"Las últimas pruebas justifican que Blaquier sea procesado ya"
Oscar Rodríguez, abogado de la familia, explica que el empresario no sólo apoyó a la dictadura, sino que tuvo un papel clave en la represión provincial.
Por: Daniel Enzetti
Vargas tiene hoy 70 años, sus camaradas siempre lo llamaron "Tono", y se retiró de las Fuerzas Armadas con el grado de mayor. En los años de plomo fue el hombre fuerte puesto por la dictadura en el Servicio Penitenciario de Jujuy, que eligió Gorriti como una de las principales cárceles clandestinas de la región.
"Lo vamos a acusar por torturas y tormentos –adelantó el letrado a Tiempo Argentino–, porque surgieron datos que demuestran el castigo no sólo sufrido por Aredez, sino además por el grupo de trabajadores del Ingenio Ledesma que fueron secuestrados junto con él."
La causa iniciada en los tribunales que encabeza el juez federal Fernando Poviña se caratula "Aredez, Luis Ramón y otros", e investiga, además del caso del ex intendente, las detenciones ilegales de Ramón Luis Bueno, Antonio Felliú, Omar Claudio Gainza y Carlos Alberto Melián.
La querella buscará la mayor pena posible para el genocida, pero en realidad sus expectativas están puestas en las pruebas que este expediente viene aportando para el juicio que tendrá como protagonista al empresario Pedro Blaquier, dueño de Ledesma. "El material que se agregó el mes pasado es suficiente como para que a Blaquier lo procesen ya mismo", explicó Rodríguez a este diario.
Y agregó: "Son muchísimos los datos que estamos utilizando para fundamentar la idea que Blaquier, además de colaborar con la dictadura, fue un engranaje fundamental dentro del aparato represivo de la provincia."
El secuestro de Aredez y el grupo de operarios, según la reconstrucción de los hechos, fue comandado por el coronel Carlos Néstor Bulacios, jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 20 y del Área 323.
El operativo contó con camionetas de Ledesma, personal de la policía provincial y efectivos del Ejército. Otra de las tareas de los abogados querellantes apunta a determinar el papel que desempeñaron varios integrantes de las fuerzas de choque, como el mayor Donato Arenas, un comisario de Libertador de apellido Alfaro, y el teniente primero Horacio Domingo Marengo.
Este último fue el que ordenó el traslado de los detenidos de Gorriti al aeropuerto El Cadillal, para ser llevados en avión a la Unidad 9 de La Plata. "Fueron golpeados con palos y patadas, les vendaron los ojos, los amenazaron con ser tirados del avión", y en la U9 "fueron objeto de severos castigos por parte del personal penitenciario", quedó asentado en el escrito judicial.
"A Aredez le ataron las manos y los pies con alambres –relató Rodríguez–, lo golpearon y tenía toda la ropa desgarrada. Cuando entró al penal de Villa Gorriti pesaba 80 kilos, y al salir no llegaba a 60. No tenemos dudas que esas fueron las consecuencias de la tortura."
En la comisaría instalada dentro del Ingenio, Gainza recibió una advertencia: "Es mejor que acá te portes bien porque si no, te reventamos", le dijo el comisario. A medida que se acerca el procesamiento de Blaquier, las contradicciones entre los miembros del Ingenio sobre el famoso tema de las camionetas se agudizan.
Alberto Lemos, administrador de Ledesma, reconoció que la empresa puso a disposición de la dictadura sus vehículos para los operativos, con la idea de "limpiar el país de indeseables". Pero ahora, la fábrica fogonea la versión de que en la Noche del Apagón "las camionetas habían sido donadas", y "ya no pertenecían a la planta".
El abogado afirma que "estamos frente a una maniobra bastante burda, y es evidente que quieren confundir. Dicen que los camiones no eran de ellos, a pesar de que mostraban la identificación. Pero olvidan un detalle: los choferes que manejaban, que también pertenecían a Ledesma.
Ahora, lo único que falta es que Blaquier diga que los había despedido, y que en el momento de los secuestros ya no formaban parte de su personal." Rodríguez lleva adelante la querella contra Blaquier junto a su colega Pablo Pelazzo y a un grupo de letrados que asesoran en la causa, como Juan Manuel Sivila (representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación), Ernesto Moreau, Beinusz Szmukler, Antenor Ferreyra y Carlos Slepoy.
"Si yo tuviera que definir el siguiente paso en el tema Derechos Humanos y Justicia –afirma–, pondría el acento en investigar y llevar a juicio a la pata civil de la dictadura, y no estoy hablando sólo de actores económicos. Los médicos que asistieron a detenidos-desaparecidos e intervinieron en partos clandestinos, y los jueces que acomodaron o taparon procesos en aquella época, son otros ejemplos de ese engranaje represivo.
