[Documento] A 6 años de la
desaparición de Jorge Julio López
Por Multisectorial Rosario
Por Multisectorial Rosario
Acto a las 17,30 hs en Corrientes y Córdoba.
DOCUMENTO A 6 AÑOS DE
LA DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LÓPEZ
A seis años del segundo
secuestro de Jorge Julio López venimos a esta plaza a gritar: compañero Julio
López PRESENTE!!
Julio López, el
albañil, ex detenido-desaparecido que después de
muchos años de silencio puso en palabras sus recuerdos del horror vivido para
acusar a sus torturadores, que reconstruyó
su memoria ladrillo a ladrillo, para cumplir su compromiso con quienes fueron
sus compañeros de lucha, no llegó a la sala de
audiencias ese 18 de septiembre de 2006.
Miles
salimos a la calle en La Plata, bajo una lluvia torrencial, el viernes de la
primera semana, gritando desesperadamente y después de tantos años: Ahora, ahora, resulta indispensable, aparición con vida y castigo a
los culpables. Al finalizar esa primera marcha
escuchamos de boca del entonces gobernador Solá, y sus funcionarios Arslanián y
Binstock, la transmisión de una idea que anticipaba la política de la que no se
apartarían ni un ápice los sucesivos gobiernos provincial y nacional. Esa noche
los funcionarios respondieron que estaba en peligro la gobernabilidad de la
bonaerense. La Policía de la Provincia, al momento de la desaparición de López,
tenía en sus filas más de 3.000 efectivos que en los años 76 y 77 estuvieron
destinados a las dependencias donde funcionaron centros clandestinos de
detención y ningún gobierno constitucional separó ni investigó. Está claro hoy
que en ese momento ya habían renunciado a encontrar a nuestro compañero Jorge
Julio López y habían renunciado a detener, juzgar y condenar a los
responsables.
Julio López, cuyo
segundo secuestro fue, primero minimizado por el oficialismo y sus seguidores y
luego, transformado por ellos en una búsqueda que preguntaba por su nombre pero
no se atrevía a interpelar a sus torturadores de la policía bonaerense.
En todos estos años nos hemos
movilizado a lo largo y ancho del país y hemos organizado actividades con el
objetivo de mantener viva la denuncia, y hemos recibido por única respuesta el
silencio de la impunidad, el
silencio de la complicidad.
Julio López no fue el primer
desaparecido posterior a la dictadura: Miguel Bru, Andrés Nuñez, entre otros,
son prueba de ello. Su desaparición marcó el hecho de reinstalar la desaparición como práctica
genocida, poniendo en jaque al Nunca Más, y demostrando que es posible que vuelva a suceder lo que imaginábamos
desterrado. Fue una confirmación más de lo que siempre dijimos, la impunidad
sólo genera impunidad…
Impunidad
que no es sólo responsabilidad de los gobiernos constitucionales anteriores a
Néstor Kirchner y Cristina Fernández, sino también de éstos, porque no hicieron
lo necesario para terminar con tantos represores sueltos fuera o dentro de las
filas policiales o militares. La impunidad actual,
vigente, es la que permite que López esté desaparecido.
La responsabilidad criminal es, sin duda, de los autores materiales del
secuestro y desaparición de Julio. Pero la responsabilidad política de que Julio
aparezca con vida, como denunciamos desde un primer momento, es de los gobiernos
nacional y provincial.
El Estado,
con total intencionalidad, no realizó una investigación, y cada fuerza simuló
una búsqueda por su cuenta, ocultando sus pasos a las otras, mientras que los
funcionarios políticos negaban la posibilidad del secuestro, insistiendo en que
Julio estaba perdido o escondido. El gobierno tiene que
responder por el encubrimiento y complicidad por parte
de los organismos de seguridad que dependen del Poder Ejecutivo Nacional o
Provincial: la SIDE, el Servicio Penitenciario Federal, la policía Bonaerense y
la Federal.
Desde el
primer momento, no investigaron las pistas que involucraban a Etchecolatz y a la
bonaerense, y al día de hoy no han esclarecido ninguna de las innumerables
amenazas y agresiones que sufrieron durante el juicio y siguen sufriendo
testigos, querellantes, familiares de desaparecidos, jueces, fiscales, ni los
secuestros posteriores a testigos como Geréz, Puthod, Martínez, y militantes que
participaron por los reclamos por la aparición con vida de Julio; ni el
asesinato de Silvia Suppo. Ha sido precisamente la
persistente impunidad del secuestro y desaparición de Julio la que fomentó que
las amenazas a los testigos, los abogados y a los militantes vinculados a los
juicios a los genocidas continuaran y se agravaran, transformándose en
agresiones y secuestros.
