Nuevas pruebas y pedido de detención para Blaquier
El fiscal Pablo Pelazzo solicitó la detención del dueño de Ledesma, Pedro Blaquier, pedido que ahora debe responder el juez. Los libros del Escuadrón 20 de Gendarmería de Orán indican que vehículos de Ledesma entraron y salieron de allí el 24 y 25 de marzo de 1976.
Por Alejandra Dandan
El empresario Pedro Blaquier fue indagado esta semana en una causa en la que se investigan delitos de lesa humanidad en Jujuy.Imagen: Rafael Yohai
El primer dato es conocido. En el Ingenio Ledesma hay una delegación de Gendarmería adonde llegaron y desde donde salieron los secuestrados de 1976. Los testigos y sobrevivientes aseguran que al menos una parte de los traslados se hicieron en vehículos de la empresa de Pedro Blaquier. La empresa sostuvo en un comunicado difundido la semana pasada, en letras mayúsculas, que “no prestó ninguna camioneta para operaciones militares”.
Pero hay nuevos indicios que contradicen esta afirmación. Varios libros foliados y preservados como prueba por el Tribunal Oral Federal de Salta en otra causa muestran el tránsito de dos camiones con los “números 59 y 69” y de un auto de Ledesma en un centro clandestino de Orán. Los libros del Escuadrón 20 de Gendarmería de Orán –a algunas de cuyas hojas tuvo acceso Página/12– indican que los vehículos entraron y salieron el 24 y 25 de marzo de 1976 entre los infinitos desplazamientos que esos días hicieron unimogs, jeeps, camiones y patrulleros del Ejército en una zona que consideraba “endiablada” por el desarrollo de las organizaciones políticas y la frontera con Bolivia. La región dependía de la subárea 322–2 del Regimiento de Monte 28 del Ejército. Los datos no dicen qué hacían los vehículos en el Escuadrón, pero las anotaciones y el modo de listarlas pueden ser leídas como nuevos indicios de la colaboración entre el zar azucarero y los ejecutores del golpe. Con la nueva prueba, el fiscal Pablo Pelazzo pidió la detención de Blaquier.
Los datos están en el Registro de Novedades de la Guardia de Prevención, del Escuadrón 20 de Orán, del norte de Salta, del que dependía la seccional Gendarmería del Ingenio Ledesma. Tres de los libros están archivados bajo llave en el tribunal de Salta. El fin de semana pasado, el abogado querellante David Leiva se encontró con esos datos. Se había sentado a mirar los papeles “con una lupa” porque buscaba información sobre un desaparecido y sobre la articulación entre Gendarmería y el Ejército. En el camino se encontró con este material, que el viernes entró como “nueva prueba” en el Juzgado Federal de Jujuy. La Unidad de Coordinación de las Causas de Lesa Humanidad de la Procuración, a cargo de Jorge Auat, y el fiscal de la causa presentaron copias certificadas de los libros.
“Para mí la lectura es clarísima –dice David Leiva–. La presencia de los vehículos del Ingenio Ledesma conducidos por civiles en el Escuadrón 20 de Orán, trasladando personal de la Gendarmería hacia la frontera de Aguas Blancas, a Urundel y hacia la Colonia Santa Rosa, revela acabadamente cómo esta empresa colaboró con la dictadura terrorista justo el 24 de marzo de 1976. El pueblo conoce de esta colaboración y lo manifiesta en cada marcha del Apagón. Sólo falta que la Justicia lo escriba a través de sus resoluciones y sentencias.”
El Registro no dice exactamente qué fueron a hacer los vehículos de Ledesma: ésa es la información que debe evaluar la Justicia. Sí habla del contexto: las planillas en las que aquellos movimientos se hicieron, se elaboraron durante los operativos del día del golpe.
Los datos
Según las hojas 192 y 193 del Libro de Novedades, el 24 de marzo de 1976 fue un día complicado. En el Escuadrón 20 de Orán empezó con un grupo de “detenidos incomunicados”, entre los que se lee el nombre de René Ruzo, ahora desaparecido. También recibieron “cinco sobres cerrados y lacrados que dicen contener claves de los distintos servicios de la Unidad”, en alusión a lo que podrían ser directivas operativas del día del golpe. Firmaron las novedades los “Jefes de guardia” Ceferino Gutiérrez y Lázaro Rolón y otros dos subalféreces.
Los movimientos de vehículos aparecen a las “7.05”: “Sale al Hospital base el cabo Ferreyra a realizar el relevo”, dice el Registro. A las “7.25”, ingresa el “Jeep 1404” y a las “7.55” sale a la “localidad (de San Ramón de la Nueva Orán) conducido” por dos cabos identificaron por los nombres. A las “9.15” aparece la primera referencia a Ledesma.
Los datos están registrados igual que los otros vehículos, número de identificación del móvil, nombre de los choferes y destino del traslado.
- A las “9.15” entraron dos “camionetas pertenecientes al Ingenio Ledesma, Nros. 59 y 69”.
- A las “11.00” salieron “conducidas por los señores Bernabé Flores y Ramón Basena con destino a Aguas Blancas y Urundel, respectivamente”.
En las fojas 198 y 199, vuelven a mencionarlos entre otras entradas y salidas de Unimogs, patrulleros y Jeeps desplazados para “cubrir objetivos”, por ejemplo. O “en comisión reservada”:
- A las “23.30” del 24 de marzo “regresa la camioneta Ingenio Ledesma N0 69 conducida por Ramón Basena desde la Sección Agua Blanca”, acompañado con un gendarme, “el alférez Faciad”.
- Quince minutos después, a las 23.45, “sale el Alférez Juárez a la Colonia Santa Rosa en vehículo particular de la Empresa Ingenio Ledesma”.
Los datos vuelven a aparecer en abril, siempre de acuerdo con esta primera mirada de los libros:
- El día 13 de abril el Libro dice que el Ingenio Ledesma remitió “500 litros de nafta y 1000 litros de gasoil”.
