MÉXICO.

MIÉRCOLES, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
Peña Nieto condiciona posible diálogo con líder de izquierda mexicana 
PL 
El presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, condiciona la posibilidad de sentarse a dialogar con el líder de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, solo si este reconoce su victoria electoral el pasado 1 de julio. 

Peña Nieto reiteró que triunfó en la justa por la presidencia con más de tres millones de votos por encima de su principal competidor, López Obrador, que el país vivió un proceso ejemplar e instó a "reconocer con madurez y civilidad política el resultado de una elección", según expresó en entrevista con Noticieros Televisa. 

López Obrador anunció el 31 agosto su rechazo el resultado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que declaró válidos los comicios presidenciales. 

En una alocución transmitida en vivo por la televisión, el excandidato por el Movimiento Progresista afirmó que no reconocería un "poder ilegítimo surgido de la compra del voto, surgido de otras violaciones graves". 

Dijo que actuar de otra manera sería traicionar a millones de mexicanos que luchan contra la simulación, la farsa y a favor de un cambio verdadero. Y en su mensaje convocó a todos sus partidarios para congregarse el domingo 9 de septiembre en el Zócalo capitalino para allí, según planteó, definir lo que sigue, pero reiteró que la lucha es y será por la vía pacífica, "sin dar motivos para que los violentos nos acusen de violentos". 

La máxima autoridad judicial en materia electoral desechó por unanimidad de sus siete magistrados el juicio de impugnación interpuesto por el Movimiento Progresista para invalidar los comicios. 

En la pasada jornada electoral lo números favorecieron a Peña Nieto, candidato de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista, con el 38,21 por ciento de los sufragios, seguido de López Obrador, con el 31,59. 

MIÉRCOLES, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
Diputados mexicanos cambian de bando apenas inicia legislatura
PL 
Varios diputados mexicanos anunciaron cambio de bancada apenas a cuatro días del inicio de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, destacan hoy medios de prensa. 

Se confirmó que cinco diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) abandonaron esa fuerza política para sumarse al grupo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que con este movimiento logra incrementar su presencia en el Legislativo de 207 a 212 representantes. 

Por su parte, el PVEM disminuyó su cifra en la Cámara de Diputados de 34 a 29, y se prevé que en los próximos días otros 10 legisladores del Verde también se sumen a la bancada del PRI, según consignó un artículo del diario La Jornada. 

También cuatro diputados del Partido del Trabajo renunciaron a su escaño para incorporarse a las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con lo cual esta organización eleva de 100 a 104 legisladores su participación en el Palacio de San Lázaro, mientras que el PT se reduce de 18 a 14. 

El Congreso mexicano está compuesto por 500 diputados y 128 senadores, quienes fueron renovados en su totalidad en las pasadas elecciones generales del 1 de julio.

MIÉRCOLES, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2012
“Presidente del empleo” sólo les ofreció plazas temporales: Con Calderón, las peores condiciones para las trabajadoras mexicanas 
Por Guadalupe Cruz Jaimes (CIMAC) 
Durante el sexenio de Felipe Calderón “sí se crearon empleos”, pero en su mayoría “temporales”, por lo que “no representaron un avance real” para mejorar la calidad de vida de la población, sobre todo de las mujeres, quienes se ocupan en las “peores” condiciones laborales. 

En entrevista con Cimacnoticias, Norma Malagón, integrante de la Red de Mujeres Sindicalistas (RMS), indicó que las fuentes de trabajo generadas en la administración saliente fueron “contrataciones temporales que no garantizan que haya estabilidad laboral, por lo que ni para las mujeres jóvenes ni adultas significó una ventaja”. 

Contrario a lo que refiere el Sexto Informe de Gobierno, acerca de la creación de 2 millones de empleos en la gestión “calderonista”, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) sostiene que cada año se crearon 185 mil empleos formales, de los cuales 90 por ciento son eventuales. 

En el Informe 2011 sobre violaciones a los Derechos Humanos laborales en México, titulado “La docena trágica se va, viene la alternativa”, el Cereal precisa que por cada empleo formal se generaron tres informales en este sexenio. Malagón señaló que más de la mitad de las trabajadoras carece de derechos y prestaciones, porque se ocupan en empleos informales o en “formales” en los que no tienen acceso a seguridad social o servicio médico, porque están contratadas por honorarios. 

