“Operación Escarmiento” para que no queden dudas y no cunda el ejemplo… Nueva víctima de la caricaturesca ¿Justicia? Colombiana
Por Dick Emanuelsson
Condenan a nuestro colega y amigo, Fredy Muñoz Altamiranda, a 15 años de prisión en otro “Falso Positivo Judicial”.
Hace un mes fue condenado Joaquín Pérez Becerra, director de esta agencia de noticias, en un juicio que no tendría asidero en otro país. Ese comentario no es nuestro, es de los colegas colombianos, transmitidos recientemente al Lars Palmgren, corresponsal en América Latina de la Radio Estatal Sueca, SR, después de haber entrevistado a Pérez en la cárcel La Picota.
Nos cuenta que fue condenado a 15 años de cárcel, a través de un juicio falso y absurdo, ya que el colega fue acusado de ser integrante del Frente 37 de las FARC-EP.
Por supuesto en dicho juicio no quedó constancia de que el compañero ejercía su profesión de comunicador social del canal Telesur, lo cual hubiera sido muy distinto y más noble porque esa era su realidad y no la lucha dentro de la organización guerrillera.
La rabia contra Telesur y su corresponsal colombiano
En el año 2005 en el continente americano se abrió el espacio Telesur, causando fastidio indisimulado entre los socios de la SIP -Sociedad Interamericana de Prensa- dirigida y financiada, desde la década del ’40, nada más ni nada menos que por la CIA.
Al hacer su aparición, Telesur, la reacción de esos personajes mercenarios de la información fue similar a la que manifestaron cuando ANNCOL hizo su aparición en la mitad de los ´90. Grande fue su malestar porque no podían neutralizar la voz de esta agencia ya que no se encontraba en tierra colombiana.
Telesur habría de oponerse al monopolio de los medios oligarcas como por ejemplo, el clan Santos, Santodomingo, Carlos Slim y Cía y eso resultaba demasiado fastidioso.
Fredy Muñoz fue uno de los primeros reporteros de Telesur en Colombia y tuvo que soportar bastantes agresiones de la clase social que se siente dueña de Colombia.
Entra en acción el DAS-G3 Durante la primera instancia del juicio, en el año 2007, el compañero fue absuelto y por obvias razones decidió instalarse en Venezuela, sabiendo que su vida en la tierra que lo vio nacer corría demasiado peligro.
No sólo Fredy fue objetivo del régimen uribista. También cayó la estigmatización sobre William Parra, jefe de redacción de Reuters en Bogotá y hombre cáustico cuando de formular preguntas se tratara en la Casa Presidencial. Por supuesto ello apresuró la avalancha de críticas que cayeron sobre él, en Colombia no se acepta que un periodista ejerza las bases del verdadero periodismo.
William fue apuñalado un domingo, mientras paseaba con su familia por la sabana de Bogotá, salvando su vida de manera inexplicable para quienes no creemos en milagros.
Al igual que Fredy, incapaz de dejarse amedrentar por las hordas fascistas, William continuó con su tarea hasta que aterrizó ante el mismo poder judicial, porque los ideólogos del régimen estaban desesperados por tener gente enredada en la llamada “Farc-política”. Después de 5-6 años de juicios, el colega Parra fue absuelta, gracias por la solidaridad internacional de los colegas en el mundo. Un reconocimiento a las autoridades y gobierno de Venezuela que no se dejaron a presionar por el Estado Colombiano. Hoy, William colabora con Telesur.
Los montajes contra Hollman, Lozano…
Siguió la lista de periodistas estigmatizados por la “justicia” colombiana, pasando a engrosar la lista Hollman Morris, Carlos Lozano, Claudia Duquet, Daniel Coronel, un periodista británico y quien escribe.
Todos fuimos objeto de persecución del grupo ilegal DAS-G3 durante un tiempo interminable. Según Santos, el DAS está disuelto. Pero no dejó sus operaciones y guerra psicológica.
