Un “empleado” en el banquillo de los acusados
El dirigente de la Unión Ferroviaria no respondió preguntas sobre el caso. Dijo que entre sus dos sueldos ganaba “25 mil pesos” y hubo murmullos y risas. Se leyó la declaración que hizo en instrucción, donde argumentó que “los ferroviarios fueron a evitar el corte de vías”.
Por Irina Hauser
José Pedraza está acusado de “aleccionar” mediante un “plan criminal” a los trabajadores tercerizados para que abandonaran sus reclamos.
Imagen: Rafael Yohai
“Señor José Pedraza”, convocó el presidente del tribunal, Horacio Días, al dirigente ferroviario. Lo agarró desprevenido cuando se acomodaba al volver del baño. Pedraza se quedó parado junto a su asiento, en el medio de la sala, y desde ahí respondió que se guardaba “el derecho de declarar más adelante”. Pero el juez le dijo que igual tenía que pasar al banquillo para hacer el “acto formal” de la indagatoria. Cuando se sentó, repitió dos veces que en ese acto no hablaría, pero que lo haría en otro momento del juicio. Se lo veía algo encorvado, con los ojos caídos y su voz sonaba apagada y temblorosa. Ante las preguntas de rutina, dijo que su ocupación era “empleado”, que su último domicilio era “Azucena Villaflor 679 piso 18” (la torre de Puerto Madero donde fue detenido) y que entre sus dos sueldos ganaba “25 mil pesos”. El público estalló en risas y murmullos, lo que llevó a Días a pedir un cinematográfico “¡Silencio en la sala!”. Luego el secretario del Tribunal Oral Criminal 21 (TOC21) leyó el texto de la declaración que hizo apenas fue detenido el 22 de febrero de 2011 como instigador del homicidio de Mariano Ferreyra durante la desconcentración de una protesta de trabajadores tercerizados de la línea Roca. Allí negaba vinculación con la patota de la Unión Ferroviaria (UF) que mató al joven militante del Partido Obrero, decía que se había enterado por televisión de los hechos y defendía la tercerización laboral. La autodescripción de Pedraza como empleado y las referencias a su lujosa vivienda (a la que saltó luego de haber vivido en Morón) generaron comentarios en la platea del juicio oral porque, precisamente, el líder de la UF está acusado de haber actuado en función de un móvil político e intereses económicos. La acusación bajo la que llegó a juicio –tras la investigación de la jueza Wilma López y los fiscales Fernando Fiszer y Cristina Caamaño– señala su interés en “aleccionar” mediante un “plan criminal” a los trabajadores tercerizados de la línea Roca para que dejaran de reclamar su incorporación a planta permanente, ya que si eran regularizados podrían afiliarse y amenazar la hegemonía de Pedraza dentro del gremio, poderío que a la vez le había permitido históricamente mantener negocios propios del sindicalismo empresario. El mismo manejaba empresas tercerizadas, al igual que el tren Belgrano Cargas, donde aún tiene participación su esposa Graciela Coria.Habían pasado las cinco de la tarde. La audiencia venía tediosa, con la exhibición de videos varios, fotos y audios policiales durante horas. Ya nadie creía que comenzarían las indagatorias, cuando finalmente el tribunal resolvió suspender la proyección y hacer pasar al frente a alguno de los acusados. Como Pedraza había pedido salir al baño, primero el juez Días le preguntó al abogado del número dos de la UF, Juan Carlos “Gallego” Fernández, si iba a declarar. El letrado llegó a deslizar que lo haría más adelante, cuando reapareció Pedraza. “Buenas tardes”, dijo el dirigente con la voz cascada una vez que se acomodó frente al micrófono, a la derecha del tribunal y repitió que declarará en otro momento. Luego dio sus datos personales. Dudó extrañamente al decir el nombre de su madre, como si no lo recordara. Se refirió a ellos como “desaparecidos”.
Al iniciar la lectura de la indagatoria que había prestado el día de su detención ante la jueza López, el tribunal explicó que mientras no vuelva a declarar, ese descargo es el que vale. Aquella vez dijo que supo con un día de anticipación que habría una protesta de tercerizados en el ferrocarril Roca. Precisó que le avisó su segundo, Fernández, con quien dijo que tiene “amistad” y se deben “lealtad”, aunque tienen “diferente metodología”. Le avisó, relató, al entonces secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi y le anticipó: “Nuestros muchachos no se van a meter”, una frase que no lo ayudaría judicialmente porque revelaba conocimiento de la situación. Trató de justificar que “los ferroviarios fueron a evitar el corte de vías”, que “en cuarenta años nunca” vio “un ferroviario armado”, aunque tampoco podía decir que fueran “carmelitas descalzas”. Se aferró a que uno de los tiradores identificados, Cristian Favale, era “extraferroviario”, dato que en realidad para la Justicia confirma que hubo planificación. Favale era un barrabrava que llevó a otros matones y que estaba en contacto con el delegado Pablo Díaz, otro de los hombres en el banquillo, que daba órdenes ese día en el lugar. Pedraza insistió con que al ocurrir el ataque, que definió como “enfrentamiento”, él estaba en un congreso de “Latinrieles” en la UF y que se enteró de todo por la televisión, a pesar de que allí estaba Fernández, que hablaba todo el tiempo con Díaz.