Cada día se sumaron mil 400 personas a este sector, en las que las mujeres tienen una participación de 29.3 por ciento, mientras que entre los hombres la tasa es de 27.9 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Ellas se ocupan principalmente en el comercio ambulante, restaurantes y servicios profesionales personales, con jornadas de trabajo poco estables que van de las 15 horas semanales a más de 48 en el mismo periodo. 

Además, 65.8 por ciento de los más de 17 millones de trabajadoras del país apenas gana de 1 a 3 salarios mínimos, equivalentes a 5 mil 600 pesos al mes, insuficientes para la manutención de familias. Al bajo salario se suma la ausencia de prestaciones sociales, ya que durante esta administración “hubo un retroceso en cuestión del acceso a seguridad social, tener un empleo estable y digno”. Por ejemplo, de 2000 a 2009, el número de trabajadoras sin seguridad social aumentó 34.4 por ciento. Hasta 2010, las mujeres en esta situación sumaban 10.8 millones, según un análisis del Frente Auténtico del Trabajo (FAT), con base en información oficial. 

Esta circunstancia obliga a las mujeres a trabajar más para poder garantizar a sus familias el acceso a la educación, vivienda, salud y esparcimiento. “Tienen el empleo remunerado, luego la venta por catálogo y el cuidado del hogar”, observó Malagón. Por lo que consideró que las acciones emprendidas en materia de empleo durante el sexenio de Calderón “no representaron un avance real” para las mujeres. 

En el apartado “Promoción del empleo y la paz laboral”, del Sexto Informe de Gobierno, además de señalar que de 2006 a 2012 se crearon más de 2 millones de empleos (800 mil en lo que va de este año), indica que el número de inspectores de centros de trabajo pasó de 218 que había al inicio de la administración a 776. 

Además destaca que de enero de 2007 a julio de 2012 emitieron 17 Normas Oficiales Mexicanas de seguridad y salud en el trabajo. Y que “con el propósito de facilitar la autogestión de la normatividad”, impartieron “21 cursos multimedia de los cuales nueve se refieren a la seguridad para minas subterráneas de carbón”. 

Las acciones enlistadas en el informe para garantizar la seguridad de los trabajadores ha sido insuficiente, toda vez que de 2006 a la fecha han fallecido más de 140 trabajadores en la región carbonífera de Coahuila, como lo ha documentado la Organización Familia Pasta de Conchos, conformada por viudas y familiares de mineros caídos. 

MIÉRCOLES, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
Como llegó se va Calderón 
Por Eduardo Ibarra Aguirre (FORUMENLINEA) 
Mil 200 metros de vallas metálicas, Palacio Nacional blindado, el Centro Histórico copado por cuerpos policiacos y militares, dueños de México como Carlos Slim y Emilio Azcárraga sometidos a revisión por un arco detector de metales, hicieron posible que Felipe Calderón rindiera su VI Informe con la protesta callejera bajo cerco, confinada a muchos metros de distancia para no interferir en los delicados oídos de los asistentes la mañana del día 3. 

Ahora sí que como llegó se va dentro de 86 días. Arribó a San Lázaro el 1 de diciembre de 2006 por una puerta muy discreta (tras banderas), rodeado de los suyos y del Estado Mayor Presidencial que apostó francotiradores en el salón de plenos, dispuestos a todo para que se colocara la banda presidencial el producto del “Haiga sido como haiga sido”, como lo bautizó el propio Felipe del Sagrado Corazón de Jesús. 

Por fortuna los militares se quedaron con las ganas. Sin que volviera a poner un pie en la sede del Congreso de la Unión, se marchará (¿a Austin, Texas?) el esposo de Margarita y padre de María, Luis Felipe y Juan Pablo a los que agradeció con voz quebrada por la emoción su comprensión y respaldo. 

Así lo hizo Vicente Fox al tomar posesión, entonces por qué no Calderón Hinojosa, quien hizo lo indecible para imponer a su hermana Luisa María como gobernadora de Michoacán. No pudo comparecer ante las cámaras legislativas todo el sexenio, pero tiene a su disposición las del Grupo Televisa, a un altísimo costo para la modernización de las telecomunicaciones y hasta para su dignidad personal, pues en corto algunos directivos del consorcio presumen que ellos lo instalaron en Los Pinos. 

