El represor esperaba "reconocimiento"
Muñoz es uno de los tres imputados en el juicio por la represión en la ciudad bonaerense señaló ante el Tribunal. Dijo que entregó al único sobreviviente de la masacre de la calle Juan B. Justo, por entonces un bebé de cinco meses.
Por Sonia Tessa
Muñoz participó del operativo donde mataron a 5 personas.Imagen: Alberto Gentilcore
Jorge Muñoz era jefe de la Policía Federal en San Nicolás el 19 de noviembre de 1976, y como tal, fue uno de los responsables de la masacre de la calle Juan B. Justo, en la que a las 6 de la mañana del 19 de noviembre de 1976 asesinaron a Omar Amestoy, Ana María Fettolini, María Eugenia y Fernando Amestoy y Ana María Granada. El comisario general retirado es uno de los tres acusados en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en esa ciudad del norte bonaerense. Ayer, frente al Tribunal Federal Oral número 2, decidió ejercer el derecho a la declaración indagatoria, que es una herramienta de defensa, y como tal, no lo obliga a decir la verdad. Así, planteó frente al Tribunal que esperaba "si no una felicitación, al menos un reconocimiento" por haber entregado al único sobreviviente de esa masacre, un bebé de cinco meses, a los profesionales del hospital San Felipe y a la justicia. Aquel niño protegido apenas por un colchón creció con la identidad cambiada y a los 19 años supo que era Manuel Goncalves Granada. Hoy es querellante de la causa. "Si bien algunos miembros de otras fuerzas, por los motivos que tuvieran, han sido sancionados por quedarse con bebés en forma no normal, a quienes hemos actuado de acuerdo a la ley, no entiendo por qué se me sindica como autor mediato, si las circunstancias están claras", se defendió para dar pie al relato de lo que siempre calificó como "enfrentamiento", una versión desmentida por el estado de indefensión de las víctimas.En la jornada de indagatorias, el responsable de la represión en San Nicolás, que fuera jefe del Area 132 del Comando del Primer Cuerpo de Ejército, Manuel Fernando Saint Amant, acusado en las tres causas que se tramitan, se abstuvo de declarar. La causa Alvira juzga la desaparición de los militantes santafesinos María Cristina y Raquel Alvira, Horacio Martínez, Rosa Baronio, Eduardo Reale y María Angélica Spotti, así como sustracción de bienes y secuestro de los niños Fernando Alvira, Víctor y Matías Almada. En tanto, la tercera causa es por el secuestro y torturas a José Emilio Mastroberardino. Tampoco habló quien fuera jefe del Batallón de Ingenieros 101 de San Nicolás, Antonio Bossie, acusado solo por la masacre de la calle Juan B. Justo, como Muñoz.
En la indagatoria, Muñoz se refugió en el confuso relato de un supuesto enfrentamiento. Según su declaración, fueron al lugar sin datos previos de inteligencia, sino a "ver qué había en esa casa", como resultado de un anónimo, después de otro enfrentamiento fraguado en el barrio Las Mellizas. En realidad, según publicó Página/12 el 8 de abril pasado, existió un enfrentamiento en esa vivienda, pero fue entre policías de la provincia de Santa Fe y federales de San Nicolás, y como consecuencia del intercambio de disparos murieron dos agentes de la Federal, Vicente Testa y Carlos Loyola. Ese supuesto enfrentamiento se utilizó como excusa para el operativo que se realizó pocas horas después en la calle Juan B. Justo.
Según contó, golpeó la puerta de la casa, al grito de "policía" y recibió como respuesta dos disparos. Luego, siempre según la indagatoria, permaneció escondido enfrente de la vivienda atacada, y el teniente del Ejército que lo acompañaba pidió refuerzos, que llegaron al mando de Bossie. Pese a las dificultades para actuar desde el escondite, Muñoz dijo haber dado órdenes para que tiraran la granada de gases lacrimógenos por la claraboya del baño. Esas emanaciones provocaron la muerte por asfixia de María Eugenia y Fernando, de 5 y 3 años. El presidente del Tribunal, Jorge Venegas Echagüe, le preguntó si Bossie había hecho referencia a la existencia de niños en el lugar. Según Muñoz -y en contra de las declaraciones de testigos del barrio -el militar había gritado: "Si hay menores, déjenlos salir". Muñoz también relató el intento de fuga de Ana Granada. Cuando el magistrado le preguntó cómo podría haberlo visto desde su escondite, Muñoz debió reconocer que repetía el relato del suboficial Fernando Gandulfo, autor de los disparos que terminaron con la vida de la militante. De hecho, Venegas Echagüe también le preguntó si él había dado la orden de ultimarla, y él dijo que Gandulfo había actuado en defensa propia. El cuerpo de Granada tenía 14 impactos de bala.