Los destinos
¿Qué hacen los camiones de Ledesma ahí? ¿Por qué están anotados? ¿Qué era Aguas Blancas? ¿Por qué viajaron a Urundel?
- Aguas Blancas: es el último pueblo del territorio argentino en el borde de la frontera con Bolivia, sobre el río Bermejo. Para David Leiva, era un lugar clave el día del golpe porque, para muchos, el paso era una vía de escape. La camioneta se fue con un chofer y volvió de Aguas Blancas con un gendarme de compañía. En Aguas Blancas había una seccional de Gendarmería.
- Urundel: está ubicado en el sur de Orán, en la frontera jujeña. Ahí había una finca que, según las querellas, vendía cañas al Ingenio Ledesma. Uno dato llamativo es el recorrido que ese día hizo el camión 59: Urundel está entre Ledesma y San Ramón de la Nueva Orán, si el camión iba de Ledesma a Urundel, el Registro demuestra que hizo un trayecto de más para llegar hasta el Escuadrón y luego regresar a la zona. En el lugar había integrantes del gremio azucarero. Aunque no hay registros de desaparecidos o de secuestros, fue uno de los gremios más castigados en Orán.
- La colonia Santa Rosa: es el destino que asumió el “auto particular” de la empresa. Para 1976, era un territorio de las organizaciones políticas; había fincas agrícolas y hubo desaparecidos emblemáticos como Raúl Osores, la persona por la que Leiva llegó al Libro de Registros. Osores era de la Federación Unica de Trabajadores Rurales y Estibadores y dirigente de la JUP. Estuvo preso en el gobierno de Onganía, explica Elena Corvalán, periodista e investigadora, directora de Radio Nacional de Salta y editora del Nuevo Diario. El 24 de marzo de 1976, Osores discutió con su mujer, convencido de que iban a ir a buscarlos. El se fue; a ella la secuestraron ese día. Dicen que él vivía en el monte y a la noche bajaba para comer algo y cambiarse a la casa de un compañero. Los gendarmes lo secuestraron en abril de 1976. Estuvo desaparecido en el Escuadrón 20. Los registros indican que figuró una semana en el parte de novedades; lo trasladaron en ambulancia; pasó por el penal de Salta y luego desapareció.
La zona maldita
El Escuadrón 20 está señalizado como centro clandestino de detención. Su jurisdicción llegaba hasta el departamento de Ledesma en Jujuy y hasta Salvador Maza, en la frontera con Bolivia. Estaba bajo las órdenes del Regimiento de Monte 28 con base en Tartagal, a cargo del ex jefe del Ejército Héctor Ríos Ereñú, juzgado en estos días en Salta. Todavía se investiga si la subárea dependió, además, de Domingo Bussi en Tucumán.
La zona tenía dos áreas muy movilizados políticamente: Orán, donde están las tres localidades hacia las que fueron los vehículos de Ledesma según los registros; y el Departamento de San Martín, donde están Tartagal y Mosconi. Para los militares, era una “zona maldita”, dice Corvalán, porque allí se había consolidado la primera guerrilla de Jorge Ricardo Masetti. Allí hubo muchos militantes desaparecidos. Muchos fueron dinamitados, entre ellos varias víctimas del juicio en Salta. En los traslados se usaron camiones de YPF, que estaba intervenida. Ríos Ereñú admitió que requirió una camioneta para un traslado. En los registros, se indica además que transportaron explosivos.
La aparición de estos documentos complicó a Blaquier, a quien la fiscalía pidió detener. La solicitud, realizada no sólo por esta información sino por las pruebas acumuladas en el expediente, debe evaluarla ahora el juez Fernando Poviña.
La voz de los fiscales
Para Jorge Auat, los registros pierden el valor potencial que pueden tener si son desmarcados del contexto. En ese sentido, piensa en términos de prueba penal: sostiene que, como toda prueba, es un indicio que cobra potencia cuando es leído en el contexto, que es el que finalmente otorga sentido a cada elemento, entre otros también a éste. Lisandro Pellegrini, de esa misma unidad, aclara un punto importante. Los camiones no forman la única prueba que complica a Ledesma en la causa. “Independientemente de la información que está surgiendo sobre los vehículos de Ledesma y su relación con las fuerzas represivas de la época –dice–, no puede perderse de vista que la prueba que actualmente sustenta la acusación contra los imputados excede considerablemente esas circunstancias.”
Fuente:Pagina12
Blaquier: el guardián del horror
Año 5. Edición número 221. Domingo 12 de agosto de 2012
Por Ricardo Ragendorfer
rragendorfer@miradasalsur.com
EL rey sol. Tras jugar a las escondidas, el destino de Carlos Pedro Blaquier se escribe en un expediente judicial. (TELAM).
En la ciudad jujeña de Ledesma, la dictadura aún no terminó. El vecino más ilustre del lugar, tras eludir hasta donde pudo su situación judicial, está ahora al borde del procesamiento por su colaboración con los militares.
El 8 de agosto aún no terminaba de clarear y el anciano ya estaba en el tercer piso del Consejo de la Magistratura, sobre la céntrica calle Libertad. Había llegado con anticipación para eludir la jauría movileros. Su estampa guardaba cierta semejanza con la del simpático Mister Magoo. No era otro que el empresario Carlos Pedro Blaquier. Le escoltaban tres abogados, dos hijos, un médico y el jefe de prensa del Ingenio Ledesma. Es que el Zar del Azúcar estaba a punto de ser indagado –a través de una videoconferencia enlazada con el despacho del juez federal Fernando Poviña, en Jujuy– por algunas situaciones ocurridas durante la última dictadura. Los cargos en su contra: violación de domicilio, privación ilegal de la libertad, tormentos seguidos de muerte a 35 víctimas de la llamada Noche del Apagón, además de otros seis homicidios. Blaquier lucía indiferente. A las nueve, se abrió la conexión con San Salvador de Jujuy.