El
gobierno es responsable de su aparición con vida y debía haber dado los pasos
precisos y contundentes que siempre le exigimos: exonerar y denunciar ante la justicia a todos los integrantes de las
fuerzas armadas y de seguridad que se desempeñaron durante la dictadura,
promover la remoción de jueces y fiscales cómplices, impulsar juicios por campo
de concentración o por circuito represivo donde se juzgue por el delito de
genocidio a todos los represores y a sus cómplices civiles.
Mientras ellos sostienen
la impunidad, miles y miles en todo el país nos movilizamos cada 18 de
septiembre para decir presente al compañero Julio López!
Hoy, a 6 años de la dolorosa desaparición de Julio, estamos en la
calle para ratificar la lucha popular contra la impunidad, para denunciar el
encubrimiento, para oponer voz al silencio de los de arriba, para reclamar
justicia. Para exigir cárcel común y efectiva a sus secuestradores, a todos los
represores y asesinos, a todos los genocidas.
Por eso
decimos:
BASTA DE
SILENCIO, ENCUBRIMIENTO E IMPUNIDAD
Aparición
con vida YA de Julio López
Juicio y
castigo a los responsables
Compañeros y
compañeras,
Reivindicamos hoy el
derecho inalienable y el compromiso a luchar por vivienda, trabajo y salario
digno para todos, por educación y salud para nuestro pueblo, contra la entrega
de nuestros recursos naturales, contra el pago de la ilegitima y usuraria deuda
externa, contra la depredación ambiental de las empresas imperialistas. Por un
país sin opresión, sin explotación.
Porque
defendemos el derecho a luchar y a organizarse de nuestro pueblo estamos aquí,
con la misma convicción de Julio, denunciando al gobierno nacional, los
gobiernos provinciales de todo el país, y el gobierno de Macri en la ciudad de
Buenos Aires, por la brutal criminalización de la protesta social y por la
impunidad, de las que son responsables.
Numerosos hechos dan
cuenta de esta situación:
En los últimos dos años la política represiva del gobierno ha reconocido un punto de inflexión:
fueron asesinados 18 luchadores populares.
Se han
militarizado los barrios obreros y populares. Por la política de “seguridad
democrática” de Garré se instala en los barrios y villas al Ejército, a la
Marina, a la Aeronáutica, profundizando el modelo ya iniciado con la
incorporación de Prefectura y Gendarmería.
Se han
incrementado las actividades de infiltración y espionaje sobre las
organizaciones y militantes obreros y populares a través del proyecto X de la
Gendarmería, del accionar de la SIDE y de todos los servicios de inteligencia de
las fuerzas armadas y de seguridad. Estas actividades de inteligencia se
utilizan para armar causas contra luchadores.
El pasado 30 de agosto fueron detenidos
65 compañeros de las
organizaciones de desocupados de la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de
Pie cuando se encontraban manifestando en la Panamericana a la altura de la Ruta
197, en reclamo de mayor inclusión y mejoras en los planes Argentina Trabaja.
Los compañeros fueron demorados en la Unidad de Procedimientos especiales
Judiciales (Proyecto X) ubicado en CAMPO DE MAYO, dependencia del Ejército que
fue sede de uno de los más grandes campos de concentración de la dictadura
genocida. La detención fue realizada por la Gendarmería Nacional por orden del
Secretario de Seguridad Sergio Berni, y sin orden judicial
alguna.
La ley antiterrorista es
el instrumento legal propuesto al Congreso por la presidenta Cristina Fernández
para profundizar el castigo a todos los que luchan. Su sanción corre el velo de
las máscaras democráticas con que se adorna el gobierno. Y los diputados y
senadores que la votaron son verdaderos responsables de traición al pueblo
argentino.
Mientras la mayoría
oficialista se ha negado una y otra vez a tratar una ley contra la
criminalización de la protesta, sancionó en tiempo record la Ley antiterrorista.
Esta ley no es un hecho
aislado, sino que se relaciona directamente con el intento de instalar una base
norteamericana en el Chaco, intento frenado con la movilización popular. A pesar
de esto, el gobierno nacional no derogó el convenio firmado con los Estados
Unidos para instalar la base, profundizando esta relación con la presencia de
instructores y asesores militares norteamericanos expertos en Seguridad
Nacional, Guerra No Convencional y Operaciones de Información dictando cursos al
personal del Ministerio de Defensa sobre control de disturbios, operaciones
antidrogas y antiterroristas. Por su parte, el mantenimiento de las tropas
argentinas en Haití cumple con el rol colonial del imperialismo
yanqui.
De cada
lucha surgen nuevos dirigentes y militantes procesados. Las causas abiertas en
todo el país suman ya más de 4000. La persecución judicial se profundiza día a
día hacia los sectores que luchan y defienden sus derechos, especialmente sobre
aquellos que reclaman derecho a la tierra, a la vivienda y al trabajo, derechos
que el estado tiene la obligación de garantizar y que continúa
violando.
