SANTA FE - DIFUSIÓN.

MECANISMO PROVINCIAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

por Diputada Provincial Dra. Alicia Gutiérrez (SI en el Frente Progresista) Desde el año 2005 en tres oportunidades la legisladora ha presentado el Protocolo para la prevención de la tortura obteniendo en diciembre de 2011 media sanción de esta Cámara, junto a un proyecto del Diputado Eduardo Di Pollina, perdiendo estado parlamentario en el Senado.

“La vigencia de los Derechos Humanos en el interior de los lugares de detención es una preocupación de toda la humanidad. La experiencia mundial demuestra que los lugares de encierro son ámbitos proclives para la realización de toda suerte de actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Es por ello que el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes establece dos sistemas de control cuyo ámbito de actuación espacial viene constituido por los lugares en que se encuentren personas detenidas por cualquier razón”

Síntesis del proyecto(en total 28 artículos, que serán remitidos a quien lo solicite)

Créase el Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes

En cumplimiento del mandato emergente del Protocolo Facultativo de La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, aprobado por Ley Nacional 25.932, que tendrá competencia sobre cualquier centro de detención ubicado dentro de los límites territoriales de la Provincia, de conformidad con lo establecido en las constituciones Provincial y Nacional.

Se institucionaliza un Comité de 7 miembros, designados por Asamblea Legislativa entre personas postuladas por las cámaras legislativas, instituciones del nuevo sistema procesal penal provincial, demás organismos públicos y representantes de organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, interesados en la promoción y vigencia de la aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes y su "protocolo facultativo". Sus integrantes deberán sortear un procedimiento de selección definitiva que permitirá a la ciudadanía objetar públicamente el nombre de alguno de los candidatos propuestos. Con ello, se pretende garantizar la idoneidad y la coherencia de sus antecedentes con los principios del protocolo. La composición del Comité diseñada guarda equivalencia con los principios rectores del Protocolo garantizando la independencia en su funcionamiento, así como su carácter ad-honorem. Sus integrantes, por otro lado, no pueden ser miembros del Servicio Penitenciario o haber sido funcionario en épocas de la dictadura militar.

El Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura tiene por finalidad:

a) garantizar la protección de los derechos humanos de quienes se hallaren privados de la libertad, articulando con los organismos públicos y organizaciones civiles acciones concretas en tal sentido;

b) promover el fortalecimiento de las capacidades de los organismos estatales y no estatales que desempeñan funciones vinculadas con el monitoreo de los centros de detención;

c) visitar periódicamente los centros de detención, cumpliendo con sus actividades en ese lugar;

d) formular las respectivas recomendaciones a las autoridades competentes; 

e) prevenir situaciones que atenten los preceptos contenidos en la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes y su protocolo facultativo;

f) comunicar a las autoridades competentes cualquier hecho de Tortura, o Trato o Pena Cruel, Inhumana o Degradante, adoptando las medidas urgentes y necesarias.

g) acopiar información relacionada con el tema, así como procurar por sí mismo el obtener la información necesaria para sus fines Dada la importancia que reviste esta temática, su indudable proyección a temas de seguridad ciudadana, y la preocupación que genera en todo ciudadano interesado en la defensa de los derechos humanos de todas y todos los habitantes de nuestra provincia, es que considero imprescindible aprobar este protocolo en línea con las normas nacionales e internacionales vigentes. 

Dra. Alicia Gutiérrez 
Diputada Provincial
Partido SI en el Frente Progresista
0341-155-896126
Prensa 0342-156-103478
Agradecemos su difusión

OPINION 
Una receta que fracasó 
Por Alicia Gutiérrez 
El diputado Masciolli, presidente del bloque Frente para la Victoria, presentó un proyecto de ley para que la provincia de Santa Fe adhiera a la ley Nacional Nº 26052 y, a partir de allí, que los delitos previstos en dicha norma sean investigados y castigados por la justicia provincial. Debemos recordar que esa ley reforma la Nº 23737 (de estupefacientes) fijando la competencia federal de todos los delitos relacionados al tráfico de drogas a excepción de las provincias que, mediante su adhesión, recuperen la competencia originaria en algunos de los delitos allí descriptos. Concretamente, la mirada se focaliza sobre el último eslabón de la cadena de tráfico. Esta receta quiebra la investigación en materia de narcotráfico de acuerdo a las cantidades o destinos posibles inmediatos que tenga el material ilegal encontrado. No es novedosa y ya ha sido probada en otras provincias que adhirieron oportunamente a la ley nacional. 