En Palacio Nacional convertido en set del duopolio de la televisión, al que favoreció mucho más que la autodenominada pareja presidencial que hace seis años gobernaba México –Vicente y Martha ahora harto enriquecidos–, rindió Calderón el informe sobre su obra sellada por la seguridad pública como eje articulador de todas las políticas gubernamentales. 

Defensa cerrada de su estrategia militarista subordinada a la necesidad de legitimarse en la Presidencia de la República, satisfacer intereses de la Casa Blanca y el Pentágono, y responder al reclamo ciudadano, es la nota demasiado repetida de las cuentas que ofrece. 

La novedad es que el optimismo discursivo del general de cinco estrellas lo lleva a sostener que revirtió la tendencia de los crecientes espacios de poder en manos del crimen organizado y en demérito de las funciones del Estado. Hoy, dice, éste es más vigoroso que aquél. 

Aceptando sin conceder en esta Utopía que el jueves 6 arriba al octavo aniversario y 1156 ediciones, no existen cifras oficiales que respalden esta deseada tendencia, más allá de los capos tras las rejas (o asesinados), incluido Mario Cárdenas Guillén, las confiscaciones de drogas, armas y recursos económicos que desde la Operación Cóndor de los años 70 son de muchos dígitos pero el problema sigue desbordado. 

El dato duro de 2006 es que Fox cerró con 9 mil asesinatos relacionados con el narcotráfico. Felipe Calderón entregará las riendas con alrededor de 120 mil asesinatos (Le Monde), mientras los datos oficiales se congelaron en 50 mil. Por ello el diario parisino postula: “Esa auténtica hecatombe constituye, y de lejos, el conflicto más mortífero del planeta en los últimos años”. 

Esta tragedia sin precedente obedece en buena media a la obcecación fundamentalista del presunto genocida que tiene una demanda interpuesta por miles mexicanos ante la Corte Penal Internacional; oscurece además resultados que en materia de salud, educación, infraestructura carretera, portuaria e hidráulica tampoco son para regatearse. 

MIÉRCOLES, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
La impugnación de las elecciones y su falta de certezas jurídicas 
Por Hugo Benítez Thomas (ALAI) 
México tiene uno de los sistemas electorales más robustos del mundo; producto de una lucha democratizadora, el país cuenta con un Instituto Federal Electoral, autónomo; una Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, por parte del Poder Ejecutivo, y un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; amén de un Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, reformado en 2007-2008 y la normatividad procedente en casos de impugnación. 

El 1° de julio de 2012 vivimos las elecciones más judicializadas de la historia de México. Al término de los cómputos distritales se presentaron 378 demandas de juicio de inconformidad (364 de las cuales fueron promovidas por la coalición Movimiento Progresista o sus partidos integrantes) para controvertir los resultados de cómputo en 296 (de 300) distritos electorales federales uninominales. 

El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Salvador Nava Gomar, había dicho dos días antes de la jornada electoral que lo primero que tutelan las instituciones es el voto, el bien jurídico primordial a tutelar. “Tenemos un sistema de nulidad escalonado desde la casilla, el distrito y la elección general. Luego lo extrapolamos al distrito y, si abarca 25% de las casillas, se anula el distrito. 

Si esto se da en 25% de los distritos se anula la elección. Es muy complejo proceder a la nulidad, se tienen que reunir varios elementos que demuestren que se ha alterado la voluntad de los electores”.(1) Y así resultó, de los 296 distritos impugnados, en 225 sí hubo modificación, de los cuales en 68 casos se confirmó en sus términos y tres quedaron firmes por haber sido improcedentes los juicios respectivos. 

De los 225 casos mencionados, se anuló la votación recibida en 526 casillas(2) de 70 mil 341 demandadas. Para cualquier impugnación legal de las elecciones por irregularidades en las casillas iba a ser algo más que difícil de alcanzar un reconocimiento favorable, máxime los mecanismos de seguridad con que cuenta nuestro sistema electoral construido a lo largo de décadas. El 12 de julio el Movimiento Progresista presentó la demanda de juicio de inconformidad ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) “por la nulidad de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, solicitando la declaración de no validez de esta elección por violación a los principios constitucionales de elecciones auténticas y sufragio libre y por la cancelación del registro de candidato al C. Enrique Peña Nieto por rebase de topes de campaña”.(3) 

La elección del presidente de México en 2012 estuvo marcada por la desigualdad social. Fue evidente la compra y coacción del voto en las elecciones pasadas. Las practicaron todos los partidos, unos en mayor medida que otros y aprovecharon una rendija normativa para poder influir en las preferencias de la ciudadanía sin sufrir las consecuencias de la aplicación de la ley. El ex presidente del IFE, José Woldenberg reconoció que “la compra y la coacción sobre el voto es el ‘frijol en el arroz’. 

