ANNCOL presenta el texto completo del discurso del comandante Iván Márquez de las FARC-EP en la instalación la mesa de diálogo en Oslo La Habana / ANNCOL / Octubre 19 .
Con la instalación de la mesa de diálogo en las afueras de Oslo, comenzó el proceso de paz que desarrollarán las FARC-EP y el gobierno de Colombia. El acto público tuvo su inicio con la intervención del vocero principal del gobierno, Humberto de la Calle Lombana y prosiguió con las palabras del jefe de la delegación de las FARC-EP, Iván Márquez, integrante del Secretariado Nacional de la organización insurgente.
A continuación, damos a conocer el texto completo del discurso de las FARC-EP:
Señoras y señores
Amigas y amigos de la paz de Colombia
Compatriotas
Hemos venido hasta este paralelo 60, hasta esta ciudad de Oslo desde el trópico remoto, desde el Macondo de la injusticia, el tercer país más desigual del mundo, con un sueño colectivo de paz, con un ramo de olivo en nuestras manos. Venimos a esta Noruega septentrional a buscar la paz con justicia social para Colombia por medio del diálogo, donde el soberano, que es el pueblo, tendrá que ser el protagonista principal. En él reposa la fuerza irresistible de la paz. Ésta no depende de un acuerdo entre voceros de las partes contendientes. Quien debe trazar la ruta de la solución política es el pueblo y a él mismo le corresponderá establecer los mecanismos que han de refrendar sus aspiraciones.
Tal emprendimiento estratégico no puede concebirse como un proceso contra reloj. La pretendida paz exprés que algunos promocionan, por su volátil subjetividad y por sus afanes, sólo conduciría a los precipicios de la frustración. Una paz que no aborde la solución de los problemas económicos, políticos y sociales generadores del conflicto, es una veleidad y equivaldría a sembrar de quimeras el suelo de Colombia. Necesitamos edificar la convivencia sobre bases pétreas, como los inamovibles fiordos rocosos de estas tierras, para que la paz sea estable y duradera.
No somos los guerreristas que han querido pintar algunos medios de comunicación, venimos a la mesa con propuestas y proyectos para alcanzar la paz definitiva, una paz que implique una profunda desmilitarización del Estado y reformas socioeconómicas radicales que funden la democracia, la justicia y la libertad verdaderas. Venimos aquí con el acumulado de una lucha histórica por la paz, a buscar, codo a codo con nuestro pueblo, la victoria de la solución política sobre la guerra civil que destroza a Colombia. No obstante, nuestra determinación tiene la fortaleza para enfrentar a los guerreristas que creen que con el estruendo de las bombas y de los cañones pueden doblegar la voluntad de quienes mantenemos en alto las banderas del cambio y la justicia social.
No se puede encadenar este proceso a una política enfocada exclusivamente en la obtención desaforada de ganancias para unos pocos capitalistas a los que no les importa para nada la pobreza que abate al 70% de la población. Ellos sólo piensan en el incremento de su botín, no en la reducción de la miseria. Más de 30 millones de colombianos viven en la pobreza, 12 millones en la indigencia, el 50% de la población económicamente activa, agoniza entre el desempleo y el subempleo, casi 6 millones de campesinos deambulan por las calles víctimas del desplazamiento forzoso. De 114 millones de hectáreas que tiene el país, 38 están asignadas a la exploración petrolera, 11 millones a la minería, de las 750 mil hectáreas en explotación forestal se proyecta pasar a 12 millones. La ganadería extensiva ocupa 39.2 millones. El área cultivable es de 21.5 millones de hectáreas, pero solamente 4.7 millones de ellas están dedicadas a la agricultura, guarismo en decadencia porque ya el país importa 10 millones de toneladas de alimentos al año. Más de la mitad del territorio colombiano está en función de los intereses de una economía de enclave.
En nuestra visión, colocar sobre la mesa el asunto del desarrollo agrario integral como primer punto del acuerdo general remite a asumir el análisis de uno de los aspectos centrales del conflicto. El problema de la tierra es causa histórica de la confrontación de clases en Colombia. En palabras del comandante Alfonso Cano “las FARC nacimos resistiendo a la violencia oligárquica que utiliza sistemáticamente el crimen político para liquidar a la oposición democrática y revolucionaria; también como respuesta campesina y popular a la agresión latifundista y terrateniente que inundó de sangre los campos colombianos usurpando tierras de campesinos y colonos…” Aquello que fue causa esencial del alzamiento armado y de una heroica resistencia campesina, a lo largo del tiempo se ha agudizado. La geofagia de los latifundistas acentuó la desequilibrada e injusta estructura de la tenencia de la tierra. El coeficiente GINI en el campo alcanza el 0,89. ¡Espantosa desigualdad! Los mismos datos oficiales dan cuenta de que las fincas de más de 500 hectáreas corresponden al 0.4% de los propietarios que controlan el 61.2% de la superficie agrícola. Se trata de una acumulación por desposesión, cuya más reciente referencia habla de 8 millones de hectáreas arrebatadas a sangre y fuego a través de masacres paramilitares, fosas comunes, desapariciones y desplazamiento forzoso, crímenes de lesa humanidad, acentuados durante los 8 años de gobierno de Uribe, todos ellos componentes del terrorismo de Estado en Colombia.
