La valiente muchachada de Massot
(Por Diego Martínez /bahiagris.blogspot.com) A 36 años de los asesinatos de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, dirigentes del Sindicato de Artes Gráficas y delegados de los trabajadores de La Nueva Provincia, la Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó los procesamientos de siete marinos y prefectos. El único imputado del Ejército, que en la hipótesis judicial liberó la zona a los hombres de mar, es por el momento el general Juan Manuel Bayón, que se apresta a recibir su primera condena. Mientras los represores se retuercen ante el alegato del fiscal Abel Córdoba y la sociedad bahiense se resiste a salir de su letargo, el diario de Vicente Massot guarda un silencio atronador.
Tres oficiales retirados de la Armada y cuatro ex miembros de Prefectura deberán rendir cuentas ante la justicia por los asesinatos de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, los delegados de los trabajadores del diario La Nueva Provincia que fueron secuestrados, torturados y asesinados en julio de 1976. A 36 años de los crímenes de los gráficos que osaron enfrentar a la familia Massot, la Cámara Federal confirmó los procesamientos del contralmirante Manuel Jacinto García Tallada (condenado a 25 años de prisión en la causa ESMA) y de los capitanes de navío Guillermo Félix Botto y Oscar Alfredo Castro, como coautores mediatos de privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios agravados. La medida alcanza a los prefectos Félix Ovidio Cornelli y Francisco Manuel Martínez Loydi, responsables del informe de inteligencia que calificó a las víctimas como “personal a ser raleado de un medio de difusión fundamental” a los fines del terrorismo de Estado, y a sus subordinados Néstor Alberto Nogués y Luis Angel Bustos. Los últimos dos integraron la sección informaciones de la Prefectura zona Atlántico Norte que la inteligencia naval calificaba como “avanzada” de la Armada en la “lucha contra la subversión” y “ojo y vida” del Comando de Operaciones Navales (CON) a cargo del vicealmirante Luis María Mendía, el hombre que “en horas nocturnas” se encerraba a departir con la directora del diario, Diana Julio de Massot, quien murió impune en 2009. Bustos fue reconocido además en el secuestro de Gerardo Carcedo, un ex concejal del Frejuli visto por última vez en cautiverio en el centro clandestino que funcionó en la base de infantería de marina Baterías, en Punta Alta. Bustos admitió en privado que secuestró a Carcedo por orden de la Armada y agregó que fue asesinado en un vuelo de la muerte.
La relación de la familia Massot con la Armada data de mediados del siglo pasado. El 17 de septiembre de 1955, un día después del golpe de Estado que derrocó a Perón, el autodenominado “Comando Naval Revolucionario” designó a Federico Ezequiel Massot como interventor del diario que había heredado su esposa Diana, nieta del fundador. El capitán de fragata Raúl González Vergara, a cargo de la Aviación Naval que bombardeó Buenos Aires, comenzó entonces las gestiones para que su amigo fuera reintegrado al cuerpo diplomático. Perón había declarado cesante a Massot en mayo de 1952 por las deudas personales que contrajo como encargado de negocios en Manila, Filipinas, donde un mes antes había nacido su hijo Vicente, actual director y célebre apologista de la tortura. Como cartas de presentación para poder retornar al servicio exterior, Massot padre ofreció a dos marinos de la familia: su cuñado Alberto Antonini y su primo Juan Carlos Argerich, el capitán que al frente de 250 infantes de marina rodeó la Casa Rosada para tomarla luego del bombardeo. El lobby rindió frutos no sólo para Federico, que se convirtió en encargado de prensa de la embajada en Londres, sino también para su padre homónimo, un traductor y profesor de secundario a quien Aramburu designó en 1956 como cónsul general en Gotemburgo, Suecia.
La relación durante la última dictadura es más conocida. A mediados de los ’70, sotanas y uniformes blancos saturaban tapas y páginas de La Nueva Provincia. En mayo de 1975, cuando en teoría los marinos estaban en los cuarteles y las ejecuciones las firmaba la Triple A, Massera declaró en Puerto Belgrano que “la Armada vive en guerra y participa con la energía y decisión clásicas de su patrimonio histórico”. El almirante que derrocaría a Isabel Perón habló de su “vocación democrática” pero diferenció a “los subversivos” y dijo que la Armada estaba “segura en fuerza y en derechos para enfrentarlos y destruirlos”. El mismo día los Massot elogiaron sus palabras como “una de las más claras y precisas manifestaciones castrenses sobre el sentido del proceso que el país protagoniza”, en tiempo presente (LNP, 17.5.75). En noviembre, mientras Prefectura pulía su informe sobre “guerrilla sindical” en el diario, Massera contaba que “hace tiempo la Armada está actuando contra la subversión” aunque “en una forma más silenciosa” que el Ejército (LNP, 30.11.75). Mendía arengaba a sus soldados a avanzar en “el exterminio de la subversión apátrida que, como mala cizaña, debe ser eliminada de la tierra de los argentinos” (LNP, 8.11.75). “No habrá pausa contra la guerrilla”, advertía un mes antes del golpe (LNP 17.2.76).
