Por Horacio Verbitsky
REVELACIONES DE VIDELA SOBRE LA COMPLICIDAD DE LA IGLESIA CATOLICA
Buenos Oficios
Videla habló con una revista de Córdoba sobre la complicidad de la Iglesia Católica con la dictadura militar. El rol de Laghi y Primatesta y el testimonio de un ex sacerdote. No sólo asesoraron a la Junta sobre cómo manejar la cuestión de los detenidos-desaparecidos. También le ofrecieron sus “buenos oficios” para informar a algunas familias del asesinato de sus hijos garantizando que no lo hicieran público. Se comprende por qué hasta hoy la Iglesia no ha excomulgado a Videla.
Por Horacio Verbitsky
El ex dictador Jorge Videla dijo que el ex nuncio apostólico Pío Laghi, el ex presidente de la Iglesia Católica de la Argentina Raúl Primatesta, y otros obispos de la Conferencia Episcopal asesoraron a su gobierno sobre la forma de manejar la situación de las personas detenidas-desaparecidas. Según Videla la Iglesia “ofreció sus buenos oficios” para que el gobierno de facto informara de la muerte de sus hijos a familias que no lo hicieran público, de modo que cesaran la búsqueda. Esto confirma el conocimiento de primera mano que esa institución tenía sobre los crímenes de la dictadura militar, como consta en los documentos secretos cuya autenticidad el Episcopado reconoció ante la justicia hace dos meses. Pero además muestra un involucramiento episcopal activo para que esa información no trascendiera tampoco por comentarios de los familiares de las víctimas, de cuyo silencio la Iglesia era garante.
Diálogos en la cárcel
El reportaje con la revista cordobesa El Sur, que edita en Río Cuarto Hernán Vaca Narvaja, se realizó antes de los concedidos al periodista español Ricardo Angoso y al argentino Ceferino Reato, pero sólo se divulgó esta semana. Fue realizado en tres partes por el periodista Adolfo Ruiz, en la cárcel de alta seguridad de Bouwer, donde el ex jefe de la Junta Militar estuvo detenido entre el 26 de junio y el 23 de diciembre de 2010, mientras se extendieron las audiencias del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la cárcel de Córdoba conocida como UP1. Videla fue condenado en ese proceso a prisión perpetua por los asesinatos de 31 prisioneros dentro de la cárcel o mediante fraguados intentos de rescate en ocasión de traslados. Videla recibió a Ruiz el 6 y el 13 de agosto y el 18 de octubre de 2010 en el locutorio de la cárcel de Bouwer, cuyos dos mil internos superan el número de pobladores de esa pequeña ciudad, que hasta hace dos años fue el depósito de los residuos domiciliarios de Córdoba. Antes de comenzar puso como condición que sus palabras recién se difundieran cuando dejara la provincia, como consta en la carta manuscrita que se reproduce aquí.
Como en aquellas otras entrevistas y en sus alegatos judiciales, Videla justificó el plan que aplicó la Junta Militar por los “decretos de aniquilación” firmados por el ex presidente interino Italo Luder, que constituyeron “una licencia para matar concedida por un gobierno democrático”. Cuando el periodista le inquirió si esa licencia incluía las torturas, el robo de bebés y el saqueo de los bienes de las víctimas, dijo que esas “bajezas humanas” se debieron al gran “poder y libertad de acción otorgados al Ejército”, situación en la cual “es inevitable que muchos utilicen esas libertades en beneficio propio”. Agregó que con los juicios él y sus camaradas pagan el costo de “no haber blanqueado” los métodos dispuestos entonces. Videla sostiene que “hacia el final de mi mandato, entre el ’80 y el ’81, se llegó a evaluar la posibilidad de publicar la lista, blanquear los desaparecidos”. Explica que “no era tan fácil, porque además íbamos a estar expuestos a la contra pregunta. Si a una madre le decíamos que su hijo estaba en la lista, nadie le impediría que preguntara ¿dónde está enterrado, para llevarle una flor? ¿quiénes lo mataron? ¿por qué? ¿cómo lo mataron? No había respuestas para cada una de esas preguntas, y creímos que era embochinchar más esa realidad, y que sólo lograríamos afectar la credibilidad. Entonces en ese momento no se quiso correr ese riesgo”. El razonamiento es idéntico al que Videla suministró a la Comisión Ejecutiva del Episcopado, cuando los obispos le transmitieron que el método de la desaparición de personas produciría a la larga “malos efectos”, dada “la amargura que deja en muchas familias”. Pero la fecha es muy anterior a la que menciona el dictador. Ese diálogo tuvo lugar el 10 de abril de 1978 durante un almuerzo de Videla con la Comisión Ejecutiva del Episcopado, que presidía el arzobispo de Córdoba Primatesta y que también integraban los arzobispos de Santa Fe y de la Capital Federal, Vicente Zazpe y Juan Aramburu, como vicepresidentes.
