CORRIENTES: el ex dueño de "Las Marías" podría ser juzgado por delitos de lesa humanidad - Los testimonios que relacionan a Navajas Artaza con la represión ilegal en Corrientes.

09 de Septiembre
Corrientes: el ex dueño de "Las Marías" podría ser juzgado por delitos de lesa humanidad 
El ex dueño de la industria yerbatera “Las Marías”, Adolfo Navajas Artaza, podría ser juzgado por delitos vinculados con la desaparición, detención y torturas de trabajadores y sindicalistas en la ciudad de Virasoro durante la última dictadura militar.

En 2008, el empresario correntino quedó imputado como autor intelectual de la desaparición de Neris Pérez, trabajador de Las Marías y dirigente de la Federación de Trabajadores Rurales en julio de 1977. Y además por la muerte del sargento primero José Anchetti, que también trabajaba para él, y por haber colaborado con las fuerzas de seguridad, ofreciendo tierras de su cementerio privado, para el entierro de víctimas de la represión, según consta en el expediente. 

Si bien, por estos hechos, Navajas Artaza fue convocado a indagatoria por el fiscal Benito Pont, nunca prestó declaración y, aún así, el juez Antonio Chalup ordenó su sobreseimiento en mayo de 2008. La decisión del juez pone fin a la imputación del industrial yerbatero, por los hechos mencionados, pero no impide su juzgamiento por otros. 

Antonio Chalup, es el juez número 20 de la causa, debido a que se inhibieron 19 jueces y conjueces que no quieren juzgar los delitos de lesa humanidad en perjuicio de trabajadores y sindicalistas de Las Marías. 

En la localidad de Virasoro, ubicada al norte de la provincia, se investigan dos causas por delitos de lesa humanidad, que podrían unificarse y elevarse a juicio oral y público, posiblemente en marzo de 2013, según confirmó a Télam una fuente del Tribunal Oral Federal de Corrientes. La primera de ellas es por la desaparición de Neris Pérez, trabajador de Las Marías y dirigente de la Federación de Trabajadores Rurales y de Marcelo Peralta, también sindicalista en la empresa yerbatera. 

La segunda investiga la comisión de delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos psíquicos y físicos en perjuicio de Ramón Aguirre, Marcelo Acuña, Pablo Franco, Carlos Escobar, Héctor Sena, Juan Gómez y Luis Benítez Alvez. La investigaciones se inician por las denuncias de Catalino Pérez, hijo de Neris, desaparecido desde 1977 y de una de las víctimas de detención y torturas, Ramón Aguirre, que actualmente reside en Bélgica. 

Están imputados quien se desempeñaba como interventor militar en Virasoro, el capitán Juan Carlos Sacco; el coronel Duilio Ramón Martínez, el general Llamil Reston, Héctor Queirel y Ramón Alberto Giménez. En la causa de Pérez, Navajas Artaza había sido mencionado por Ramón Alberto Giménez, ex policía también imputado, que lo señaló como quien ordenó el secuestro de Pérez, hecho en el que él mismo participó y se autodenominó como “entregador”. 

En su declaración, Giménez califica al dueño de la marca “Taragüí”, como “señor feudal”, que tenía a todo el pueblo bajo su poderío económico. La vinculación de Navajas Artaza con las desapariciones y detenciones de los trabajadores es también sostenida por las organizaciones de derechos humanos de Corrientes y varios de sus representantes se expresaron públicamente en este sentido. 

Tal es el caso de Marisa Saunaria, de la Comisión Provincial de Derechos Humanos, que en diálogo con Télam afirmó que hubo “connivencia” del empresario yerbatero “en la represión que sufrieron los sindicalistas”. “Con la excusa del cumplimiento de la ley de sabotaje industrial argumentaban boicots para imputar a los trabajadores”, afirmó. 

En 2006, cuando se iniciaron las causas por las denuncias de Catalino Pérez y Ramón Aguirre, en Corrientes, Pablo Vassel se desempeñaba como subsecretario de Derechos Humanos. Recordó que por primera vez, el 24 de marzo de ese año, se visibilizó el tema, cuando hijos, familiares y amigos de las víctimas marcharon por primera vez para pedir justicia.

E hicieron un acto en la plaza principal del pueblo junto las madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida y Nora Cortiñas; representantes del Servicio de Paz y Justicia, y de organizaciones de derechos humanos de Corrientes. El acto, tuvo como única autoridad al propio Vassel.

“Los demás prefirieron no mirar”, dijo a Télam quién hoy cumple el rol de director de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura de la Nación. “Todas las víctimas de Virasoro están relacionadas con Las Marías y todas tuvieron alguna actividad en el poderoso grupo yerbatero”, afirmó, a la vez que señaló que “no es casualidad que toda la cúpula gremial haya sido descabezada”. 

En este sentido, Vassel remarcó que “hay una vinculación directa” y agregó que “el alcance de esa vinculación lo va a determinar la Justicia”. Navajas Artaza fue interventor federal de Corrientes del 7 de junio de 1969 al 11 de enero de 1973, durante la dictadura de Onganía. Del 22 de septiembre de 1982 al 10 de diciembre de 1983 fue ministro de Acción Social de la Nación, en el gobierno de facto de Reynaldo Bignone. 