Buenos Aires podría ser el caso más resonante y conocido. Sobre las consecuencias prácticas que ha tenido en esa provincia, a tres años de aquel cambio de escenario, la mayoría de los jueces, fiscales, peritos y policías, dan cuenta de un rotundo fracaso. En ese lapso, sólo tres causas llegaron a juicio en La Plata. Hay cuatro mil en trámite. Según opinión del juez Criminal Emir Caputo Tártara, que referencia "sólo haber relevado una causa por drogas en tres años y que el error se debió a que la provincia no contaba con recursos ni presupuestos para hacer frente a la problemática, al dividir las jurisdicciones se corta la línea de investigación entre los vendedores de menor peso y las organizaciones del narcotráfico". 

Resulta obvio que se instala una mirada puesta en el consumidor, en el eslabón más débil y pobre de la cadena de tráfico, como contrapartida a la casi nula resolución final del conflicto, se puede ver como los números en Buenos Aires arrojan un evidente estado de taponamiento de los procesos tramitados en los tribunales provinciales. Sólo trae aparejado un desborde del sistema judicial que conlleva la ineficacia para atender no sólo la cuestión del narcotráfico sino también de los restantes delitos que puedan llegar a su conocimiento. 

No podemos tampoco olvidar que estamos en una etapa de transición del sistema penal. La política ha determinado la necesidad de ampliar los recursos para atender los numerosísimos casos que llegan a conocimiento de la justicia penal. En plena etapa de designación de funcionarios para socorrer a jueces, fiscales y defensores resulta temerario trasladarle un cúmulo de causas antes de que el nuevo sistema procesal entre en vigencia.

Si nuestra óptica fuera tan ambigua, podríamos pensar que esta iniciativa, no haría más que revelar las falencias del gobierno nacional para hacer frente a la problemática del narcotráfico de cara a la sociedad si entre sus fundamentos sostenemos que con la norma sancionada "se agilizaría el accionar de la justicia, ya que se permitirá a los vecinos que puedan asistir a la policía y/o fiscalía de su localidad, donde tienen fácil acceso". No creo que el legislador pretenda objetar la eficacia de los organismos federales para relacionarse con la gente y la separación real entre sus funcionarios y los vecinos. La urgencia de las respuestas del estado no puede hacernos equivocar el camino ya emprendido, aún conociendo la preocupación de esta legislatura en materia de inseguridad y delito. 

Siendo el narcotráfico un delito de permanente mutabilidad, no arraigado a lugares específicos determinados, la segmentación de las competencias investigativas entorpecen la labor del investigador pudiendo frustrar una enorme cantidad de pesquisas. 

Luciana Pol, del Centro de Estudios Legales y Sociales, especializada en violencia policial, destaca que la ley de drogas es una de las justificaciones más corrientes de las detenciones policiales. "Se criminaliza la tenencia y la ostentación, entre otras figuras, para sostener prácticas que en realidad tienen que ver con el control territorial, el hostigamiento a jóvenes, prostitutas, travestis o migrantes y el control social de algunos sectores".

El consumidor es un enfermo, un adicto, no un criminal. Cualquier ley de naturaleza penal que pose su centro de atención en la víctima de la narcocriminalidad y no sobre los victimarios va a redundar necesariamente en el fracaso. Posicionar la acción estatal en la persecución y detención de los grandes y poderosos traficantes de nuestra provincia debe ser un eje de las políticas provinciales y no pretender solidarizarnos con fórmulas cuyo fracaso ya ha sido claramente demostrado y cuya eficiencia no ha podido pasar siquiera del umbral discursivo. 
Diputada Provincial Partido SI en el Frente Progresista
Fuente:Rosario12