La Secretaría de Derechos Humanos pidió ayer prisión perpetua para cuatro acusados por 16 homicidios agravados y tres tentativas cometidos hace 40 años en la Masacre de Trelew, la misma pena solicitada por la querella de familiares de los presos políticos fusilados en 1972.
“El debate jurídico y político de los últimos diez años hizo posible que hoy estemos aquí”, dijo Germán Kexel junto a su colega Martín Rico. Rico solicitó prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua para Rubén Paccagnini, Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino como coautores de los 16 homicidios y tres tentativas.
Fuente:Pagina12
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"Estoy a distancias espaciales de ser torturador"
NEUQUÉN (AN).- "Me encuentro a distancias espaciales de ser un torturador, verdugo o genocida", aseguró ayer el comisario rionegrino retirado Antonio Camarelli durante su descargo ante los jueces.
En una hora y veinte de declaración, objetó las pruebas en su contra, aseguró que la designación que figura en su legajo en la que se le atribuyó responsabilidades de jefatura militar en Cipolletti a partir del golpe era "trucha", sostuvo que fue redactada por el entonces jefe de la regional segunda de policía de Río Negro, Norberto García, sin su conocimiento y remarcó que en la comisaría de Cipolletti "no hubo desapariciones forzosas, sí hubo aparecidos".
Dijo que los testigos Sotto, Contreras, Novero y los hermanos Pailos "han mentido" ante los jueces, reafirmó que "nunca se los ha torturado" y exigió que "el Ejército explique" los casos de tormentos relacionados a Pedro Justo Rodríguez, Norberto Blanco y Carlos Kristensen.
Camarelli, que presenció gran parte del juicio y tomó notas durante las audiencias, remarcó que no fue mencionado por las víctimas, salvo las que tildó de mendaces. Agregó que su actuación fue merituada y reafirmada durante el juicio por los testigos a su favor, como el caso de Fernando Chironi u Oscar Pandolfi, que sostuvieron las razones por las cuales lo recomendaron como jefe de policía en el retorno de la democracia.
Defendió al personal a su cargo -coimputados en este juicio- como Saturnino Martínez y Héctor Villalobo y aseguró que "ninguno es capaz de tirar una oreja".
"No pido indulgencia, no hice nada malo"
NEUQUÉN (AN).- "No pido indulgencia porque sé que no hice nada malo, lo que les pido señores jueces es que pongan de manifiesto la verdad", dijo el comisario rionegrino retirado Miguel Ángel Quiñones, al cerrar la declaración indagatoria que prestó en la víspera.
Al igual que los otros imputados se limitó a dar su versión y no aceptó responder preguntas. En el inicio de su relato sostuvo que jamás pensó que iba a recibir un trato como el que recibió de parte de la justicia y comenzó a cuestionar al juez Guillermo Labate. "Cuando estuve con Labate le pregunté por qué me detenía y me dijo 'por interrogar gente'. Y me hizo quebrar.
Después nos llevó a tomar mate e insistió con el cementerio, el Puente 83...". Como los otros policías apuntó a que el juez les pidió que le dieran datos sobre tumbas de NN en la necrópolis de la vecina ciudad y de armas enterradas en la zona del citado paraje.
"Acá hubo mucha mentira de por medio. El 'Río Negro' se ha quedado corto por lo que ha publicado, porque las irregularidades han sido mucho más profundas", comentó.
Quiñones dijo que con las persona que lo imputan -no los nombró pero se interpretó que se refería entre otros a Raúl Sotto, Oscar Contreras, Ricardo Novero y los hermanos Juan y Julio Pailos- nunca tuvo nada que ver. "No sé si estuvieron detenidos en la comisaría de Cipolletti, yo no podía tomar decisiones autónomas", por una cuestión de jerarquías, señaló.
"Me endilgan haber hecho procedimientos con Martínez, Del Magro -otros policías acusados- y en ese entonces yo no los conocía", añadió. Contundente dijo: "nunca interrogué gente, menos detuve y menos torturé a nadie, porque yo no tenía esa función, yo solo informaba", dijo.