De 1985 a 1987 fue presidente del Concejo Municipal de Gobernador Virasoro. Recibió dos veces el premio Konex: en 1998 y 2008, en la categoría destinada a empresarios rurales. En 2005 se presentó como candidato a gobernador de Corrientes por el Proyecto Corrientes. 

09 de Septiembre 
Los testimonios que relacionan a Navajas Artaza con la represión ilegal en Corrientes 
Una de las víctimas de la represión en la localidad correntina de Virasoro, Pablo Franco, que trabajó en "Las Marías" desde 1973 hasta que se lo llevaron detenido en 1976, aseguró que lo ocurrido en esa firma yerbatera "fue consecuencia de todo lo que venía ocurriendo en la zona norte, donde realmente se siente el poderío de las grandes empresas”. 

El dirigente del Sindicato de la Alimentación sostuvo en diálogo con Télam que “todos (los desaparecidos y detenidos) tenían participación en la formación de los sindicatos. Lo que pasó, no fue casual”. Recordó a sus compañeros y afirmó: “nuestra lucha era por los trabajadores más desprotegidos; queríamos que se cumplan los derechos laborales, queríamos una sociedad más justa y distributiva”. Cuando lo detuvieron, Pablo tenía 22 años. 

"Cumplí los 23 a los 20 días de estar preso”, recordó, a la vez que enumeró los lugares en los que estuvo privado de su libertad a lo largo de 4 años, entre ellos, Virasoro, Santo Tomé y Paso de los Libres, en los que, afirmó, fue sometido en varias oportunidades a sesiones de tortura. Para el ex sindicalista ya no se puede desconocer que en este país el golpe fue cívico militar “y en esta zona se sintió el paternalismo centralizado del poder económico”. 

Sobre Adolfo Navajas Artaza, mencionó que “muchos compañeros fueron detenidos en su lugar de trabajo (Las Marías) y otros fueron allí señalados y llevados de sus casas”. “Aunque no haya condena judicial, habrá condena social”, todos sabemos quién es quién”, afirmó. 

Pablo Franco vive ahora en Apóstoles (Misiones), donde trabaja para la empresa yerbatera Rosamonte. Al concluir el diálogo con Télam, destacó que con este Gobierno, “desde 2003 tenemos muchas garantías y protección y los hechos de ese régimen tan atroz, se están juzgando”. 

Miguel Argüello, ex docente de Virasoro, era yerno de uno de los detenidos y además maestro de varios de los hijos de trabajadores y sindicalistas, con quienes tenía fluido contacto. “Todo fue orquestado en Las Marías; allí se realizaban las reuniones de los jefes militares, donde se decidía la suerte de los trabajadores, especialmente de aquellos relacionados con el sindicato”, dijo Argüello en declaraciones a Télam. 

El docente, hoy jubilado, afirmó que no tiene duda de “que las órdenes para el hostigamiento y las detenciones partieron de Las Marías y en ese ámbito se realizó la actividad para la represión militar”. “Después que se los llevaron, las familias de ellos se destruyeron”, recordó. 

El relato de Noemí Acuña, hija de Marcelo Acuña, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, que estuvo detenido 5 años y fue torturado, es coincidente con el de Argüello. 

“De Las Marías salió el listado que luego entregaron a Sacco (interventor militar) y el propio Navajas participó junto a los militares de la asamblea en la que se ordenaba el cese de toda actividad sindical”, contó Noemí a Télam. 

Dijo además que “en Virasoro no persiguieron a dirigentes políticos, a referentes sociales, a jóvenes militantes políticos ó a sindicalistas de otros sectores, sólo buscaron a los trabajadores de las Marías vinculados a los sindicatos de trabajadores rurales y de la alimentación”.

“Después de haber estado 5 años preso, cuando mi papá recuperó la libertad, en 1981 (aún en dictadura) no pudo volver a Virasoro, porque lo estaban esperando, así que se fue a vivir a Misiones, donde puso una chacra y nunca dejó de militar, continuó promocionado las leyes de los trabajadores rurales y la importancia de la organización”, afirmó la hija de Marcelo Acuña. 

Contó además que el gobierno de facto, no sólo perjudicó a su padre, porque “la persecución fue también a la familia, así que los 6 hermanos nos fuimos a vivir a distintos lugares, cuenta Noemí, que desde entonces reside en la localidad bonaerense de Florencio Varela. 

“Tuvimos un gran instinto de sobrevivencia y comprendimos que teníamos que irnos”, manifestó Noemí en declaraciones a Télam. Marcelo Acuña, declaró en la causa denominada “Investigación de delitos de lesa humanidad-víctima Ramón Aguirre y otros en 2008, dos años después fallece en Buenos Aires a los 73 años, víctima de una enfermedad.
FuentedeOrigen:Telam
Fuente:Agnddhh