gerardo Aranguren Mediante un comunicado en el que denuncia una campaña de “agresiones permanentes a sus derechos”, la empresa Ledesma repudió la señalización del Ingenio como un sitio donde se cometieron delitos de lesa humanidad y anunció que recurrirá a la justicia para que el cartel sea removido. Apenas dos días después de su colocación, la señal que marca la participación de Ledesma en la represión ilegal ya fue dañada.
Con el logo de la empresa en el membrete, ese que ahora se puede ver por Jujuy dibujado con alambre de púas y sangre, Ledesma difundió un comunicado en el que adelanta que tomará medidas judiciales para que se retire la cartelería instalada por la Red Federal de Sitios de Memoria. “Manifestamos nuestro más enérgico repudio a esta acción ilegal, que vulnera nuestros más elementales derechos”, se quejó la empresa, y anunció que “se trata de un prejuzgamiento explícito en una causa judicial que investiga hechos del año 1976” de la que aseguraron ser “totalmente inocentes”.
La señalización del polo industrial de Ledesma se realizó el miércoles pasado en una movilización inédita: miles de personas marcharon alrededor del Ingenio en la localidad jujeña de Libertador San Martín.
El cartel, ubicado a metros de la ruta de ingreso al barrio Ledesma, destaca que allí las “fuerzas armadas y de seguridad detuvieron ilegalmente a obreros, ex trabajadores y delegados sindicales que reclamaban por sus derechos laborales ante Ledesma”.
También se recordó que testimonios coincidieron en que vehículos de la empresa fueron utilizados para el traslado de víctimas y sobre “la participación de personal jerárquico de la empresa en los operativos o en lugares de detención”.
Judith Said, coordinadora de la Red Federal de Sitios de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos, señaló a Tiempo Argentino que si bien la empresa “está en todo su derecho de hacer las presentaciones judiciales que quiera”, el texto del cartel contiene partes de testimonios que se han incorporado al Archivo de la Memoria y que comenzaron a aportarse a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
“Es cierto que no hay un pronunciamiento de un tribunal, pero son testimonios existentes en nuestro acervo y nuestras aéreas jurídicas que hacen mención a la responsabilidad de Ledesma”, sostuvo la funcionaria. Y destacó que los pocos testimonios que se fueron conociendo en las audiencias del juicio ya reconocieron la participación de la empresa. “Dejemos que la justicia siga avanzando porque en su declaración el acusado (Rafael Braga) dijo prácticamente lo mismo que dice el cartel”, agregó, en relación a que el procesado relató un encuentro con un camión de Ledesma que transportaba personal de Gendarmería hacia el penal de Villa Gorriti.
Por último, Said indicó que nunca habían recibido un reclamo similar al de Ledesma. “Hemos señalizado recientemente la fábrica Ford y no hubo ninguna presentación judicial por parte de la empresa. Incluso, pocos días después, la justicia realizó una inspección ocular en la que se relevaron los lugares señalados por sobrevivientes”, recordó al destacar el apoyo a los juicios que significan estas medidas.
El cartel, confeccionado con una lona vinílica de dos por tres metros y ubicado en el corazón del imperio económico de Carlos Pedro Blaquier, fue dañado por desconocidos apenas dos días después de su colocación, justo al día siguiente de que comenzara el primer juicio en Jujuy por violaciones a los Derechos Humanos en la última dictadura.
FuentedeOrigen:TiempoArgentino
Fuente:Agndh
lunes, 16 de julio de 2012
Escrache a Blaquier y quejas del Ingenio Ledesma
LEDESMA INICIARA ACCIONES LEGALES PORQUE SE SEñALIZO LA COMPLICIDAD DE LA EMPRESA CON LA DICTADURA
A Blaquier le molesta verse en un cartel
La semana pasada, la Secretaría de Derechos Humanos y el gobierno jujeño impulsaron la instalación de carteles marcando lugares en los que la empresa azucarera colaboró con la represión ilegal. Pedro Blaquier, citado por la Justicia, contraatacó.
Por Alejandra Dandan
El Ingenio Ledesma parece estar inquieto. Mientras gota a gota, van apareciendo nuevas pruebas de lo que los sobrevivientes y ex detenidos políticos denuncian desde hace 36 años como la relación entre la compañía de Pedro Blaquier y los ejecutores del terrorismo de Estado, el empresario acaba de anunciar que iniciará acciones legales para exigir que saquen los carteles del frente del Ingenio, que señalan el lugar como uno de los espacios donde se cometieron crímenes de lesa humanidad. “Recurriremos a la Justicia para que el cartel sea removido”, indica el comunicado de la empresa ubicado en el portal oficial. “Ya que se trata de un prejuzgamiento explícito en una causa judicial que investiga hechos del año 1976, de los que somos totalmente inocentes.” El cartel tiene ya algunas señales de daño (ver imagen).
La política de señalización de espacios que estuvieron ligados a los crímenes del terrorismo de Estado avanza en todo el país, en ocasiones antes de que esos mismos lugares sean señalados con sentencias judiciales. Como sucedió hace años con los escraches, los organismos de derechos humanos, los ex detenidos y las políticas del Ejecutivo van instalando marcas que empiezan a funcionar en los distintos territorios como espacios de memoria, e impulsan a la vez procesos de reconocimiento social. El miércoles pasado eso sucedió en el departamento General San Martín de Jujuy. En el cruce de la Ruta 34, ante la frontera que marca el comienzo del polo industrial y la entrada al barrio de los poderosos directivos del ingenio, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y distintas áreas del Ejecutivo provincial instalaron un letrero de las mismas características que el que se colocó en la planta de Ford en marzo de este año.
