El deber de investigar el origen de los niños desaparecidos

16 DE SEPTIEMBRE DE 2012
Por Juan Carlos Martínez

Militantes de derechos humanos y familiares de víctimas del terrorismo de Estado reclamaron que el Poder Judicial “repare una omisión histórica en el deber de investigar sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de personas -hoy adultas- víctimas de secuestro, desaparición forzada, supresión y sustitución de identidad”.

En un escrito presentado ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal se sostiene que “en la Argentina, las investigaciones en procura del hallazgo de los niños detenidos-desaparecidos (expresión que incluye a aquellos nacidos en cautiverio) nunca debieron ser suspendidas, archivadas, olvidadas, porque no estuvieron alcanzadas por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final”.

Agrega que “a pesar de esta excepción a las reglas de impunidad, cierto es que sólo prosperaron las investigaciones con la reconstrucción histórica que hicieron las compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos. Es decir, el Poder Judicial esperaba y espera que se presente una denuncia, no actúa de oficio a pesar de que la naturaleza del crimen le impone el deber de investigar”.

Seguidamente, el documento hace hincapié en que “a esta omisión de décadas se ha sumado la ausencia de articulación de dos espacios centrales en la investigación sobre las víctimas de desaparición forzada (de adultos y niños): los registros CONADEP y la justicia de instrucción federal”.

Sobre los registros de la CONADEP se indica que “se clasificaron las denuncias, se digitalizaron y luego se aplicó un sistema de búsqueda denominado Excalibur el cual excluye de la búsqueda la documentación manuscrita (sólo puede encontrarse fácilmente aquella que está tipeada)”.

“Entre esos legajos -agrega- se encuentran clasificadas algunas denuncias generalmente anónimas por apropiaciones y resta compulsar y tipear las denuncias manuscritas”.

Luego pone como ejemplo dos casos puntuales en los cuales el Poder Judicial omitió el deber de investigar en el año 1984 cuando tenía en sus manos los elementos para hacerlo. Las personas sindicadas como apropiadoras no fueron investigadas en su momento y recién se lo hizo en 2010 y 2011, cuando las víctimas se presentaron por propia decisión para someterse a los análisis de sangre, razón por la cual la reparación del daño inferido a la víctima se produjo con un retraso de veintiséis y veintisiete años, respectivamente.

El documento sostiene que “de nada sirve preguntarse de quién es la responsabilidad, si de la Justicia que no investigó o del Poder Ejecutivo que no se aproximó a esos niños -hoy adultos- ni puso a disposición de la Justicia las denuncias anónimas que aún hoy obran en su poder”.

En el siguiente párrafo se sostiene que “en estos tiempos donde se conmemora y reivindica la lucha por los Derechos Humanos, quienes militamos contra el terrorismo de Estado y contra la impunidad nos proponemos que la Justicia remedie esa omisión y asuma el deber de investigar”.

Requerimientos

Los peticionantes puntualizan los requerimientos que a su juicio debe hacer el Poder Judicial y sugiere los pasos a seguir una vez recibidas las denuncias y se extiende en cuestiones referidas a los análisis genéticos y concluye ofreciendo el número de legajos de la CONADEP donde constan denuncias sobre apropiaciones de niños con la salvedad de que la nómina es incompleta.

Las dificultades que existen para identificar a aquellos niños robados durante la dictadura militar han sido una constante, fundamentalmente por la actitud reticente de jueces y fiscales y por la inacción de los sucesivos gobiernos desde que se recuperó la democracia en 1983.

La búsqueda de aquellos chicos quedó librada a las investigaciones de las Abuelas de Plaza de Mayo, cuyos esfuerzos permitieron recuperar hasta ahora a 106 de sus nietos, pero -como se dice en el documento mencionado más arriba- la omisión de investigar las apropiaciones de oficio por parte del Poder Judicial ha demorado injustificadamente la solución de uno de los más graves delitos cometidos por el terrorismo de Estado.

Si el Poder Judicial hubiese actuado como debió hacerlo desde 1983 y si el poder político hubiese hecho lo propio, la recuperación de aquellos niños estaría resuelta en la mayoría de los casos. Y no serían ellos, hoy adultos, los que siguen buscando sus raíces.

El costo de esas omisiones ha sido muy elevado. Aquellos chicos son hoy hombres y mujeres de más de treinta años que han pasado buena parte de sus vidas entre mentiras y engaños, despojados de sus identidades y de sus historias y educados en una cultura ajena al proyecto de sus padres biológicos.

La mayoría de los niños que fueron recuperados en los primeros años de democracia pudieron recorrer los caminos soñados por sus padres legítimos, pero seguramente que a los que todavía permanecen en poder de sus apropiadores les resultará difícil liberarse de la cultura y la ideología que les han impuesto sus falsos padres.

Firmantes

Con el patrocinio del abogado Eduardo Fachal, el documento fue suscripto, entre otras personas, por Mirta Baravalle, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo e integrante de Madres de Plaza de Mayo (LF); María Victoria Moyano Artigas y Carla Artes, nietas recuperadas; Marcela Rodríguez Procopenco, quien en la búsqueda de su origen biológico se ha encontrado con una serie de obstáculos que le impide avanzar en su objetivo a pesar de los datos aportados sobre sus presuntos apropiadores y los diputados nacionales Victoria Donda, Claudio Lozano y Víctor De Genaro.

Fuente:ElDiariodelaPampa