El contralmirante García Tallada era al tiempo de los crímenes el jefe de Estado Mayor del CON a cargo a de Mendía (foto), el hombre que por las noches se encerraba en la dirección del diario según escribió el ex capitán Scilingo, y que murió sin condena igual que su anfitriona. Del comando dependían once fuerzas de tareas, incluida la célebre FT3 de la ESMA. Cuatro de esas fuerzas estaban en el “Área de Interés Bahía Blanca-Punta Alta”, según la terminología del Plan de Capacidades (Placintara) elaborado para “aniquilar a la subversión”. De la Fuerza de Tareas 2 que comandaba el capitán de navío Oscar Alfredo Castro dependía la Prefectura Zona Atlántico Norte, responsable del informe “estrictamente secreto y confidencial” con la sentencia de muerte de Heinrich y Loyola.
“Heinrich y Loyola eran objeto de actividades de inteligencia en razón de integrar uno de los Elementos Esenciales de Información (EEI-2) establecidos por el Placintara”, explican en su resolución los camaristas Pablo Candisano Mera y Ángel Argañaraz. El EEI-2 se refería a “la actividad gremial o sindical obrera en fábricas” y “su principal ejecutor es el Departamento de Inteligencia del CON”, de donde “partían los requerimientos a las agencias colectoras y secciones o divisiones de inteligencia subordinadas”, como la sección a cargo de Martínez Loydi. El teniente de navío Guillermo Félix Botto estaba a cargo de la divisiones “Contrainteligencia” y “Obtención” del CON, subordinado directo del departamento Inteligencia que encabezaron Eduardo Morris Girling y Guillermo Obiglio, que también murió impune. Era “el enlace no sólo con la Prefectura sino con el resto de la comunidad informativa local”, explican los jueces. La FT2 a cargo de Castro “era la Fuerza de Tareas responsable del Área de Interés Principal Punta Alta-Bahía Blanca”. En la causa “quedó acreditado que era plenamente operativa en su jurisdicción y que fuerzas subordinadas, como Prefectura, detenían personas con destino COFUERTAR 2”.
De sanear, ralear y matar
El documento que este cronista publicó hace un lustro y sobre el que Vicente Massot nunca informó a los lectores de La Nueva Provincia se titula “Estudio realizado sobre el diario La Nueva Provincia de esta ciudad” y, entre paréntesis, “guerrilla sindical”. Elaborado en base a información “propia y de Policía Federal”, el informe detalla la supuesta “infiltración que, manejada desde la Universidad Nacional del Sur y grupos marxistas del peronismo, se llevó a cabo entre el personal” de la empresa. Menciona actos de sabotaje pero minimiza la importancia de detallarlos porque los Massot ya lo habían documentado, no ante el Ministerio de Trabajo sino ante “los comandos militares y navales de la zona”. El objetivo del informe es consignar datos sobre el “personal a SER REALEADO DE UN MEDIO DE DIFUSIÓN FUNDAMENTAL (en mayúsculas) tal cual lo marca una efectiva acción ‘contrarrevolucionaria’ que tienda a sanear los medios preferidos por la revolución mundial para su labor de infiltración, subversión cultural y posterior victoria”. Luego enumeran 17 “activistas”. Heinrich y Loyola encabezan la lista y en ambos casos figuran las direcciones de sus casas, donde fueron secuestrados en la madrugada del 1º de julio de 1976.
Los camaristas distinguen las etapas de adquisición, concreción y ejecución del blanco. La primera, de recolección de información adentro de la empresa, se trabajó durante 1975, ya que el primer borrador que rescató el ex fiscal general Hugo Cañón data del 6 de diciembre de ese año. La Prefectura Zona Atlántico Norte estaba entonces a cargo del prefecto mayor Julio Benjamín Baeza y la sección informaciones del prefecto Bernardino Miguel Nieto (murió impune). La versión final está fechada el 22 de marzo de 1976, el mismo día que en el cine de Puerto Belgrano el vicealmirante Mendía informaba a 900 oficiales sobre la “muerte cristiana” que se aplicaría para preservar “la ideología occidental y cristiana”. Al tiempo de la “ejecución del blanco” la Prefectura estaba a cargo de Cornelli, que a fin de año pasó a despedirse en persona de Diana Julio y reafirmo su decisión de “aniquilar a las huestes de la delincuencia ideológica” (LNP, 11.12.76); la sección informaciones la encabezaba Martínez Loydi, que hace cinco años, consultado por el cronista, tradujo “raleado” como “movido, sacado”. “No creo que Prefectura se haya metido en la parte gremial”, dijo, sin saber que el fiscal Cañón había recuperado un archivo con cientos de documentos que prueban lo contrario.
–¿Alguna fuerza en particular se ocupaba de la seguridad de esa empresa?