Juan Gossaín, el legendario director de RCN Radio, una mañana de 2009 leyó su editorial y calificó a la Policía Política Secreta de Uribe como una banda criminal, una mafia y concluyó asegurando que no actuaba como una rueda suelta, sino que lo hace bajo órdenes estrictamente dirigidas para neutralizar todo tipo de oposición contra el régimen criminal de Uribe.
Videomontajes DAS contra Hollman y Emanuelsson
Contra Hollman Morris y mi persona, los agentes del DAS-G3 estaban listos para fabricar videomontajes, ubicándonos como guerrilleros de las FARC, lo mismo que aplicaron a Fredy. Al mismo tiempo tenían el espacio para implementar sus campañas sucias en los medios que históricamente han sido fieles al poder fáctico colombiano.
Causa gracia a todos los que conocemos a Freddy Muñoz, verlo en una foto truncada en el cuerpo de un guerrillero de casi dos metros de altura, cuando el compañero no mide más de 1.65 metros.
A mi la fiscal en el juicio contra Joaquín Pérez, me acusaba de ser guerrillero, presentando una foto de “prueba reina” para desacreditar mi credibilidad como testigo.
La fiscalía “googeleando” buscando pruebas
En realidad todos pueden darse cuenta que soy un rubio sueco. Vale agregar que la foto fue sacada por mí mismo en el año 2001. Y seguimos agregando, en el mismo grupo fotografiado están los comandantes, Pastor Alape (FARC) y Gallero (ELN) y otros guerrilleros cuyas edades oscilaban entre los 18 y 25 años. Sus cabellos negros contrastaban con los míos, canos, ya que yo casi había llegado a los 50 años.
A rechazar el terrorismo judicial colombiano.
Este comentario accesorio no está desprendido de la realidad que hoy padece nuestro compañero Freddy Muñoz. Vemos, con los datos aportados, que nuestro colega es víctima de una justicia caricaturesca, dañina y como tal, demasiado peligrosa.
Hoy está siendo estigmatizado por semejante caricatura de justicia, nuestro compañero. Urge que nuestros colegas en el mundo levanten su voz contra semejante atropello a la libertad de expresión y garantías plenas de ejercer el periodismo sin ser asesinado o encarcelado.
Exijamos Justicia para Freddy Muñoz, el terrorismo de estado colombiano buscará más víctimas y sólo nuestra solidaridad podría detener semejante barbarie.
Carta Pública de Freddy Muñoz Una condena contra la paz Rechazo de forma categórica la condena proferida por un juez colombiano en mi contra. Nunca he sido, ni seré un “terrorista”, “explosivista”,” bombardeador de centrales eléctricas” como dice su fallo. Nada más absurdo que eso. En toda mi carrera, cuya huella es pública y notoria, sólo he bombardeado a la mentira con lo que mejor sé hacer: escribir la verdad.
En 2005 representé en Colombia como corresponsal a la multiestatal teleSUR, hasta el año 2007, cuando salí de la cárcel, acusado de rebelión por fiscales espurios. En ese tiempo un juez valiente determinó que el testimonio de tres, cinco, diez, o cien hombres condenados a pudrirse en los intestinos del sistema judicial colombiano, a cuarenta años de cárcel, y motivados por promesas de rebajas de penas, no eran suficientes para acusarme, menos aún para condenarme.
Hoy, con esas mismas pruebas: los testimonios de hombres coaccionados y en desgracia, un juez decide condenarme a pagar 15 años de cárcel por hechos cuyos autores son confesos y están condenados desde hace tiempo.
Esta condena evidencia que mis denuncias siguen vigentes: la Fiscalía, y una buena parte del Sistema Judicial colombiano están al servicio del narcotráfico y del paramilitarismo, para judicializar y disminuir a la resistencia social en Colombia.