El ex comisario de la Federal también repitió el argumento de los suicidios de Omar Amestoy y Fettolini, que fue totalmente desacreditado por varias pruebas. De acuerdo con el legajo de Conadep, el matrimonio recibió disparos a quemarropa. Sin embargo, Muñoz relató que Bossie había ingresado a la casa de la calle Juan B. Justo cuando los tres adultos estaban muertos, y que él lo acompañó. También esta cronología difiere de los relatos de testigos. Según la versión policial, cuando entraron, vieron los cuerpos del matrimonio con disparos, ella en el parietal izquierdo y él en el derecho. Más tarde, cuando Venegas Echagüe quiso indagar si había podido comprobar con sus sentidos ese dato tan preciso, admitió que lo había leído en el expediente realizado durante la misma dictadura por el juez Luis Milesi, en el que se omitieron importantes pruebas. Después de varias contradicciones, Muñoz decidió no hablar más.
Querellantes podrán presenciar el juicio
El Tribunal Oral Federal número 2 decidió, con un criterio excepcional, permitir que dos querellantes en las causas por delitos de lesa humanidad, Fernando Alvira y Manuel Goncalves Granada, puedan presenciar todos los testimonios, tras un pedido de la querella particular efectuado por el abogado Lucas Ciarniello Ibáñez. El profesional argumentó que los dos jóvenes tienen derecho a conocer la verdad de los hechos y que sus testimonios en la causa no podrían contaminarse por escuchar a otros testigos, entre otras razones, por la corta edad que tenían en el momento de los hechos.
Fernando tenía nueve meses cuando sus padres María Cristina Alvira y Horacio Arístides Martínez fueron secuestrados junto a Raquel Alvira, hermana de María Cristina. Los tres permanecen desaparecidos. El niño estuvo varios días en un orfanato de San Nicolás, hasta que fue entregado a sus abuelos maternos, Vicente Marcial Alvira y Amelia Nelly Gómez. Los abuelos debieron firmar un documento que admitía supuestas actividades ilegales de los tres militantes. "Fue sólo bajo esa coerción que me entregaron", contó Fernando esta semana.
En tanto, Manuel Goncalves Granada tenía cinco meses cuando su madre, Ana María Granada, fue asesinada en la masacre de la calle Juan B. Justo. El sobrevivió envuelto en un colchón, dentro de un placard, donde su mamá lo puso para protegerlo de los disparos y los gases lacrimógenos. El papá de Manuel, Gastón Goncalves, había sido secuestrado meses antes en Zárate. Por su desaparición fue condenado, entre otros, el ex comisario de Escobar, Luis Patti.
Ciarniello Ibáñez hizo el pedido basado en el derecho de los dos querellantes, y víctimas, a reconstruir su historia y tramitar su duelo. El Tribunal aceptó el pedido. Las audiencias se retomarán el martes en San Nicolás.
Fuente:Rosario12
Juicio a represores de la dictadura en San Nicolás
Las chicanas del ex comisario
02/08/2012
“Quiero que lo mío sea claro, porque considero que lo que voy a decir es la verdad, no mi verdad”, comenzó su intervención el comandante general retirado de la Policía Federal, Jorge Muñoz, el único de los tres imputados en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en San Nicolás durante la dictadura, que habló este miércoles en la ronda de declaraciones indagatorias.
Los otros acusados son el coronel retirado Manuel Fernando Saint Amant, en aquel entonces jefe del Área Militar 132 y del Batallón de Ingenieros 101 de San Nicolás; el coronel retirado Antonio Federico Bossié, jefe de Operaciones de la zona.