Primatesta hizo referencia a las desapariciones producidas durante la Pascua de 1978, “en un procedimiento muy similar al utilizado cuando secuestraron a las dos religiosas francesas”. Videla respondió que “sería lo más obvio decir que éstos ya están muertos, se trataría de pasar una línea divisoria y éstos han desaparecido y no están. Pero aunque eso parezca lo más claro sin embargo da pie a una serie de preguntas sobre dónde están sepultados: ¿en una fosa común? En ese caso, ¿quién los puso en esa fosa? Una serie de preguntas que la autoridad del gobierno no puede responder sinceramente por las consecuencias sobre personas”, es decir para proteger a los secuestradores y asesinos. El detalle de este diálogo consta en una minuta que los tres arzobispos redactaron en la sede del Episcopado en cuanto concluyó el almuerzo para enviarla al Vaticano. La autenticidad de ese texto fue reconocida por la Conferencia Episcopal, que hoy preside el arzobispo de Santa Fe, José Arancedo, ante una consulta de la jueza federal de San Martín, Martina Forns, luego de su publicación aquí. Pero en el reportaje con El Sur, Videla describe un grado de complicidad de la Iglesia Católica con los crímenes de su gobierno superior a lo que se conocía y con un carácter institucional que comprende tanto al Episcopado local como a la sede central en Roma. No se trata sólo de callar lo que sabían para no “hacer daño al gobierno”, como dijo Primatesta aquel día de 1978, sino incluso de asesorar a la Junta Militar y garantizar que tampoco los familiares de las víctimas contaran lo que había ocurrido con sus hijos. Lo que sigue es la transcripción textual del tramo de la entrevista sobre el tema:
–No deja de llamar la atención la forma en que se refiere a la situación de los desaparecidos. Hace sentir que para usted es un tema pendiente.
–La desaparición de personas fue una cosa lamentable en esta guerra. Hasta el día de hoy la seguimos discutiendo. En mi vida lo he hablado con muchas personas. Con Primatesta, muchas veces. Con la Conferencia Episcopal Argentina, no a pleno, sino con algunos obispos. Con ellos hemos tenido muchas charlas. Con el nuncio apostólico Pío Laghi. Se lo planteó como una situación muy dolorosa y nos asesoraron sobre la forma de manejarla. En algunos casos, la Iglesia ofreció sus buenos oficios, y frente a familiares que se tenía la certeza de que no harían un uso político de la información, se les dijo que no busquen más a su hijo porque estaba muerto.
–No parece suficiente.
–Es que la repregunta es un derecho que todas las familias tienen. Eso lo comprendió bien la Iglesia y también asumió los riesgos.
Hasta la expresión impersonal escogida por Videla (“se lo planteó”, “se les dijo”) trasluce la identidad entre Iglesia y Dictadura.
El rol de Laghi
La minuta para el Vaticano también muestra el conocimiento de la Iglesia sobre el secuestro de las religiosas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. Sin embargo, cuando la superiora de las monjas en la Argentina, Evelyn Lamartine, y la religiosa Montserrat Bertrán recurrieron a Laghi, el nuncio las miró “como si fuéramos bichos asquerosos, y nos dijo: ‘Nosotros no sabemos nada, por algo habrá sido’. Montse se arrodilló y le rogó que hiciera algo. El se la sacó de encima, instintivamente, describe Evelyn, que entonces pensó: ‘Dios no se olvida de lo que dijiste’”. Su testimonio fue recogido por María Arce, Andrea Basconi y Florencia Bianco, cuya investigación fue publicada por Clarín en 2007. Un obispo y una madre superiora llegaron desde Francia para interesarse por Alice y Léonie, pero Primatesta ordenó desmentirlo y explicar que sólo venían a pasar Navidad. En 1995, bajo la conmoción de las revelaciones del ex capitán Adolfo Scilingo sobre el asesinato de prisioneros arrojados al mar, la esposa del secuestrado periodista Julián Delgado, María Ignacia Cercós, contó que el Comandante en Jefe de la Armada Armando Lambruschini consultó con Laghi acerca del destino de 40 detenidos-desaparecidos en la ESMA, que su antecesor, Emilio Massera, le