Con muchísimo cuidado, el cartel da cuenta de lo que sostienen los testimonios que están en el Archivo Nacional de la Memoria –continuación de la Conadep–, dice Judith Said, encargada del archivo. En ese sentido, bajo el nombre de la empresa y la definición de “Aquí se cometieron crímenes de lesa humanidad”, el letrero recoge una descripción de los hechos que durante años vinieron denunciado los ex detenidos sobrevivientes y las familias de los desaparecidos. “En este departamento de Ledesma, previo al golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976 y con mayor intensidad desde esa fecha –dice al comienzo–, las fuerzas armadas y de seguridad detuvieron ilegalmente a obreros, ex trabajadores y delegados sindicales que reclamaban por sus derechos laborales ante la empresa Ledesma, así como a sus familiares, militantes políticos y sociales.”
Los carteles se replicaron en otros tres espacios del mismo departamento. Lugares por donde pasaron los secuestrados: la comisaría de Calilegua y la sede de la comisaría y la Gendarmería que están aún ubicadas adentro del barrio de la empresa, a metros de la llamada La Rosadita, la mansión de los Blaquier, a la que los lugareños reconocen como el espacio desde donde él mismo intentó emular las condiciones estéticas del poder.
Los carteles que llevan los logos de los organismos del Estado que trabajaron en la instalación ahora son motivo de críticas de parte de la empresa, que emitió un comunicado este último domingo.
“El 11 de julio pasado, organizaciones de DD.HH., con el apoyo de las secretarías de DD.HH. de la Nación y de la provincia de Jujuy, instalaron un cartel ilegal frente a la planta de producción de Ledesma S.A.A.I., ubicada en Libertador General San Martín (Jujuy), que pretende vincular a la empresa con el terrorismo de Estado ejercido durante la década del ’70”, indica. “Manifestamos nuestro más enérgico repudio a esta acción ilegal, que vulnera nuestros más elementales derechos.” Y luego de hablar del repudio, explicaron que “no existe una sola sentencia judicial contra Ledesma S. A. ni contra ningún empleado o directivo de Ledesma en ninguna causa de derechos humanos, mucho menos por la falsa acusación contenida en ese cartel”.
El comunicado continúa. No hace ninguna mención a la intrincada trama judicial que impidió durante años avanzar con la causa. No explica por qué, por ejemplo, uno de sus abogados fue antes juez federal de las causas que tenían a Blaquier entre los principales denunciados, en el boca a boca que durante años sostuvieron las víctimas y sus familiares. Habla, en cambio, de “este ataque a Ledesma” y a la “moral de sus empleados y directivos”. Menciona nuevamente las “agresiones de las que fue víctima” en las últimas semanas, en un escenario que refuerza la lógica de la victimización. Y agrega: “En este contexto de agresiones permanentes a sus derechos, Ledesma S. A. ratifica una vez más que nunca prestó camionetas a la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983, ni colaboró con ese gobierno de facto de modo alguno. Ledesma es una empresa argentina agroindustrial con más de cien años de vida. Emplea a casi 8000 personas y lidera los mercados del azúcar y papel para impresión, y el de cuadernos y repuestos escolares”.
Blaquier, en este momento, tiene dos frentes judiciales abiertos en la provincia, por las causas de lesa humanidad. Por un lado, la indagatoria todavía pendiente por las víctimas de la Noche del Apagón y la causa en la que está el ex intendente de General San Martín, Luis Arédez. Por otro, y casi sin quererlo, su nombre empieza a aparecer en el contraplano del primer juicio oral que empezó la semana pasada. Si bien allí no está entre los imputados, las testimoniales que vayan reconstruyendo el universo y las pruebas de las víctimas podrían ponerlo en escena. El viernes pasado, de hecho, empezó a suceder. En ese caso, el nombre de la empresa apareció en la declaración indagatoria de un imputado Mariano Braga, ex teniente, integrante de las patotas de secuestro. Aunque dijo que él era inocente de todo, Braga dio un dato del que la fiscalía tomó nota. “Una vez tuve un incidente con una camioneta de Ledesma que trasladaba a gendarmes”, dijo. Y explicó que su auto casi choca con un vehículo del ingenio de Pedro Blaquier. La camioneta, según contó, se dirigía al penal de Villa Gorriti, un dato que para la fiscalía y las querellas refuerza la hipótesis del vínculo entre la empresa y los ejecutores del terrorismo de Estado.
Desde el pueblo de Ledesma, en tanto, siguen llegando noticias. Los carteles todavía están en pie. Sin embargo, el más grande de todos, y más simbólico, aquel que está en el ingreso del Polo industrial, éste por el que está enojado Blaquier, amaneció en los últimos días con algunos agujeros. Para algunos las huellas de posibles piedrazos.
Los testimonios siguen aún en la feria
En una señal destinada a todo el Poder Judicial de la provincia de Jujuy, esta semana y la próxima continuarán las audiencias del primer juicio oral de lesa humanidad pese a la feria judicial. Miércoles, jueves y viernes declararán varios testigos a través de una video conferencia desde la sede del Consejo de la Magistratura en Buenos Aires. El primer testigo será Juan Martín, un ex integrante de la Juventud Universitaria Peronista y Montoneros que estuvo detenido ilegalmente en un centro clandestino de Tucumán antes de exiliarse. Martín es uno de los testigos convocados en la causa de Julio “Pampero” Alvarez García, una de las 43 víctimas del juicio, detenido en febrero de 1976 en Tucumán y luego liberado y vuelto a secuestrar en agosto de ese año en Jujuy, desde cuando continúa desaparecido.
