El banco de pruebas de Videla
De los 35 acusados, 14 ya estaban presos y 21 no habían sido involucrados en otras causas judiciales, como Mario Benjamín Menéndez. La fiscalía pidió la detención de María Estela Martínez de Perón, pero el juez no la concretó.
El Operativo Independencia, antesala del terrorismo de Estado, comenzó formalmente el 5 de febrero de 1975.
La medida la ordenó el juez federal Daniel Bejas a partir del pedido formulado en diciembre por los fiscales Pablo Camuña y Patricio Rovira, titulares de la oficina local de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos. Encabeza la lista de detenidos el general Mario Benjamín Menéndez, que siete años antes de asumir como gobernador militar de las Islas Malvinas estuvo a cargo de La Escuelita de Famaillá, el primer centro clandestino de detención del país. El militar fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en su casa de la calle Arcos al 1500 y fue trasladado a Tucumán para prestar declaración indagatoria.
El Operativo Independencia, antesala del terrorismo de Estado, comenzó formalmente el 5 de febrero de 1975 con el decreto secreto de la presidenta María Estela Martínez de Perón que ordenó “neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos” en la provincia de Tucumán. Sus caras visibles fueron los general Adel Edgardo Vilas, designado al frente de la Brigada de Infantería V, y a partir de diciembre su reemplazante, Antonio Bussi. Según una investigación de Inés Izaguirre, durante los casi catorce meses anteriores al golpe de Estado y con la excusa de combatir a la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez del Ejército Revolucionario del Pueblo, 195 personas fueron desaparecidas y 68 fueron asesinadas en el marco del Operativo Independencia. El propio Vilas admitió en su “diario de campaña” inédito que 1507 personas “acusadas de mantener relación estrecha con el enemigo” pasaron por La Escuelita Diego de Rojas, centro de detención y tortura planificado, diseñado y construido con ese fin por orden del entonces comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, que ostenta el record de condenas por delitos de lesa humanidad y que también será indagado por Bejas.
El magistrado ordenó esta semana 35 detenciones. La única pedida por el Ministerio Público y denegada por Bejas fue la de la ex presidenta Isabel Perón, que vive en España. Veintiuno de los acusados por secuestros, torturas y asesinatos nunca habían estado imputados por delitos de lesa humanidad.
Otros catorce ya cumplen condenas (como Menéndez o el dictador Jorge Rafael Videla) o están procesados en otras causas, como el general Carlos Delía Larocca, jefe del Tercer Cuerpo hasta septiembre de 1975.
La PSA detuvo a 16 personas. La lista incluye a otros dos Menéndez. Mario Benjamín fue formalmente el jefe de Estado Mayor del denominado “Puesto de Comando Táctico” con sede en Famaillá, epicentro del terrorismo de Estado en 1975. Su primo José María Menéndez, coronel retirado de 87 años, fue detenido e indagado por el secuestro y las torturas de un trabajador de la fábrica Norwinco, de la que fue gerente en 1975, según el comunicado de la Unidad Fiscal tucumana.
Uno de los detenidos más conocidos en la provincia es el capitán retirado Walter Edgardo Saborido, que fue candidato a vicegobernador de la provincia en las últimas elecciones y que ahora pasa sus días en el penal de Villa Urquiza. Su partido, La Línea, nuclea justamente a personas que tuvieron un rol activo durante el Operativo Independencia. “El Capitán”, como lo conocen los tucumanos, es propietario además de una agencia de seguridad privada con más de doscientos empleados, dato crucial sobre el poder que conservan los represores tucumanos.
Otro de los acusados que prestó declaración indagatoria es el coronel retirado Ernesto Nicolás Chávez, quien con el grado de mayor cumplió servicios en el área de inteligencia de la Quinta Brigada. Por su estado de salud, Chávez gozará del beneficio del arresto domiciliario. Según el comunicado que difundió ayer el Ministerio de Seguridad, también fueron detenidos por la PSA los coroneles retirados Jorge Gerónimo Capitán, Pedro Adolfo López, José Fernando Tanoni y Ernesto Nicolás Chávez; los tenientes coroneles Fernando Luis Labayru y Alberto Alfredo Svendsen; el ex subteniente de reserva Omar Angel Baldo y el teniente retirado Juan Bautista Martín Cabrera. La lista de quienes deberán prestar declaración indagatoria incluye a los ex comisarios inspectores de la policía tucumana Víctor Hugo Olmos y José Ernesto Cuestas, a los ex policías Pedro Roberto Rojas y Roberto Manuel Monteros y al médico traumatólogo Miguel Angel Carrasco. Las capturas se produjeron en Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, La Pampa, Catamarca y San Juan.
Según la acusación elaborada por la Unidad Fiscal tucumana, el Operativo Independencia consistió en “la intervención masiva de las Fuerzas Armadas y de seguridad en un plan sistemático de exterminio de opositores políticos, mediante la utilización del aparato estatal y de control social a través del terror”, que se concretó “con la aquiescencia del gobierno civil” encabezado por Isabel Perón. Además de La Escuelita de Famaillá, el Ejército montó centros de tortura en el ingenio La Fronterita, en los ex ingenios Santa Lucía y Lules, en Caspinchango y en Los Sosa, localidades del sur de la provincia.