–Pudo haber sido la SIPBA –dijo Martínez Loydi (foto), de buena memoria: el informe que había firmado 31 años antes destaca la “labor de esclarecimiento” sobre el supuesto sabotaje en La Nueva Provincia del comisario Héctor José Ramos, segundo jefe del Servicio de Informaciones de la policía de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA). Montoneros asesinó a Ramos el 20 de marzo de 1975 y se adjudicó el hecho en un comunicado, en el que explicó que era “el más eficiente torturador que conociera nuestra ciudad”. El dato de Ramos como “uno de los jefes de seguridad” de La Nueva Provincia estaba en el borrador de Prefectura pero fue eliminado en la versión final.
La sección informaciones de PZAN “tuvo una actuación excluyente en el proceso de adquisición de blancos dentro del ciclo de inteligencia”, que “posibilitó el secuestro y posterior homicidio” de Heinrich y Loyola, afirman Candisano Mera y Argañaraz. El trabajo del grupo de personas que conducía Martínez Loydi fue elogiado en 1977 por el jefe del departamento Inteligencia del comando de operaciones navales, capitán de navío Juan Iglesias, quien la calificó como el “ojo y vida” del comando a cargo de Mendía y la “avanzada” de la Armada en Bahía Blanca.
La confesión de Bustos
Néstor Alberto Nogués y Luis Angel Bustos eran dos de los nueve integrantes de la sección informaciones a cargo de Martínez Loydi. Bustos fue exonerado de Prefectura en plena dictadura luego de ser condenado por la justicia por la privación ilegal de la libertad de dos hermanas de catorce y quince años que protagonizó junto con su compañero Rodolfo Orlando García, quien violó a una de las adolescentes a punta de pistola en el mismo Falcon verde metalizado patente B1-106.521 que usaban para los secuestros. Los hechos ocurrieron el 26 de marzo de 1977 y comenzaron a esclarecerse un día después, cuando la policía los detuvo con otra mujer secuestrada a quien extorsionaban para tener sexo. Los prefectos intentaron explicar que estaban en “misión secreta” e interrogaban a una mujer “fichada en la comunidad informativa como comunista”, pero no convencieron y terminaron encerrados en dos calabozos. En septiembre de 1978, cuando se dictaron las condenas, ambos se habían fugado.
Durante los meses que estuvo preso, Bustos fue reconocido por un testigo del secuestro de Carcedo (foto), concejal de Bahía Blanca hasta el día del golpe de Estado. Eugenio Senesi, vecino del concejal peronista, declaró que vio cuando personas de civil forcejearon con Carcedo y lo cargaron en un Falcon verde, en la madrugada del 17 de octubre de 1976, en la puerta de una confitería en Avenida Colón 220.. “Pude ver a un solo de ellos. Esa persona me miró”, dijo ante la justicia. Meses después, en 1977, Senesi estaba detenido en la cárcel de Villa Floresta cuando Bustos y García llegaron a la Unidad 4 acusados de violación. Lo contactó por medio de un enfermero del penal y le preguntó por Carcedo. “Cuando te encuentre en la calle te voy a contar”, prometió el prefecto. Se reencontraron tres años después en la confitería del hotel Comahue, en Viedma. Bustos, ya exonerado y en teoría prófugo, admitió que él y García habían participado del secuestro de Carcedo, dijo que el operativo había sido ordenado por la Armada y que tiempo después el dirigente peronista fue arrojado desde un avión naval al Río de la Plata.
El octavo acusado por los asesinatos de los empleados de La Nueva Provincia es el general Bayón (foto), el militar de mayor jerarquía de los acusados en el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca. La Cámara Federal explicó en su resolución que para secuestrar y matar a Heinrich y Loyola fue necesario “un operativo conjunto conducido por elementos de Ejército y de Marina”, ya que “debió coordinarse entre las dos autoridades de ambas Fuerzas: Comando del V Cuerpo de Ejército y Comando de Operaciones Navales”. La coordinación implicaba liberar la zona: los secuestradores esperaron a Loyola en su casa durante siete horas y con sus vehículos en la calle, un operativo impensable sin el visto bueno del Estado Mayor del Cuerpo V que integraba Bayón.
Los camaristas cuestionan en su resolución al juez ad hoc Eduardo Tentoni por elaborar “una hipótesis que vincula casi exclusivamente (con los crímenes) al Ejército” y que consideran “forzada”, lo critican por sus “vicios de fundamentación”, “difícil y oscura lectura”, “repetición hasta el hartazgo de la transcripción de algunas pruebas”, “extenso desarrollo histórico a través del cual se hace hincapié con gran detalle en aspectos de poca incidencia sobre las cuestiones a decidir”, en tanto lo dedicado a la prueba “es realmente parco”. A pedido del fiscal Córdoba, la Cámara incorpora además el procesamiento por asociación ilícita que Tentoni omitió.