La decisión de continuar con las testimoniales pese a la feria no es un dato menor. Está basada en el retraso histórico que tuvo el desarrollo de este juicio en Jujuy y la búsqueda de encontrar un conjuro para acelerarlo. El tribunal está integrado por René Casas en ejercicio de la presidencia, Mario Juárez Almaráz y Daniel Morín, de Jujuy, Salta y Buenos Aires, respectivamente. Morín y la cuarta jueza (suplente), Fátima Ruiz López, fueron designados desde la Cámara de Casación de Buenos Aires.
El testimonio de Juan Martín es esperado por las querellas. Inés Peña, la compañera de Julio “Pampero” Alvarez García, es una de las que lo está esperando hace tiempo. Inés declaró el sábado pasado, identificó al represor Mario Rafael Braga como la persona que encañonó a su suegro el 21 de agosto de 1976 entrando a la casa para llevarse a su esposo. Braga la estaba escuchando. “Sentí presión pero por las actitudes de él, de su mujer y el abogado defensor –dice Inés–, porque estábamos al lado y nos sentíamos mirados.”
A Blaquier le molesta verse en un cartel
La semana pasada, la Secretaría de Derechos Humanos y el gobierno jujeño impulsaron la instalación de carteles marcando lugares en los que la empresa azucarera colaboró con la represión ilegal. Pedro Blaquier, citado por la Justicia, contraatacó.
Por Alejandra Dandan
El Ingenio Ledesma parece estar inquieto. Mientras gota a gota, van apareciendo nuevas pruebas de lo que los sobrevivientes y ex detenidos políticos denuncian desde hace 36 años como la relación entre la compañía de Pedro Blaquier y los ejecutores del terrorismo de Estado, el empresario acaba de anunciar que iniciará acciones legales para exigir que saquen los carteles del frente del Ingenio, que señalan el lugar como uno de los espacios donde se cometieron crímenes de lesa humanidad. “Recurriremos a la Justicia para que el cartel sea removido”, indica el comunicado de la empresa ubicado en el portal oficial. “Ya que se trata de un prejuzgamiento explícito en una causa judicial que investiga hechos del año 1976, de los que somos totalmente inocentes.” El cartel tiene ya algunas señales de daño (ver imagen).
La política de señalización de espacios que estuvieron ligados a los crímenes del terrorismo de Estado avanza en todo el país, en ocasiones antes de que esos mismos lugares sean señalados con sentencias judiciales. Como sucedió hace años con los escraches, los organismos de derechos humanos, los ex detenidos y las políticas del Ejecutivo van instalando marcas que empiezan a funcionar en los distintos territorios como espacios de memoria, e impulsan a la vez procesos de reconocimiento social. El miércoles pasado eso sucedió en el departamento General San Martín de Jujuy. En el cruce de la Ruta 34, ante la frontera que marca el comienzo del polo industrial y la entrada al barrio de los poderosos directivos del ingenio, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y distintas áreas del Ejecutivo provincial instalaron un letrero de las mismas características que el que se colocó en la planta de Ford en marzo de este año.
Con muchísimo cuidado, el cartel da cuenta de lo que sostienen los testimonios que están en el Archivo Nacional de la Memoria –continuación de la Conadep–, dice Judith Said, encargada del archivo. En ese sentido, bajo el nombre de la empresa y la definición de “Aquí se cometieron crímenes de lesa humanidad”, el letrero recoge una descripción de los hechos que durante años vinieron denunciado los ex detenidos sobrevivientes y las familias de los desaparecidos. “En este departamento de Ledesma, previo al golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976 y con mayor intensidad desde esa fecha –dice al comienzo–, las fuerzas armadas y de seguridad detuvieron ilegalmente a obreros, ex trabajadores y delegados sindicales que reclamaban por sus derechos laborales ante la empresa Ledesma, así como a sus familiares, militantes políticos y sociales.”
Los carteles se replicaron en otros tres espacios del mismo departamento. Lugares por donde pasaron los secuestrados: la comisaría de Calilegua y la sede de la comisaría y la Gendarmería que están aún ubicadas adentro del barrio de la empresa, a metros de la llamada La Rosadita, la mansión de los Blaquier, a la que los lugareños reconocen como el espacio desde donde él mismo intentó emular las condiciones estéticas del poder.
Los carteles que llevan los logos de los organismos del Estado que trabajaron en la instalación ahora son motivo de críticas de parte de la empresa, que emitió un comunicado este último domingo.
“El 11 de julio pasado, organizaciones de DD.HH., con el apoyo de las secretarías de DD.HH. de la Nación y de la provincia de Jujuy, instalaron un cartel ilegal frente a la planta de producción de Ledesma S.A.A.I., ubicada en Libertador General San Martín (Jujuy), que pretende vincular a la empresa con el terrorismo de Estado ejercido durante la década del ’70”, indica. “Manifestamos nuestro más enérgico repudio a esta acción ilegal, que vulnera nuestros más elementales derechos.” Y luego de hablar del repudio, explicaron que “no existe una sola sentencia judicial contra Ledesma S. A. ni contra ningún empleado o directivo de Ledesma en ninguna causa de derechos humanos, mucho menos por la falsa acusación contenida en ese cartel”.
El comunicado continúa. No hace ninguna mención a la intrincada trama judicial que impidió durante años avanzar con la causa. No explica por qué, por ejemplo, uno de sus abogados fue antes juez federal de las causas que tenían a Blaquier entre los principales denunciados, en el boca a boca que durante años sostuvieron las víctimas y sus familiares. Habla, en cambio, de “este ataque a Ledesma” y a la “moral de sus empleados y directivos”. Menciona nuevamente las “agresiones de las que fue víctima” en las últimas semanas, en un escenario que refuerza la lógica de la victimización. Y agrega: “En este contexto de agresiones permanentes a sus derechos, Ledesma S. A. ratifica una vez más que nunca prestó camionetas a la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983, ni colaboró con ese gobierno de facto de modo alguno. Ledesma es una empresa argentina agroindustrial con más de cien años de vida. Emplea a casi 8000 personas y lidera los mercados del azúcar y papel para impresión, y el de cuadernos y repuestos escolares”.