Miriam Martínez Palomino, la fiscal que me acusó inicialmente durante este proceso, es un personaje funesto de la “justicia” colombiana, famosa por archivar el sonado proceso de los campesinos desplazados, víctimas del paramilitarismo en Las Pavas, Sur de Bolívar. (Ver http://www.lasillavacia.com/historia/los-sonados-casos-de-la-fiscal-que-no-les-creyo-los-campesinos-de-las-pavas-30278) Martínez Palomino, condenada por sus decisiones contra el patrimonio público, tomadas en el caso del desfalco de Foncolpuertos, y responsable, por su impericia intencional, de la salida de Alfonso Hilsaca de la cárcel, es junto al fiscal Demóstenes Camargo de Ávila, y el ex director de Fiscalías en Cartagena, Jaime Cuesta Ripoll, parte del equipo de narco-para fiscales manejados por el ex jefe paramilitar de los Montes de María, Rodrigo Mercado Pelufo, y el ex fiscal general Luis Camilo Osorio, durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez.
La condena en mi contra es un estertor de la presencia uribista y paramilitar en nuestro entorno judicial. Cuando fui detenido en el aeropuerto El Dorado, el 19 de noviembre de 2006, la orden de captura en mi contra estaba en los sistemas del DAS desde el 3 de noviembre de ese mismo año, y yo salí del país, con esa orden vigente, el 6 de noviembre, tres días después. Los organismos de inteligencia decidieron hacerla efectiva a mi regreso de Caracas, para involucrar y perjudicar el nombre de la multiestatal teleSUR y al Gobierno venezolano con mi captura por rebelión y terrorismo.
Hoy este fallo condenatorio, que estaba listo en agosto de este año, es publicado a una semana de haberse dado los resultados electorales en Venezuela, y a dos días de iniciarse formalmente en Oslo el inicio de unos nuevos acercamientos de paz con la insurgencia colombiana.
Condeno esta decisión judicial por ser una persecución a mi público disentimiento con el sistema que nos ha gobernado siempre, por mis denuncias frontales y en nombre propio de nuestros detractores, y porque es una manera de amedrentar a quienes encaramos sin capuchas la vocería de los procesos políticos que buscan nuestra justicia social.
Seguiré dinamitando a la mentira, bombardeando con mi trabajo periodístico a las estructuras de un sistema que tiene al mundo movilizado en su contra, y amplificando las voces de quienes quieren una Colombia y un mundo mejor. Fredy Muñoz Altamiranda - octubre 17 de 2012
JUEVES, 18 DE OCTUBRE DE 2012
A la víspera de las negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC
Por Héctor Vega
Este jueves 18 de octubre comienzan las negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC en Oslo. En junio de 2011 Santos firmó la Ley de Víctimas y Devolución de Tierras. El 3 de julio (2012) el Congreso de Colombia aprobó una reforma constitucional mediante la cual se puso en vigencia la llamada “justicia transicional”.
La ley que se refiere a las víctimas así como la de la restitución de tierras regirá una vez concluido el conflicto. La justicia se refiere sin duda a crímenes y delitos de sangre, casos que se han mencionado como parte del problema de la llamada “justicia transicional”. Pero también está la justicia social en cada una de las soluciones que involucra el derecho de propiedad y posesión de la tierra. En este último caso la Reforma Agraria deberá ser el marco dentro del cual se resuelvan los problemas de restitución de tierras. Problema que se cruza indirectamente con otros planteados por el conflicto armado a saber la desmovilización, el desarme y la reinserción de los ex combatientes.