En ese mismo instante, a 106 kilómetros de esa capital, manos anónimas hacían desaparecer el enorme cartel con el que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación señalizó las instalaciones del polo industrial que Blaquier preside en la pequeña ciudad de Libertador General San Martín, más conocida como Ledesma. La empresa había amenazado con iniciar acciones legales contra quienes el 11 de julio lo habían colocado para marcar las instalaciones donde se cometieron crímenes de lesa humanidad. Al día siguiente, la hija de Hugo Condori –el único dirigente gremial de la empresa que sobrevivió a la matanza– fue amenazada en Ledesma por un motociclista encapuchado que la increpó con un mensaje: “Decile a tu viejo que deje de joder al señor Blaquier, porque lo vamos hacer pelota”. Tres semanas antes, el nieto del testigo, de 16 años, había sufrido un intento de secuestro al salir del colegio.
Pero las fuerzas oscuras del lugar no sólo actúan para saldar cuestiones del pasado. Hace un mes y medio, una patota integrada por policías provinciales y matones del Ingenio Ledesma que actuaba por orden de don Carlos procedía a desalojar a 700 familias de unas tierras pertenecientes a la empresa en las afueras de la ciudad. El saldo: 30 heridos y cuatro muertos. Ello sucedió en vísperas del trigésimo quinto aniversario de la Noche del Apagón. Entre el 20 y el 27 de julio de 1976 fue cortado el suministro eléctrico en la ciudad, mientras policías, gendarmes, militares y capataces de la empresa procedían al allanamiento y el saqueo de todas las viviendas. En vehículos de la empresa, 500 trabajadores, estudiantes y profesionales fueron llevados a los galpones del ingenio azucarero, donde permanecieron atados y encapuchados por tres meses, en medio de interrogatorios y torturas. Sólo algunos recuperaron la libertad; el resto terminó en cuarteles y cárceles. Unos 30 están desaparecidos; entre ellos, el ex intendente del pueblo, Luis Aredez, y el sindicalista Avelino Bazán. Sobre ello, Blaquier era ahora indagado.
El Estado soy yo. Lo cierto es que don Carlos es un hombre múltiple. En algunas librerías de saldos todavía se pueden encontrar al menos tres obras ensayísticas suyas; a saber: Pensamientos para pensar, El milagro griego y Los amores de Luis XIV. El sugestivo título del primero lo dice todo. En el segundo, el autor vuelca su lúcida mirada acerca del mundo helénico, destacando que esa civilización se erigió en “la conveniencia de limitar la cantidad de ciudadanos”, y sostiene tal tesitura con un dato de suma utilidad para las sociedades contemporáneas: “En la antigua Grecia, los esclavos del Estado cumplían funciones de vigilancia y de policía”. El libro sobre el penúltimo monarca francés es, sin duda, su texto más íntimo. En parte, porque hace eje en la relación con su favorita, Françoise d'Aubigné, más conocida como Madame de Maintenon –con quien se unió en matrimonio morganático sin haberse separado de la reina María Teresa de Austria–, en una clara alusión al vínculo simultáneo que él mismo mantiene con sus esposas Nelly Arrieta y Cristina Khallouf. Lo cierto es que, desde una perspectiva más global, Blaquier se cree la reencarnación misma del Rey Sol.
De hecho, su mansión La Torcaza, sobre la Avenida Sucre, en las barrancas de San Isidro, es una versión desmejorada, casi naïf, del Palacio de Versalles. Sobrecargada con estatuas, mármoles de Carrara y un sauce llorón –obsequio del paisajista Carlos Thays–, este reyezuelo de cabotaje, amasó bajo su techo, entre visitas de embajadores, altos dignatarios de la Iglesia y generales de la industria, la ilusión de hacer propia aquella máxima acuñada por su ídolo: “El Estado soy yo”.
“En el fondo, soy muy romántico”, diría, al concluir el siglo XX, a su amigo, el marchand Nacho Gutiérrez Zaldívar, en un programa televisivo que este animaba en la ATC del menemismo. También confesó: “La filosofía me resultó de gran utilidad en mi vida empresarial”.
Los militares, también. Beneficiado por la dictadura de Onganía con el monopolio de la industria azucarera tras el cierre compulsivo de los ingenios tucumanos, Blaquier supo anudar fructíferos lazos de intercambio con los siguientes gobiernos de facto. No sólo proporcionó listas de obreros “subversivos” y asistencia logística a las fuerzas represivas, sino que su imperio financiero fue un sostén explícito, casi obseno, del régimen que vio la luz en 1976. Prueba de ello, es su intercambio epistolar con el entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. En una carta fechada a fines de 1978 se dirige a él con un efusivo “Querido Joe”, y no duda en expresar su “profunda admiración por la recuperación de la Argentina”. En aquella misma hoja también se refiere a sus gestiones con “el señor Harry Stenbreder” –un influyente funcionario del Departamento de Estado– para mitigar las sanciones económicas de la administración Carter a la Junta Militar debido a sus crímenes.
El resurgir de la democracia no empañó el romance de Blaquier con los uniformados. Tanto es así que convirtió nada menos que en jefe de Recursos Humanos de la empresa al hoy encarcelado brigadier Teodoro Álvarez, quien –según la causa juficial que ahora se sustancia– tuvo un papel crucial durante la dictadura en la persecución de quienes integraban la comisión interna. Hay un hecho que pinta a Blaquier por entero. Durante un allanamiento efectuado a fines de mayo en las oficinas centrales de la empresa, junto a legajos sobre trabajadores desaparecidos, también fue hallado un escrito que da cuenta de trabajos de inteligencia efectuados por cuenta de la empresa en ¡2005! Se trata de un paper de 300 páginas sobre la marcha por la Noche del Apagón de ese año. Además de una minuta, hora por hora y día por día, sobre los preparativos de la movilización, el informe contiene una lista con nombres de decenas de dirigentes de todo el país que participaron en el recordatorio.
