La doble función de la hija del represor
Se trata de María Laura Olea, cuyo padre fue condenado por delitos de lesa humanidad. Los camaristas resolvieron “el cese inmediato” de su rol como defensora “por motivos de decoro”.
Por Irina Hauser
El titular de Casación, Pedro David, está a cargo del sumario sobre Olea.
Imagen: Rolando Andrade
María Laura Olea es secretaria de la Cámara de Casación Penal. No está de licencia, ni fuera de servicio, ni nada parecido; sin embargo, hasta esta semana ejercía simultáneamente la defensa de su padre, el general de brigada (R) Braulio Olea, y lo hacía ante el mismo tribunal donde trabaja. La situación había quedado en evidencia en diciembre del año pasado, cuando dejó lo que estaba haciendo en su despacho y apareció como si nada en una audiencia en la Sala IV para exponer la posición del represor, quien había apelado la condena a 25 años de prisión que recibió en 2008 por crímenes de lesa humanidad en Neuquén. A pesar de que se le abrió un sumario, ella siguió interviniendo como abogada: presentó pedidos de nulidad, pidió fotocopias y hasta recusó a los jueces que evaluaban el caso de su padre.
La seguidilla derivó en un plenario de “superintendencia” entre los presidentes de cada sala donde el jueves último resolvieron “el cese inmediato” de su “actuación en calidad de defensora particular” ante la propia Casación “por motivos de decoro”.
Aunque en el tribunal hay quienes no descartan que Olea intente pelear la resolución de sus superiores, ya debería abandonar su papel de abogada. Lo que los camaristas todavía no resolvieron es la “prevención sumaria” que, según los resultados, podría llegar a costarle desde una sanción hasta el cargo. Por lo pronto, el debate entre los jueces que participaron del “acuerdo de superintendencia” derivó en que uno de ellos, Mariano Borinsky, llevara el tema más lejos y propusiera reformar el Reglamento para la Justicia Nacional para impedir que los funcionarios de la Justicia penal puedan actuar como abogados ante ese mismo fuero. Hoy por hoy, la norma lo permite, previa autorización, en caso de causas personales o en representación de familiares directos. Según Borinsky, esa regla podría considerarse viable en juicios sucesorios, por ejemplo, pero debería ser impensable en casos penales, más aún en el mismo tribunal donde la persona cumple funciones. Nadie se opuso, alguno asintió y el debate quedó en carpeta para el próximo acuerdo general.
En 2008, aferrándose al reglamento vigente, Olea pidió licencia para ir a ejercer la defensa de su padre militar ante un tribunal oral de Neuquén, donde se lo juzgaba junto con otros siete represores que estuvieron a cargo del centro clandestino de detención La Escuelita. Su jefe, el camarista Eduardo Riggi, de quien es estrecha colaboradora, le dio autorización. También tuvo aval de otros camaristas (Liliana Catucci, Angela Ledesma, Juan Fégoli y Juan Carlos Rodríguez Basabilvaso). Riggi no está en un buen momento de su carrera judicial, ya que se lo investiga en la causa sobre presuntos sobornos que habrían estado destinados a conseguir la libertad de los integrantes de la patota acusada de matar a Mariano Ferreyra y así favorecer al titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza. Dos ex secretarios suyos –Octavio Aráoz de Lamadrid y Luis Ameghino Escobar (h)– serán indagados por ese tema después de la feria.
Cuando volvió a su puesto en la Cámara de Casación, Olea no dejó de atender la causa de su padre. Así fue como se presentó en una audiencia en la Sala IV en diciembre, donde formó equipo con el abogado Gerardo Ibáñez. Nadie la cuestionó en el momento, pese a que fue una jornada de diez horas, coincidentes –además– con su horario laboral. Sin embargo, la situación no pasó inadvertida y era chocante en un momento en que el tribunal se esmeraba por demostrar ánimo de acelerar las causas de derechos humanos y eliminar trabas que entorpecen los juicios orales. Ledesma, quien por entonces presidía la Cámara, resolvió iniciar una investigación preliminar para determinar si debería ser sumariada. Un antecedente que complicaba el escenario para la secretaria era su presunta participación en un escrache al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, impulsado por un grupo de hijos de represores (autodenominado “Hijos y Nietos de Presos Políticos”) el día que presentó en la Facultad de Derecho su libro Derechos Humanos: Justicia y Reparación.