Blaquier, en este momento, tiene dos frentes judiciales abiertos en la provincia, por las causas de lesa humanidad. Por un lado, la indagatoria todavía pendiente por las víctimas de la Noche del Apagón y la causa en la que está el ex intendente de General San Martín, Luis Arédez. Por otro, y casi sin quererlo, su nombre empieza a aparecer en el contraplano del primer juicio oral que empezó la semana pasada. Si bien allí no está entre los imputados, las testimoniales que vayan reconstruyendo el universo y las pruebas de las víctimas podrían ponerlo en escena. El viernes pasado, de hecho, empezó a suceder. En ese caso, el nombre de la empresa apareció en la declaración indagatoria de un imputado Mariano Braga, ex teniente, integrante de las patotas de secuestro. Aunque dijo que él era inocente de todo, Braga dio un dato del que la fiscalía tomó nota. “Una vez tuve un incidente con una camioneta de Ledesma que trasladaba a gendarmes”, dijo. Y explicó que su auto casi choca con un vehículo del ingenio de Pedro Blaquier. La camioneta, según contó, se dirigía al penal de Villa Gorriti, un dato que para la fiscalía y las querellas refuerza la hipótesis del vínculo entre la empresa y los ejecutores del terrorismo de Estado.
Desde el pueblo de Ledesma, en tanto, siguen llegando noticias. Los carteles todavía están en pie. Sin embargo, el más grande de todos, y más simbólico, aquel que está en el ingreso del Polo industrial, éste por el que está enojado Blaquier, amaneció en los últimos días con algunos agujeros. Para algunos las huellas de posibles piedrazos.
Los testimonios siguen aún en la feria
En una señal destinada a todo el Poder Judicial de la provincia de Jujuy, esta semana y la próxima continuarán las audiencias del primer juicio oral de lesa humanidad pese a la feria judicial. Miércoles, jueves y viernes declararán varios testigos a través de una video conferencia desde la sede del Consejo de la Magistratura en Buenos Aires. El primer testigo será Juan Martín, un ex integrante de la Juventud Universitaria Peronista y Montoneros que estuvo detenido ilegalmente en un centro clandestino de Tucumán antes de exiliarse. Martín es uno de los testigos convocados en la causa de Julio “Pampero” Alvarez García, una de las 43 víctimas del juicio, detenido en febrero de 1976 en Tucumán y luego liberado y vuelto a secuestrar en agosto de ese año en Jujuy, desde cuando continúa desaparecido.
La decisión de continuar con las testimoniales pese a la feria no es un dato menor. Está basada en el retraso histórico que tuvo el desarrollo de este juicio en Jujuy y la búsqueda de encontrar un conjuro para acelerarlo. El tribunal está integrado por René Casas en ejercicio de la presidencia, Mario Juárez Almaráz y Daniel Morín, de Jujuy, Salta y Buenos Aires, respectivamente. Morín y la cuarta jueza (suplente), Fátima Ruiz López, fueron designados desde la Cámara de Casación de Buenos Aires.
El testimonio de Juan Martín es esperado por las querellas. Inés Peña, la compañera de Julio “Pampero” Alvarez García, es una de las que lo está esperando hace tiempo. Inés declaró el sábado pasado, identificó al represor Mario Rafael Braga como la persona que encañonó a su suegro el 21 de agosto de 1976 entrando a la casa para llevarse a su esposo. Braga la estaba escuchando. “Sentí presión pero por las actitudes de él, de su mujer y el abogado defensor –dice Inés–, porque estábamos al lado y nos sentíamos mirados.”
Fuente:CasaPueblos
Envío:Andrea Benítes-Dumont
comenzó el histórico juicio por delitos de lesa humanidad en san salvador
Inés Peña dio el primer testimonio en Jujuy
Relató el secuestro de su marido e identificó a uno de los acusados como el cabecilla del operativo. Otros dos testigos aportaron datos.
Por: Gerardo Aranguren
En la tercera jornada del primer juicio oral por delitos de lesa humanidad en Jujuy, Inés Peña relató el secuestro de su esposo, Julio Álvarez García, y reconoció al procesado Rafael Braga como quién lo detuvo en su casa el 21 de agosto de 1976.
El sábado por la mañana la titular de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, Peña recordó que estaba embarazada y junto a sus dos hijas pequeñas cuando Braga, acompañado por personas de civil, ingresó violentamente a su casa en San Salvador de Jujuy, encañonó a su suegro y se llevó a su esposo en un auto.
De espaldas al público y con Braga y José Eduardo Bulgheroni a su derecha, Peña señaló: “Tenemos grabada la mirada de mi marido pidiendo auxilio y también la mirada de los que se lo llevaron.
No me olvido de ese hombre que entró a mi casa, es el teniente Braga, que todos estos años trató de amedrentarme.” Ante preguntas de las querellas y del Tribunal Oral Federal de Jujuy la mujer ratificó que se trataba del secuestrador de Álvarez García mientras el acusado, sentado junto a su esposa, intentaba tapar con sus lentes negros y su bufanda la profunda cicatriz que sirvió para identificarlo.