El asesinato de los dirigentes gremiales que molestaban a la familia Massot no forma parte del juicio oral que se desarrolla por estos días en el aula magna de la Universidad del Sur. El rol cómplice de La Nueva Provincia, diario que no publica una línea del proceso que transcurre a cien metros de la redacción, es sin embargo moneda corriente. El Ministerio Público que representan Córdoba y Horacio Azzolin terminó de desmenuzar anoche los casos de las 90 víctimas por las que se realiza el juicio y comenzarán a detallar hoy la responsabilidad de cada acusado. Para los primeros días de agosto, tras la feria judicial, está previsto el fin del alegato, y en septiembre terminaría el juicio. Por el momento son casi ochenta los represores que esperan su turno, incluidos los valientes muchachos de Massot, que al servicio de “un medio de difusión fundamental” masacraron a Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola.
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Detenido por asesinatos de Prádanos y Riganti
Carlos Alfredo Sabbatini, subjefe del Destacamento de Toay de la provincia de La Pampa entre 1974 y 1977 fue detenido el martes pasado en la Capital Federal, acusado por el fiscal Abel Córdoba por su responsabilidad en los asesinatos de los trabajadores de la Universidad del Sur Juan Carlos Prádanos y Daniel Riganti.
El ex teniente coronel del Ejército era buscado hace meses por la justicia federalsospechado también de haber intervenido en la apropiación de una beba pampeana robada a una empleada doméstica por su patrón y el represor y entregada irregularmente a una familia de Toay que luego se trasladó a Buenos Aires. Si bien el caso no se enmarca en una desaparición forzada sucedió en el contexto de impunidad que el Terrorismo de Estado garantizaba a las fuerzas armadas y sus colaboradores civiles.
Según publicó el diario La Arena, el represor “tiene 84 años y problemas de salud, por lo que no se sabe si será trasladado a La Pampa. Sabbatini, que habría participado del secuestro y ocultamiento del caso de secuestro, fue parte del Estado Mayor del Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101; y uno de los que está siendo investigado por la Justicia Federal en la denominada causa Subzona 14 II por su posible participación mediata en los secuestros y torturas a presos políticos entre 1975 y 1983”.
Juan Carlos Prádanos nació el 24 de junio del año 1931 en Capital Federal y se recibió de Ingeniero Agrónomo en la Universidad de Buenos Aires en 1962. Más tarde se graduó como magister en la Universidad de Chile en Producción Frutal.
Trabajó en el INTA Ascasubi y como profesor adjunto con dedicación exclusiva en la Universidad Nacional del Sur. Se entregó completamente a su profesión: capacitándose, investigando y trabajando. Vivió siete años de matrimonio con Mercedes, madre de sus cinco hijos. En 1975 se mudaron a Ascasubi con el sueño de criarlos en un ambiente sano y rodeado de naturaleza.
Según se recordó en marzo de 2011 en un homenaje que la Comisión de Apoyo a los Juicios realizó en el Departamento de Ingeniería de la UNS, “la Iglesia Cristiana era base de esta familia, pues ambos fueron educados en la Fe. Un hombre digno, honesto y con un compromiso social destacado”. Fue secuestrado tres días antes del golpe cívico militar.
Daniel Eduardo Riganti, era bahiense y había nacido el 26 de Marzo de 1947. 19 años después ingresó a la Universidad del Sur para estudiar ingeniería electricista. Fue docente auxiliar en la institución en el Área II, máquinas eléctricas, del Departamento de Electrotécnica. En el momento en que fue secuestrado y asesinado estaba casado, tenía dos hijos y ejercía su profesión en la empresa Proa.
Sus cuerpos masacrados y dinamitados fueron descubiertos por la policía pampeana en abril del 76 en un campo cercano a La Adela sobre las márgenes del Río Colorado.
Los masacrados de La Adela
Los periodistas Norberto Asquini y Juan Carlos Pumilla, en su libro “El informe 14″, relacionan el caso de “los masacrados de La Adela” al accionar criminal de “matones sindicales y oficiales del Ejército que integraban el grupo ultraderechista de la Triple A”.
Allí citan el testimonio que brindó en 1984 Carlos Bazán, oficial a cargo de la comisaría local, quien describió la trágica escena: “Estaban vestidos con pantalón y tenían el torso desnudo, colocados boca abajo y cabeza con cabeza. Sus cuerpos evidenciaban numerosos impactos de bala y entre ambas cabezas sus ejecutores habían hecho estallar una carga de trotyl. Los rostros de ambos habían sido volados y a uno de los cuerpos le faltaba un brazo”.
El policía dijo que los cuerpos habrían estado en el lugar al menos por 45 días hasta ser enterrados como NN en el cementerio de La Adela a fines de abril. Sus esposas identificaron los cuerpos en junio del 76.
También mencionan lo dicho por el oficial sumariante quien opinó que “fueron muertos en el lugar, ya que las capsulas encontradas estaban en distintos sitios, como pueden quedar cuando efectivamente se dispara con el arma”.
