JUICIO POR DELITOS EN SAN NICOLAS
Archivo policial
Por Sonia Tessa
La directora del Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que gestiona la Comisión Provincial por la Memoria, Claudia Bellingieri, describió ayer el accionar de las "fuerzas conjuntas" durante la represión ilegal. Lo hizo como testigo en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en San Nicolás, que se reanudó en el Tribunal Oral Federal número 2, presidido esta semana por Omar Digerónimo. La investigadora desglosó documentación que ya forma parte de las pruebas, para detallar la estructura de inteligencia en cada zona. "Lo más parecido al territorio era el área", dijo, al referirse al Area 132, a cargo de Manuel Fernando Saint Amant, imputado en las tres causas que se acumulan en el juicio oral y público. La profesora de historia relató el modus operandi del que formó parte el ataque a la casa de calle Juan B. Justo 676, donde el 19 de noviembre de 1976 mataron a Omar Amestoy, Ana María Fettolini, Fernando y María Eugenia Amestoy, de tres y cinco años; así como a Ana María del Carmen Granada. De esa masacre sólo sobrevivió Manuel Goncalves Granada, querellante de la causa. "Estamos realizando una investigación en la provincia de Buenos Aires. Se han podido analizar 38 casas. El patrón es el horario, los ataques eran a muy tempranas horas de la madrugada o por las noches. No se procedía con ningún tipo de protocolo", señaló Bellingieri, quien identificó un denominador común en esos operativos: "una fuerza desproporcionada sobre viviendas ubicadas en zonas urbanas". El informe de inteligencia de la masacre consignaba que la casa estaba ubicada a cuatro cuadras de la Unidad Regional de la policía provincial. Bellingieri destacó que el Archivo de la DIPBA es un "pormenorizado acervo documental donde se encuentran las fichas personales de 230 mil personas en provincia de Buenos Aires". Como tal, la DIPBA funcionó desde 1956 hasta 1998, cuando el entonces ministro de Seguridad provincial, León Arslanian decidió cerrarlo. Entonces, por su valor probatorio en los juicios por la verdad -ya que la vía penal estaba cerrada por las leyes de impunidad??, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata secuestró la documentación. A partir del año 2000, con la creación de la Comisión Provincial por la Memoria en el edificio donde funcionaba la DIPBA, esos documentos comenzaron a investigarse.
El análisis realizado por Bellingieri le permitió concluir que "la tarea de inteligencia se hacía previo a la captura". La investigadora subrayó que "los documentos exhibidos dan cuenta de cómo las llamadas fuerzas conjuntas realizaban todas sus acciones coordinadamente".
La testigo se detuvo en dos documentos. Uno de ellos es el legajo 6961, caratulado como "enfrentamiento con delincuentes subversivos", y registrado en el libro de registro 4263, del 20 de noviembre de 1976, donde se informa de dos muertes, dos femeninos y dos masculinos, sin especificar edades ni filiaciones. El primer parte, de la Unidad Regional de San Nicolás, informaba que a las 6.30 del día 19, personal de la policía provincial, del Batallón de Ingenieros 101 y de la Policía Federal fueron a atacar una casa. "Habla de un menor muerto y también dice que otros menores, dos en este caso, fueron ubicados con principio de sofocación", recordó Bellingieri ante la pregunta del fiscal Juan Murray sobre la documentación referida a los hechos que se juzgan.
El otro documento al que se refirió es el informe sobre la columna 17 de Montoneros, que figura en el legajo 9158, donde se refiere a un grupo de personas perseguidas por las fuerzas conjuntas en una amplia zona de la provincia de Buenos Aires. El propio informe de inteligencia destaca la escasa relevancia de la columna, sin posibilidad de accionar. En ese documento, las víctimas de la causa caratulada Alvira -María Cristina y Raquel Alvira, Horacio Martínez, Eduardo Reale, María Rosa Baronio y Regina Spotti, todos desaparecidos- forman parte de un organigrama en el que aparecen con sus nombres, sus apodos y al lado dice "muerto", "detenido", "desaparecido" o "prófugo". En todos los casos investigados, el informe detalla muerto o desaparecido.