Peña describió la vida y militancia de su esposo y detalló además las amenazas que recibió del acusado y de su esposa a través de cartas para que no lo denunciaran ante la justicia. Su declaración, la primera en el juicio por delitos de lesa humanidad en Jujuy, terminó con aplausos de parte del público como muestra de apoyo a la dirigente y elevando en alto la foto de Álvarez García con la fecha de su desaparición.
También declaró Miguel Marcos Medina, quien había concurrido a almorzar a la casa de los Álvarez García cuando se produjo el allanamiento y la detención. Pudo ver a varios hombres de civil que ingresaron a la vivienda y otros apostados en la calle y en la plaza cercana.
El testigo recordó que la familia decidió inmediatamente hacer la denuncia porque habían reconocido a Braga como quien encabezó el operativo. Por último, se escuchó la declaración del ex chofer del entonces coronel Carlos Bulacios, jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 20 (RIM 20) en 1976. Luis Alberto Morales cumplía el servicio militar obligatorio como conductor del fallecido coronel y señaló que vio a personas sentadas contra la pared con los ojos vendados en el RIM 20.
Confirmó así que allí funcionó un centro clandestino de detención (CCD). Morales dijo haber visto a Álvarez García en un lugar de Tucumán que se encontraba “en una avenida con palmeras”. Contó que llevó varias veces a Bulacios a Tucumán, y que en uno de esos viajes logró identificarlo desde lejos.
Lo describió como “un hombre abatido, sufrido, con la mirada perdida”. Detalló que en uno de esos viajes visitó el CCD La Escuelita de Famaillá, donde la foto de Álvarez García estaba colgada en una pared marcada con un círculo rojo que, explicó, significaba que esa persona estaba marcada para su exterminio. FuentedeOrigen:TiempoArgentino
Fuente:Agndh
comenzó el histórico juicio por delitos de lesa humanidad en san salvador
Inés Peña dio el primer testimonio en Jujuy
Relató el secuestro de su marido e identificó a uno de los acusados como el cabecilla del operativo. Otros dos testigos aportaron datos.
Por: Gerardo Aranguren
El sábado por la mañana la titular de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, Peña recordó que estaba embarazada y junto a sus dos hijas pequeñas cuando Braga, acompañado por personas de civil, ingresó violentamente a su casa en San Salvador de Jujuy, encañonó a su suegro y se llevó a su esposo en un auto.
De espaldas al público y con Braga y José Eduardo Bulgheroni a su derecha, Peña señaló: “Tenemos grabada la mirada de mi marido pidiendo auxilio y también la mirada de los que se lo llevaron.
No me olvido de ese hombre que entró a mi casa, es el teniente Braga, que todos estos años trató de amedrentarme.” Ante preguntas de las querellas y del Tribunal Oral Federal de Jujuy la mujer ratificó que se trataba del secuestrador de Álvarez García mientras el acusado, sentado junto a su esposa, intentaba tapar con sus lentes negros y su bufanda la profunda cicatriz que sirvió para identificarlo.
Peña describió la vida y militancia de su esposo y detalló además las amenazas que recibió del acusado y de su esposa a través de cartas para que no lo denunciaran ante la justicia. Su declaración, la primera en el juicio por delitos de lesa humanidad en Jujuy, terminó con aplausos de parte del público como muestra de apoyo a la dirigente y elevando en alto la foto de Álvarez García con la fecha de su desaparición.
También declaró Miguel Marcos Medina, quien había concurrido a almorzar a la casa de los Álvarez García cuando se produjo el allanamiento y la detención. Pudo ver a varios hombres de civil que ingresaron a la vivienda y otros apostados en la calle y en la plaza cercana.
El testigo recordó que la familia decidió inmediatamente hacer la denuncia porque habían reconocido a Braga como quien encabezó el operativo. Por último, se escuchó la declaración del ex chofer del entonces coronel Carlos Bulacios, jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 20 (RIM 20) en 1976. Luis Alberto Morales cumplía el servicio militar obligatorio como conductor del fallecido coronel y señaló que vio a personas sentadas contra la pared con los ojos vendados en el RIM 20.
Confirmó así que allí funcionó un centro clandestino de detención (CCD). Morales dijo haber visto a Álvarez García en un lugar de Tucumán que se encontraba “en una avenida con palmeras”. Contó que llevó varias veces a Bulacios a Tucumán, y que en uno de esos viajes logró identificarlo desde lejos.
Lo describió como “un hombre abatido, sufrido, con la mirada perdida”. Detalló que en uno de esos viajes visitó el CCD La Escuelita de Famaillá, donde la foto de Álvarez García estaba colgada en una pared marcada con un círculo rojo que, explicó, significaba que esa persona estaba marcada para su exterminio. FuentedeOrigen:TiempoArgentino
Fuente:Agndh
INÉS PEÑA: “LA DICTADURA ATROZ QUISO SILENCIARNOS Y NO PUDIERON”
Hoy brindó su testimonio al tribunal Inés Peña, compañera de Julio Rolando Álvarez García, detenido desaparecido durante la última dictadura militar, cuya
causa es la que abrió el debate en los juicios por delitos de lesa humanidad que se están desarrollando en nuestra provincia.
Se anunció la entrada de Inés Peña al recinto del tribunal electoral y el público presente casi al unísono, algunos con la voz quebrada por la emoción, gritaron: ¡Fuerza Inés!, y así fue, la fuerza caracterizó su testimonio que fue firme y contundente.
“Tengo confianza en el valor de la justicia, que hizo posible tener en esta sala a los perpetradores de la vida de nuestros familiares, la dictadura atroz quiso silenciarnos y no pudieron”, enfatizó Inés.