Para las FARC, Ejército del Pueblo, el concepto TIERRA está indisolublemente ligado al territorio; son un todo indivisible que va más allá del aspecto meramente agrario y que toca intereses estratégicos, vitales, de toda la nación. Por eso la lucha por el territorio está en el centro de las luchas que se libran hoy en Colombia. Hablar de tierra significa para nosotros hablar del territorio como una categoría que además del subsuelo y el sobresuelo entraña relaciones socio- históricas de nuestras comunidades que llevan inmerso el sentimiento de patria, que concibe la tierra como abrigo, y el sentido del buen vivir. Al respecto debiéramos interiorizar la profunda definición del Libertador Simón Bolívar sobre qué es la patria, nuestro suelo, nuestro territorio: “Primero el suelo nativo que nada -nos dice-, él ha formado con sus elementos nuestro ser; nuestra vida no es otra cosa que la esencia de nuestro propio país; allí se encuentran los testigos de nuestro nacimiento, los creadores de nuestra existencia y los que nos han dado alma por la educación; los sepulcros de nuestros padres yacen allí y nos reclaman seguridad y reposo; todo nos recuerda un deber, todo nos excita sentimientos tiernos y memorias deliciosas; allí fue el teatro de nuestra inocencia, de nuestros primeros amores, de nuestras primeras sensaciones y de cuanto nos ha formado. ¿Qué títulos más sagrados al amor y a la consagración”?
Partimos de esta visión para alertar a Colombia toda: la titulación de tierras, tal como la ha diseñado el actual gobierno, es una trampa; encarna una suerte de despojo legal a través del cual se busca que el campesino, una vez con el título de propiedad en sus manos, no tenga otra salida que la de vender o arrendar a las trasnacionales y conglomerados financieros, a los que sólo les interesa el saqueo exacerbado de los recursos minero-energéticos que están debajo del suelo. Dentro de su estrategia está la utilización del suelo para extender las explotaciones forestales y las inmensas plantaciones, no para resolver el grave problema alimentario que padece nuestro pueblo, sino para producir agro-combustibles que alimentarán automóviles. En el mejor de los casos, la gente del campo quedará con una renta miserable, pero alejada del terruño y confinada en los cinturones de miseria de las grandes ciudades. Al cabo de 20 o 30 años de contrato nadie se acordará del verdadero dueño de la tierra. Lo aseguramos sin vacilación: la bancarización de la tierra derivada de la titulación, acabará “tumbándole” la tierra al campesino. Nos están empujando a la extranjerización de la tierra y al desastre ambiental dinamizado brutalmente por la explotación minero-energética y forestal. La naturaleza como fuente de información genética no puede ser convertida en botín de las trasnacionales. Nos oponemos a la invasión de las semillas transgénicas y a la privatización y destrucción de nuestra biodiversidad y a la pretensión de hacer de nuestros campesinos pieza del engranaje de los agro-negocios y sus cadenas agroindustriales. Están en juego la soberanía y la vida misma.
En estos términos, la titulación no es más que la legalidad que pretende lavar el rostro ensangrentado del despojo que durante décadas ha venido ejecutando el terrorismo de Estado. Para una trasnacional es más presentable decir “tengo un título minero” a que se le sindique de haber financiado grupos paramilitares y desterrado a una población para hacer viable su proyecto extractivo. Dentro de esta dinámica en Colombia el régimen asesina no sólo con sus planes de guerra, con sus paramilitares y sicarios, sino también con sus políticas económicas que matan de hambre. Hoy hemos venido a desenmascarar a ese asesino metafísico que es el mercado, a denunciar la criminalidad del capital financiero, a sentar al neoliberalismo en el banquillo de los acusados, como verdugo de pueblos y fabricante de muerte.
No nos engañemos: la política agraria del régimen es retardataria y engañosa. La verdad pura y limpia, como dice el Libertador Simón Bolívar, es el mejor modo de persuadir. La mentira sólo conduce a la agudización del conflicto. El fin último de tales políticas, en detrimento de la soberanía y del bienestar común, es dar seguridad jurídica a los inversionistas, liberalizar el mercado de tierras y lanzar el territorio al campo de la especulación financiera y mercados de futuro. Independientemente de que exista o no la insurgencia armada, ésta política multiplicará los conflictos y la violencia.