había entregado al retirarse. Lambruschini no quería matarlos pero temía que si los dejaba en libertad contaran lo padecido en la ESMA, tal como ocurrió, y le preguntó a Laghi qué hacer. Según Cercós, el concimiento de Laghi sobre lo que sucedía en aquel campo de concentración llegaba hasta la nómina de los prisioneros que aún quedaban con vida. Ante el pedido de María Ignacia, Laghi consultó esa lista y “me dijo que Julián no estaba entre ellos. Quiere decir que tenía pleno acceso a la información”. En aquel momento, el propio Massera defendió a Laghi de tales “noticias calumniosas” y dijo que se preocupó en forma permanente por la suerte de “los llamados desaparecidos”. El problema es que Laghi había elegido la estrategia opuesta: negar que hubiera conocido la índole y la extensión de las violaciones a los derechos humanos. Dijo que “no tenía ni micrófonos ni espías que fuesen a los cuarteles a ver lo que los militares hacían”. Sus amigos Oscar Justo Laguna (quien al morir este año estaba procesado por la justicia federal de San Nicolás, por haber mentido en su testimonio sobre el asesinato de su colega Carlos Horacio Ponce de León), Alcides Jorge Pedro Casaretto, Carlos Galán, Domingo Castagna y Emilio Bianchi di Carcano sostuvieron que declaraciones como la de María Ignacia Cercós podrían “reinstalar entre nosotros no ya la violencia de las armas sino la de la venganza”. La esposa de Julián Delgado dijo entonces que durante años estuvo agradecida a Laghi por sus gestiones. “Pero ahora sé que no puedo perdonarle su silencio cómplice. Me siento un monstruo por haber escuchado esas cosas sin reaccionar.” El propio jefe máximo de aquella Junta Militar, sin el menor asomo de crítica, confirma tres décadas después el asesoramiento de Laghi sobre el secreto más horrendo y peor guardado de la dictadura.
La Eucaristía
Recuerdos coincidentes tienen muchos sacerdotes que en aquellos años frecuentaron a Laghi. Uno de ellos, Hugo Collosa, de Rafaela, le narró al periodista Carlos del Frade que Laghi visitó esa ciudad santafesina luego de la muerte de su obispo, Antonio Alfredo Brasca, incendiado por un cáncer en 1976. La enfermedad se adelantó a las Fuerzas Armadas, que lo tenían en su lista corta de aversiones. En el Obispado se reunían las agrupaciones laicas que militaban en los barrios más humildes y las del peronismo revolucionario, que tenían algunos miembros en común, entre ellos un sacerdote. Brasca se había manifestado en apoyo del movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo junto con los obispos Enrique Angelelli, Ponce de León y Alberto Devoto. “Laghi vino a maltratarnos”, dice Collosa, quien ya no es sacerdote. “No tenía ninguna intención de discutir el perfil del nuevo obispo ni mucho menos que se siguiera la línea de Brasca. Lo llevamos a almorzar en un comedor para chicos de la ciudad y allí, a varios sacerdotes, nos contó de los vuelos de la muerte, de los secuestros, las desapariciones y las torturas. Es decir que ellos ya sabían lo que estaba pasando con lujo de detalles desde mucho antes que 1978. Y hablaba con fundamento de lo que hacía cada una de las tres armas. Nosotros ya habíamos sufrido el secuestro del padre Raúl Troncoso que militaba en barrio Fátima, y estábamos muy preocupados. Después lo mandaron a Cassaretto que hizo una pastoral totalmente distinta a la de Brasca y bien cercana a los sectores dominantes de la ciudad”. La primera entrevista de Videla con el periodista cordobés se interrumpió cuando lo trasladaron al Hospital Militar para tratarse de una incipiente bronquitis. Formaba parte de la comitiva que buscó a Videla “un hombre canoso que venía, cáliz y alba en mano, a darle la Eucaristía”. Es decir que pese a las sucesivas condenas por los más graves delitos, la Iglesia Católica no consideró necesario excomulgarlo, pena eclesiástica que impide la recepción de los sacramentos y se aplica a los pecados graves. El no considerar como tales los delitos de Videla certifica la prolongación en el tiempo de la complicidad eclesiástica con ellos.