Mientras México siga siendo una sociedad tan marcadamente desigual, mientras tantas personas tengan carencias materiales tan extremas, existirá la tentación de intercambiar bienes por votos. Pero, no es una práctica privativa de un solo partido, aunque el PRI parece ser el que más recurre al expediente”.(4) 

En los juicios de inconformidad para impugnar los cómputos distritales no se comprobó causa de nulidad de acuerdo con la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. El 30 de agosto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió la impugnación madre que pretendía la invalidez de la elección. Los magistrados desestimaron los planteamientos expuestos tras considerar que no se acreditaron las irregularidades alegadas, que no hubo certeza de las supuestas irregularidades. 

“Se respetaron a cabalidad los principios constitucionales que deben imperar en toda elección de carácter democrática”, sostiene la sentencia de la Sala Superior.(5) 

Luego de analizar el documento entregado por la coalición, sus pruebas y una serie de documentos aportados por el IFE y su Unidad de Fiscalización, la Comisión Calificadora de la Elección Presidencial rechazó la violación generalizada alegada por el Movimiento Progresista. 

El análisis no permitió concluir que Peña Nieto hubiera rebasado el tope de gastos de campaña. La comisión tampoco logró comprobar la adquisición encubierta de tiempo en televisión. El fallo fue contundente, los siete magistrados votaron por unanimidad y desecharon el recurso de impugnación de las elecciones del 1° de julio de 2012, sin aceptar una sola de las irregularidades como válida para considerar una resolución contraria. 

Así, se procedió a calificar los resultados que recibieron los candidatos, que de acuerdo con el dictamen citado fueron los siguientes en número de votos: Enrique Peña Nieto, 19 millones 158 mil 592; Andrés Manuel López Obrador, 15 millones 848 mil 827; Josefina Vázquez Mota, 12 millones 732 mil 630; Gabriel Quadri de la Torre, un millón 146 mil 85; candidatos no registrados, 20 mil 625, y votos nulos, un millón 236 mil 857, haciendo un universo de 50 millones 143 mil 616 electores el 1° de julio anterior. 

Tenemos una cosa juzgada que hace de Enrique Peña Nieto, el presidente electo de México para el sexenio 2012-2018, y tenemos también un hecho insólito: el descomunal crecimiento en votos de la coalición Alianza por México, compuesto por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México que llevaron al triunfo a Peña Nieto. 

En nuestro artículo anterior hicimos un análisis de los votos con números preliminares; hoy podemos constatar que el crecimiento de la Alianza por México fue de casi 10 millones de votos (9 millones 857 mil 151 para ser exactos), en tan solo seis años. El triunfo de Enrique Peña Nieto fue contundente; la diferencia de tres millones 309 mil 765 votos con su próximo seguidor, Andrés Manuel López Obrador, parecería que no iba a dejar lugar a impugnación alguna. Y como ya examinamos, prácticamente no hubo irregularidades en las casillas. 

El problema en este ejercicio democrático fue de otra índole, de manipulación de conciencias ciudadanas a través de los medios de comunicación de mayor importancia y el lucro con el hambre de grandes sectores de la población. Debido a que jurídicamente no hubo certeza de fraude o compra y coacción de voto, las denuncias quedan en suposiciones y entramos al juego discursivo, de descalificar al enemigo.

La Alianza por México construyó toda una red financiamiento paralela –prohibido por la ley- para comprar el voto, pero como resulta imposible demostrar que el destino de millones de pesos manejados en la cuenta de Monex o entregados en tarjetas de la tienda comercial Soriana, o en tarjetas telefónicas, sirvieran en última instancia para influir en la voluntad de las personas que recibieron ese recurso económico -o algún otro como animales o materiales de construcción-, entonces se optó por desechar la denuncia procedente, sin ahondar en las investigaciones. 

En el caso Monex “todo empezó en la segunda quincena de junio, cuando fueron detectadas unas tarjetas de Monex en Guanajuato, las cuales habrían servido para pagar a los miembros de la estructura electoral priista. Los panistas denunciaron los hechos ante el IFE. “Tres días antes de las elecciones, el 27 de junio, el problema se agudizó. 