Acumulación por desposesión y nueva espacialidad capitalista, eh ahí la fórmula del proyecto político-económico de las élites neoliberales haciendo chorrear sangre a la patria de la cabeza a los pies.
Es a esto a lo que nos resistimos. Las FARC no se oponen a una verdadera restitución y titulación de tierras. Por años hemos luchado, como pueblo en armas, por una reforma agraria eficaz y transparente, y es precisamente por ello que no se puede permitir que se implemente el despojo legal que el gobierno proyecta con su ley de tierras. Por medio de la violencia del Plan Colombia y el proyecto paramilitar, se preparó el territorio para el asalto de las trasnacionales. La ley general agraria y de desarrollo rural, es esencialmente un proyecto de reordenamiento territorial concebido para abrirle campo a la economía extractiva en contra de la economía campesina, en desmedro de la soberanía alimentaria y del mercado interno, al superponer el mapa minero-energético sobre el espacio agrícola. Ni siquiera se tiene en cuenta la promoción de una agroecología que permita una interacción amigable con la naturaleza.
Por otro lado, la restitución de tierras tiene que aludir a las tierras que les arrebataron violentamente a los campesinos, indígenas y afro descendientes, y no a baldíos distantes de sus sitios raizales de existencia, también codiciados hoy por las multinacionales. Pero resulta que este es un problema que tiene que ver con todo el pueblo colombiano y que de hecho está salpicando de conflictos todo el territorio. Hay una profunda inconformidad del país nacional con el hampa financiera que se está apropiando de la Orinoquía. Ahora han aparecido unos tales “nuevos llaneros” que de llaneros no tienen nada, como los magnates Sarmiento Angulo y Julio Mario Santodomingo (hijo), los terratenientes Eder del Valle del Cauca, el señor Efromovich, el ex vicepresidente Francisco Santos (gestor del paramilitar Bloque Capital), los hijos de Uribe Vélez, entre otros filibusteros, que ningún derecho tienen sobre esas tierras y que sólo quieren clavar sus garras en el petróleo, el oro, el coltán, el litio, explotar grandes proyectos agroindustriales y la biodiversidad de la altillanura. Abordar el asunto agrario es discutir con el país sobre estos problemas. Que hablen los verdaderos llaneros, esos de piel tostada por el sol de los bancos de sabana; esos que por siglos han convivido en armonía con los morichales y el vuelo de las garzas y de los alcaravanes; esos de pies descalzos que con su histórica bravura empuñaron las lanzas para darnos la libertad.
Ahí está la resistencia de los pobladores del Quimbo, donde el gobierno pretende sacar a patadas a la gente que ha vivido allá más de un siglo, destruyendo así sus trayectorias culturales, de vida, y su entorno ambiental. ¿Vamos a dejar acaso que se hiera de muerte al río de la patria que es el Río Grande de la Magdalena, sólo para construir una represa que generará energía para la exportación y no para resolver la demanda interna de millones de colombianos que no tienen acceso a la energía eléctrica? Para el gobierno están primero las ganancias de la trasnacional EMGESA que la suerte de las familias que quedarán desarraigadas.
Ahí está la resistencia de los pobladores de Marmato (Caldas), gente humilde que siempre ha vivido de la explotación artesanal aurífera y que ahora la trasnacional MEDORO RESOURCES quiere borrar del mapa para convertir esa aldea en la mina de oro a cielo abierto más grande del continente. Recordemos aquí, que hasta la iglesia colombiana ha acompañado esa justa lucha en la que el sacerdote José Idárraga, líder del Comité Cívico Pro defensa de Marmato, fue acribillado por los esbirros de las trasnacionales.
Ahí está la formidable resistencia indígena y campesina en el Cauca en defensa de su territorio y de sus culturas ancestrales, y la de sus hermanos afrocolombianos, guardianes patrióticos de la soberanía del pueblo sobre el Pacífico y nuestras selvas.
Insisten las castas dominantes en destrozar el páramo de Santurbán, riqueza de biodiversidad y de aguas que sacian la sed de ciudades importantes como Bucaramanga y Cúcuta. Por la codicia del oro pretenden destruir la alta montaña y la pureza de las aguas del río Suratá. La dignidad de los hijos de José Antonio Galán, el comunero, ha movilizado la resistencia, unificando incluso al pueblo llano con el empresariado local, que ha comenzado a entender, que esta es una lucha de toda Colombia.