Es que Blaquier no fue un simple colaborador de la dictadura. Y, a diferencia del estrepitoso presente de sus antiguos jerarcas, su poder sigue intacto, tal como lo demuestra la estructura de espionaje a su servicio y las violentas presiones que aún hoy los matones de la empresa suelen ejercer en la ciudad de Ledesma y sus alrededores. A casi 28 años de haber concluido la larga noche militar, esa ciudad de 43 mil habitantes es quizás un santuario de la etapa más trágica de la Historia argentina. Un Estado dentro de otro Estado. Una republiqueta privada. O, simplemente, el único lugar en el que la dictadura todavía no terminó.
Su monarca, ahora, a los 83 años, tendrá que pagar sus crímenes.
Fuente:MiradasalSur
12.08.2012
Arroja a varios ríos desechos de plomo, cinc, aluminio, arsénico, cianuro y cobre
Antes secuestraba. Ahora envenena
La minera El Aguilar, implicada en la desaparición de trabajadores durante la dictadura militar, logró archivar una denuncia en su contra por contaminación masiva en Jujuy. Usó sus influencias para desplazar a un fiscal que la investigaba, y cierra rutas para impedir que se tomen muestras del agua envenenada en la Quebrada de Humahuaca. Un grupo de comunidades intenta reflotar la investigación.
Por: Daniel Enzetti
Pero el lobby en despachos políticos y el apriete a funcionarios judiciales logró archivar el proceso. La empresa, que utiliza a la Gendarmería Nacional como seguridad privada y controla el acceso a rutas y caminos públicos de la provincia, sacó del medio a uno de los que más molestaba. Antonio Gustavo Gómez, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental para el NOA que impulsó la investigación desde el comienzo, ya no cuenta para trabajar con jurisdicción en Salta y Jujuy.
Tierra muy afecta a que los jueces, además, reivindiquen y protejan a los genocidas. Según revelaron a Tiempo Argentino varias fuentes, la causa contra El Aguilar se retomará en pocos días, con la presentación de un conjunto de pueblos originarios y afectados directos en calidad de querellantes, asesorados por expertos internacionales y científicos del CONICET. Paralelamente, también podría contribuir en avanzar sobre la complicidad del grupo con la dictadura militar.
Varios ex operarios ya declararon en las audiencias que se llevan a cabo en el foro jujeño que, para aquellos secuestros del 76, fueron utilizadas camionetas oficiales de la firma. Y que los directivos "marcaron" a toda la comisión gremial como blanco. Avelino Bazán, histórico delegado de los obreros, continúa desaparecido.
En la denuncia aparecen como imputados los directores titulares Francisco Javier Herrero Gilsanz, Roberto Salvador Cacciola, Martín Wilfredo Dedeu, Christopher Eskdale y José Luis Musso, además del síndico titular Arturo Pfister Puch. Al testimonio de las comunidades se sumará un relevamiento de campo de la entidad Red Puna (conformada por más de 30 organizaciones de pueblos aborígenes y campesinos, artesanos, mujeres y jóvenes), y un trabajo de investigación confeccionado por el Instituto de Bio y Geociencias del NOA, el CONICET y la Universidad Nacional de Salta, coordinado por la Dra. Alicia Kirschbaum.
PLOMO 200 VECES MÁS QUE LO PERMITIDO.
Al igual que ocurre con el Ingenio Ledesma y la casta de los Blaquier, la minera hace en Jujuy lo que quiere. En la "Actualización del Informe de Impacto Ambiental para la etapa de explotación correspondiente al expte Nº 1694-C-81- Grupo Minero Aguilar" que presentó en la Dirección de Minería provincial en el 2007, la propia empresa reconoció casos de contaminación masiva. Pero que para el área oficial jujeña parecen no ser tan graves.
El documento al que accedió Tiempo sostiene: "Los efluentes del dique de colas se vierten al ambiente a través de un arroyo que descarga al Río Grande de la Puna, que luego se une al Río Yacoraite." Y admite: "Valores de Plomo del efluente del dique de colas, antes de volcar al Río Grande de la Puna: todos los valores medidos en 2006 superan el límite máximo, entre 4 y 200 veces el valor permitido, siendo los valores más altos en junio y julio."
El texto agrega: "Los valores de Cinc del efluente del dique de colas antes de volcar al Río Grande de la Puna en junio y julio supera entre 3 y 25 veces el valor guía, coincidiendo con las mayores concentraciones de Plomo."
El trabajo de Kirschbaum, doctora en Ciencias Biológicas, docente en la Universidad de Salta e investigadora del CONICET, fue solicitado por la Red Puna para afianzar la denuncia. Se denomina "Impacto ambiental de Mina El Aguilar en la concentración de metales pesados en la cuenca del Río Yacoraite, en la Quebrada de Humahuaca", y acaba de ser publicado bajo el título “The environmental impact of Aguilar mine on the heavy metal concentrations of the Yacoraite River, Jujuy Province, NW Argentina”, en Journal of Environmental Earth Sciences, Vol. 65, págs. 493-504.
En Jujuy no pueden decir que desconocen los datos: hace tiempo que la carpeta está en los escritorios del secretario y el director de Minería, Carlos Navarro y Javier Elortegui Palacios.
“La investigación probó la presencia de metales pesados vertidos por El Aguilar en el agua de toda la zona de la Quebrada –sostiene Carlos Redín, integrante de la Red–, y demuestra que la contaminación es masiva. Como por ejemplo en los ríos Casa Grande, Vizcarra y Cajas. Las muestras en la zona de El Aguilar, que extrae plomo, plata y cinc, se compararon con otros lugares, y los límites contaminantes superaron muchísimo el máximo que marca la Organización Mundial de la Salud para el consumo humano."
Leda Giannuzzi, experta en Toxicología de la Universidad Nacional de La Plata, es la autora de otro estudio que también será tomado como base para la nueva acción penal.
