20-7-2012
Para el titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, los hechos significan “un retroceso a los más bajos niveles de prácticas autoritarias de la última dictadura militar”.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación, Remo Carlotto (FpV), expresó “su más enérgico repudio a los hechos acontecidos en la provincia de Salta, a través de la publicidad que se diera de una filmación en la Comisaría de General Güemes en la cual se observa cómo cinco policías torturan y degradan a dos jóvenes”.
Para el diputado kirchnerista, “la práctica de tortura sobre dos jóvenes horroriza no sólo por la crueldad con la que actúan sino también por la impunidad que implica que esas aberraciones hayan sido filmadas en la propia comisaría, y que significan, además de una clara violación a los derechos humanos, un retroceso a los más bajos niveles de prácticas autoritarias de la última dictadura militar”.
“En estas circunstancias, sólo puede exigirse el pleno ejercicio de todos los poderes de la provincia.
Ello significa una clara y rápida investigación judicial, en la cual se pueda condenar tanto a los autores como a los encubridores y facilitadores de este hecho; un efectivo control sobre las fuerzas de seguridad provinciales y el apartamiento de estas fuerzas de cualquier agente involucrado en estas prácticas, y la formulación de una política de seguridad democrática basada en el claro respeto a los valores democráticos y los derechos humanos”, expresó Carlotto mediante un comunicado de pernas.
El legislador bonaerense renovó así su “compromiso en la denuncia de estos hechos para dejar en claro que las torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes deben ser repudiados, prevenidos y castigados, en la lucha por la construcción de una sociedad justa y democrática”.
Fuente:ElParlamentario
Se pronunciaron el Movimiento Evita y el CELS
Salta: Detienen al policía que filmó las torturas en la comisaría de Güemes Salta.-
Otro policía fue detenido esta tarde en el marco de la investigación por apremios ilegales contra presos alojados en una comisaría de la ciudad salteña de General Güemes, informaron fuentes de la investigación. La detención se concretó en las últimas horas por lo que ya son seis los efectivos apresados y a disposición del juez de Instrucción Formal de Tercera nominación, Pablo Farah, el mismo que investiga las muertes de las dos chicas que aparecieron ahorcadas el último lunes.
El ministro de Seguridad de la provincia, Eduardo Sylvester advirtió hoy que estas personas, por los efectivos detenidos, "no son policías, sino delincuentes vestidos de policías". El miércoles último, el ministro de Seguridad de Salta, junto al jefe de la Policía salteña, Marcelo Lami, radicaron la denuncia penal ante el juez Farah tras la aparición de un video en internet en el que se podía ver acciones de apremios ilegales y tortura en contra de dos detenidos.
Por ello, cinco policías de la Comisaría 11 de la localidad de General Güemes, fueron aprehendidos y puestos a disposición del magistrado, mientras que hoy fue detenido el sexto, que sería quien registró las acciones con una cámara. Sylvester insistió en que estos "no son policías sino delincuentes vestidos de policías" y agregó que "desde el gobierno de Salta no vamos a tolerar bajo ningún aspecto y en ninguna circunstancia, que integrantes de la fuerza policial cometan estos ilícitos".
"Por ese motivo, yo personalmente, como máximo responsable del área de seguridad en la provincia, y por una instrucción expresa y directa del gobernador (Juan Manuel Urtubey) he formulado la denuncia y va a ser esta la forma de actuación permanente, en cada uno de los casos donde se produzca este tipo de irregularidades", sostuvo el funcionario.
En tanto, fuentes policiales informaron que, en el marco de la investigación, desde la cúpula de la fuerza se determinaron algunas situaciones que fueron puestas de inmediato a disposición de la justicia. Entre ellas, se destaca que los hechos acaecidos tuvieron como escenario la comisaría 11 de General Güemes, a unos 50 kilómetros de Salta Capital, y se registraron entre los meses de setiembre y noviembre de 2011.