¿Cómo vamos a permitir que por complacer la voracidad por el oro de la ANGLO GOLD ASHANTI se le entregue a esta multinacional el 5% de nuestro territorio? El proyecto extractivo de esa empresa en La Colosa (Cajamarca) dejará una gran devastación ecológica y privará de agua a 4 millones de colombianos que dependen de sus fuentes hídricas.
La locomotora minera es como un demonio de destrucción socio-ambiental que si el pueblo no la detiene, en menos de una década convertirá a Colombia en un país inviable. Frenemos ya las locomotoras físicas del Cerrejón y de la Drummond que durante las 24 horas del día saquean nuestro carbón, asperjan polución al paso de sus interminables vagones, dejándonos, como dice el cantautor vallenato, Hernando Marín, sólo socavón y miseria. Frenemos a la BHP BILLITON, a XSTRATA y la ANGLO AMERICAN, que para extraer 600 millones de toneladas de carbón que yacen bajo el lecho del río Ranchería, pretenden desviar su curso, lo que disminuirá el caudal de sus aguas en un 40% generando devastación ambiental y destrucción irreparable al tejido social de los pueblos Wayúu.
Qué asustadizo se ve al gobierno para defender la soberanía frente a la trasnacional BHP BILLITON que saquea en descarada actitud de lesa patria el ferroníquel de Cerro Matoso (Córdoba), y a la que sigue colmando de gabelas en detrimento de la soberanía, el bienestar social y el medio ambiente.
Hay que poner fin a esa monstruosidad que son los contratos a 20 y 30 años que privilegian los derechos del capital en menoscabo del interés común.
Y claro, se escuchan a los portavoces del gobierno y la oligarquía proclamando el crecimiento de la economía nacional y sus exportaciones. Pero no, en Colombia no hay economía nacional. Quienes exportan el petróleo, el carbón, el ferroníquel, el oro y se benefician con ello, son las multinacionales. La prosperidad, entonces es de éstas y de los gobernantes vendidos, no del país.
Este no es un espacio para resolver los problemas particulares de los guerrilleros, sino los problemas del conjunto de la sociedad; y dado que uno de los factores que más impacta negativamente a la población es la subscripción de los Tratados de Libre Comercio, éste es un tema que tendrá que abordarse indefectiblemente. Pobre Colombia obligada a competir con las trasnacionales con una infraestructura arruinada por la corrupción y la desidia.
Entonces la paz… sí. Sinceramente queremos la paz y nos identificamos con el clamor mayoritario de la nación por encontrarle una salida dialogada al conflicto abriendo espacios para la plena participación ciudadana en los debates y decisiones.
Pero la paz no significa el silencio de los fusiles, sino que abarca la transformación de la estructura del Estado y el cambio de las formas políticas, económicas y militares. Sí, la paz no es la simple desmovilización. Decía el comandante Alfonso Cano: “Desmovilizarse es sinónimo de inercia, es entrega cobarde, es rendición y traición a la causa popular y al ideario revolucionario que cultivamos y luchamos por las transformaciones sociales, es una indignidad que lleva implícito un mensaje de desesperanza al pueblo que confía en nuestro compromiso y propuesta bolivariana”. Necesariamente tendremos que abocar las causas generadoras del conflicto y sanear primero el cangro de la institucionalidad. Claro, desde el punto de vista estrictamente económico, para una trasnacional es más fácil saquear los recursos naturales del país sin la resistencia popular y guerrillera. Apoyados en ejercicios sencillos de matemática, podemos afirmar que la guerra es insostenible para el Estado, por las siguientes consideraciones:
El gasto militar en Colombia es de los más altos del mundo en proporción a su Producto Interno Bruto. Este alcanza el 6.4% cuando hace 20 años estaba por el orden del 2.4%; es decir, se ha triplicado, y eso es relevante. El gasto militar actualmente oscila entre 23 y 27 billones de pesos al año, descontando que Colombia es el tercer receptor de “ayuda” militar estadounidense en el mundo y que por cuenta del Plan Colombia recibe una financiación equivalente a 700 millones de dólares al año.
En Colombia hay un régimen jurídico que se acompaña con la protección militar de las inversiones. De unos 330.000 efectivos de las Fuerzas Militares, 90 mil soldados son utilizados para cuidar la infraestructura y las ganancias de las multinacionales. El enorme gasto que esto representa, aunado al costo de la tecnología empleada, pone en evidencia los límites de la sostenibilidad de la guerra. Nosotros hacemos un llamado sincero a los soldados de Colombia, a los oficiales y sub oficiales, a los altos mandos que aun sientan en su pecho el latir de la patria, a recobrar el decoro y la herencia del ideario bolivariano, que reclama a los militares emplear su espada en defensa de la soberanía y las garantías sociales. Qué bueno sería protagonizar el surgimiento de unas nuevas Fuerzas Armadas. No más sumisión a Washington, no más subordinación al Comando Sur y no más complacencia con la expansión de bases militares extranjeras en nuestro territorio.