TIERRA ARRASADA.
Sobre finales de la década del '80 y comienzos de los años noventa, El Aguilar entró en una etapa de achicamiento y despidos masivos. De 2000 empleados pasó a tener un promedio de 700, y en pleno menemismo desmanteló totalmente la estructura que había montado, conocida como La Veta.
La empresa desarmó las instalaciones, derrumbó las casillas destinadas a los obreros, y se llevó las pertenencias para evitar que miles de despedidos se quedaran a vivir en el lugar. El poblado desapareció por completo, y en la actualidad únicamente sostiene el campamento El Molino. Paralelamente, la facturación aumentó.
Su capacidad de producción de mineral concentrado pasó de 1900 toneladas diarias en 2002 a 2300 toneladas diarias en 2007, y a 3000 toneladas en 2008. La causa original impulsada por el fiscal Gómez, que será ampliada en estos días con el aporte de otros estudios técnicos, se caratula “Actuación Preliminar Nro. 116/07 Minera Aguilar s/ Presunta Contaminación”.
Y se basó, además del testimonio de comunidades del lugar, en informes de la doctora en Bioquímica María Graciela Bovi Mitre, y el doctor en Ciencias Biológicas Juan González. Uno de los más buscados de la minera por Gómez fue el ingeniero Enrique W. Coronel, jefe del área de Medioambiente del grupo.
Después de varios relevamientos, expertos de la Policía Científica de Gendarmería Nacional determinaron contaminación en todas las muestras de agua estudiadas. Pero las cifras más comprometidas las reconoció la misma empresa, en informes de impacto ambiental que la provincia aprobó sin chistar.
Gómez sostiene: “… la empresa declara que se generan emisiones gaseosas que llegan a la atmósfera, y se reconoce que en la etapa de flotación se libera ácido cianhídrico, que es un derivado del cianuro muy peligroso”. Además, el fiscal agrega: "Se declara que se ha construido un depósito para aceites ascareles, que son los conocidos PCBs –bifenilos policlorados–, de altísima peligrosidad."
Y que en lo referido a muestras de agua del Río Grande, arrojaron "niveles de plomo que exceden 50 veces los parámetros permitidos por el Decreto 831/93". El escrito determina que "con tal declaración, la empresa estaría reconociendo implícitamente que muchos de los valores existentes se encuentran por fuera de los parámetros exigidos por la ley".
"Los análisis de las aguas de Casa Grande Escuela (agua potable) –continúa la denuncia– arrojaron también niveles superiores de metales pesados que los tolerados… Nótese que estamos hablando de 50 veces más de plomo que lo que permite la ley, nada menos que en el pozo de un establecimiento escolar."
En relación con un informe de la empresa de 2006, el escrito sostiene que El Aguilar "acepta que los efluentes de Mina Esperanza son vertidos al ambiente a través del arroyo Esperanza". Y "reconoce el rebalse de tanques industriales y su volcado al Río Chayanta –que luego desemboca en el Río Grande– y la detección de valores altos de plomo… Los valores de plomo exceden entre 4 y 200 veces los límites permitidos en la ley de residuos peligrosos."
Para el fiscal, la investigación constata "elevados niveles de contaminación con metales como plomo, arsénico, cianuro, cinc, aluminio, cromo y cobre". Y que por eso, "la conducta desplegada por los responsables del emprendimiento Mina Aguilar no merece otro calificativo que criminal". "Se observa que los informes presentados por la empresa siempre son aprobados –concluye–, pese a que en muchos de ellos se hallan prácticamente declaraciones juradas de afectación de los recursos naturales y de contaminación del medio ambiente."
Y que esa aprobación despierta "suspicacias de complicidad de los funcionarios locales con el contaminador". Hasta ahí llegó Gómez. Después de leer el último párrafo, algún juez o funcionario político lo corrió del medio por molesto.
"Impunidad y corrupción"
Antonio Gustavo Gómez (*)
A más contaminación, más dinero; a más dinero, más corrupción; a más corrupción, más impunidad; y así, es un tornado que arrasa todos nuestros recursos naturales, y sobre todo, la salud de nuestra gente más humilde. Y de eso se trata el caso de las megamineras asentadas en Jujuy.
Cuando las comunidades aborígenes se reunieron en 2007 y decidieron bajar hasta Tucumán fue para denunciar a distintas empresas que literalmente los estaban envenenando. Todas ellas pueden verse en
Entrevista a maría victoria veracierto
"Es imprescindible que deje de trabajar ya"
La antropóloga explica la grave situación que genera El Aguilar y cuestiona a la minería en general.
Si viajás por la Ruta 9 hasta Tres Cruces, y querés doblar a la izquierda en dirección a la planta, es la misma Gendarmería la que te pide un permiso especial para pasar. Y ocurre lo mismo en la Ruta 40. Ellos manejan las cosas con su fuerza de seguridad, su ciudad, su escuela, su hospital, y nadie les dice nada."
Y agrega: "Pero más allá de este punto, no hay que olvidar que el problema es más general. La minería no se puede defender como una industria sobre la cual un país deba basar su economía, porque en todas sus formas, de socavón y a cielo abierto, es altamente contaminante."
–¿De qué manera comenzaron a trabajar con el tema de la contaminación?
–Me interesó siempre, pero sobre todo cuando conocí al fiscal Antonio Gómez, y escuché su charla en el Foro Alternativo Mundial del Agua. En Jujuy, donde participé en el Parlamento de los Pueblos, le propuse hacer algo en la provincia, y él me mostró las denuncias que había impulsado. Ahí arrancamos, con la colaboración de las abogadas Paola Gutiérrez y Alicia Chalabe. Estudiamos el caso de La Lumbrera (Xtrata), que tiene varias causas por contaminación y estafa, y después nos dedicamos al desastre en la zona de Abra Pampa, donde la minera Metal Huasi dejó abandonadas montañas gigantes de escoria de plomo. Metal Huasi cerró, y esos desechos fueron llevados por El Aguilar a su planta. Aprovechó lo que pudo, y el resto lo enterró en pozos, cubiertos con plástico y tierra.