El juicio que se inició el 3 de julio pasado, y que se realiza en el tribunal oral federal N° 2 de Rosario, reúne tres causas que tramitaron por separado en la etapa de instrucción (investigación): el caso de la Masacre de Juan B. Justo, ocurrido en noviembre de 1976 –se juzgan los homicidios de Ana María del Carmen Granada y la pareja Amestoy Fettolini y sus hijos de cinco y tres años–; el caso de los Militantes de la JP-Montoneros desaparecidos en los Barrios Trípoli, Don Bosco y Santa Rosa, ocurrido entre abril y mayo de 1977 –se juzgan los homicidios de María Regina Spotti, María Rosa Baronio, Eduardo Luis Reale, Horacio Arístides Martínez, María Cristina Alvira y Raquel Rosa Alvira–; y el caso Mastroberardino, ocurrido en abril de 1977 –donde se juzga el secuestro de José Emilio Mastroberardino locatario de la casa donde vivían el matrimonio de los militantes Almada-Spotti y su hijos Victor y Martín–.
Con una singular arrogancia, Muñoz dio su versión de los hechos: la publicada como oficial en tiempos de terrorismo de Estado. “Los hechos de los cuales fui testigo, he sido protagonista y víctima”, subrayó el represor para luego agregar: “Testigo porque he estado en todos los lugares mencionados en esta causa, protagonista porque he tenido que actuar en los mismos, y he sido víctima porque he sido atacado por elementos delincuentes con armas de fuego con consecuencia de la muerte de dos de mis mejores hombres”.
“No pensé que iba a ser felicitado por haber entregado un niño a la justicia y a la sanidad, pero por lo menos un reconocimiento”, solicitó el imputado en referencia al bebé que fue el único sobreviviente de la Masacre de Juan B Justo.
El receptor de la agraviante ironía es Manuel Gonçalves, querellante de este juicio, quien tenía apenas unos meses en noviembre de 1976, y que luego de ser sacado del domicilio donde habían asesinado a la madre, sus compañeros y los niños de estos, sufrió un derrotero en el que fuerzas de seguridad, Ejército y Justicia se confabularon para sustituir su identidad. Manuel se reencontró con su familia biológica, gracias a las Abuelas de plaza de Mayo, luego de dos largas décadas de búsqueda.
“Ahora me encuentro que me hace una querella este jovencito, quiero pensar que no es por odio, por alguna cuestión genética, o por algo económico”, disparó el represor en otro tramo de su provocadora exposición.
“Si el joven dice que quiere saber la verdad, bueno está en el expediente originario”, continuó el imputado, que al menos tuvo el decoro de reconocer que aquel expediente “tiene fallas técnicas”, aunque atribuyó éstas a que “estuvo hecho a las apuradas”.
El represor se refirió a la Masacre de Juan B Justo varias veces “como un enfrentamiento”, versión que es desmentida en el expediente por las querellas y la fiscalía; e incurrió en numerosas contradicciones con relación otras declaraciones suyas prestadas en diferentes instancias, que la fiscal Adriana Saccone se encargó de poner de manifiesto.
Muñoz recurrió a dos artilugios muy usados en los juicios contra represores de la dictadura y que los jueces en general ya no se tragan. Por un lado quiso ampararse en la Obediencia Debida. “Yo recibía órdenes de superiores y el Ejército”, se atajó. Y por otro quiso cargar la responsabilidad en un jefe del ejército ya fallecido de apellido Pérez Burkart.
“Hoy en día voy a a San Nicolás y me reciben en casa de gente amiga porque saben de que persona se trata”, aseguró Muñoz y abundó: “Los delegados de la policía federal tienen dos años en las delegaciones, cuando cumplí los dos años, venía el final de mi función y me notifican verbalmente que me prepare, yo me fui a despedir del intendente, del dueño del diario, del obispo. Todas estas personas llamaron a la jefatura diciendo que yo no podía ser movido de allí”.
El represor se vanaglorió de que por ese clamor nicoleño “transcurrió un año y pico más” su estadía en la ciudad. “Nació mi hijo, le pueden hacer el ADN no precisé llevarme ningún bebe, tengo varios, tengo cuatro”, chicaneó el imputado.