En la primera parte de su relato describió su vida con “Pampero”, que era el apodo de Julio Rolando Álvarez García, el compromiso político que desde muy jóvenes desarrollaron cuando se fueron a estudiar a la universidad en Tucumán, que caracterizaba la década de los 70.
“Teníamos un proyecto político definido, no eran utopías, yo sigo sosteniendo que la única manera de vivir con dignidad es la lucha”, expresó Inés.
Hasta tal punto fue asumido ese compromiso político por alcanzar una sociedad mas justa, que Inés y Pampero se trasladan a vivir a un barrio de Tucumán alejado del centro de esa ciudad, a una zona rural, desde allí militaban y hospedaban a compañeros de lucha que llegaban desde otros lugares.
En ese lugar se da la primera detención de Pampero, Inés dice: “entraron 5 hombres con armas largas, rompieron todas las cosas, se llevaron algunas, buscaban armas y a él se lo llevan” lo describe como “un momento de dolor, desamparo, terror e impotencia”.
La segunda detención, narra Inés, es en Jujuy, la pareja había vuelto a la provincia, ya tenían dos hijas, Mariana y Cecilia. Un sábado en el que toda la familia se encontraba almorzando en la casa de los suegros de Inés, entraron en el domicilio de forma violenta, en ese operativo ella vió a Braga, personaje que le llamó la atención por la cicatriz que este lleva hasta ahora en su rostro.
El público en la sala donde se desarrolla la audiencia está pasmado, muchos rostros de bronca, muchos rostros llorando de impotencia, todos en silencio, atentos a lo que cuenta Inés.
Inés, estoica, afirma. “Tenemos grabada la mirada de mi marido pidiendo auxilio y también la mirada de los que se lo llevaron (…) No me olvido de ese hombre que entró a mi casa, es el Teniente Braga, que todos estos años trató de amedrentarme”.
A metros, también escuchando y remordiendose está Braga, al lado su mujer, sometida al personaje siniestro que lo acompaña, toma nota, siempre cabizbaja, no mira al público, su rostro se torna cada vez mas preocupado, quizás porque desde ese lado se va haciendo mas visible la derrota.
Inés termina y la querella comienza las preguntas, cuyas respuestas reafirman y reconfirman mas y mas que fue Braga quien detuvo a Pampero. El abogado defensor de Braga, Ricardo Vitellini trata de hacer preguntas inducidas, que el tribunal desaprueba, luego, consulta a Inés si podría reconocer a Braga entre los presentes e Inés sin titubear señala al hombre de anteojos oscuros sentado detrás del abogado, ese es Braga. Se escucha un rezongar de Braga.
En un manotazo de ahogado Vitellini quizo que Inés hiciera un reconocimiento fotográfico de Braga, el cual fue denegado, ya que el imputado había sido señalado en persona por Inés.
RETRATO DE RICARDO MARIO VITELLINI
Ricardo Vitellini, es un hombre alto, casi pelado, canoso. Su rostro es caricaturezco, rosado, largo, mejillas caídas, nariz bastante prominente, labios gruesos, ojos pequeños. Habla con tono aporteñado y despectivo.
Este abogado es presidente del PPR (Partido Popular de la Reconstrucción) que reivindica la dictadura, en un discurso en Tucumán en el marco de un acto de ese partido dijo que en esa provincia “se trató de generar un territorio liberado para demostrar que los que luchaban bajo las ideas del Che Guevara para lograr un foco en el territorio nacional, gracias al accionar de las fuerzas armadas no pudieron, y que es muy caro lo ocurrido en la ultima etapa del siglo pasado en la lucha contra la subversión”.
La jornada terminó con una mezcla de esperanza y amargura, estamos en el camino de la justicia, la impunidad es difícil de derrotar, pero no bajaremos los brazos,
NO PERDONAMOS, NO OLVIDAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS.
3º jornada del juicio: Confirman participación de Braga en desaparición de Álvarez García
S. S. de Jujuy - La tercera jornada de audiencias del primer juicio por delitos de lesa humanidad en Jujuy contó con declaraciones que detallaron la participación de Braga en el secuestro y desaparición de Julio Rolando Alvarez García, además de datos que suman a dar cuenta del entramado que conformaron las instituciones de defensa y seguridad del Estado y la colaboración de sectores civiles
Declararon Inés Peña, compañera del joven desaparecido Alvarez García y Marcos Medina, también testigo del secuestro. Luis Alberto Morales, quien fuera chofer del coronel Bulacio, confirmó haber visto a Alvarez García en Tucumán y, aunque entre varios “no recuerdo”, declaró haber visto a personas detenidas y vendadas en el RIM 20.
La declaración de Inés peña sobre el secuestro de su compañero "Pampero"
Tras el ingreso de los imputados Mariano Rafael Braga y José Eduardo Bulgheroni y la aclaración sobre cuestiones que advirtieron los médicos que el día viernes observaron a los imputados, el Tribunal resolvió incorporar por lectura la indagatoria de Bulgheroni y se dio entonces paso a la sala a la Sra. Inés Irene Peña, testigo clave en la causa que tiene como víctima a su compañero Julio Rolando “Pampero” Alvarez García e imputa a Braga por los delitos por violación de domicilio y privación ilegitima de la libertad en calidad de coautor y homicidio agravado por alevosía en calidad de partícipe necesario.