–¿Con qué consecuencias?
–La respuesta es con un dato comprobado: Abra Pampa es la región con mayor índice de cáncer de útero del mundo. Y de eso, nadie se hace responsable. El dueño de Metal Huasi era Elías Amado, pero no se sabe qué pasó con él. En la década del '90, a un intendente se le ocurrió usar esa escoria para rellenar predios y construir viviendas. Son casas que hoy tiene plomo hasta en las paredes.
–La denuncia contra El Aguilar también muestra cifras de contaminación alarmante.
–Sí, pero lo increíble es que muchas de ellas surgen de los propios informes de la empresa, frente a lo cual la provincia dejó pasar todo. Por eso siempre digo que esta pelea es judicial, pero también es política. La misma gente de las comunidades me transmitió esas consecuencias. Los frutales que cosechan ya no son del mismo tamaño que los que obtenían sus padres, hay cabras que nacen con solo ojo, o con muñones en lugar de patas.
La contaminación de El Aguilar perjudica en forma directa al río Yacoraite, desde Casa Grande hasta Río Grande. Y de allí se saca el agua de las acequias con que la gente riega su producción. Por eso, cuando se habla de la cantidad de puestos de trabajo que genera la minería, nunca se hace referencia al trabajo que arruina.¿Quién compra el producto de esa gente, conociendo este panorama?
–Jujuy no es el mejor escenario para litigar contra grupos empresarios poderosos, y el ejemplo es lo que vino ocurriendo en causas de lesa humanidad, vinculadas con la complicidad cívico-militar.
–Por eso yo hablaba de las dos batallas, en el plano de la justicia, pero también en el político. Jujuy es una tierra sin ley, con feudos, y cuatro o cinco familias que manejan los hilos. No importa qué derechos mencione la Constitución. En ese lugar, esos derechos no existen, e incluso la misma subjetividad de los pueblos originarios está construida de esa manera. La estrategia es salir de la provincia y llevar las denuncias al fuero federal, o a la Corte Suprema. De cualquier forma, Jujuy parece estar "en su hora", a partir de las audiencias relacionadas con lo que ocurrió durante la dictadura. Es un momento más que oportuno para pelear por esos derechos.
Fuente:TiempoArgentino
El ingenio Ledesma colaboró
con la represión en Orán
Documentos de Gendarmería Nacional prueban que el Ingenio Ledesma colaboró con la represión en el ámbito del departamento Orán, en Salta. Según el libro de guardia del Escuadrón 20 de Gendarmería, con asiento en Orán, entre el 24 y 25 de marzo de 1976 el ingenio azucarero asentado en Jujuy, puso vehículos al servicio de miembros de Gendarmería para que realizaran operativos en Urundel, Aguas Blancas y Colonia Santa Rosa. Y también proveyó combustible.
Estos libros están incorporados en el megajuicio por crímenes de lesa humanidad que se lleva a cabo en Salta desde el 21 de mayo pasado. Cuando declaró como testigo en este debate el abogado David Leiva, querellante por Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, destacó el valor de esta documentación para probar la participación conjunta de Gendarmería y otras fuerzas en la represión, y la colaboración del ingenio Ledesma.
Miembros de la Fiscalía Federal de Jujuy informaron que copias certificadas del libro de guardia ya fueron presentadas en el Juzgado Federal de Jujuy a cargo de Fernando Poviña, que investiga al presidente de Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, por su presunta participación en la Noche del Apagón, como se conoce la noche del 27 de julio de 1976, cuando se cortó el suministro eléctrico en todo el departamento Ledesma y unos 400 trabajadores de Libertador General San Martín y Calilegua, fueron secuestrados en un operativo conjunto de militares, gendarmes, policías y empleados del ingenio.
Como su nombre lo indica, en el libro de “registro de novedades de la Guardia de Prevención de la Unidad” del Escuadrón 20 se consignan (o se deberían consignar) todas las novedades ocurridas durante cada guardia. Las anotaciones de la guardia que va de las 7 del 24 a las 7 del 25 de marzo de 1976 son reveladoras: “Salen dos camionetas perteneciente(s) al Ingenio Ledesma Nros. 59 y 69 conducida(s) por los señores Bernabé Flores y Ramón Basena con destino a Aguas Blancas y Urundel respectivamente”, se registró por la mañana.
Pasadas las 22 se anotó otra salida: la del “alférez Juárez a la Colonia Santa Rosa en vehículo particular de la empresa Ingenio Ledesma”. A las 23,30, se registró: “Regresa camioneta Ingenio Ledesma Nº 69 conducida por Ramón Basena de la Sección Agua(s) Blanca(s) y al alférez Faiad”. Estos datos contradicen las afirmaciones de la solicitada publicada por el ingenio Ledesma el 23 de julio pasado, en diarios de Salta y Jujuy. “Ledesma SAAI no prestó ninguna camioneta a las fuerzas militares”, asegura.
Por lo que se observa en el libro, los integrantes de Gendarmería y de otras fuerzas de seguridad son mencionados con su grado. Solo los nombres de los choferes Basena y Flores aparecen sin menciones de grado alguno, lo que hace suponer que eran civiles, tal vez empleados del ingenio Ledesma.
Algo similar ocurre con las menciones al chofer Juan Muñoz, que, entre otras actividades, ingresó al Escuadrón 20 a las 16,30 del 24 de marzo conduciendo un ómnibus Mercedes Benz de la empresa YPF con una patrulla del Regimiento de Monte 28 (con sede en Tartagal) integrada por un sargento y 11 soldados.