El IFE reconoció que había casi 10 mil tarjetas en circulación y que su valor total era de 70 millones de pesos, pero rehusó tomar medidas para congelar el dinero.”(6) Las empresas Grupo Comercial Inizzio, S. A. de C. V., e Importadora y Comercializadora Efra, S. A. de C. V., presuntamente triangularon dinero entregado por Monex para pagar tarjetas usadas por el PRI en la contienda electoral. Inizzio fue acusada por el Movimiento Progresista de haber pagado 68.3 millones de pesos a Monex a cambio de tarjetas de recompensa.(7) 

Se supo también que Efra tiene sus orígenes en la familia de Gabino Fraga, un personaje con fuertes vínculos priistas, relacionado con el gabinete del ex presidente Miguel de la Madrid y con el equipo de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.(8) 

No valieron los documentos presentados en las instituciones legales correspondientes y dados a conocer en el programa televisivo y de radio, Aristegui Noticias, que prueban que los gobiernos del Estado de México, Nuevo León, Coahuila, Durango, Sinaloa, Guerrero, y el municipio de Metepec, entre otros, habrían gastado más de 2 mil 294 millones 220 mil pesos –y que el monto de lo gastado sería mayor a los 6 mil millones de pesos- en la compra de despensas a la empresa Soriana. (9)

Las denuncias de todo un plan para crecer en cinco millones el número de votos para el candidato priísta, conocido como Ágora, quedaron en eso, en denuncias. Dicho plan tuvo como objetivo contactar a “6 millones 768 mil 250 personas. De éstas, serán acarreados a las urnas 3 millones 434 mil 125 ciudadanas y ciudadanos, con un ejército de 27 mil 473 activistas. 

Todo a un costo de 151 millones 277 mil 750 pesos”, ejercido por el Sindicato Nasional de Trabajadores de la Educación.(10) Los señalamientos –incluso hechos por The Guardian- de apoyo por parte de Televisa a Peña Nieto, son solo eso, simples señalamientos. El 30 de agosto pasado el ex coordinador de la campaña Movimiento Progresista, Ricardo Monreal, presentó una denuncia en la Procuraduría General de la República contra los gobernadores del Banco de México, Agustín Carstens, y del Estado de México, Eruviel Ávila, así como contra el banco Scotiabank, por su probable responsabilidad en lavado de dinero, alteración de documentos y delincuencia organizada. Indicó que presumen que los antes mencionados están involucrados en la alteración de una transferencia electrónica que realizó Luis Videgaray, cuando era secretario de Finanzas de Enrique Peña Nieto, en el Estado de México, por más de 50 millones de pesos. 

“Hay pruebas contundentes de que fueron alteradas transferencias electrónicas por 50 millones de pesos y 55 días después corrigen y alteran los documentos.(11) El Banco de México aceptó que hubo una corrección en el comprobante de la transferencia, lo que en sí mismo implica un acto de gravedad. Jaime Cárdenas Gracia, doctor en derecho constitucional y quien fuera consejero del IFE durante seis años, considera que el Movimiento Progresista sostuvo en todo momento que se violó el artículo 41 de la Constitución puesto que las elecciones no fueron “libres ni auténticas”. 

Y el TEPJF tenía la obligación de ver si efectivamente así fue. “Los magistrados pueden considerar que las pruebas del movimiento no son suficientes, pero ellos como tribunal garante de la Constitución debieron ver, observar, convencerse a sí mismos de ello y salvaguardar así el interés público y respeto a la Carta Magna. Esto es lo que no hizo el tribunal”.(12) 

El comportamiento de los magistrados fue “si no me demuestras tu dicho no te doy la razón; no estás probando tu reclamo y como no pruebas tu pretensión pues te deshecho tu recurso (…) Cárdenas concluye que el tribunal incurrió en dos defectos jurídicos: debiendo investigar no lo hizo, delegó la carga de la prueba a quien demandó. 

Además, resolvió cuando aún hay asuntos pendientes en el IFE que pudieran incidir en la decisión de los magistrados”. (13) Ante la falta de certezas jurídicas, las demandas del Movimiento Progresista han quedado en suposiciones, en sospechas no comprobadas, que las creen los simpatizantes de López Obrador, o quienes tuvimos testimonios de personas que vendieron su voto, pero que no las creen los adversarios del candidato de la llamada izquierda en México.