El fiscal hizo un balance crítico de las indagatorias
NEUQUÉN (AN).- "Cuando un testigo los incrimina, es mentiroso; cuando una prueba los incrimina, es falsa; cuando hay algo que los incrimina, entran en la descalificación para explicar", resumió ayer el fiscal Marcelo Grosso consultado sobre su evaluación de los descargos que hicieron los imputados el lunes y ayer.
Grosso dijo desconocer por qué el imputado Antonio Camarelli lo mencionó en su indagatoria y lo contó entre aquellos que defendieron su accionar. "No recuerdo haber dicho una cosa así, ni haber salido por televisión a decirla, o se confunde de fiscal", conjeturó, al tiempo que recordó que "desde (el tiempo de la investigación en) Roca pedimos las indagatorias de los responsables de la comisaría de Cipolletti".
Evaluó como positivo que de los 22 imputados, los que quisieron hablar en esta instancia se refirieran a los hechos puntuales por los cuales están acusados, en tanto dijo que fue llamativo que de los siete que hicieron uso de este derecho, seis estuvieran relacionados con las acusaciones de tormentos y privaciones ilegales de la libertad en la comisaría de Cipolletti.
"Me llamó la atención que no se pusieran de acuerdo el comisario rionegrino (Antonio) Camarelli y el teniente coronel (Gustavo) Vitón, porque así como se escuchó, aparentemente la comisaría de Cipolletti estuvo sin jefe: algunos dicen que Camarelli se metió en la casa de arriba y no bajaba, y Vitón dijo que estaba haciendo acciones cívicas y puentes, entonces ¿quién mandaba en Cipolletti?" en 1976, ironizó el fiscal.
Agregó que el militar habló de una posibilidad de careo, pero no la solicitó; mientras que Camarelli "en todas las indagatorias sostuvo que Vitón el 24 de marzo le copó la comisaría y hasta se metió en su despacho, pero hoy no dijo nada, a pesar de que escuchó ayer que Vitón declaró que lo que andaba haciendo por acá eran obras y acción cívica", destacó.
FuentedeOrigen:http://www.rionegro.com.ar
Fuente:Agnddhh
Piden investigar a un trelewense por la Masacre
Se trata de Jorge Barreto, conocido empresario de la ciudad. Sospechan que la noche de los fusilamientos estaba de guardia en la Base Zar. Él lo negó pero otros testigos lo vieron. Quieren saber si fue cómplice o encubridor.
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La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fue a fondo y pidió que el juez federal Hugo Sastre investigue al empresario de Trelew Jorge Barreto por su presunta complicidad o encubrimiento en los 19 fusilamientos del 22 de agosto de 1972. Barreto es un muy conocido hombre de negocios del Valle.
Fue guardia en la Base Almirante Zar, pero al tribunal le aseguró que la madrugada de la Masacre estuvo de servicio en Puerto Madryn. Lo contradicen dos relatos: en un testimonio de 1973, a meses del hecho, su jefe de entonces, el contador Ricardo Herrera –ya fallecido- dijo que Barreto estaba esa noche en la Base y que se lo cruzó inmediatamente después de los disparos, cuando todo era confusión. Y cuando declaró en el Cine Teatro “José Hernández” de Rawson, el excolimba Carlos Steiner dijo que llegó a la unidad la noche del 21 de agosto y habló con Barreto, a quien ya conocía.
Por esta diferencia de versiones, Steiner y Barreto estuvieron al borde de un careo. El querellante Germán Kexel advirtió: “No hay duda de que Barreto estuvo esa noche en la guardia; sus manifestaciones de que fue destinado a Madryn para otra tarea no se condicen con la situación de oficiales, suboficiales y conscriptos que dicen haber estado acuartelados”.
El letrado recordó que había presos 19 guerrilleros considerados de máxima peligrosidad. “No es comprensible ni siquiera desde la lógica que lo hayan mandado a alguna actividad. En la escena lo pone su jefe y otro conscripto, ambos bajo juramento, y su papel se contradice con ellos, no hay ningún tipo de duda. Esta prueba evidencia como mínimo un encubrimiento y esas explicaciones las tendrá que dar Barreto”.
Se trata del primer vecino de Trelew que es sospechado por parte del Estado nacional de alguna responsabilidad en el episodio. Kexel admitió que el empresario valletano hace una declaración coherente de lo que conocía de los hechos. Pero ese día se coloca fuera de la escena de la Masacre. “Se puede pensar que es por temor o porque conoce alguna circunstancia vinculada a cómo ocurrieron los hechos –añadió-.