Aun con la investigación en su contra a cuestas, en los últimos meses, Olea se ocupó de presentar recursos varios en la propia Cámara de Casación, desde pedidos de nulidad hasta una recusación contra los integrantes de la Sala VI, a cargo de revisar la condena por el juicio de La Escuelita. La recusación, por supuesta falta de imparcialidad, fue rechazada por los propios jueces (Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Gemignani) y ahora la analizan sus pares de la Sala II. Otros episodios profundizan el malestar hacia ella en el tribunal, aunque no han sido formalmente denunciados, como su presencia frecuente entre el público que va a ver las audiencias de las causas contra distintos represores. O su presunta irrupción –según narraron dos funcionarios del tribunal– en un despacho de la Sala IV, donde un empleado la habría sorprendido revisando el expediente de su padre, ante lo cual le advirtió que era secretaria de la vocalía de Riggi.
En la reunión de “superintendencia” que finalmente se hizo la semana pasada, los camaristas discutieron si la autorización a Olea como defensora había caducado, y en qué medida su desempeño en el tribunal donde se encuentra el expediente debió impulsarla a dar un paso al costado. La conclusión quedó reflejada en unas pocas líneas: “Como fruto de una amplia deliberación, por motivos de decoro, corresponde el cese inmediato de la actuación en calidad de defensora particular ante esta Cámara Federal de Casación Penal de la funcionaria María Laura Olea”. Hasta Riggi, quien evidentemente decidió despegarse, firmó el texto, junto con Borinsky, Raúl Madueño, Alejandro Slokar y Pedro David, quien preside el tribunal.
Está por verse qué pasará de aquí en adelante con la investigación sumaria –que conduce David–, que en estos siete meses no ha exhibido avances. Las resistencias al juzgamiento de los crímenes de la dictadura todavía se filtran por lugares y grietas asombrosos.
Fuente:Pagina12
ENTREVISTA
María Laura Olea: "Mi padre no estaba al tanto de las detenciones ilegales ni de las torturas"
Lo afirmó la hija y abogada defensora de Enrique Braulio Olea, ex jefe del Batallón de Ingenieros donde funcionó el centro clandestino La Escuelita, hoy imputado en el juicio por delitos de lesa humanidad.
Por GEORGINA GONZALES
En diálogo con La Mañana de Neuquén, esta mujer de 52 años aseguró que su padre –condenado en 2008 a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad e imputado en este segundo juicio– “siempre fue honesto” y que no tenía ingerencia en el edificio donde funcionó el centro de detención.
“Soy ajeno a esos hechos”, dice que le confesó su padre cuando le consultó si tuvo algo que ver con las desapariciones de personas de la región durante la última dictadura militar. Esa afirmación, dice María Laura Olea, es "la realidad y la base de nuestra defensa".
¿Sintió alguna vez que su padre podía haber tenido alguna vinculación con estos hechos?
Cuando con el retorno de la democracia se empieza a hablar de estos temas, de la iniciación de los juicios a las juntas militares, mi padre es citado por la Cámara Federal de Bahía Blanca. En ese entonces las causas eran tramitadas en las cámaras federales en razón de las disposiciones del Código de Justicia Militar. Yo recién iniciaba la carrera de abogacía. Mi padre prestó declaración indagatoria en Bahía Blanca, y ese mismo día dictaron lo que hoy podríamos denominar una falta de mérito. Esa declaración está vinculada con las mismas cuestiones que hoy se le imputan en este juicio: que era el jefe del Batallón, que había reparado ese inmueble que estaba fuera del Batallón y que luego habría sido utilizado para la comisión de delitos. Estas circunstancias que hoy se debaten en este segundo juicio fueron relatadas por mi padre en 1986, luego de lo cual fue dictada una falta de mérito. Y no estoy hablando de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, estoy refiriéndome a una decisión adoptada en virtud de los hechos.
¿Qué piensa que cambió a partir de esa “falta de mérito”?
Una cuestión política. No hay otro motivo.
¿En algún momento le surgieron dudas acerca de la actuación de su padre durante la dictadura?