El problema de la tierra evoca la lucha de Marulanda por el restablecimiento de los derechos de los campesinos a su tierra, su producción y comercialización de sus productos. En 60 años de lucha se han reconocido graves violaciones a los derechos humanos cometidos por los grandes propietarios agrícolas; por lo cual no sólo habrá una reparación para las víctimas y desplazados sino que además se prevé la devolución de millones de hectáreas robadas a los campesinos. Sin embargo, no bastan las declaraciones o intenciones generales. Cuando se decide devolver tierras no se puede desconocer que en más de medio siglo la tenencia de la tierra ha cambiado por efecto de la modernización de las explotaciones y la agroindustria. En las sociedades modernas la cantidad de personas que obtienen su sustento del campo es cada vez más reducida, su lugar ha sido ocupado ya sea por grandes empresas forestales o la agroindustria. Sin hacerse cargo de la viabilidad económica de las nuevas unidades económicas y las nuevas formas de la tenencia, tarde o temprano la enajenación de la tierra que se entregó, y con ello la emigración hacia la urbe, recreará la pobreza en el hábitat de la ciudad. Es el desafío que deberá abordar la Reforma Agraria en la mesa de negociaciones. Recuérdese que la sociedad colombiana (junto con la chilena) exhibe uno los mayores índices de desigualdad de Suramérica y del mundo (?!). Es lo que indica el estudio sobre la Pobreza y la Desigualdad de 2009 con 8 millones de indigentes y 20 millones de pobres, es decir 44% de la población colombiana.(1)
La justicia transicional deberá hacerse cargo de estadísticas que en 50 años de violencia señalan 100.000 ejecuciones extrajudiciales, 10.000 casos de torturas y cerca de 6 millones de personas desplazadas. Según la Fiscalía existirían alrededor de 62.000 desaparecidos.(2)
Existen dos puntos clave en la legislación de la justicia transicional. El primero se refiere al llamado “delito político” y a aquellos crímenes que le son conexos. El responsable político de un acto, que servirá de medio para perpetuar crímenes de lesa humanidad o de genocidio cometidos de manera sistemática, y que serán considerados como delitos conexos al delito político, no podrá participar en política. Es de tales implicaciones esta declaración constitucional que el legislador previó que se efectuara un control previo de constitucionalidad para la ley estatutaria que legislara el delito político y sus conexos.
El segundo punto clave se refiere a todas las partes que participaron en la confrontación bélica, estableciendo que no todos los grupos armados tuvieron las mismas razones ni las mismas características en su participación. Menciona en esta clasificación a la “Fuerza Pública, los grupos subversivos y los paramilitares”. Esto, se agregó, quedará reglamentado por una ley estatutaria que fijará un trato diferenciado para cada uno de los actores mencionados.
De esta lectura conjunta se desprende que la penalidad de los crímenes cometidos contra la humanidad, en sus situaciones de ideación, preparación, ejecución y consumación (iter criminis), dependerá de cómo se aprecie la responsabilidad política. Como ejemplo, una de las situaciones más socorridas en ese tipo de responsabilidades sería, en el caso de la Fuerza Pública, la invocación de la obediencia debida. ¿Dónde comienza y dónde terminan las responsabilidades del que da la orden y del que la cumple? Esto necesariamente quedará al criterio de los tribunales y será sin duda una de las materias centrales en debate durante la discusión de las leyes estatutarias mencionadas. Se juega allí un gran avance en el proceso de justicia transicional, o si se quiere “diferenciada”.
El desafío es de qué manera, sin coartar las garantías al debido proceso, se puede flexibilizar el orden jurídico de un Estado de derecho, con el fin de facilitar la paz.
De hecho, al enfocarse a resultados estratégicos en la investigación para desmantelar estructuras de macro criminalidad y responsables de los delitos de lesa humanidad la ley habla de criterios de selección, lo cual devela cierta discrecionalidad no sólo en la investigación sino también en los resultados esperados. Se mencionan como tales la suspensión de la ejecución de la pena; la aplicación de sanciones extra-judiciales, de penas alternativas, o de modalidades especiales de ejecución y cumplimiento de la pena. En estas materias existe un margen importante para la autoridad político-administrativa al preverse la “selección de casos” que podrán ser llevados ante la justicia. Aquellos que se excluyen, en un acto de renuncia condicionada a la persecución judicial penal, podrán ser abordados por mecanismos no judiciales que lleven al esclarecimiento de la verdad.
Llegamos así a una situación que ninguna legislación en el mundo ha sido capaz de resolver. Ni siquiera a través de comisiones y tribunales especiales e instancias internacionales. Es la situación que se genera cuando con la lógica de la guerra la sociedad llega al convencimiento que arriesga su propia supervivencia. Entonces, cuando se dan las condiciones de transición hacia formas más humanas de convivencia, la misma sociedad que entendió que debía poner fin a ese estado se cosas entiende que una buena parte de ella, sin responsabilidades políticas aparentes, mantuvo silencio y aún apoyó la muerte del adversario. Por supuesto nadie está obligado al heroísmo. Es más, surgen casos de tribunales de la época que se negaron a ver las causas de desaparecimientos, asesinatos y torturas, hubo otros que ignoraron los recursos de Amparo que les fueron presentados. Hubo sectores sociales que por mano ajena, es decir la militar, buscaron la muerte del adversario social, pues en su justificación dijeron que en su época la alternativa era clara: “¿Ustedes o Nosotros?” ¿No es esa acaso la justificación de las Autodefensas? Y para los paramilitares el perdón (sin instancias judiciales) y el olvido debe concretarse en amnistías generales donde el logro de la paz relega la justicia transicional a casos muy excepcionales.