Tengo la convicción y la ilusión de que hay mucha prueba en esta causa, pero existen elementos probatorios que aún no conocemos y que empezarán a surgir. Es muy común en las causas donde hay previsión de impunidad de parte de las dictaduras con los pactos de silencio: había mucha gente destinada en la Base, espero que surjan otras circunstancias con nuevas consecuencias.
Lo hechos de Trelew no se terminan aquí, Barreto tiene mucho para decir respecto de eso y quiero que se investigue”. Además, en el fin de su alegato Derechos Humanos coincidió con el pedido de penas del Centro de Estudios Legales y Sociales: prisión perpetua para Luis Sosa, Emilio Del Real, Carlos Marandino y Rubén Paccagnini. Los tres primeros por ejecutar los fusilamientos y el último por ordenarlo.
Además solicitaron dos años de prisión efectiva para Jorge Bautista, por encubrimiento. Todos en cárcel común de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario Federal. La Secretaría pidió investigar la complicidad de Lisandro Lois, el exmédico que firmó los certificados de defunción de los guerrilleros. E insistir para que EE.UU. extradite al único prófugo de la causa, el exteniente de navío Roberto Guillermo Bravo. Según el alegato, la orden de matar a los 19 detenidos, presos en “un estado de absoluta indefensión”, la dio el presidente Agustín Lanusse.
“Los indicios son concluyentes y nadie en la cadena de mandos hizo nada por resistirse o por cambiar el resultado”. Para el abogado porteño Martín Rico “ni siquiera estirando las ideas, las tres versiones oficiales pueden explicar los hechos”. Su hipótesis es que todos los imputados pudieron negarse al crimen y no lo hicieron.
“Desde el minuto uno Lanusse tuvo el control absoluto de la situación y se abocó personalmente”, dijo el alegato tras repasar los partes de Presidencia de la Nación de la época.
“Trelew era un tema de muchísima importancia y Lanusse ya había firmado varios reglamentos sobre cómo eliminar a subversivos”. La Secretaría afirmó que para ocultar los fusilamientos hubo un plan “fríamente calculado”. Pero que aún así, “hace 40 años que Sosa no logra explicar qué hacía esa madrugada en los calabozos con dos oficiales que no eran de la custodia oficial”, en referencia a Herrera y a Del Real.
“¿Qué hacía un contador en ese lugar cuyo trabajo no era custodiar a presos de máxima peligrosidad (por Herrera)? ¿Cómo Pujadas recibió 17 tiros y Sosa ninguno en un espacio físico tan estrecho? No es coherente su explicación para ser capitán de la Marina”.
Cuando declaró, Sosa dijo que fue a los calabozos con Herrera. Pero el contador, a meses de la Masacre, contó en cambio que fue solo y por su cuenta a buscar al capitán. Esa madrugada hubo miembros de Infantería, de Marinería y de Aviación Naval. Las tres divisiones de la Armada involucradas para garantizar el pacto de silencio.
En cuanto a Paccagnini, “como jefe de la Base decidió esperar y no trasladar a los 6 sobrevivientes a un hospital. Y en su presencia murieron 3 y uno de ellos, Rubén Bonet, con un tiro de remate en la cabeza. María Berger fue operada recién al mediodía. Él estaba a cargo de todo y decidió obrar de esa manera. Nada nos permite pensar que haya sido de otra manera”.
Fueron duros con Bautista, el exjuez militar: lo acusaron de no ordenar autopsias ni peritar las ropas de los muertos ni los proyectiles que les extrajeron. Hubo gestos extrañados del marino y de su defensor, Gerardo Ibáñez, como preguntándose qué otra cosa pudo hacer.
“No siguió ni siquiera el Código Militar y si esta causa pudo recolectar tantas pruebas a tantos años, él debió tener fácil acceso a muchas más, pero su fin fue la impunidad. Fijó ese resultado en su conciencia y ni siquiera tuvo una actitud proactiva”.
Lo acusaron de verse entrampado en la causa y de un “frenético cambio” en su estrategia de defensa para salvar la ropa.
FuentedeOrigen:LaJornada
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