Esa es la hoguera que arde en nuestro corazón; por eso no pueden ser más que un agravio los llamados instrumentos jurídicos de justicia transicional que apuntan a convertir a las víctimas en victimarios. Que se tenga presente, que el alzamiento armado contra la opresión es un derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo, que ha sido consagrado en el preámbulo de la declaración de los derechos humanos aprobada por la ONU en 1948, y que además es un derecho consignado en muchas constituciones de las naciones del mundo. No somos causa sino respuesta a la violencia del Estado, que es quien debe someterse a un marco jurídico para que responda por sus atrocidades y crímenes de lesa humanidad como los 300 mil muertos de la denominada época de la violencia en los años 50, que responda por los 5 mil militantes y dirigentes de la Unión Patriótica asesinados, por el paramilitarismo como estrategia contrainsurgente del Estado, por el desplazamiento de cerca de 6 millones de campesinos, por los más de 50 mil casos de desaparición forzada, por las masacres y los falsos positivos, por las torturas, por los abusos de poder que significan las detenciones masivas, por la dramática crisis social y humanitaria; en síntesis que responda por el terrorismo de Estado. Quien debe confesar la verdad y reparar a las víctimas son sus victimarios atrincherados en la espuria institucionalidad.
Somos una fuerza beligerante, una organización política revolucionaria con un proyecto de país esbozado en la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia, y nos anima la convicción de que nuestro puerto es la paz, pero no la paz de los vencidos, sino la paz con justicia social.
La insurgencia armada motivada en una lucha justa no podrá ser derrotada con bombarderos ni tecnologías, ni planes por muy sonoros y variados que sean sus denominaciones. La guerra de guerrillas móviles es una táctica invencible. Se equivocan aquellos que embriagados de triunfalismo hablan del fin del fin de la guerrilla, de puntos de inflexión y de derrotas estratégicas, y confunden nuestra disposición al diálogo por la paz con una inexistente manifestación de debilidad. Nos han golpeado y hemos golpeado, sí. Pero con el romancero español podemos decir: “por fortuna os vanagloriáis porque vuestras armas están bruñidas; en cambio mirad las mías, qué amelladas están, porque hieren y han sido heridas”. Así son los avatares de la guerra. El Plan Patriota del Comando Sur de los Estados Unidos ha sido derrotado y la confrontación bélica se extiende hoy con intensidad por todo el territorio nacional. No obstante en nosotros palpita un sentimiento de paz fundado en el convencimiento de que la victoria siempre estará en manos de la voluntad y la movilización de nuestro pueblo. “Este es un mensaje de decisión, decía hace poco Alfonso Cano: aquí en las FARC nadie está amilanado, ¡estamos absolutamente llenos de moral, de moral de combate!”.
Presidente Santos, fundemos la paz tomando como base los anhelos de la nación.
Convocamos a todos los sectores sociales del país, al Ejército de Liberación Nacional, ELN, a los Directorios de los partidos políticos, a Colombianas y Colombianos por la Paz, organización que liderada por Piedad Córdoba trabajó denodadamente por abrir esta senda, a la Conferencia Episcopal y a las iglesias, a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), a la Coordinadora de Movimientos Sociales de Colombia (COMOSOCOL), a los promotores del Encuentro por la Paz de Barranca, a los indígenas, a los afro-descendientes, a los campesinos, a las organizaciones de desplazados, a la ACVC, a la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), a las centrales obreras, a las mujeres, al movimiento juvenil colombiano, a la población LGTBI, a los académicos, a los artistas y cultores, a los comunicadores alternativos, al pueblo en general, a los migrados y exiliados, a la Marcha Patriótica, al Polo Democrático, al Congreso de los Pueblos, al Partido Comunista, al MOIR, a la Minga Indígena, a los amantes de la paz en el mundo, para que llenen de esperanza este intento de solución diplomática del conflicto.
Simón Trinidad ya manifestó desde la cárcel imperial de Florence (Colorado), donde está condenado injustamente a 60 años de presidio, su total disposición para participar en los diálogos por la paz de Colombia. En un acto de sensatez la Fiscalía colombiana ha dicho que él tiene todo el derecho a hacer parte de la delegación de las FARC en la mesa de conversaciones y el Consejo Superior de la Judicatura ofreció la tecnología y la logística para que eso sea posible. El gobierno de los Estados Unidos haría un gran aporte a la reconciliación de la familia colombiana, facilitando la participación de Simón, de cuerpo presente en esta mesa.