En otro tramo de aquella declaración, Pedraza defendía la creación de empresas tercerizadas. Dijo que ayudaron a generar puestos de trabajo y admitía que había presidido una de esas cooperativas. Los empleados de las tercerizadas –constató luego la Justicia– reciben salarios muy inferiores a los de planta y no los ampara el convenio del sector. Su regularización implicaba la posibilidad de afiliarse a la UF. Pedraza en la indagatoria intentó acusar al Partido Obrero de “aprovechar la situación” de reclamo para incorporar tercerizados porque “con 150 cuadros” podían crear una lista de oposición. Los jueces en primera y segunda instancia entendieron que pretendía evitar que le disputaran poder, para mantener sus negocios, por ejemplo, en las tercerizadas (que reciben subsidios que habrían sido desviados) y en el Belgrano Cargas, que en los ’90 estuvo en 99 por ciento en manos de la UF y al pasar en 2006 a la Sociedad Operadora de Emergencia su esposa siguió en cargos directivos.
La semana próxima seguirán las indagatorias. No parece que muchos vayan a declarar. El comisario Hugo Lompizano podría ser una excepción. “No tengo nada que ocultar”, dijo ante este diario. El tribunal también tendrá que resolver un pedido del abogado de Fernández, Alejandro Freeland, de digitalizar y ampliar una imagen donde “dos jóvenes”, uno “parecido a Mariano Ferreyra”, “llevan gomeras”; otra donde Diego Cardías, un testigo clave, “tiene un objeto largo de metal en la mano que no es un palo”. Igual que la mayoría de las defensas, busca argumentar que no hubo un ataque de la patota sino una pelea, como apuesta a una pena menor a la perpetua.
Y lo hace responsabilizando a las víctimas. Entre los matones, sin embargo, no aparecieron heridos ni víctimas fatales. El CELS, que representa a la mamá de Mariano, se opuso al pedido. Al final de la audiencia, Pedraza se paró sonriente tiró besos hacia el público del primer piso.
OPINION
El caso judicial y el fenómeno político
Por Mario Wainfeld
Imagen: Leandro Teysseire
Se van cumpliendo las primeras audiencias del juicio oral y público por el asesinato de Mariano Ferreyra. El trayecto previo ha sido más que satisfactorio, lo que permite que no estén en el banquillo de los acusados sólo los presuntos autores materiales sino también aquellos sospechados de haber urdido el plan criminal y policías federales acusados de haber posibilitado el homicidio con acciones u omisiones. La jueza de primera instancia, los fiscales, los letrados de las querellas, los familiares de la víctima conjugaron su decisión y sus esfuerzos. El Gobierno cooperó en trances cruciales, tanto en la producción de la prueba de cargo cuanto en protección a ciertos testigos, también en dotar al juzgado de recursos materiales y humanos para cumplir sus funciones con celeridad y eficacia. La Corte Suprema, a su vez, incidió en ese aspecto.
Esa, poco frecuente, sincronización autoriza el optimismo acerca de la seriedad del proceso y de su desemboque. Todos los procesados gozarán de las garantías del debido proceso, incluyendo la presunción de inocencia. Esto dicho, vale señalar que las pruebas acumuladas en su contra son contundentes. Lo corroboran, a su manera, muchas maniobras de los acusados más poderosos. Las movidas de encubrimiento ulteriores, los intentos de adulterar pruebas, la lluvia de nulidades traslucen una percepción de debilidad, que se procura mitigar con malas artes. En un mismo rumbo podrían resaltarse algunas de las presentaciones iniciales de varios defensores, que parecían orientadas a culpar a las víctimas del ataque tras vistiéndolos en agresores. Las pruebas descalifican esa tesis trasnochada: la patota atacante no sufrió heridas, los agredidos sólo trataron de guarecerse. El énfasis de un par de letrados discurriendo esa taimada hipótesis, dicho sea al pasar, rozó la falta de respeto a los deudos que asistían a las audiencias.
El trámite insumirá meses. El lapso transcurrido desde el crimen ocurrido en octubre de 2010 es, en términos relativos, no breve pero sí admisible.
La semana que viene arrancará el juicio oral que investiga las coimas en el Senado, si no media una nueva trapisonda de los acusados. Se trata de un hecho acontecido hace la friolera de doce años, lo que habilita comparaciones sobre la presteza de la Justicia, dejando a salvo todas las diferencias entre ambos casos.
En el juicio de las coimas, el transcurso del tiempo produjo daños irreparables. Hubo sospechosos que murieron. Muchos otros devinieron figuras ignotas para la inmensa mayoría de la opinión pública. Eso resentirá la ejemplaridad de cualquier sentencia.