Asimismo, se trabaja en forma exhaustiva en procura de establecer la identidad de los damnificados, tomando como referencia los registros del libro de guardia y detenidos de la citada dependencia. De esta manera, también se conocerá si otros efectivos policiales estuvieron presentes en el lugar, a fin de ser puestos también a disposición de las autoridades judiciales.
"No se van a tolerar inconductas en la institución", remarcó el comisario general Marcelo Lami, por lo que se continúan con las labores investigativas.
Repudio del Movimiento Evita
El Movimiento Evita, a través del diputado nacional Leonardo Grosso, repudió hoy la tortura que cinco agentes de la policía salteña ejercieron hacia dos jóvenes y condenó la "violencia institucional" de las fuerzas de seguridad cuando "se alejan de la comunidad y la ley". El legislador reclamó a las provincias "convicción" para encarar políticas transformadoras de las fuerzas policiales y consideró que el caso, conocido ayer tras ser difundido en las redes sociales "no es un hecho aislado".
"Expreso mi más enérgico repudio ante los hechos de tortura protagonizados por los cinco agentes de la Policía Salteña hacia dos jóvenes, a quienes sometían a prácticas típicas de la dictadura", indicó el diputado nacional del Frente para la Victoria (FPV), a través de un comunicado.
El legislador, que integra el Movimiento Evita, sostuvo que es necesario "romper ese cerco y formar agentes con conciencia social, enfocados en los Derechos Humanos" al reclamar sobre la formación de los policías provinciales. "Hay que quitar los malditos vicios y las malas prácticas enquistadas en las Fuerzas. Tenemos que ganar el espacio público, ser los protagonistas de una democracia para todos, generar más inclusión social y participación comunitaria", añadió.
Por otra parte resaltó la actitud del gobierno salteño por haber denunciado a los policías torturadores, pero Grosso manifestó su preocupación "porque sólo se hizo la denuncia una vez difundido el video en las redes sociales". Añadió para quienes no vieron o no conocen el caso que los "cinco policías aplicaron métodos de asfixia conocidos como `submarino seco´ y les arrojaban agua fría, con el cuerpo casi desnudo".
Destacó mas adelante que desde el 2003 el país "avanza en la política de derechos humanos" porque enjuicia y encarcela a los responsables políticos y militares de la última dictadura militar. "Cuando Néstor Kirchner ordenó bajar los cuadros de (Jorge Rafael) Videla y (Reynaldo) Bignone se graficó una clara decisión política de reivindicación democrática y reparación histórica que ningún otro gobierno había hecho", aseguró.
También ponderó la decisión de Cristina de crear el Ministerio de Seguridad como "otra prueba de esta iniciativa a nivel nacional por tener mayor control político sobre las Fuerzas de Seguridad" y pidió "convicciones" para encarar la ransformación en nuestras Fuerzas de Seguridad.
"No se trata de un hecho aislado como se ha querido instalar, son necesarias decisiones politicas impostergables de los gobiernos provinciales para avanzar en el control politico de las fuerzas", concluyó.
El CELS reclamó que se sancione ley preventiva
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reclamó hoy la pronta sanción en el Senado de la Nación del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, aprobado por la Cámara de Diputados en septiembre del año pasado, para evitar hechos de abusos contra presos.
El organismo consideró que hechos como el ocurrido en la comisaría de la ciudad salteña de General Güemes, donde dos presos sufrieron apremios ilegales por parte de policías, "no constituyen una situación aislada” dado el “carácter estructural y cotidiano de las violaciones a los derechos humanos que deben soportar las personas privadas de su libertad en la Argentina”.
En opinión del CELS las situaciones de apremios “forman parte de la cultura y sistema de gobierno de las cárceles, comisarias, institutos de menores y unidades psiquiátricas”. El proyecto, destaca el organismo, “busca cumplir con el mandato del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes de las Naciones Unidas, al que Argentina adhirió en el 2004 luego de un señalamiento adverso del organismo internacional.
La iniciativa con media sanción ya tiene el dictamen favorable de tres comisiones de la Cámara alta pero no llegó a ser tratado en el recinto, a raíz de lo cual en varias provincias se están adoptando mecanismos disímiles en la materia.
Fuente:Telam
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