Ante los reclamos, el despido
El gobierno de la provincia, mediante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dejó sin su fuente laboral a un trabajador del Instituto de Recuperación del Adolescente (Irar) cuya principal función es la de acompañar y garantizar derechos básicos de los pibes allí detenidos. La medida, basada en argumentos infundados según notificaron trabajadores en asamblea nucleados en ATE, se agrava por tratarse de un trabajador precarizado. Los acompañantes juveniles declararon un paro por tiempo indeterminado y exigen la inmediata reincorporación del compañero. En Irar, los pibes detenidos continúan padeciendo condiciones deplorables de detención y falta de servicios básicos como el agua potable. Bronca. Impotencia. El gesto arrugado en la cara. Las sensaciones se mezclan. Frente a la sede de la gobernación, en una mañana fría y gris, los laburantes del Irar se movilizaron para denunciar el despido injustificado y arbitrario de un trabajador que desempeña una tarea fundamental: la de acompañar a los jóvenes alojados en Irar con el fin de garantizar sus derechos básicos.
Sin embargo, el gobierno de la provincia decidió unilateralmente rescindir
el contrato de un Acompañante Juvenil, mediante una resolución contractual, con
argumentos infundados que nada tienen que ver con el compromiso asumido y
demostrado diariamente en el trabajo constante que este laburante realizaba
dentro del Instituto, junto a los pibes detenidos, y también por fuera,
generando espacios de participación política en los barrios.
¿Qué sucedió? Una resolución firmada por el Ministro de Justicia y Derechos
Humanos, Juan Lewis, puso punto final a una situación que no responde únicamente
a un vínculo laboral y contractual (precarizado) sino, fundamentalmente, a un
vínculo humano establecido entre los acompañantes juveniles y los pibes
adolescentes que son arrojados al olvido en esa cárcel mal llamada “Instituto de
Recuperación del Adolescente”.
Las graves condiciones de detención fueron denunciadas por el cuerpo de
trabajadores del Irar, entre los que se encontraba el trabajador despedido,
asumiendo junto a sus compañeros, el compromiso de hacer visible una realidad
incontrastable que oculta un altísimo grado de violencia institucional: el Irar
es una cárcel y como tal viola los derechos humanos de los jóvenes amparados
bajo la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Denunciar esta
situación y movilizarse constantemente por los derechos de los pibes generó como
respuesta por parte del Estado, el despido de un trabajador del Irar.
Las voces de los laburantes comprometidos en su tarea, dan cuenta de lo que
sucede detrás de los muros grises de este lugar donde más de 40 pibes están
presos en condiciones deplorables. A pesar de las denuncias realizadas en medios
de comunicación, la realidad en Irar no cambió. Muy por el contrario, parece
agravarse aún más con este hecho que visibiliza a su vez la precarización
laboral en la que se desempeñan los acompañantes juveniles, con contratos de
locación que no garantizan derechos laborales básicos.
El cuerpo de trabajadores de Irar denuncia la persecución ideológica
ejercida por el gobierno y "un intento de disciplinamiento político, disfrazados
de desobediencia a las reglas institucionales". "Entendemos imprudente y
equivocado echar a un compañero Acompañante Juvenil, cuya función principal es
la garantización de derechos de los jóvenes alojados, mientras que no se cumplen
las actas firmadas hace meses por los funcionarios del área en cuanto a la
instalación del agua potable dentro del IRAR, la implementación del Comité de
Higiene y Seguridad, los llamados a concurso para los profesionales contratados
(precarizados) y la efectivización del pase a planta de 14 acompañantes
juveniles."
Es por ello que en la asamblea declararon un paro por tiempo indeterminado,
exigiendo la inmediata reincorporación del compañero despedido.
Además, solicitan que los funcionarios provinciales den explicaciones ante
las causas del despido y que se realize un tratamiento formal de las acusaciones
infundadas. "Enmarcamos esto también en la promesa que este gobierno realizó al
comienzo de su gestión en 2007 con respecto al cierre del dispositivo actual del
IRAR, que somete a un régimen carcelario a los jóvenes alojados, en manifiesto
incumplimiento a las normas internacionales (en este sentido se han presentado
recientemente dos habeas corpus a los fines de modificar las condiciones de
alojamiento). Asimismo, denunciamos la continuidad de las condiciones de
precarización laboral y la falta de políticas de promoción de derechos de los
jóvenes alojados."
El estado de alerta es permanente. La movilización y la solidaridad,
también.
Publicado el: 05/09/2012
Por María Cruz Ciarniello.
Fuente:enREDando
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