Cuando se habla de justicia transicional no puedo menos de pensar que ante la incapacidad política de resolver los problemas lo que se busca es su judialización a sabiendas que la política ha sido incapaz de resolverlos. Recuérdese que la solución seguida por el gobierno Uribe, y los anteriores que cubren más de 50 años de la vida política colombiana, fue la del aniquilamiento y derrota total de la guerrilla, lo cual iba de la mano, para la mayoría de la clase política, con el mantenimiento de un status quo con graves injusticias y disparidades sociales. Ni siquiera hubo espacio para un momento de política. Reinaron los desarmes y las amnistías generales que por supuesto no convencieron a nadie.
Ningún tribunal o comisión especial podrá resolver problemas que por su naturaleza son netamente políticos. Sin embargo, no basta establecer correctamente su naturaleza. No se trata de una decisión política o de una ley enviada por el Ejecutivo al Congreso o una ley de iniciativa parlamentaria. Es mucho más que eso. Lo político debe ser entendido como un proceso, como un movimiento social de etapas de maduración y convencimiento, donde la capacidad del político se mide por su capacidad para conducir un pueblo en pro de un objetivo. Es decir, un proceso donde paulatinamente se van desvaneciendo las dudas acerca de las intenciones y las propuestas para llegar al objetivo. Sin embargo, no me refiero a cualquier objetivo, pues lo que puede parecer claro y neto en el presente, es posible que no lo sea para las generaciones que vienen. Lo claro y neto, lo que no cambia, es el contenido ético, base de las propuestas políticas y de la dignidad con la cual un pueblo se considera a sí mismo. Eso, no cambia. Tarea de tal magnitud comienza por la refundación del Estado.
Héctor Vega es abogado y economista chileno.
Notas:
1) Estudio del MESEP, (2009). Estudio de Pobreza y Desigualdad. Misión para el Empalme de las series de Empleo, Pobreza y Desigualdad.
2) Comunicado del Movimiento de Víctimas de Crímenes de estado, 9 de septiembre 2012 http://www.movimientodevictimas.org/documentos/conclusiones-encuentros/item/2810-declaración-movice-un-proceso-de-paz-con-participación-de-las-v%C3%ADctimas.htm.
JUEVES, 18 DE OCTUBRE DE 2012
El proceso de negociación
Por Humberto Vélez (ATISBOS ANALÍTICOS)
Noruega, un testigo único y excepcional. (1)
Por estos días, 17 y 18 de octubre, en Oslo para precisar los aspectos de los cuatro puntos pactados en la Habana, pero que quedaron cortos o mochos (el afinamiento de los Equipos, sobre todo, asuntos de mecánica procesal y de relaciones con los Medios), se ha realizado la fase final de la primera etapa exploratoria de pre-negociación, pero, al mismo tiempo, se han inaugurado las conversaciones formales a partir de sendas Conferencias de prensa de los equipos negociadores. Pero, antes de que se marchen para la Habana, importa significar el profundo valor político y moral de esta corta transición por Noruega.
Como necesario contexto de este Atisbos importa reiterar hasta el cansancio en el sentido y los alcances de la tesis que señala que “la justicia social es el nombre sincero de la paz, una paz encaminada a cambios substanciales y no cambios cosméticos”. (2) De un lado, conviene recordar que mientras en la tierra subsista una huella de esa incorregiblemente conflictual interacción entre humanos, la construcción de paz será un reto de todos los días, a toda hora y a todo momento; y por el otro, cada vez es más claro, que la pre-negociación que se inició en la Habana no es más que un esfuerzo por hacer la dejación de la armas de tal manera que en el régimen político pueda hacer presencia la política desarmada, una política civilmente rebelde orientada a crear una cultura democrática, así como una sociedad socialmente equitativa sea el que sea su signo ideológico.