En tanto el cirujano Alfredo Gnaden, quien revisó los cuerpos, repitió la descripción de la escena del crimen y agregó que “había en el suelo entre 40 y 50 proyectiles de 45 y 9 milímetros y cinco de Itaka. También panecillos de trotyl. Indicó que, según pudo establecer habían muerto al menos sesenta días antes del hallazgo”.
Finalmente los autores reconocen que el lugar no pudo ser mejor elegido por los asesinos dado que “no era recorrido por la hacienda” y que “ocurrían permanentes detonaciones” porque se estaba construyendo un acueducto.
“Azpitarte conocía la suerte de mi marido”
En marzo de 2007 Mercedes, esposa de Prádanos, dijo en el programa Frente a Cano que Juan Carlos poco antes de su desaparición pasó por la vivienda de su suegra en Darwin 623 de Bahía Blanca porque su auto había tenido un desperfecto mecánico. Allí funcionaba una pensión donde residía un estudiante buscado por la policía.
“Fue entones que Prádanos desapareció. ‘Habían pasado tres días y como mi esposo no aparecía empecé a buscarlo. Me entrevisté con gente del Ejército y me preguntaron: ¿Pero cómo, ustedes no vivían ahí?’”.
En la misma nota tomada en Informe 14, Mercedes relató sus gestiones ante el general René Azpitarte: “Me citó a su casa del barrio Palihue. En esa entrevista, a la que asistí con mis cinco hijos, me manifestó que Juan no tenía vinculación con ningún delito y que iba a hacer todo lo posible para que lo liberaran. Me fui con tanta esperanza y tan contenta de ese lugar que compré masas de confitería y un reloj para regalárselo a mi marido. Luego me llegó un anónimo diciendo que mi esposo no tendría que haber sido detenido, que me pedían perdón, pero que su cuerpo había sido hallado en La Pampa. Es obvio que cuando Azpitarte dialogó conmigo ya sabía de la suerte de mi marido”.
Publicado el 12/07/2012
La silenciada desaparición del nieto del fundador de LNP
(Por Oscar Taffetani para Télam) La megacausa “Bayón y otros”, también llamada “V Cuerpo”, debate en juicio oral los secuestros, torturas y desapariciones de 90 personas en Bahía Blanca y Punta Alta durante los años de la dictadura, cuando esas ciudades del sur bonaerense estaban bajo control operacional absoluto del Ejército y de la Armada. Los imputados son casi 80, entre personal de las fuerzas armadas y de seguridad y otro tipo de partícipes y colaboradores.
Sin embargo, un juicio tan importante, que en su etapa de alegatos –ahora interrumpida por la feria judicial– está sacando a la luz tremendas historias silenciadas y pactos que incriminan a hombres e instituciones de Bahía Blanca y su área de influencia, no merece espacio en el matutino La Nueva Provincia, que es el diario local y el más importante de la región. La conducta de este medio ofende al buen periodismo, pero también ofende a sus propios lectores, más allá de partidismos o ideología, ya que no cumple siquiera con el precepto básico de informar.
Las razones son muchas y variadas, pero la principal es que La Nueva Provincia, al hablarse de delitos de lesa humanidad, es parte del problema. Porque está sobradamente probada la complicidad de este medio con la represión selectiva e ilegal que precedió y sucedió al 24 de marzo de 1976, y también, por supuesto, con su enmascaramiento y silenciamiento ante la opinión pública.
No hay más que confrontar los testimonios y documentos aportados en estos juicios, que dan cuenta de una operativa criminal sin códigos y sin ley, con las “noticias” que publicaba o dejaba de publicar La Nueva Provincia, acatando con disciplina castrense las directivas de los comandantes militares.
El caso del primer desaparecido de Bahía, por ejemplo, Daniel Bombara, miembro de una conocida familia de la ciudad, propietaria de una empresa fraccionadora y distribuidora de vinos, es elocuente. Daniel, que era militante de la Juventud Universitaria Peronista y delegado gremial no-docente en la Universidad del Sur, se entregó “sin resistencia” a una patrulla de la Unidad Regional 5 de la policía provincial, que lo puso en manos “del señor jefe de la Zona de Defensa 5, Subzona 51″ (el general de brigada Jorge Olivera Rovere) como consta en la declaración del comisario Ricardo Bàrtola, jefe de esa unidad regional de la policía. Bombara, según denuncia de una testigo ante el juez Guillermo Federico Madueño, en 1976, fue secuestrado y torturado en un centro clandestino de detención. Como consta en otros registros y testimonios; su cadáver, con evidentes huellas de tortura, apareció en la càrcel de Villa Floresta, muerto por “contusiones” luego de que “se arrojara”, “esposado” del patrullero. Un relato insostenible.
Previendo que aquella primera versión de los hechos no resistiera una investigación, los represores decidieron entonces trasladar el cadáver hasta la morgue municipal, donde se practicaría la autopsia. Pero en el camino, la ambulancia policial fue supuestamente “interceptada” por un grupo de desconocidos, quienes habían “robado” el cadáver de Bombara ignorándose con qué fines.