La declaración de Inés Peña se extendió por dos horas y media, e inició dando cuenta de lo significativo que para ella resulta el hecho de poder declarar en la instancia de este juicio oral y público, expresando que fueron muchos años de búsqueda de su compañero y de impunidad que intentó silenciar esa búsqueda. Este momento histórico, valoró, nos permite a la sociedad tener en la sala del juicio a los perpetradores de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones, remarcando que los acusados tienen hoy garantías y defensa, posibilidad que no les dieron a jóvenes como su esposo que secuestraron en aquellos años. Peña, destacando que ese plan para callar a las personas y al país quiso luego callar y borrar además de los rostros de quienes desaparecieron también los de quienes lucharon luego por la verdad, la justicia y la memoria, narró sobre el clima político y de compromiso social que como jóvenes ella y su marido vivían en Tucumán para febrero de 1976, todavía en el gobierno de Isabel Martínez de Perón, y año en que Julio Alvarez García fue secuestrado por primera vez en lo que se nombró “operativo Independencia”. Para ese entonces su compañero, que militaba en la JUP (Juventud Universitaria Peronista), ya era parte de Montoneros. Fueron 35 días de un peregrinar si respuestas tras los que Inés Peña se reencontró a su marido con 35 kilos menos y signos evidentes de tortura. En Jujuy, adonde se mudaron tras ese primer secuestro, se daría el segundo, y el que marcaría la desaparición de su compañero.
Inés Peña, en una declaración fuertemente cargada de datos de la memoria dolorosos pero también de una entereza admirable, relató el 21 de agosto de 1976 en que su marido fue secuestrado en circunstancias en que se hallaba junto a ella, sus hijas y otros familiares en la casa de los padres de Alvarez García, en el barrio Ciudad de Nieva de esta ciudad. Describiendo tal momento, la esposa de Pampero narró cómo al día de hoy puede identificar a Mariano Rafael Braga como quien irrumpió al mando del operativo en su hogar y se llevó a su marido la última vez que lo vio con vida. La identificación fue ratificada al momento de las preguntas del abogado querellante Antenor Ferreyra, e incluso reforzada tras una pregunta desde el Tribunal que inquirió sobre si Inés Peña podía lograr tal identificación aunque la seña particular de la cicatriz que se recuerda en el rostro no fuera la mayor referencia, a lo que la titular de Madres y familiares de detenidos desaparecidos de Jujuy respondió que sí.
La esposa de Alvarez García, que en ese entonces se encontraba embarazada de 5 meses y junto a sus dos hijas pequeñas, narró cómo, en esas circunstancias de una situación que calificó como indigna, ese día Braga ingresó violentamente y encañonando a su suegro le pidió al mismo que entregara a su hijo. Tras esto, contó Inés, Julio Rolando Alvarez García salió al encuentro de las personas armadas y vestidas de civil que dirigía Braga, quien se lo llevó.
A la declaración de Inés Peña se suman también en la causa las del padre y de la madre de Julio Rolando Alvarez García, ambos fallecidos, que declararon también confirmando la irrupción en su domicilio de Ciudad de Nieva y el posterior secuestro perpetrado su hijo por parte de Braga.
Otro dato mencionado que corrobora la identidad de Braga como autor de los hechos que se relataron fue la confirmación, el mismo día del secuestro, de que la persona responsable era Braga, por parte de Ulises Orellana, quien confirma esto por el rasgo particular de la cicatriz en el rostro del entonces oficial de inteligencia y porque su esposa, familiar de los Alvarez García también lo corrobora como funcionaria del denominado “Proceso de Reorganización Nacional”.
Peña remarcó las huellas imborrables que las situaciones de secuestro dejaron en ella y en su familia, destacando que su marido era un joven de 26 años y que por pensar un proyecto político le fue negada la vida, y a sus hijas les fue negada la posibilidad de crecer con su padre.
También, refirió a las oportunidades en las que Braga intentó comunicarse y disuadir la búsqueda de justicia por la desaparición de su compañero, como las sucesivas cartas que recibió del represor e incluso de la esposa de éste. Otra mención fue para las circunstancias más cercanas, sobre todo en 2005 en el marco de los juicios por la verdad, en las que ella fue amenazada y amedrentada a través de sustracciones de su auto, de material que había recopilado a través de tantos años, o cartas anónimas que denuncian el cuerpo represivo y los cómplices civiles, entre otras.
Como conclusión, Inés Peña expresó que seguramente en su declaración se olvidaba de algunas cosas, aunque estaba segura de que no se olvidaba del hombre que aquel último día que vio a su joven esposo entró a su casa y se lo llevó, el ex teniente Mariano Rafael Braga. Lo sucedido, señaló, no fueron excesos, sino un plan criminal, y hoy las 30 mil víctimas desaparecidas interpelan para que sigamos reclamando justicia por eso.
Las preguntas de la querella indagaron sobre fechas de los secuestros y estadía tanto en Tucumán como en Jujuy, y también en qué caminos se siguieron para la búsqueda de su esposo tras el secuestro en agosto del 77. Peña respondió aportando datos de una entrevista que solicitó la madre de Alvarez García con el coronel Bulacio en el RIM 20, donde la madre vio a Braga, de la modalidad de irrupción en su hogar (donde los agentes no se identificaron ni tenían uniformes ni exhibieron órdenes de arresto n allanamiento), de la falta de respuestas a los innumerables habeas corpus colectivos que presentaban junto a otros familiares. También, dio cuenta de cómo por expresiones del comisario Cafaggi conoció que su marido probablemente había sido trasladado a Tucumán.
La declaración de Inés terminó con un aplauso extendido de la mayoría de las personas presentes en la sala del Tribunal Oral Federal. Los carteles con rostros de Julio Alvarez García no dejaron de mostrarse hacia el banquillo de los acusados. Braga levantó su bufanda cada vez que nombraron su cicatriz, y Bulgheroni no dejó de esconderse tras una columna de la pared. Pero en la sala todos pudieron ver los rostros de estos represores y se les hizo escuchar voces que intentaron silenciar.