Y no olvidemos los casos de San Nicolás, de Tandil, y de la complicidad de la empresa Loma Negra." "La indagatoria a Blaquier –sostiene– y la posibilidad de procesarlo, son cosas trascendentes en una provincia donde la impunidad duró décadas enteras. Pero hay que estar atentos, porque el poder empresario vinculado a esa impunidad sigue bien parado. El mensaje mafioso a Antenor fue una advertencia."
La semana pasada, Tiempo informó sobre una serie de amenazas sufridas por Ferreyra en su estudio y casa particular, de donde robaron celulares con datos referidos a la causa jujeña y otras en las que interviene el representante de la APDH. En uno de los llamados anónimos, al hijo del abogado le dijeron que su padre estaba secuestrado, y que como prueba recibiría "un dedo".
Los apretadores habían hecho inteligencia: sabían que Ferreyra estaba en Mendoza recorriendo cárceles y recibiendo denuncias por torturas a detenidos, y lo dejaron claro en otra de las comunicaciones telefónicas.
"Cada juicio de lesa humanidad es un gran acto pedagógico –explica Rodríguez–, y por eso es tan importante que se multipliquen. Porque ahí vos tenés a las víctimas, a los que sufrieron, que te cuentan todo de primera mano.
Es la única forma de dimensionar lo terrible que fue la dictadura. Como decía Jean Paul Sartre, hay una diferencia sustancial entre conocer y comprender. Uno puede conocer aspectos de la represión, los asesinatos, el robo de bebés, pero comprender sólo se logra mirando a las víctimas a los ojos, y escuchándolas."
Y finaliza: "Nunca antes, desde el progresismo, habíamos pensado al Derecho como interpelador del poder, y los tiempos actuales dan esa posibilidad. En Jujuy confluyeron varias cosas para que eso se esté logrando. Por un lado, el trabajo de los organismos de Derechos Humanos y de la gente movilizada, y, por otro, la decisión política de un Estado Nacional que supo canalizar ese esfuerzo."
FuentedeOrigen:TiempoArgentino
Fuente:Agnddhh
El "megaproceso" reúne 5 causas con sólo 3 acusados: Braga, Vargas y Bulgheroni
Este jueves se reanudarán las audiencias de la megacausa en Jujuy
Jujuy.-El Tribunal Oral Federal 2 reanudará el jueves las audiencias del primer juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia en el que se juzga a tres represores de la última dictadura cívico militar acusados de secuestros, torturas y desaparición de personas.
Se trata del teniente coronel (R) Mariano Rafael Braga, y los tenientes primeros retirados José Eduardo Bulgheroni y Antonmio Orlando Vargas, quien fue durante la dictadura director del Servicio Penitenciario de Jujuy. Braga está imputado en la desaparición de Julio Rolando Álvarez García, quien militaba en la JUP cuando estudiaba en Tucumán, y fue secuestrado de su casa familiar en Jujuy el 21 de agosto de 1976.
Braga admitió haber actuado como secretario del jefe del Área 323, coronel Carlos Néstor Bulacios, atendiendo a familiares que iban a preguntar por familiares o amigos desaparecidos o a pedir permiso para visitarlos en el Penal de barrio Gorriti.
En cuanto a Vargas, fue drector del Servicio Penitenciario provincial, por donde pasaron muchos de los detenidos-desaparecidos de Jujuy -entre ellos el ex intendente de Libertador San Martín, Luis Aredez- que en repetidas oportunidades fueron posteriormente "blanqueados" y remitidos a la U-9 de La Plata en caracter de presos políticos.
Vargas sigue el juicio por video conferencia desde el Penal de Ezeiza, mientras que el tercer imputado, el teniente 1º (R) José Eduardo Bulgheroni, lo hace desde una oficina contigua a la sala de audiencias del Tribunal. Bulgheroni está imputado en dos de las cinco causas acumuladas en este juicio que comenzó el 12 de julio pasado.
Las causas acumuladas son la de Álvarez García, "Aragón, Reynaldo y otros"; "Galean, Paulino y otros", "Aredez, Luis y otros", en la que está vinculado el dueño del ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier por la denominada "Noche del Apagón", y "Bazán, Avelino y otros".
Entre el 20 y el 27 de julio de 1976 en los pueblos de Calilegua, Libertador San Martín y El Talar, fueron detenidas unas 400 personas de las cuales más de una treintena continúan desaparecidas. en lo que se conoce como "El apagón de Ledesma".
FuentedeOrigen:Telam
Fuente:Agnddhh
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