La causa abierta en abril ante el ya citado juez Madueño fue por “atentado a la autoridad y daño” y por “intento de fuga” (!!!). Muy pronto, apoyado en el dictamen de la fiscal María del Carmen Valdunciel de Moroni, Madueño dictó el sobreseimiento y el expediente fue archivado.
La escueta noticia que publicó La Nueva Provincia sobre el caso Bombara es la notícula que dice “Robaron ayer el cadáver de un extremista”. Era la versión del V Cuerpo de Ejército sobre los hechos, sin más.
El silenciado caso del “Chiva” Infante Julio
Otro caso entre muchos (no vamos a reiterar el de los trabajadores de LNP Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, sobre el que se han explayado los fiscales Abel Córdoba y Horacio Azzolin) es el de Julio Antonio “El Chiva” Infante Julio, nieto del fundador de La Nueva Provincia (Enrique Julio) y primo hermano de la propietaria y directora del diario, Diana Julio de Massot.
El “Chiva” Infante era un hombre de la derecha católica, notorio anticomunista. Ex comando civil de la Libertadora, periodista deportivo, atleta, recordman de natación y emprendedor bahiense, era propietario de los locales nocturnos “La Posta del Chivo” y “Bowling Center”, en el centro de la ciudad, y creía estar protegido, por su vínculo con el diario local y por su apellido, para ejercer la libertad de opinión. Se equivocaba.
Se cuenta que en un asado organizado en la delegación bahiense de la Policía Federal, refiriéndose al general de brigada Adel Edgardo Vilas (que había llegado a la Capital del Sur para comandar la represión “antisubversiva”, luego de haberlo hecho con genocida esmero en los montes tucumanos), manifestó el Chiva Infante que “Vilas es un cagón, porque no se anima a salir sin ocho custodios atrás”, que “inventa historias imposibles, como la del jeep que alcanzó al Falcon en la ruta” y que “hace mierda a pibes recuperables, pero a Ponce (delegado de los Recibidores de Granos, vinculado con la triple A) no lo toca”. En la mesa donde el Chiva hizo esos comentarios –se supo después– había informantes del general Vilas.
Pasada la medianoche del día siguiente, 18 de mayo de 1976, más de 15 encapuchados con armas largas entraron al Bowling Center disparando al techo y reclamando a los gritos por su dueño. Cuando éste, que había sido alertado por un amigo, se parapetó tras un escritorio e intentó defenderse con un revolver, fue baleado con fusiles FAL (el arma casi reglamentaria del Ejército) y muy pronto reducido. Moribundo, lo subieron a una camioneta amarilla (según testigos) y lo llevaron hacia La Carrindanga, un camino intransitado, vecino al todavía ignorado (si bien ya funcionaba) CCD “La Escuelita”. Nunca más apareció.
Cuentan que fue el mismo gobernador de facto bonaerense, el general Ibérico Saint Jean, el encargado de explicar a su amiga Diana Julio de Massot que el “Chiva”, en aquel asado de la Policía Federal, había hablado de más. Todavía están esperando los bahienses (valga la hipérbole) que La Nueva Provincia informe, siquiera informe, de este hecho.
Probablemente, el “Chiva” había tocado, en su verborragia, una zona peligrosa del pacto secreto civil-militar que posibilitó que la tarea de exterminio comenzada por la Triple A bahiense se empalmara casi sin obstáculos con la tarea de exterminio cumplida por los grupos de tareas comandados desde el V Cuerpo de Ejército y desde las bases navales de Espora y Puerto Belgrano.
Otra prueba del silenciamiento de esa muerte es el Anuario 1978 que publicó La Nueva Provincia, ya citado en una nota anterior, donde prolijamente se elude, en la página correspondiente a “Atletismo”, toda mención de Julio Infante Julio, aunque el Chiva había sido el gran animador de la Asociación Bahiense de Atletismo y la Federación Atlética del Sur.
Un amigo y socio de Julio Infante Julio, atleta también y testigo de su secuestro, quien llegó a hablar en los días y noches posteriores con algunos de los partícipes del crimen, organiza desde hace 30 años, para la fecha de la desaparición, el Torneo Atlético “Julio Infante Julio”. Sólo en sus últimas ediciones consiguió que el nombre completo del torneo fuera publicado por el diario.
La causa madre, y las que vienen
Cuando termine la feria chica judicial, la megacausa V Cuerpo continuará hasta terminar la ronda de alegatos, y está previsto que para septiembre se llegue al dictamen y las condenas.
Otras nuevas causas relacionadas con el terrorismo de Estado en Bahía Blanca podrán elevarse a juicio oral en el futuro. Y poco a poco la ciudad, esperamos, irá descorriendo ese telón que prematuramente bajó el diario La Nueva Provincia sobre este capítulo negro de nuestra historia.
Porque para dar vuelta la página –metafóricamente hablando– lo mejor es terminar de leerla, de juzgarla y de aprenderla.