Marcos Medina también aportó con sus recuerdos
Pasado el cuarto intermedio tras la declaración de Inés peña, los integrantes del Tribunal llamaron a prestar declaración al segundo testigo en la causa en la que se investiga la desaparición de Julio Álvarez García, detenido-desaparecido el 21 de agosto de 1976.
Fue el turno de Miguel Marcos Medina, quien a requisitoria de la querella relató aspectos de la relación que lo unía con la familia Álvarez García y brindó detalles de lo que le tocó presenciar el día en el que secuestraron a “Pampero” Álvarez García. Ene se sentido, afirmó que fue un operativo del que participaron varias personas, armadas y bien organizadas.
Quebrado por la emoción, Medina contó que el día del secuestro de “Pampero”, había concurrido a almorzar a la casa Horacio y Gladys Álvarez García en Ciudad de Nieva, y que ya al momento de dirigirse a la casa, se dio cuenta que un auto lo seguía, aunque igual avanzaron porque doña Gladys esperaba la reunión de todos para servir la mesa, recordó. En medio de ese contexto familiar se produjo el allanamiento, describió contando que golpearon la puerta varios hombres de civil que estaban distribuidos en lugares cercanos a la vivienda, en la calle y en la plaza.
Aseguró Medina que todo parecía muy bien planeado, ya que a él lo obligaron a quedarse sentado y quieto y sentado en un banco de la plaza cuando intentó salir en su Fiat 600 a avisar a un pariente lo que estaba sucediendo.
Posteriormente recordó que la hija menor salió de la casa y se refugió en sus brazos. Finalmente, narró, sacaron a “Pampero” y lo llevaron unos metros en donde los esperaban unos autos, lo subieron y se fueron.
Relató también que con Guillermo, el hermano de Pampero, intentaron seguir los autos pero los perdieron. Cuando volvió a la casa, recordó, la familia ya había decido hacer la denuncia en la comisaria 5ta porque ya sabían que el Teniente Braga era el que estuvo al frente del secuestro.
Así, Medina sumó, superando toda la movilización emociona que le provocó la instancia de recordar tal momento en estas instancias del juicio, a la reconstrucción de la verdad, reconstrucción necesaria para poder construirnos como una sociedad que respeta sus propias bases de justicia.
Un relato contradictorio y evasivo, pero que confirma parte de lo denunciado
La última declaración de la jornada fue la de Luis Alberto Morales, quien en sus palabras se identificó como un “soldado” designado para ser chofer del entonces coronel Bulacio, a quien denominó el “mandamás”. Con varias respuestas reducidas a un “no recuerdo”, Morales dio cuenta sin embargo de movimientos de Bulacio entre lugares de las localidades de Guerrero, Famaillá, Tucumán, entre otras. En esos lugares, detalló Morales, siempre había personal del ejército, cuestión que también refuerza las imputaciones.
Como datos significativos, Morales también declaró que vio a Julio Rolando Alvarez García en un lugar de Tucumán que no identificó con nombre sino espacialmente, expresando que se encontraba en una avenida con palmeras en Tucumán. Que allí vio a Pampero, pero no brindó mayores detalles de cómo se encontraba, aunque definió que se lo notaba “abatido”.
La falta de precisión con respecto a las fechas de los eventos que mencionaba también se extendió al dato que brindó sobre que en una estadía en Tucumán también había visto la foto de Alvarez García en Famaillá (centro clandestino de detención que se conoce como “la escuelita) señalada con un círculo rojo, que, recordó, le dijeron significaba que esa persona estaba marcada para su exterminio.
Otro dato sumamente importante que aportó en su declaración quien fuera chofer de Bulacio fue que en el RIM 20 vio a través de una mirilla a personas sentadas contra la pared de una habitación con lo ojos vendados, lo que confirmaría que el RIM 20 sirvió como lugar de detención ilegal. Sobre ese lugar, también detalló el lugar de la oficina de Bulacio y evitó dar cuenta de qué personas transitaban el Regimiento en ese entonces.
Consultado sobre si sabía qué sucedía en Guerrero, el testigo respondió que se notaba que allí había gente detenida pero que ellos (los soldados) no sabían nada de lo que hacían los superiores.
La declaración de Morales fue seguida con atención y agudizó la tensión en la sala cada vez que se esperaban datos precisos de quien fue testigo tan cercano de los movimientos de Carlos Néstor Bulacio, datos que en su mayoría evitó brindar, aunque igualmente se deslizaron varios importantes en su declaración.
Al dar por finalizados los procedimientos previstos para la jornada de hoy, el Tribunal anunció que se retomará el proceso el próximo miércoles 18 de julio a hs.9.00.
FuentedeOrigen:http://www.lahoradejujuy.com.ar
Fuente:Agndh
Estimadxs periodistas,
compartimos aquí abajo la gacetilla del día de hoy del Juicio por delitos de lesa humanidad en Jujuy. Esperamos sirva para la producción de su material periodístico de cobertura de
este proceso judicial histórico y reparador de la Justicia en nuestra provincia y el país.
Gracias por la difusión.
EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE APOYO A LOS JUICIOS EN JUJUY
(FOTOGRAFÍAS ADJUNTAS: DE DIEGO S. MARTÍNEZ)
PALABRAS QUE RECONSTRUYEN LA VERDAD
LA TERCERA JORNADA DEL JUICIO APORTÓ A CONFIRMAR LA PARTICIPACIÓN DE BRAGA EN LA DESAPARICIÓN DE JULIO ALVAREZ GARCÍA Y LA DEL EJÉRCITO EN CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN DE LA PROVINCIA
Envío:Agndh
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