Cuando en 1964 surgieron las Farc no existía el 64% de la actual población colombiana, lo que significa que 26 millones de colombianos, el segmento más joven de los habitantes, no han tenido un solo día sin conflicto interno armado (1964-2012); y como contraste a la negativa, para esa fecha la población existente apenas estaba saliendo de la tragedia necrófila de unos partidos cuyas directivas la había obligado a despedazarse, física y mentalmente entre sí, pugnando por imponer el sentimiento de azul-conservador y rojo-liberal(1946-1957). Como lo ha destacado Jorge Orlando Melo en muchos de sus escritos, en Colombia en los últimos veinte años ha muerto por mano de sus propios prójimos casi medio millón de personas, más que en Bosnia o Yugoslavia, más que en la guerra del Vietnam; como lo ha destacado Melo, un país así, “es un país muy especial”. (3) Tan especial, por su parte, como lo he enfatizado en muchos Atisbos, como para pensar que esa perversidad ha entrado a hacer parte intrínseca de la propia organización social colombiana. (4)
Entonces, he ahí el esfuerzo al que Noruega, de cara a Europa y al Mundo, servirá de testigo político y moral: el que el Estado colombiano y las Farc colombianas- en el espíritu del acto estará allí también el ELN- han decidido iniciar un proceso de negociación orientado a pactar unos acuerdos para jalarle al aprendizaje de dejarnos de matar.
Pero, ¿por qué en Oslo - Noruega?
Por ser la Ciudad-Paz; por ser la Capital mundial del Premio Nobel; por ser la Capital de los Vikingos, ese clásico pueblo guerrero y navegante que, entre los siglos VIII y XI, asimiló una cultura entre guerrera y pacifista fundando y reunificando pequeños imperios en la Europa primigenia; pero, sobre todo y ante todo, porque el Estado y la Sociedad noruega han mantenido izada en lo más alto de su política exterior la bandera de la paz para todos los rincones de la tierra.
En la misma actual Europa, Noruega es un caso especial: no hace parte de la Unión Europea ni de la zona euro, con nadie tiene problemas limítrofes y, desde hace medio siglo, su economía está respaldada por la explotación de sus enormes reservas petroleras. Entonces, utilizando sus excedentes derivados del petróleo se ha dedicado a recorrer el mundo cooperando en el tratamiento de los conflictos. Así ha sido en Chipre, Sudán, Palestina, Myanmar, Aceh, Haití, Sri Lauka, Guatemala, Filipinas etc… y desde abril del 2011 han tomado contactos con Colombia.
El pasado mes de septiembre Gahr Stoere, Ministro de Relaciones Exteriores, se despidió del cargo saludando “la valentía” del Presidente Juan Manuel Santos y de las Farc y ofreciéndoles “lo que se requiera en apoyo facilitador”. (5) Para abordar el caso Colombia, los noruegos han dispuesto un tinglado que comprende dos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto para la Investigación para la Paz de Oslo y un conjunto de Ongs noruegas que trabajan con similares colombianas.
Para aprenderle a los noruegos, destaquemos lo que le dijo a El Tiempo un funcionario del gobierno noruego, vamos “tejiendo sin afán y sistemáticamente, el contexto de formación, información, intercambio de experiencias, e investigación, que finalmente propicia un clima de confianza, idóneo para que las partes protagonistas enfrentadas decidan sentarse a negociar”. (6)
Digamos finalmente, que no obstante tratarse de un proceso dificultoso, delicado y complejo, el hecho de haber pasado por Noruega constituye una garantía o seguro de buena ruta. Así sea…
Notas:
1) Para hacerle seguimiento fáctico y analítico a este proceso de negociación, la dirección de Atisbos contará con un equipo auxiliar de investigación conformado por los siguientes estudiantes de la Especialización en Derechos Humanos de la “Lumen Gentium” de la Arquidiócesis de Cali: Nohelia Martínez, Nefer Angulo, Didier Alwany Gil, Juan Javier Guerrero, Diego Fernando Fernández, Laura Rosa Rosso, ElsaDivaBechara y Gustavo Adolfo Romero.