Publicado el 12/07/2012
“Tentoni transformó una recusación en un juicio”
Juez federal Eduardo Tentoni.
El fiscal Félix Crous está en Bahía Blanca manteniendo una serie de reuniones para ponerse al tanto del trámite de una recusación contra su par Abel Córdoba presentado por abogados defensores de represores imputados en causas por crímenes de lesa humanidad que se tramitan en la ciudad.
“Nos tiene realmente preocupados. Vamos a hacer una presentación conjunta en un incidente pero también trataremos de entrevistar a los jueces para tener una verdadera dimensión de hacia dónde marchan estas verdaderas investigaciones absolutamente anómalas en un incidente que debería estar resuelto y ser un asunto concluido”, dijo esta mañana en FM De la Calle.
El planteo de las defensas apunta a una supuesta relación entre Córdoba y un testigo que a su entender obstaculizarían la labor fiscal. El planteo fue oportunamente rechazado por el tribunal oral en el marco del debate oral del primer tramo del juicio V Cuerpo y una excusación planteada por el funcionario cuestionado fue descartada por el juez Eduardo Tentoni. Este magistrado es el ahora avanza con “una verdadera investigación”.
“Aquí realmente el conflicto ahora ya no es entre las defensas y el Ministerio Público, aquí el conflicto realmente es la actividad de la propia judicatura que está muy fuera de la regularidad”, insistió Crous.
¿Cuáles son los planteos de recusación que realizaron los defensores contra el fiscal Córdoba?
Son varios en el mismo sentido, es difícil de explicar porque no hay nada más difícil de explicar que el absurdo y sobre todo el absurdo jurídico.
Para comprenderlo, en la causa de la Armada -una de las dos grandes causas que están en investigación en primera instancia- se ha presentado una recusación por el vínculo que uniría a mi colega el fiscal Córdoba con alguna de las partes que es, según la posición de los recusantes, una causal de recusación. Pero el asunto es que esa persona no es parte en esa investigación. O sea que francamente es una presentación que debería haber ido al archivo inmediatamente y seguramente también con alguna reconvención al presentante porque es una temeridad manifiesta.
Pero lo que ahora es alarmante no es la recusación contra el fiscal sino que esto haya tenido algún anclaje en el Poder Judicial que tiene que poner coto a estas desmesuras y a estos absurdos y le está dando cabida. La repercusión no es con el funcionario porque en ese sentido estos costos forman parte de nuestro trabajo, el tema verdaderamente delicado es cómo este asunto avanza sobre la serenidad, el bienestar, la contención y el cuidado que el Estado debe darle a las víctimas y que esto genera además una responsabilidad para la Argentina y para los funcionarios concretos que la producen.
Estamos ante un escenario que se empieza a mostrar como de una gravedad importante y queremos verlo de cerca.
¿Esto se da en el juzgado federal de Tentoni o también en instancias superiores?
Los dos incidentes están derivando del mismo modo y especialmente el dr. Tentoni porque claramente no tiene ningún tipo de asidero. Como le acabo de decir, se trata de una presentación de alguien que es presentado como una parte en el juicio y no es parte en ese juicio. Realmente nadie podría aprobar una materia en la Facultad de Derecho, ni quien le da cabida a eso ni quien lo hace pero así están las cosas.
Pedidos similares quedaron en el camino. ¿Qué diferencia a este de los demás para no ser respondido de la misma manera?
Bueno, eso es parte del absurdo. En realidad ya la excusación del dr. Córdoba como un prurito de delicadeza que presentó en su momento para que quede claro cuál era su posición frente al litigio, el juez la rechazó. El tribunal oral lo rechazó con los argumentos que había que utilizar. Y esa misma fundamentación era aplicable a estas dos incidencias pero el juez ha transformado esto, que es un asunto que debe resolverse rápidamente…
Además por una instrucción expresa de la Cámara de Casación en la primera acordada de este año. Se ha puesto en las antípodas, ha transformado un expediente de recusación en un juicio y además está tomando medidas de oficio por propia iniciativa.
Repare usted que el juez ni siquiera podría haber hecho una investigación criminal sin impulso del fiscal y sin embargo está haciendo una verdadera investigación en un incidente de recusación, es un disparate por donde se lo mire y la verdad que queremos tratar de desentrañar el sentido y la motivación de semejante actividad delirante y también ver qué curso de acción tomamos.
¿Qué hipótesis tienen sobre los motivos de este comportamiento?
Hipótesis hay muchas, preferimos por ahora pensar simplemente en la torpeza. Pero las hipótesis desde ya son muchas.
¿Respecto de las alternativas que están barajando sobre alguna acción concreta a tomar qué variantes tienen?
Tenemos todos los recursos institucionales para controlar la actividad dentro del proceso de nuestra propia actividad y también para controlar la actividad de los jueces. Tenemos capacidad de reclamarle atención e intervención a las instancias superiores de los jueces y también al Consejo de la Magistratura y a nuestro propio órgano superior.