Por las anotaciones del libro de guardia se entiende que la actividad del día del golpe de Estado fue febril en el Escuadrón 20, donde padecieron detención, y torturas, varios detenidos hoy desaparecidos, como el empleado municipal y militante comunista René Russo (cuyo ingreso figura en el libro de guardia, junto a otros, con la mención de que estaba por averiguación de antecedentes).
Precisamente, en el megajuicio que se realiza en esta ciudad se investiga la desaparición de Russo, igual que la del militante peronista y dirigente rural Raúl Osores, cuya acción política y gremial se desarrollaba también en Colonia Santa Rosa. Muchos obreros y empleados del Ingenio San Martín de El Tabacal tenían militancia gremial y sufrieron la represión.
En el libro de guardia también hay una mención a este ingenio: de 16,50 a 21,15 del 18 de abril de 1976 el sargento ayudante Miguel Bahid y el sargento Ángel Maidana estuvieron ocupado custodiando el “pago del Ingenio San Martín del Tabacal”.
En las novedades de ese mismo día, hay una nueva mención al ingenio Ledesma: a las 15,55 se anotó el “regreso del camión 1114 Mercedes Benz 01021 conducido por (el) cabo primero Horacio Santander del Ingenio Ledesma trayendo 500 litros de nafta y 1000 litros de gas oil”. La custodia estuvo a cargo del cabo primero Herminio Alvarez.
Una hora después se registró la presentación “del sargento Nicolás Bogado, cabo Simón Aranda, sargento Ángel Salto, del grupo Ledesma, en vehículo particular. De custodia, gendarme Torres Luis”.
El mayor poder político
El ingenio Ledesma, como se lo conoce popularmente, es en la actualidad el Complejo Agroindustrial Ledesma. Desde su base en Jujuy se ha expandido por otras provincias, y en otras actividades.
Según informa la empresa en su portal de internet, http://www.ledesma.com.ar, tiene empresas en ocho provincias, entre ellas Salta, donde tiene la exportadora de pomelo Citrusalta, en Colonia Santa Rosa, y la UTE (Unión Transitoria de Empresas) Aguaragüe, que produce gas y petróleo.
En Jujuy tiene 40 mil hectáreas plantadas con caña de azúcar; fábricas de azúcar, alcohol, bioetanol, celulosa y papel. Tiene además 2 mil hectáreas de plantaciones de cítricos y paltas, un empaque de frutas y una planta de jugos concentrados.
En la historia de la empresa, el propio ingenio reconoce su poder. “En 1900 el Ingenio Ledesma constituía la mayor fuente de riqueza y consiguientemente de poder político del norte argentino”. En 1900 el ingenio producía el equivalente al 82,87% del presupuesto de Jujuy y al 59,65% del presupuesto de Salta.
“Con las gobernaciones sucesivas de Ángel Zerda, David Ovejero, Luis Linares Usandivaras y Avelino Figueroa, el gobierno de la provincia de Salta estaría controlado por los propietarios del ingenio Ledesma”, recuerda.
En 1911 el ingenio cambió de propietarios.
Carlos Blaquier llegó a la presidencia en 1970, después de 18 años de trabajo en funciones ejecutivas.
Por Elena Corvalan, Directora de Radio Nacional en Salta
LOS AGENTES DEL EJERCITO QUE VIGILARON SALTA Y JUJUY
Alma de buchón
Un informe oficial intenta cubrir el vacío que ha permitido hasta ahora que los agentes de inteligencia no sean vinculados con los hechos de represión, a pesar de que está claro que fueron partícipes.
Elena Corvalán
Una estructura de vigilancia compuesta por oficiales, suboficiales del Ejército y de otras fuerzas de seguridad y una larga lista de “civiles”, funcionó en el Destacamento de Inteligencia 143, con asiento en Salta, durante la última dictadura cívico-militar. Otro tanto ocurrió con el denominado Grupo Adelantado de Inteligencia, que funcionó en Jujuy, dependiente del Destacamento de Salta.
Un informe realizado por el Programa Verdad y Justicia, del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, destaca que, como en el resto del país, estas unidades de inteligencia estuvieron “en el centro del dispositivo represivo”, dado que “habrían diseñado y controlado el accionar represivo”, seleccionando blancos, determinando el orden de mérito de los detenidos y asignando destinos.
El informe, al que Otros Territorios tuvo acceso, se propone “despejar la aparente desvinculación que tuvieron en estos hechos, quienes siendo parte de la estructura organizativa (de la represión), no han sido mencionados por víctimas sobrevivientes, pero, sin embargo, compartieron estructuras, espacios, tiempos, con aquellos que sí han sido identificados”, por lo que no pudieron ser ajenos a los hechos.
El informe precisa que las acciones realizadas por estas dependencias “formaron parte de un plan nacional represivo practicado contra la población durante la dictadura militar desde 1976 hasta 1983 y cuyos fundamentos y doctrina están expuestos en las directivas del Consejo de Defensa y del Comando en Jefe del Ejército, elaboradas y distribuidas en octubre de 1975”.
Esas directivas establecieron las prioridades operacionales, los organismos responsables, los niveles de coordinación y subordinación para llevarlas a la práctica, y “la hegemonía del Ejército, al cual se subordinaron las fuerzas policiales, Gendarmería, Prefectura y organismos vinculados como, por ejemplo, la SIDE (Servicio de Inteligencia del Estado)”.
La importancia de vigilar
Estas directivas determinaron que la actividad de inteligencia era prioritaria para el “combate a la subversión”.
La tarea de inteligencia, precisa el informe, “fue especializada y requirió personal entrenado técnica y sicológicamente; también fue siempre encubierta”. De hecho, todos los oficiales y suboficiales que integraron el Destacamento 143 y su Grupo Adelantado en Jujuy estuvieron en otros destacamentos de inteligencia y asistieron a “cursos técnicos de inteligencia” y a “cursos de inteligencia para jefes”. Algunos fueron también a la Escuela de las Américas, organización estadounidense para la instrucción militar con el concepto del enemigo interno, y que contaba en su currícula con formación sobre torturas y desaparición de personas.