Del total de causas judiciales en trámite por delitos de lesa humanidad en Tucumán, la tercera parte corresponde a hechos ocurridos antes del golpe de Estado. El “banco de pruebas” del terrorismo de Estado que se implantó en esa provincia, destacaron los fiscales Camuña y Rovira, “sirvió para desmontar un sindicalismo azucarero organizado y un movimiento universitario y cultural único en la región”, al tiempo que “representó el primer caso de disciplinamiento de la prensa y de utilización del Poder Judicial federal como un engranaje legitimador del plan criminal”.
Inspecciones en Jujuy
Las dos causas que se tramitan en Jujuy referidas a la Noche del Apagón y al secuestro de Luis Arédez, en instrucción y en el juicio oral, tuvieron ayer intensas jornadas. En la primera, el juez federal subrogante Fernando Poviña realizó una inspección ocular en una sede de Gendarmería y tres comisarías por donde pasaron las víctimas de Calilegua y Libertador General San Martín, y en ninguna de las dependencias pudieron acceder a los libros de guardia porque les informaron que los habían incinerado. Sin embargo, en la comisaría 41 el jefe policial les dijo que hace dos meses el fiscal Emilio Cattan había retirado el “libro de inscripciones” de 1970 a 1995, por orden del juez Jorge Samman. Ni el juez Poviña, ni la querella ni las partes tenían conocimiento del secuestro de esa documentación y solicitarán acceso a la misma. “Esto demuestra la complicidad del poder político, porque el fiscal de Estado que que motivó el procedimiento, responde a Eduardo Fellner”, dijo indignada Adriana Arédez a Página/12. En tanto, los abogados querellantes Paula Carreras y Ariel Ruarte expresaron que “esta situación constituye una grave irregularidad por cuanto el Poder Judicial habría producido un ocultamiento de pruebas de suma importancia”. Y exigen saber en qué causa fueron secuestrados esos libros y por qué razón no se informó a los demás juzgados que investigan delitos de lesa humanidad, como tampoco a la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura. Por otra parte, en el juicio oral en el que están siendo juzgados los casos de varias víctimas, entre ellas Arédez, ayer fue recusado uno de los jueces, Daniel Morín, tras un incidente con uno de los testigos, que confesó que un abogado le recomendó que dijera que no se acordaba nada de su declaración anterior, lo que provocó el enojo de los magistrados del tribunal oral. Aunque los fundamentos de la recusación presentada por la defensa de los tres genocidas imputados sería poco fundamentada, el proceso queda en suspenso.
Fuente:Pagina12
Viernes, 19 de Octubre de 2012
REVISIóN DE LOS 70
Ordenan arrestos por el Operativo Independencia
En la megacausa se investigan delitos contra 269 víctimas.
Fue detenido también el encargado del CCD de la "Escuelita" de Famaillá, Mario Menéndez. Piden que se cite a "Isabelita"
El mismo día en el que se fijó la fecha de comienzo del juicio del caso "Arsenales II-Jefatura II" (12 de noviembre), se produjeron avances en otra megacausa de Derechos Humanos que se sustancia en la justicia federal local.
En el marco del expediente "Operativo Independencia", el juez federal N° 1, Daniel Bejas, dispuso una veintena de detenciones y citaciones a indagatorias. La medida involucra a personas imputadas como autores mediatos o materiales de delitos de lesa humanidad cometidos contra 269 víctimas antes del último golpe militar (entre febrero de 1975 y marzo de 1976).
Según se detalló desde la Unidad Fiscal de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal, entre los apresados se encuentran dos familiares del ex jefe del III cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez, que también está imputado. Se trata de Mario Benjamín Menéndez y de José María Menéndez.
El primero estuvo a cargo del primer Centro Clandestino de Detención (CCD) del país, que funcionó en la "Escuelita" de Famaillá. Se encontraba en Buenos Aires. Luego, en 1982, su nombre se hizo popular porque fue gobernador militar de las Islas Malvinas. El segundo, en tanto, declaró y quedó detenido en la provincia con la modalidad de arresto domiciliario (tiene 87 años) por el secuestro y las torturas de un trabajador de la fábrica Norwinco, de la que era gerente en 1975.
Por otro lado, quedó alojado en el penal de Villa Urquiza un ex candidato a vicegobernador durante las últimas elecciones provinciales. Walter Saborido se postuló por el partido "La línea", que decía reunir a ciudadanos que habían prestado servicio durante el Operativo.
También fueron detenidos: Miguel Ángel Carrasco y Ernesto Nicolás Chávez (Tucumán); Jorge Gerónimo Capitán, Pedro Alfonso López, Alejandro Rubio,Juan Bautista Cabrera y Roberto Manuel Monteros (Buenos Aires); Víctor Olmos y Fernando Labayru (Santa Fe); Pedro Roberto Rojas (Río Negro); Alberto Svensen (Catamarca) y José Fernando Tanoni (San Juan).
Por otro lado, hasta el 31 se espera que se presenten en las audiencias indagatorias 13 sospechosos. Entre ellos, Luciano Benjamín Menéndez, Jorge Rafael Videla y Carlos Dellia Larocca.
Los fiscales ad hocPablo Camuña y Patricio Rovira también requirieron a Bejas las detenciones de la presidenta en ese período, María Estela Martínez de Perón, y de Videla. Estos planteos aún están en estudio.
Al requerir la instrucción, el Ministerio Público Fiscal había definido al "Operativo Independencia" como la primera intervención masiva de las fuerzas armadas en un plan sistemático de "exterminio de opositores" mediante la utilización del aparato estatal y de "control social a través del terror".
Fuente:LaGaceta
No hay comentarios:
Publicar un comentario