En realidad todas son instancias que ya están atentas porque esta situación no es novedosa, lamentablemente este tipo de acciones perturbadoras emanadas del seno del propio Poder Judicial son asuntos remanidos y tenemos los reflejos atentos, pero cada situación ofrece su particularidad y en ese sentido estamos observando la situación de Bahía ahora.
¿Mientras tanto qué pasa con la causa y la labor del fiscal?
El fiscal actúa, actuamos conjuntamente también con el dr. Azzolin que está habilitado y con el fiscal a cargo de nuestra Unidad de Coordinación. Todos actuamos en estas investigaciones y van avanzando pero desde ya que esta situación produce consecuencias también dentro de las investigaciones porque una de las partes que tiene que actuar está siendo hostigada por la contraparte en lo que en principio serían reglas del juego propias del proceso pero que han derivado a un causa absolutamente desnaturalizada con la complacencia del juez que en lugar de adecuar esas presentaciones y sanear sus desvíos está ofreciéndole un curso.
Aquí realmente el conflicto ahora ya no es entre las defensas y el Ministerio Público, aquí el conflicto realmente es la actividad de la propia judicatura que está muy fuera de la regularidad.
Publicado el 12/07/2012
29 represores a juicio oral
Fue elevada a juicio oral una causa por delitos de lesa humanidad cometidos en la ciudad y la región durante la dictadura cívico militar. La medida del juez Santiago Ulpiano Martínez incluye a 29 imputados que actuaron desde el Ejército, el servicio penitenciario bonaerense y las policías de Río Negro, Neuquén y Federal.
Entre los acusados se encuentran once de los imputados en debate oral en curso -Bayón, Condal, Delme, Fantoni, Granada, Páez, Taffarel, Tejada, Selaya, Miraglia y Méndez-. A ellos se les suman el segundo jefe del Batallón de Comunicaciones 181 Carlos Andrés Stricker; los jefes de compañía del mismo batallón, Raúl Oscar Otero y Alejandro Lawless; Guillermo Julio González Chipont, segundo jefe del Equipo de Combate del V Cuerpo de Ejército; y Víctor Raúl Aguirre, miembro del Destacamento de Inteligencia 181 que participó del Operativo Independencia en Tucumán.
Están comprendidos los guardias del centro de detención y torturas La Escuelita, Gabriel Cañicul; Raúl Artemio Domínguez, alias Abuelo; Desiderio Andrés González, alias Perro Vago; Arsenio Lavayén, Zorzal; y José María Martínez.
Y por último, la tanda de represores que llegarán a juicio si la biología acompaña serán: Mario Alberto Gómez Arena, jefe del Destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén y luego miembro del Batallón 601; Enrique Braulio Olea, jefe del Batallón de Ingenieros de Construcciones 181; y
Oscar Lorenzo Reinhold, jefe División II Inteligencia del Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña.
Luis Alberto Farias Barrera, integrante de la División I Personal del Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña; el ex titular de la policía neuquina Osvaldo Antonio Laurella Crippa y su subordinado Antonio Alberto Camarelli; y el policía federal de Viedma, Osvaldo Vicente Floridia.
Para más información pueden leer los datos de los acusados o el fallo completo.
Imagen: ’Los años sin Justicia”. Serie: Los Juicios’ óleo s/lienzo de Raquel Partnoy.
Están comprendidos los guardias del centro de detención y torturas La Escuelita, Gabriel Cañicul; Raúl Artemio Domínguez, alias Abuelo; Desiderio Andrés González, alias Perro Vago; Arsenio Lavayén, Zorzal; y José María Martínez.
Y por último, la tanda de represores que llegarán a juicio si la biología acompaña serán: Mario Alberto Gómez Arena, jefe del Destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén y luego miembro del Batallón 601; Enrique Braulio Olea, jefe del Batallón de Ingenieros de Construcciones 181; y
Oscar Lorenzo Reinhold, jefe División II Inteligencia del Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña.
Luis Alberto Farias Barrera, integrante de la División I Personal del Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña; el ex titular de la policía neuquina Osvaldo Antonio Laurella Crippa y su subordinado Antonio Alberto Camarelli; y el policía federal de Viedma, Osvaldo Vicente Floridia.
Para más información pueden leer los datos de los acusados o el fallo completo.
Imagen: ’Los años sin Justicia”. Serie: Los Juicios’ óleo s/lienzo de Raquel Partnoy.En Los años sin Justicia, tema de mi serie Los Juicios, no se respetaron los derechos de los familiares de ”desaparecidos”‘ cuando solicitaban mediante el recurso de Hábeas Corpus que las víctimas aparezcan y sean juzgadas ante un tribunal. Lamentablemente las víctimas fueron cruelmente asesinadas durante la dictadura militar. Dedico esta pintura a los miles de jóvenes que no tuvieron la oportunidad de defenderse ante un Tribunal de Justicia. Fuente:JuicioVCueroEjercitoBB
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