Nuestra
provincia y la ciudad de Rosario no escapan a esta situación. El gobierno de
Santa Fe del Frente Progresista Cívico y Social en casi 5 años no ha modificado
un ápice de la estructura de poder que durante años garantizó el PJ: hoy
persiste la impunidad para la Policía Santafesina que empuñó las armas y para
Reutemann y su Gabinete que idearon la represión de diciembre de 2001 que en
nuestra provincia se llevó la vida de 7 compañeros/as. Esa misma impunidad
garantizó el Gobierno Provincia para quiénes asesinaron a Silvia Suppo, testigo
central de la causa al ex juez federal Víctor Brusa. El Gobierno del Frente
Progresista desde un primer momento buscó evitar que se investigue realmente
impulsando la hipótesis, encubriendo el carácter político de la causa.
Santa Fe
tampoco es excepción cuando se trata de criminalización y represión a la
protesta social. Las referencias a la protesta social como “extorsiones” por
parte de la Intendenta Mónica Fein ante los cortes de calle o del Gobernador
Antonio Bonfatti frente a los paros de estatales son la antesala a las causas
judiciales. El procesamiento a Carlos Ghioldi y Eduardo Delmonte por
solidarizarse con la lucha de los trabajadores de la seccional Rosario de ATILRA
ante el ataque de la patota; las causas a Oscar Yalasi y Sebastián Saldaña por
la recientes tomas en ciudad de Santa Fe así como las causas abiertas a los
vecinos que tomaron tierras en Villa Gobernador Gálvez; son una muestra de esta
política represiva. Al respecto, merece mencionarse los sumarios y causas
abiertas a estudiantes de la UNR por parte del Rector Maiorana quién, en cambio,
no dudó en pagarle $30.000 al genocida Jorge Walter Pérez Blanco en concepto de
“indemnización”.
La política de exclusión
y criminalización impacta particularmente en los jóvenes de las barriadas
populares. La trama de poder y complicidad tejida entre la Policía, la Justicia,
Gobierno y Narcotráfico se cobra día a día la vida de jóvenes. Jere, Mono y
Patóm el primero de enero de este año y César Oviedo, el 22 de junio, fueron una
de las tantas víctimas de la guerra desatada por el control del territorio entre
grupos de narcos.
Por todo eso
decimos:
¡Basta de persecución y asesinatos de los luchadores
populares!
¡Justicia por todos los caídos!
Compañeros y
compañeras,
A poco de cumplirse un nuevo aniversario del asesinato
de Mariano Ferreyra, el juicio
que en estos momentos se está desarrollando contra José Pedraza, su patota y los
policías que participaron del crimen es una victoria absoluta de la inmediata y
gigantesca movilización popular que recorrió (y recorre) todo el país. Tanto del
plan criminal montado aquel 20 de Octubre, como de la tercerización de los
trabajadores, son responsables la Unión Ferroviaria y los empresarios de Ugofe,
con la complicidad de los funcionarios de la Secretaría de Transporte y el
gobierno nacional. El juicio a Pedraza es histórico, porque tenemos a uno de los
responsables políticos de un crimen contra el pueblo tras las rejas y sentado en
el banquillo de los acusados. Desde este acto reclamamos: ¡Perpetua a Pedraza!
¡Castigo a todos los responsables materiales, políticos y empresarios del crimen
de Mariano Ferreyra!
Con la presencia y con la ausencia de Julio, estamos en esta plaza
reivindicando el derecho a luchar de los trabajadores ocupados y desocupados,
del movimiento campesino, del movimiento estudiantil y de todos aquellos que
luchan, crean organizaciones y levantan su
voz para exigir justicia, para exigir salarios dignos, para exigir tierra y
vivienda, educación y salud para todos.
Así como Julio, a pesar de todas
las torturas, de todos los horrores, de todas las injusticias, pudo plantarse
frente a los poderosos y poner su voz por los que fueron privados de su voz, al
servicio de nuestro pueblo, hoy estamos aquí, para seguir denunciando los
crímenes contra el pueblo, para seguir luchando para conquistar un país sin
opresión y sin explotación, que haga realidad los sueños de nuestros 30.000
compañeros detenidos –desaparecidos.
Marchamos con vos, Julio, y
exigimos al Gobierno tu aparición con vida YA!
Multisectorial
Rosario
CTA
Rosario – ATE – AMSAFE Rosario – Coad –
Federación Universitaria de Rosario (FUR) – Centro de Estudiantes de Humanidades
y Artes – Centro de Estudiante de Cs Médicas – Centro de Estudiantes de
Psicología – Centro de Estudiantes de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales – Multisectorial de Mujeres de Rosario – Comisión por las
Libertades Democráticas – Asamblea Permanente DDHH – CEPRODH – Izquierda
Socialista – Partido Obrero – PTS – PCR-JCR-CCC- Juventud CCC – Alde – MST –
Frente Popular Darío Santillán – COMPA – Socialismo
Libertario
Fuente:IndymediaRosario
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