Son dos delitos con origen y repercusión políticos los que se investigan pero no son idénticos. Las condenas, si las hay, serán de distinta magnitud. Es válido, más allá de la indignación que puedan suscitar ciertas conductas de figuras públicas. Las penas deben tener una jerarquía, simétrica a la de los bienes jurídicos protegidos. La vida es el valor supremo, los delitos patrimoniales ocupan un rango más bajo, aunque su comisión por funcionarios o legisladores sea un válido agravante. La proporcionalidad de las condenas es un imperativo democrático que se vino descuajeringando en años de reformas parciales, leyes-parche dictadas por presiones del momento, de las que la “reforma Blumberg” es un ejemplo supremo mas no una excepción aislada. La reforma del Código Penal va en pos de encarrilar ese desaguisado, que se consumó en décadas.
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José Pedraza, el secretario general de la Unión Ferroviaria, fue llamado a prestar declaración indagatoria (ver asimismo nota central). Rehusó, es su derecho. Ni su poder ni su fortuna lo eximieron de quedar sometido a las decisiones judiciales. Estas se centrarán sólo en el hecho que se investiga, que limita la competencia del Tribunal Oral.
La trayectoria de Pedraza amerita, claro, una mirada política amplia. Tanto que posiblemente trascienda su figura. Supo ser un militante de base, un dirigente luchador, un cuadro que combatió la dictadura y que emergió como una figura renovadora en la restauración democrática. Alguna vez, sin exagerar los parangones, se pareció más al militante popular Mariano Ferreyra que al hombre de hoy, de mirada perdida, patrimonio material incalculable y rostro que denuncia su decadencia. Las peripecias que lo lanzaron cuesta abajo en su rodada son, en sustancia, de dominio público.
Los pactos perversos con el menemismo, que incluyeron el desbaratamiento de la red ferroviaria, la destrucción de su propio sindicato, los despidos masivos de quienes fueran sus compañeros. Su conversión política vino en combo con su incorporación a la clase empresaria. Se pesquisa ahora si cayó en el máximo abismo: mandar matar para preservar privilegios. Hay elementos sólidos que sugieren que así fue. En todo caso, es un dato que luchó con denuedo para privar a laburantes de derechos básicos, que fue pilar de mecanismos de fraude patronal y exclusión.
A los tribunales les cabe dilucidar, nada menos pero nada más, su responsabilidad en el asesinato. Fuera de ellos, es acaso hora de un debate que lo trascienda o, mejor dicho, que lo englobe en fenómenos más vastos.
Pedraza pudo haber incurrido en conductas extremas, pero seguramente su “caso” es, piensa el cronista, una referencia generalizable. Alude a la decadencia de un sector muy amplio de la dirigencia gremial. Y aun a la crisis de un modelo sindical cuya dirigencia, desafiada en la práctica, flaqueó ante la política neoconservadora, con honrosas excepciones. A sindicatos que no cumplen sus funciones básicas. A una Central Obrera única que poco o nada se ocupó de los desocupados, los informales, los precarizados, los tercerizados. A obras sociales que son una de las tres patas de un sistema de Salud bastante disfuncional que absorbe una alta inversión per cápita, inconsistente con los niveles de servicio que llegan a la mayoría de los argentinos.
No es justo decir que Pedraza es culpable de homicidio, hoy y aquí. Menos que muchos de sus pares sindicales hayan caído tan bajo como él. Pero sí es atinado interrogarse acerca de si es un personaje anómalo o uno de los peores emergentes de un modelo en crisis. Otros fenómenos de época ayudan a pensar la cuestión. Por ejemplo, los conflictos entre grandes gremios con jefaturas desacreditadas versus delegados de base de mayor legitimidad y combatitividad. O el fraccionamiento de la CGT. Ambos tienen, a no dudarlo, causas anecdóticas o circunstanciales o exógenas. Pero quizá representen un fenómeno estructural que sea necesario debatir a fondo pensando si no ha llegado la hora de modificaciones sustanciales.
Entre tanto, Pedraza y los demás acusados van en pos de una sentencia que hará historia. Hasta ahora, se reitera, el proceso ha sido ejemplar. Que no decaiga.
Acto en Constitución
Militantes del Partido Obrero (PO) y la Juventud del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) realizaron ayer “un acto de desagravio” y “un escrache” a miembros de la Unión Ferroviaria (UF) en la estación Constitución. Lo hicieron al denunciar una “campaña en defensa de (José) Pedraza y su patota, que incluyó un atentado a la placa puesta en conmemoración de Mariano Ferreyra donde piden la libertad de los criminales que comenzaron a ser juzgados” esta semana. Con una fuerte presencia de efectivos de la Policía Federal y Gendarmería, calificaron como una “provocación” la pegatina de afiches a favor de los gremialistas de la UF que enfrentan el juicio oral por el asesinato de Ferreyra. Al tiempo que escribían consignas con aerosol y bloqueaban las boleterías, el referente del PTS Juan Oribe señaló que la placa había sido donada y puesta por los trabajadores de Zanon dos meses después del asesinato. “No vamos a permitir que el asesino Pedraza siga manejando el ferrocarril y realizando provocaciones desde la cárcel como la mafia. Pero también vamos contra la Ugofe, la empresa mixta que permitió que saliera la patota de los talleres de Escalada para asesinar a Ferreyra”, dijo.
Fuente:Pagina12
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