Hablamos todo y sinceramente. Son temas difíciles y dolorosos para cualquier familia, ya sea la familia del militar, la del imputado y las que se presentan como víctimas. Creo que fue un pasado doloroso para muchos. Yo tengo una visión crítica sobre estos procesos. Por un lado, por mi condición de abogada en cuanto considero que los procesos para denominarse tales tienen que ser respetuosos de las garantías básicas de la Constitución. Si no se respetan esos principios básicos no se puede hablar de procesos legales. No podemos juzgar o reprochar la conducta de un Estado totalitario siendo un Estado totalitario. Si queremos justicia y verdad, esa verdad tiene que ser completa.
¿Qué le está faltando para que sea completa?
Le está faltando todo lo que se señaló en la denominada "Causa 13" (N. de la R: En el año 1985 la Cámara Federal dicta sentencia en el marco del Juicio a las Juntas Militares). Esta causa es una sentencia que podríamos dividir en dos partes. Una primera señala lo que habían sido las causas de lo que hoy denominamos terrorismo de Estado. Ahí se indica que la Argentina vivió ya desde los gobiernos constitucionales una agresión por parte de quienes entendieron a través de las armas que podían alcanzar el poder y cambiar un sistema de vida, un sistema político como las organizaciones del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Montoneros. Toda esa parte de la historia hoy se niega, y no entiendo por qué. Si queremos aprender como sociedad no podemos negar.
Una de esas “partes” es el Estado.
Quien tiene el monopolio de las fuerzas es el Estado, entonces parece que nos encontramos frente a dos bandos, uno con el monopolio de las fuerzas y el otro con agrupaciones de menor poder. De todas maneras, aquellas agrupaciones guerrilleras no eran agrupaciones cerradas, sino que tenían contacto con otros estados. Tenían apoyo en el extranjero y además obraban desde la clandestinidad. Con esto no pretendo justificar cosas aberrantes, lo que busco es que como sociedad comprendamos que si no sabemos la historia completa corremos el gravísimo riesgo de que se repita. Una verdad completa es la que nos puede salvar como sociedad. Una de mis más entrañables amigas es hija de desaparecidos. Las dos hemos llorado juntas. Yo por el dolor que ella ha sufrido y que hoy mantiene nunca se le va a borrar ese dolor por la pérdida de una madre por más que haya sido montonera. Tenía 5 años cuando entraron a su casa y se llevaron a su mamá. Mi amiga conoce a mi papá, y se estiman. Ella entiende mi dolor de hija al estar viviendo esta situación que es muy injusta.
¿Por qué considera que es injusta?
Porque realmente mi padre ha sido ajeno a los hechos que se ventilan en estos juicios.
¿Por más que era el responsable del Batallón? ¿Piensa que pudo no haberse enterado de lo que pasaba en La Escuelita?
Sí, porque él no tenía jurisdicción directa sobre ese lugar. Acá se presentó una situación particular. Hay una yuxtaposición de lo que era la subzona y el área. El general José Luis Sexton -ya fallecido- lo declaró en la década del ‘80 cuando dijo que fue él quien se hizo cargo de esa situación. Si leen la sentencia en la que condenaron a mi padre a 25 años de prisión, no está imputado de haber dado órdenes o de haber privado de libertad a alguien o de haber torturado. Su imputación está dada en razón de que antes de que aquel lugar se convirtiera en La Escuelita le pidieron, como jefe de un Batallón de Construcciones, si podía repararlo y cumplió con una orden. Nada ilícito podía advertirse en esa orden. Ese lugar no dependía de él. Lo escuchamos muchas veces en el debate.
¿Su padre nunca se enteró de nada?
Pudo haber escuchado comentarios como dicen los suboficiales y soldados que escuchaban comentarios. Ahora, de ahí a tomarse de un comentario o un rumor de un soldado o de un suboficial para ir a preguntarle al comandante de Brigada, al general Sexton: “¿Usted qué está haciendo?" hay una gran diferencia. Además, era un lugar al que no tenía acceso. En la sentencia, los procesamientos se está hablando que el sistema era secreto ¿Si no de qué clandestinidad estamos hablando? Quedaba dentro de una órbita de pocos. En el país había detenidos, pero no era que lo podía saber el jefe del Batallón, sino que era conocido por muchos que había detenidos. Como estamos hablando de una detención ilegal, seguida de tortura, en un lugar clandestino, de eso mi padre no estaba al tanto y no intervenía en esas cuestiones.
Fuente:LaMañanaNeuquen
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