2) Robles, Azalea. “De palomas blancas y bolsas de cadáveres”. 15-10-2012. Enviado por, gernovo@gmail.com .
3) Melo, Jorge Orlando. ¿Se puede hacer algo por Colombia?. http://www.jorgeorlqandomelo.com/discursoeafit.htmj
4) Velez R, Humberto. “Cuando la vida humana no cabe en el cuerpo social que habita”. Atisbos Analíticos No. Diciembre 2011.
5) “Razones para instalar la negociación en Oslo”. El Tiempo. 14-10-2012.
6) El Tiempo. Bogotá. 14-10-2012. Pg.5. Atisbos Analíticos 160, Cali, 19-10-2012, director , Humberto Vélez R, director, profesor investigador de la Universidad del Valle; presidente de ECOPAIS, Fundación Estado*Comunidad*País, “Un nuevo Estado para un nuevo País”.
JUEVES, 18 DE OCTUBRE DE 2012
Instalan en Noruega mesa de diálogo FARC-EP y gobierno colombiano
PL
El gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) instalaron hoy formalmente en Oslo la mesa de negociaciones con la que buscarán poner fin al conflicto armado que vive ese país por casi medio siglo.
A nombre de ambas delegaciones, Cuba, en calidad de garante, leyó un comunicado conjunto en el que dio inicio a la instalación pública de los diálogos, cuya tercera fase continuará en La Habana el 15 de noviembre con el tema de desarrollo agrario en primer plano. Las partes, agrega el comunicado, designarán voceros que se reunirán el 5 de noviembre para continuar con las labores necesarias.
En el texto, ambas delegaciones agradecen a los países garantes (Cuba y Noruega) el generoso apoyo y a los países acompañantes (Chile y Venezuela). El proceso de pacificación arrancó formalmente en la pequeña localidad de Hurdal, a 80 kilómetros al norte de Oslo, donde ambos equipos negociadores ofrecen una conferencia de prensa.
Las autoridades de Noruega mostraron su satisfacción por el inicio de este diálogo y se comprometió a trabajar para asegurar el camino a la paz en colaboración con la comunidad internacional.
Debemos asegurar que las conversaciones lleguen a tener éxito, manifiesta el comunicado conjunto. Por su parte, Cuba destacó que durante años y en diversas oportunidades ha prestado su cooperación y su territorio para los procesos de diálogos dirigidos para ese propósito.
El representante cubano, Carlos Fernández de Cossío, reiteró la satisfacción de La Habana por compartir con Noruega la tarea de ser garante "en este proceso tan trascendental para Colombia y para toda Latinoamérica y el Caribe". Damos la bienvenida a los acompañantes de Venezuela y Chile, con los cuales esperamos colaborar estrechamente.
Nuestro gobierno ha actuado con discreción y el más absoluto respeto, señaló. En el acuerdo general tras siete meses de trabajo, por voluntad del gobierno de Colombia y de las FARC-EP, se establece que la capital cubana sea sede permanente del dialogo.
Cuba con espíritu de solidaridad, respeto y discreción ha contribuido a la paz en Colombia y continuará guiándose por la voluntad de las partes, afirmó Cossío.
Tras su llegada a Oslo la víspera, los delegados de ambas partes estuvieron reunidos a puerta cerrada durante día y medio. Son cinco los puntos centrales de la agenda: el problema agrario, la participación política, el fin del conflicto, el narcotráfico y la situación de las víctimas.
Los ojos de millones de colombianos y del mundo miran hoy con optimismo el cuarto intento por poner fin a un conflicto armado extendido durante casi 50 años. No nos levantaremos de la mesa de negociaciones hasta que tengamos un resultado feliz para el pueblo colombiano, han reiterado desde un inicio los miembros de la guerrilla, quienes buscan una paz con soberanía, justicia social y democracia que ponga fin a las inequidades y marginaciones de las grandes mayorías.
Fuente:Argenpress
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