Finalmente queremos expresar nuestra eterna gratitud a los gobiernos y pueblos de Noruega, Cuba, Venezuela y Chile, que desplegaron sus esfuerzos mancomunados desde Escandinavia, desde el Caribe, desde la cuna de Simón Bolívar y desde el indómito Arauco de Neruda y Allende, para que el mundo pueda contemplar el prodigio de la nueva aurora boreal de la paz. También resaltamos la contribución del CICR como garante del traslado de voceros de las FARC desde agrestes regiones colombianas bajo el fuego.
Rendimos homenaje a nuestros caídos, a nuestros prisioneros de guerra, a nuestros lisiados, a la abnegación de las Milicias Bolivarianas, al Partido Comunista Clandestino y al Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, y junto a ellos al pueblo fiel que nutre y acompaña nuestra lucha.
Sin aún comenzar la discusión, no coloquemos como espada de Damocles, a pender amenazas sobre la existencia de esta mesa. Sometamos las razones de cada una de las partes contendientes al veredicto de la nación, a la veeduría ciudadana. No permitamos que los manipuladores de opinión, desvíen el rumbo de esta causa necesaria que es la reconciliación y la paz de los colombianos en condiciones de justicia y dignidad. La gran prensa no puede seguir actuando como juez inicuo frente al conflicto, porque como decía Cicerón, “un juez inicuo es peor que un verdugo”. De los esfuerzos de todos y de la solidaridad del mundo, depende el destino de Colombia. Que la oración por la paz de Jorge Eliécer Gaitán ilumine nuestro camino:“Bienaventurados los que entienden que las palabras de concordia y de paz no deben servir para ocultar sentimientos de rencor y exterminio. ¡Malaventurados los que en el gobierno ocultan tras la bondad de las palabras la impiedad para los hombres del pueblo, porque ellos serán señalados con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia!”.
Damos la bienvenida a este nuevo emprendimiento por la paz con justicia social.
Todos, por la solución incruenta del conflicto colombiano.
¡Viva Colombia/ Viva Manuel Marulanda Vélez/ Viva la paz!
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Video: http://youtu.be/mk654P-88II LUNES, 22 DE OCTUBRE DE 2012
El gobierno no es rehén del proceso de paz
Por Alberto Pinzón Sánchez
Tronó enfurecido el 18 de octubre en Oslo, ante la prensa mundial Humberto de la Calle, el jefe de la delegación del Estado colombiano para los diálogos con las Farc-EP, dejando ver con toda claridad la filosofía política del gobierno del presidente JM Santos en lo que se ha dado en llamar el proceso de paz colombiano.
Más tarde el mismo presidente Santos repitió textualmente desde Bogotá, el trueno de la Calle.
Claro que no, digo yo. El gobierno de JM Santos es rehén NO de un proceso de paz, sino de sus propias contradicciones y vacilaciones tanto internas como externas que encadenan al gobernante. Dentro de los eslabones externos, está como una Sobre-Determinación aplastante y del cual se desprenden los demás condicionantes tanto externos como internos; el acuerdo bipartidista de los Estados Unidos para promulgar, financiar y desarrollar el Plan Colombia y sus prolongaciones hasta la fecha actual, así la actual Secretaria de Estado Sra Clinton, apoye telefónicamente al presidente Santos (no al proceso) en los diálogos emprendidos, máxime cuando hay de por medio una muy cercana elección presidencial en los Estados Unidos.
2- Un segundo determinante, es el bloque de países del Pacífico latinoamericanos con los cuales los Estados Unidos tienen TLC vigentes (México, Colombia Perú y Chile) creado por la diplomacia estadounidense para hacer contrapeso reaccionario al bloque de países que están adelantando y desarrollando procesos democráticos progresistas, soberanos y de integración continental. El negociador de Colombia general Naranjo, asesora directamente al presidente de México, y un representante directo del gobierno Chileno de Piñera, acompañará directamente la mesa de diálogos en la Habana.
3- En cuanto a lo interno, está la gran contradicción aún no resuelta en el bloque de clases trasnacionales en el Poder de Colombia, entre los sectores terratenientes y ultramontanos liderados por Uribe Vélez y el prevaricador Ordoñez; enfrentados al sector Agro-minero y financiero. Un día Santos, como el niño de la fábula, se aleja de la casa política de la U, pero al otro amanecer, se regresa siguiendo las piedritas blancas que ha dejado por el camino; porque sin el partido (partido) de la U de Uribe Vélez, no tiene ningún chance de salir re-elegido, lo que constituye la verdadera apuesta de un jugador compulsivo de póker: ¡Ganar!