Fuente:RedaccionRosario
Jueves, 02 de agosto de 2012
Declaró un ex policía por la "masacre" de San Nicolás
El ex comisario general de la Policía Federal Jorge Muñoz prestó ayer declaración indagatoria en el marco del juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en San Nicolás durante...
Por Jorge Kaplán
El ex comisario general de la Policía Federal Jorge Muñoz prestó ayer declaración indagatoria en el marco del juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en San Nicolás durante la última dictadura. El imputado se refirió a los hechos de la llamada "masacre de calle Juan B. Justo", en la cual fueron asesinados tres adultos, dos niños y sólo sobrevivió el hoy nieto recuperado Manuel Gonçalves que entonces tenía cinco meses de vida.
El ex policía dio detalles del operativo, aunque alegó que las muertes se dieron en el marco de un "enfrentamiento". Muñoz también se quejó de la actitud de Gonçalves, a quien consideró una "víctima que socorrí", que "ahora ha iniciado una querella contra mí", y se preguntó sobre si "lo moviliza una cuestión de venganza" o "genética".
Muñoz declaró durante una hora y media ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Rosario, aceptando sólo las preguntas de los jueces. En el juicio oral se acumularon tres causas: la masacre de calle Juan B. Justo, Alvira y Mastroberardino, de las cuales la primera de ellas tiene al ex policía como coimputado. Los otros acusados son los responsables del Area Militar 132 al momento de los hechos: Manuel Fernando Saint Amant y Antonio Bossié, quienes se abstuvieron de declarar.
En diálogo con LaCapital, el abogado querellante Alvaro Baella indicó que Muñoz "recordó toda la escena de los hechos, dijo ser quien golpeó en la puerta de la vivienda por orden de Bossié y sostuvo la teoría del enfrentamiento".
Efectivos de fuerzas militares y policiales irrumpieron el 19 de noviembre de 1976, entre las 5 y 6 de la mañana, en la casa de calle Juan B. Justo 676, donde fueron asesinados a balazos el matrimonio de Omar Amestoy y María del Carmen Fettolini, y sus hijos de tres y cinco años que perecieron intoxicados por los gases lanzados en el interior de la vivienda. También fue acribillada Ana María Granada que alcanzó a proteger a su hijo Manuel Gonçalves rodeándolo con un colchón en un placard, quien sería a la postre el único sobreviviente, luego privado de su identidad, la cual recuperó recién a los 19 años.
Baella señaló que Muñoz aceptó que "participaron unos 50 efectivos en el operativo", y también admitió "un sinnúmero de irregularidades en el primer expediente", de las cuales "responsabilizó al juez actuante en aquel momento", pero aclaró que "no tenían como fin el encubrimiento de los crímenes".
Genética. El pasaje más polémico de la declaración de Muñoz fue cuando se refirió a Gonçalves. El abogado del equipo jurídico de Hijos relató que Muñoz declaró que "esta víctima que socorrí, ahora ha iniciado la querella contra mí. No sé si lo moviliza una cuestión de venganza o por una razón genética", aunque aclaró que "no cree que persiga un interés pecuniario", conjeturando que "quizás está mal asesorado".
Los dichos sobre el único sobreviviente de la masacre motivaron una queja de los abogados de la querella al entender que Muñoz estaba "revictimizando" a Gonçalves. Los jueces sostuvieron el derecho de Muñoz a expresarse, pero lo reconvinieron a que evite hacer especulaciones personales.
Además, Baella destacó que el Tribunal accediera, por unanimidad, a que se les permita asistir a las audiencias, pese a ser testigos, a Gonçalves y a Fernando Alvira, cuyos padres están desaparecidos. El abogado argumentó que "al momento de los hechos eran muy pequeños, y tienen el derecho a reconstruir su historia".
El juicio continuará el martes y miércoles próximos, pero el Tribunal se constituirá en el Concejo Deliberante de San Nicolás, teniendo en cuenta que los testigos y la mayoría de las víctimas eran de esa ciudad. El martes testificarán Beatriz Baronio, Maria Ines Albuerno, Mario Contartese, Victor Almada, Omar Matroberardino, y Fernando y Adriana Alvira.
Fuente:LaCapital
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