Fuente:Rosario12
Juicio a los genocidas de San Nicolás
Pruebas del genocidioJosé María Buassi, testigo de la causa y referente de la Mesa de la Memoria por la Justicia de San Nicolás, comentó a Redacción Rosario que en la jornada además de Bellingeri declararon Juan Carlos Catini, militante del barrio Don Américo de San Nicolás que presidía la vecinal, Luís alfredo Godoy y Hugo Esteban Jaime.
Documentos de inteligencia
La Directora del Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, un ente que es gestionado por la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires, que preside Adolfo Pérez Esquivel, aportó información extraída del registro de 230.000 fichas personales correspondientes a perseguidos políticos.
La testigo explicó la dinámica de “trabajo” de lo que se denominó la “Comunidad informativa”, que la red de inteligencia articulada por todas las fuerzas armadas y de seguridad provinciales y nacionales.
Bellingeri, contó que en la Dippba están compilados los partes que hacían los agentes estatales de la policía provincial, cuya tarea consistía en espiar, entre otros, a militantes, estudiantes, sindicatos, prensa y empresarios.
La testigo relató que sobre San Nicolás constan partes de inteligencia en los que se seguía a religiosos, a las víctimas de la dictadura de la zona vinculadas con la Iglesia del tercer Mundo, caracterizada por los agentes como “curas villeros”.
También indicó Bellingeri bajo las iniciales DS (“delincuentes suversivos) “se registra en el archivo toda la información que da cuenta de la persecución política ideológica de las víctimas”.
La testigo, que declaró como perito, se explayó sobre los documentos referidos a actuaciones concretas Área Militar 132, la jurisdicción en la que se enmarcan los hechos investigados en la causa.
Bellingeri señaló que a partir de las directivas 404 y 405 se dividió el país en zonas militares. “Buenos Aires –indicó la perito– quedó comprendida dentro de las zonas 1 (Primer Cuerpo), 4 (Comando de IIMM) y 5 (Quinto Cuerpo)”.
Los documentos exhibidos por la testigo dieron cuenta como las llamadas fuerzas conjuntas realizaban todas sus acciones coordinadamente. En esa línea, Bellingeri se refirió a legajo localizado cuyo título dice “Enfrentamiento con subversivos 19/11/76” y que está aportado a la causa. “El legajo da cuenta de dos muertos NN femeninos, y dos muertos NN masculinos. No identifica a los asesinados. Habla de un menor muerto, dice que otros dos menores fueron ubicados con principio de intoxicación. Dice que el Batallón de Ingenieros de combate 101 es el responsable conjuntamente con la Policía Federal”, apuntó la testigo entre otros importantes datos a los cuales hizo alusión.
Al cierre de la jornada, que culminó pasadas las 14, en la puerta del tribunal, Budassi explicó que el juicio –que semanas pasadas contó con varias audiencias en la ciudad de San Nicolás–, continuará martes y miércoles en Rosario.
El juicio oral y público reúne tres causas: el caso de la Masacre de Juan B. Justo, ocurrido en noviembre de 1976 –donde se juzgan los homicidios de Ana María del Carmen Granada y la pareja Amestoy Fettolini y sus hijos de cinco y tres años–; el caso de los Militantes de la JP-Montoneros desaparecidos en los Barrios Trípoli, Don Bosco y Santa Rosa, ocurrido entre abril y mayo de 1977 –se juzgan los homicidios de María Regina Spotti, María Rosa Baronio, Eduardo Luis Reale, Horacio Arístides Martínez, María Cristina Alvira y Raquel Rosa Alvira–; y el caso Mastroberardino, ocurrido en abril de 1977 –donde se juzga el secuestro de José Emilio Mastroberardino locatario de la casa donde vivían el matrimonio de los militantes Almada-Spotti y su hijos Víctor y Martín–.
Por los hechos de la Masacre de Juan B. Justo están imputados y procesados el ex jefe militar de la zona, Manuel Fernando Saint Amant; el coronel retirado Antonio Federico Bossié, jefe de Operaciones del Área 132 durante la última dictadura, y el ex comisario jefe de la delegación San Nicolás de la Policía Federal, Jorge Muñoz.
Fuente:RedaccionRosario
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