4- En Cuarto determinante, es el tiempo electoral que corre contra la re-elección presidencial de JM Santos, y por eso su extrema presión para firmar un acuerdo “express” de paz, que le permita presentarse a elecciones presidenciales con el As en la mano. De ahí su amenaza de que si no ve un acuerdo “sustantivo” (es decir presentable en las elecciones) antes de 8 meses dará por concluido el dialogo. Es el oligárquico y mezquino Plan B santista para la negociación, nuevamente usando la paz como bandera electoral y, a las FARC como su elector indirecto. Por esta razón, el comandante Timoleón Jiménez también tiene que exhibir su plan B de la siguiente manera: ..”
De nuestra parte planteamos que, en caso de no ser posible alcanzar el fin de la confrontación en esta oportunidad, avancemos hacia la construcción de un tratado de regularización de la guerra, que incluya la cuestión del uso y empleo bilateral de explosivos y de operaciones de bombardeo indiscriminado en zonas densamente pobladas; el seguimiento a las denuncias de las víctimas; el tratamiento digno de nuestros prisioneros en las cárceles; así como la verificación de todo el proceso y de los acuerdos salidos del mismo, por parte de una comisión encabezada por organismos internacionales escogidos a mutuo acuerdo entre las partes..”( http://prensarural.org/spip/spip.php?article9452)
Triste perspectiva si se considera que casi siempre los planes alternativos terminan remplazando el plan inicial.
5- El quinto determinante es que han sido diez años de una extrema y repugnante campaña mediática de “satanización de la Insurgencia” para negarle su característica política, acompañada del cuento chimbo de su “inminente” derrota militar, que ahora, cuando se da una extensa movilización social cuestionando el neoliberalismo depredador dominante en Colombia, y poco después la insurgencia presenta ante el mundo desde Oslo las cifras (ninguna falsa, ni rebatible) de su análisis político sobre la actual Colombia; nadie lo podía creer, ni aceptar, ni asimilar, pues una opinión pública así de alienada, sectarizada y dominada por el Estado de Opinión, no va a cambiar de la noche a la mañana. Basta leer los análisis enfurecidos y sin argumentos de toda la prensa colombiana sobre lo ocurrido en Oslo, para confirmarlo.
Y un 6º determinante: el ideológico-político que domina la mentalidad de la clase dominante en Colombia (oligarquía trasnacional) expresada en dos de los mejores análisis sobre el inicio de los diálogos en Oslo (cuyas frases decisivas subrayo) Uno, escrito por el editorialista del diario conservador El Nuevo Siglo, ahora ministro del medio ambiente del gobierno Santos, Juan Gabriel Uribe, quien fuera también negociador en el Caguán y escribe la siguiente nota en futuro -pasado: …”
Es oportuno precisar sobre el proceso de paz que la pura doctrina conservadora tiene como principal objetivo consagrar el orden, está por la legalidad, la legitimidad, el imperio de la soberanía nacional, la fortaleza de las instituciones, el triunfo perenne de la democracia, para consolidar la libertad. Según las circunstancias, agita el olivo de la paz o apela a los cañones. Lo conservador es el sistema. Defendemos el orden contra el desorden. En el concepto conservador de Estado, las Fuerzas Armadas juegan un papel insustituible, por eso defendemos el Fuero Militar, más en un país en el cual el 70 por ciento del territorio periférico es en extremo vulnerable y prevalece la ley de la jungla. Allí es notoria la falta de autoridad y de gobernabilidad, por lo que la paz en esas zonas selváticas y de cultivos ilícitos no se logra por decreto, pende, también, de los factores del desorden, del atraso y la miseria colectiva. Una paz con futuro demanda un Estado fortalecido, un gran plan económico de desarrollo que modifique la estructura de pobreza de los que viven en zonas riquísimas casi sin explotar, que incorpore la población a la civilidad, la producción y el bienestar” (El arte de negociar Editorial Nuevo Siglo. Octubre 17, 2012)
Y otro, escrito por el verdadero jefe del partido Liberal, parte esencial del gobierno Santos, Horacio Serpa Uribe, quien que para no repetir errores del pasado formula un poco diferente lo que en 1997 dijo en el Caguán el agente de Uribe Vélez Valencia Cossio, al comenzar la refundación: ¡Cambiamos o nos cambian! :….” ¿Por qué reunirse? Porque debe acabarse una guerra con la cual tanto perdemos. No tienen razón, dentro de nuestra óptica. Son violentos y han matado, secuestrado y traficado con estupefacientes, pero se trata es de buscar que renuncien a la violencia y se sometan a las leyes. Nosotros no nos vamos a someter a ellos.