Alguien entendió mal
Por Horacio Verbitsky
Un asesor del ministro de Defensa Arturo Puricelli y al mismo tiempo colaborador del comerciante de parafernalia de defensa y seguridad Mario Montotto solicitó asesoramiento al Ejército brasileño para la realización de los programas de intervención en las villas de emergencia de la Capital y el conurbano bonaerense coordinados por el Secretario de Seguridad, Sergio Berni. Esos programas que en una primera etapa abarcan ocho barrios, recogen aportes de los ministerios de Desarrollo Social, Salud, Educación, Salud, Interior, Seguridad y Defensa, y se proponen el rescate de los excluidos en un espacio con escasa presencia del Estado. Cada ministerio asume la responsabilidad política y organizativa sobre un barrio. Las previsiones oficiales eran que las Fuerzas Armadas apoyaran a los demás ministerios con los medios que la ley 24.059 de seguridad interior contempla para situaciones de desastre: elementos de “sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones” (artículos 26 y 27). Pero el asesor Fabián Calle solicitó al general brasileño Julio Amo asesoramiento del ministerio de Defensa de aquel país “sobre la experiencia de pacificación en las favelas de la ciudad de Río de Janeiro”. Se trató de un operativo desarrollado por la Policía Militar sobre asentamientos urbanos copados por organizaciones armadas que se dedican al comercio de estupefacientes. En el mismo correo electrónico, Calle invoca su carácter de asesor de Puricelli, asesor editorial de la revista DEF (que edita Montotto) y asesor del portal Infobae, para los que solicita sendas entrevistas periodísticas con el ministro de Defensa Celso Amorim y con su predecesor Nelson Jobim. Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica Argentina, el triasesor Calle es un entusiasta de la contrainsurgencia, “para hacer frente a grupos, organizaciones y redes armadas que recurran a tácticas y estrategias guerrilleras y/o terroristas”, actividades que las leyes vigentes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior vedan a las Fuerzas Armadas, tal como recordó la presidente CFK en la comida de camaradería de las Fuerzas Armadas.
Por Horacio Verbitsky
Julio Donato Bárbaro ha logrado la utopía de unificar en sí todas las tendencias del peronismo. La semana pasada, Clarín informó que mantuvo diez encuentros a solas con el jefe del gobierno porteño Maurizio Macrì, para explicarle el Movimiento. Y La Nación dijo un mes antes que Bárbaro funciona como puente entre el gobernador bonaerense Daniel Scioli y el sindicalista camionero Hugo Moyano. Para completar el bingo, el ex miembro de Guardia de Hierro le alquila al gobierno nacional por 18.700 dólares estadounidenses al mes un piso en el edificio con entrada por los números 458, 464 y 466 de la calle Paraná. El contrato fue firmado el 3 de setiembre de 2010 entre Bárbaro, como presidente y titular del 99 por ciento de las acciones de Remover SA, y la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) que actúa como ente cooperador al servicio de la Secretaría de Justicia. Desde entonces el Ministerio le pagó a Bárbaro 1,8 millones de pesos de alquileres y gastó 700 mil pesos en obras de reacondicionamiento. Pese a ello el edificio no está en condiciones de ser utilizado, cuando sólo queda un año de contrato, que vence el 31 de agosto de 2013. En 1985 la ley 23.283 autorizó a la Secretaría de Justicia a contratar en forma directa convenios de cooperación técnica y financiera para la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y del Crédito Prendario. El negocio se reveló tan extraordinario que al año siguiente la ley 23.412 lo extendió al resto de las direcciones y dependencias de la Secretaría de Justicia. Este fue el punto de partida de los convenios con ACARA, que luego se extendieron a la Cámara de Comercio Automotor (CCA). En 1992 la ley 23.979 legalizó el acuerdo ya existente del Registro Nacional de Armas con la Asociación de Industriales y Comerciantes de Artículos para Caza y Pesca, y en 2002 la ley 25.363 extendió la facultad a la Sedronar para que el Registro Nacional de Precursores Químicos celebrara un convenio similar. Los extraordinarios montos que se manejan en estos denominados entes cooperadores, provienen de un porcentaje sobre la totalidad de los aranceles, patentamientos y formularios de cualquier tipo que se tramitan en cada actividad y constituyen una administración paralela a la ejecución presupuestaria, que queda en manos de una comisión creada por cada convenio. En los hechos el ministro respectivo dispone con libertad de los fondos, sólo sujeto a una cierta distribución acordada con el ente y los gremios. Un porcentaje se destina al pago de los incentivos del personal de planta permanente y transitoria, otro a la contratación de personal y otro a compras o contrataciones excluidas del régimen de licitación normal. Un ex funcionario del área sostiene que “la discrecionalidad es muy amplia y el control sobre el gasto, casi inexistente. El funcionamiento del sistema ha sido tan perverso que mientras el congelamiento de las plantas y los burocráticos mecanismos de progreso en la administración degradaron la planta permanente, la mayoría de los profesionales que sostienen la gestión en muchas de las áreas del Ministerio están contratados por los entes cooperadores”. El colmo es el caso del Renar, financiado por las empresas que el organismo debe controlar, importadoras y fabricantes de armas y municiones, chalecos y equipamiento en general. El convenio vigente en Justicia cedió a ACARA la administración de fondos del Ministerio por 950 millones de pesos anuales, tarea por la que el Ente Cooperador percibe 90 millones de honorarios. Tamaña discrecionalidad y falta de control explican un contrato como el que le permite a Bárbaro financiar con fondos públicos su juego triangular entre Macri, Moyano y Scioli.
Fuente:Pagina12
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