Los suboficiales hicieron cursos de “técnico de inteligencia” y el de “perfeccionamiento para auxiliar de inteligencia”, llamado “Interrogadores”.
Precisamente, los miembros de inteligencia tenían a su cargo “el interrogatorio de inteligencia para seleccionar los prisioneros de guerra en la zona de combate”, ordenaba el Reglamento ROP -30 5. Complementando, el Reglamento RE 9-51, “Instrucción de lucha contra elementos subversivos”, consignaba: “El capturado es una fuente de información que debe ser aprovechada por el nivel de inteligencia”.
El trabajo del Programa Verdad y Justicia también cita el Reglamento RC 16 – 1, Inteligencia Táctica, en el que se detallan las actividades a desarrollar para la obtención de información, la inteligencia y la contrainteligencia, los sabotajes, las actividades sicológicas secretas y las operaciones especiales.
La importancia que tenía la inteligencia queda explicitada en el Reglamento de Organización y Funciones de los Estados Mayores RC 3-1: el jefe de inteligencia será el principal miembro del Estado Mayor, quien “tendrá responsabilidad primaria sobre los aspectos relacionados con el enemigo”, dispone.
En suma, la normativa general y los reglamentos implantaron las directivas que debían seguir los oficiales y suboficiales “aptos en inteligencia e interrogación, que han sido entrenados para esta tarea”. Para los autores del informe, “resulta razonable y lógico suponer que estas directivas fueron cumplidas a cabalidad por el personal del Destacamento de Inteligencia 143 y su Grupo Adelantado de Jujuy”, dado que fueron propuestos para reconocimientos y ascensos.
Métodos
El Destacamento 143 funcionaba en la calle Belgrano al 400 de Salta. Dependía del Área 322, comprendida en la Subzona 32, perteneciente a la Zona III del III Cuerpo de Ejército. El Grupo Adelantado de Inteligencia de Jujuy estaba en el Área 323, funcionaba en unas oficinas frente a la plaza central en un edificio lindante con la Central de Policía. La central de inteligencia funcionaba dentro del Regimiento 20.
La Subzona 32 estaba bajo la jurisdicción del Comando de la Brigada de Infantería V, con asiento en Tucumán.
El informe precisa que la actuación de los destacamentos de inteligencia estuvo comprendida en las directivas impartidas en el plan nacional represivo. La Directiva 1 del Consejo de Defensa, de 1975, daba “libertad de acción para el empleo de los medios en zonas calientes”, en el marco de la “lucha contra la subversión”.
Las unidades de inteligencia eran las “responsables de interrogatorios, tormentos de detenidos, con el propósito de mantener la secuencia operacional de las unidades a partir de la información que se obtenía y que ellos mismos procesaban”.
El Reglamento RE -10-51, “Instrucción para operaciones de seguridad”, detallaba los elementos que los represores debían llevar a los operativos: “Se recomienda contar con palos, cuerdas y capuchones o vendas para el transporte de detenidos”.
Sobre el tratamiento a los detenidos, en el juicio a las Juntas, quien fuera jefe de la Guarnición Ejército Salta, Carlos Alberto Mulhall, dijo que “en todos los casos, se efectuaba un primer interrogatorio, se los derivaba ya sea a la delegación de la Policía Federal, o a la Jefatura de Policía” y luego se decidía si continuaba detenido. Para estas decisiones “siempre se daba intervención a personal que nuestras organizaciones militares tienen, especialistas en inteligencia, para poder determinar si el individuo está o no dentro de una organización subversiva”.
Quiénes fueron
El listado de los oficiales y suboficiales que se desempeñaron en inteligencia en Salta y Jujuy:
Teniente coronel Osvaldo Mario Baudini
Teniente coronel Roberto Jesús González
Teniente coronel Juan Messina
Teniente coronel Osvaldo Lucio Sierra
Mayor Miguel Ángel Cornejo García
Capitán Sidney Edgar Page
Capitán Hugo José Schierano
Capitán Rodolfo Antonio Aguilar
Capitán Roberto Jones Tamayo
Capitán Enrique Federico Gentiluomo
Capitán Julio César de la Barrera
Capitán Antonio Gaspar Viana
Capitán Duilio Raúl Martínez
Capitán Néstor de la Vega
Capitán Aldo Carlos Checchi
Capitán Carlos Alberto Feijoo
Capitán Ricardo Ernesto Elicabe
Teniente primero Jorge Julio Affanni
Teniente primero Rafael Mariano Braga
Teniente primero Eduardo Jorge Coaker
Teniente primero Julio César de la Barrera
Teniente primero José Eduardo Bulgheroni
Teniente primero Guillermo Eduardo del Pino
Teniente primero Pedro Edgardo David
Suboficiales
José Federico Marcial
Máximo Rubén Chávez
Jacobo Eduardo Gómez
Benancio Celestino Cardozo
Amado Salim Osman
Alberto Raúl López
Salvador Américo Aredes
Hilario Romaniello
Julián Nicolás Quispe
Eduardo Amércio Nicolini
Miguel Andrés Mendoza
Roberto Montero
Domingo Orlando Cejas
Juan Heriberto Cruz
Juan José Maciel
Tehodolo Adolfo Aztorga
Raúl Alberto Salas
Martín Eugenio Arapa
Pedro Horacio Aguilera
Roberto Aquilino Barbosa
Alfonso Díaz
Martín García
Víctor Rivero
Oscar Humberto Blas
Aldo Julio César Díaz
Carlos Nicolás Gómez Argüello
Saturnino Orlando Durán
Víctor Cruz González
Raúl Guillermo Rivero
Luis Alejo Martínez
Norberto Carrizo
Héctor Argentino Gerónimo
Héctor Enrique Méndez
Fabián Sivila
Oscar José Paredes
Publicada en el suplemento Otros Territorios (Nuevo Diario de Salta)
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