Los cambios hay que hacerlos con ellos o sin ellos. Muchas cosas exigen reformas. Tenemos desigualdad, pobreza, corrupción, inconsistencias democráticas, partidos y Congreso desprestigiados, desempleo enorme”… (Aproximaciones a la paz. Vanguardia Liberal 21. 10. 2012)
Por todo esto, me atrevo a decir que el gobierno colombiano no es rehén de ningún proceso de paz para darlo por terminado; sino de sus propias contradicciones inherentes y de las vacilaciones del gobernante.
LUNES, 22 DE OCTUBRE DE 2012
La fecha acordada para la discusión es el 15 de noviembre. Pero representantes de ambas delegaciones se reunirán el 5 de noviembre en la Habana para fijar los detalles.
A continuación, damos a conocer el Comunicado Conjunto.
Comunicado Conjunto #3
1. Reunidos en Oslo, Noruega, voceros del Gobierno de Colombia y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC‑EP), acordamos la instalación pública de la Mesa de Conversaciones encargada de desarrollar el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. De esta manera se inicia formalmente la Segunda Fase del proceso.
2. Desarrollo Agrario Integral es el primer tema de la agenda acordada y se abordará a partir del 15 de noviembre en La Habana, Cuba.
3. Las partes designarán voceros que se reunirán el 5 de noviembre en La Habana para continuar las labores preparatorias necesarias.
4. Agradecemos la hospitalidad de los países garantes de este proceso, Noruega y Cuba, y el generoso apoyo de los países acompañantes, Venezuela y Chile. Oslo, Noruega, 18 de octubre de 2012
Foto: Las dos delegaciones en la rueda de prensa en Oslo, Noruega. El 5 y el 15 de noviembre son las próximas fechas para el inicio real del proceso de paz en la Habana.
LUNES, 22 DE OCTUBRE DE 2012
Continúan en huelga miles de funcionarios judiciales colombianos
PL
Miles de jueces y funcionarios judiciales de Colombia se mantienen en paro, pese a la decisión del gobierno de declarar su acción ilegal, al considerar que prestan un servicio público cuya interrupción daña de modo directo a la sociedad.
La noticia la dio a conocer el viernes último la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, en un comunicado según el cual el próximo paso sería pedirle a un juez que oficializara la ilegalidad de la huelga y definiera las sanciones que correspondían aplicar.
Sin embargo, los trabajadores de ese sector, que cesaron sus actividades el pasado 11 de octubre, y a quienes se suman progresivamente cientos de colegas de todo el país, mantienen en pie sus demandas en pro de una nivelación salarial -cuya brecha es cada día mayor-, por la que vienen luchando desde hace casi 20 años.
En Colombia, en primera instancia, el Tribunal de Bogotá debe resolver si es procedente o no la petición del gobierno, y de ser necesario, la Corte Suprema en segunda instancia emitiría un fallo definitivo.
No obstante, el presidente de Asonal Judicial, Fernando Otálvaro, afirmó que, pese existir en la Corte Suprema una jurisprudencia que declara ilegales las huelgas en la rama judicial, de considerarse así se estarían incumpliendo los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Esa organización, precisó, tiene reglamentadas las actividades que no se pueden interrumpir y, entre ellas, no figura la instrumentación de la justicia. Los convenios acordados obligan a los países firmantes a cumplir estipulado en estos, y Colombia los suscribió.
En el caso de que la ilegalidad le sea aplicada la huelga, entonces llevaríamos el caso a los juzgados internacionales de trabajo, especificó Otálvara. Por su parte, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Domingo Tovar, rechazó enfáticamente la solicitud de la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, de decretar la ilegalidad del paro.
"Eso es atentar contra la libertad sindical y el derecho de asociación, e incluso contra la misma Constitución de 1991 porque lo que exigen los trabajadores es que les cumplan los diferentes acuerdos anteriores y les aprueben la nivelación salarial", señaló.
El líder sindical criticó que el Gobierno no aporte alternativas conciliadas y, por el contrario, asuma acciones amenazantes.
Paralelamente hizo un llamado al Ministerio de Trabajo a que convoque mesas de concertación laboral, en las cuales se aborde el tema y asista también la titular de Justicia.
Tenemos un problema laboral y ese tema cabe en la mesa nacional de concertación que tendría que citar el Ministerio de Trabajo, argumentó.
Tras declarar que no se dejarían presionar por la huelga del sector judicial, las autoridades estatales intentaron a mitad de semana un consenso sobre el sistema de remuneración de trabajadores de esa ramal, mediante una propuesta que reconocía su derecho a la nivelación salarial, en términos de la ley 4 de 1992, aprobada por el Congreso, y que comenzaría a regir en el 2013.
Pero los demandantes rechazaron la iniciativa e insistieron en una solución inmediata a sus reclamos. Este fin de semana se sumaron al paro más de 400 trabajadores de los tribunales superiores de Bogotá y Cundinamarca (centro).
Fuente:Argenpress
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