Las pruebas también incluyeron la presentación de animales como gallinas, guajolotes, chivos, entre otros, traídos al zócalo capitalino en la expo fraude y consignados por un notario público. La imagen trajo un trozo de la realidad practicada desde los tiempos del PRI en el gobierno federal y por muchos conocidos: el aprovechamiento de la necesidad económica de la gente; su voto a cambio de un animalito. 

Fue reconocido pero a la vez objeto de burla: el arca de Andrés Manuel, dirían distinguidos priistas. Prácticas tan arcaicas como esa, conjuntadas con la sofisticación de monederos electrónicos en una triangulación internacional para hacer llegar millones de pesos y comprar así una elección, fue para todos evidente, pero sin certeza jurídica que pudiera echar abajo el triunfo de Peña Nieto. Valen mucho la pena los cuestionamientos del analista Jesús Silva-Herzog Márquez: “de los defectos argumentativos, de los descuidos en la redacción y de los absurdos en la demanda del Movimiento Progresista se ha hablado mucho y con razón. 

Sigo pensando que la demanda presentada no es una pieza de argumentación persuasiva, que trata la sospecha como si fuera prueba plena, que suministra escasas pruebas para convencer a los jueces de la seriedad de su alegato. Sin embargo, la petición plantea a los magistrados del Tribunal Electoral una pregunta ineludible. ¿Tuvo México elecciones auténticas? ¿Hubo realmente libertad para que los ciudadanos votaran sin presiones, sin amenazas en julio? ¿Prevaleció la equidad?”.(14) 

Podemos responder que a todas luces no prevaleció la equidad en las elecciones del 1° de julio de 2012; que a pesar del andamiaje jurídico para dar certeza a las elecciones, no podemos comprobar la inequidad que prevaleció. El resultado electoral fue contundente, así como lo fue el fallo del Tribunal Electoral, que lejos de ayudar a fortalecer la democracia en México y legitimar al presidente entrante, se restó credibilidad a sí misma. Los magistrados no vieron lo que todos los ciudadanos vimos, un proceso electoral inequitativo y unas elecciones compradas; un atentado al libre ejercicio del voto ciudadano. 
Notas: 
1) La Jornada, 29 de junio de 2012, [DE: http://www.jornada.unam.mx/2012/06/29/politica/005n1pol] 
2) Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Cómputo final, calificación jurisdiccional, declaración de validez y de presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, p. 7, 3 de septiembre de 2012, [DE: http://portal.te.gob.mx/sites/default/files/computo_final_calificacion_jurisdiccional.pdf] 
3) Ídem, p. 5 
4) Woldenberg, José, Reforma, “Balance y (nueva) alineación”, 5 de julio de 2012, [DE: http://www.reforma.com/editoriales/nacional/664/1326643/] 
5) Op Cit. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, p. 139. 
6) Reporte Índigo, “Show me the Monex!”, 20 de Julio de 2012, [De: http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/show-me-monex] 
7) Herrera, Rolando, Reforma, “Marca a Monex negro historial”, 14 de julio de 2012, [DE: http://www.reforma.com/nacional/articulo/665/1328693/?Titulo=marca-a-monexnegro-historial] 
8) Op Cit. Reporte Índigo. 
9) Aristegui Noticias, “Estados compraron miles de millones a Soriana en despensas”, 7 de julio de 2012, [DE: http://aristeguinoticias.com/estados-compraron-a-soriana-al-menos-5000-mdp-en-despensas/] 
10) Avilés, Karina, La Jornada, “Al descubierto, plan del SNTE para captar 5 millones de votos”, 25 de junio de 2012, [DE: http://www.jornada.unam.mx/2012/06/25/politica/003n1pol] 
11) Mosso, Rubén, Milenio, “Demandan a Eruviel y Carstens por lavado”, 31 de agosto de 2012, [DE: http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/0753d93a2809345b2bd47b56a4756bfd] 
12) Cervantes, Jesusa, Proceso, “Jueces de barandilla”, no. 1870, 30 de septiembre, 2012, p. 13. 
13) Ídem., p. 16 y 17. 
14) Silva-Herzog Márquez, Jesús, Reforma, “La responsabilidad del Tribunal”, 27 de agosto de 2012, [DE: http://www.reforma.com/editoriales/nacional/670/1338327/default.shtm].
Fuente:Argenpress