PARAGUAY.

MIÉRCOLES, 24 DE OCTUBRE DE 2012 
El juicio ético ciudadano toma forma 
Por José Antonio Vera
Tres realidades bien diferenciadas tiene el actual escenario político paraguayo: 
A) el gobierno golpista, que no se priva de ningún desmán ni abuso, en un comportamiento que asombra por su mezquindad y soberbia, hasta a muchos cómplices en el manotazo contra el Presidente Constitucional Fernando Lugo, B) los partidos políticos, sin excepción, que cada día están más de espaldas a la ciudadanía, y 
C) la movilización popular que se mantiene en las calles, aunque insuficiente en fuerzas para imponer el respeto del Estado. 

Dado que la decencia impone revertir ese orden de factores, importa destacar la toma de conciencia de amplios sectores de la ciudadanía respecto a temas hasta ayer ignorados, como la acelerada intromisión en el país de las corporaciones transnacionales de la mega minería, representada por la anglófona Rio Tinto Alcan y de los transgénicos, con sus letales paquetes agrotóxicos, encabezadas por la norteamericana Monsanto. 

Gente de todas las edades, pero en su mayoría jóvenes, se mantienen desde hace cuatro meses manifestando por todo el país, y de diversas formas, su repudio a las facilidades que otorga el actual gobierno a las actividades de esas empresas, en su mayor parte eximidas de pagar impuestos a la exportación y de desconocer totalmente las leyes del país, en particular las laborales. 

Este martes, y durante varias horas, decenas de personas de luto, con vestimentas alusivas, pañuelos, tapabocas, vestidos, delantales, guardapolvos y cabezas cubiertas con telas negras, se instalaron frente al Ministerio de Industria y Comercio, en Asunción, y expresaron su rechazo a la confesa alianza que se ha establecido entre la Rio Tinto y el “Presidente Guaú” (falso) Federico Franco y las dos autoridades principales de esa institución, Francisco Rivas y el Abogado Diego Zabala, éste último representante de esa transnacional hasta una semana antes del golpe parlamentario del 22 de junio. 

La instalación de una inmensa fábrica de aluminio en Paraguay, carente de bauxita pero con mucha energía eléctrica, es el plan de ese contubernio que el sector informado de la ciudadanía está rechazando por lo dañino de sus cláusulas, al tiempo que ciertos análisis de situación alimentan la presunción de que el proyecto obedecería a una estrategia geopolítica diseñada por Estados Unidos para despojarle a Brasil de la energía de Itaipú que le corresponde al socio menor (Py) pero que su pequeña industria no absorbe.

El lunes de noche, en el viejo Cabildo asunceno, el desacreditado parlamento paraguayo fue sentado en el banquillo, acusado de golpista, al provocar un quiebre institucional, de chantajista, al prohibir a la Contraloría de la Nación que investigue los denunciados hechos de corrupción en ciertos municipios del país, por aprobar leyes y nombramientos sin contar con la mayoría simple, y por negar el aumento de los presupuestos para la gente en extrema pobreza y los servicios sociales, previstos por el Gobierno de Lugo. 

Esas causales de Juicio Ciudadano al Parlamento se suman a la de sancionar leyes contrarias al interés público, al incumplimiento de deberes constitucionales, al uso clientelar de cargos públicos, al nepotismo, al uso indebido de influencias y a la utilización arbitraria del Juicio Político.

Esa acusación, resultado de dos meses de trabajo de un equipo investigador que, en función de Fiscales, integran las Abogadas Milena Pereira y Mirta Moragas y el economismo Luis Rojas Villagra, fue entregada al Tribunal Etico constituido de inmediato a la destitución de Lugo entre personalidades notables, que fungen de jueces, presididas por Luis Lezcano Claude, junto a Bartolomeu Meliá, Margarita Durán, Dionisio Gauto, Ignacio Telesca y Line Bareiro. 

El Tribunal dio lugar a todas esas acusaciones y marcó los plazos del proceso, dando 15 días al Parlamento para nombrar defensores y un mes para preparar su alegato, y si no lo hace la Plataforma de Organizaciones Sociales nombrará uno/a profesional para cumplir esa misión, fijándose el 22 de noviembre, a cinco meses del Juicio a Lugo, para el Juicio Etico, en la Plaza de la Democracia, entre las 08 y las 20 horas y, tras escuchar a la defensa, dictar sentencia. 

Toda la labor de investigación ha tenido una participación firme de profesionales, de militantes sociales, de organizaciones campesinas, de movimientos populares, de sectores estudiantiles, de referentes sindicales y de miles de desempleados, en paralelo con numerosas actividades en defensa de la soberanía alimentaria y de las semillas nativas y criollas, amenazadas por la acelerada invasión de los sembradíos transgénicos de soja, maíz y algodón, autorizados y promovidos por este gobierno. 

Contrasta con esa intensa movilización ciudadana, la actitud miope y egoísta de los partidos políticos progresistas y de izquierda, enfrascados todos en una feroz disputa en la confección de las listas para los cargos a diputados y senadores en las elecciones del 21 de abril próximo. 

En ese afán, nada los diferencia del Partido Colorado que, con la ayuda del descrédito del Ejecutivo golpista, acumula buenas posibilidades para recuperar el gobierno perdido hace cuatro años frente a Fernando Lugo. 

A las causas que lo hacen merecedor del Juicio Etico Ciudadano, y su posterior condena, el gobierno de Franco suma desmanes, dejando la impresión de impunidad que es característica de toda administración sin legitimación popular, y así se permite asaltar instituciones públicas para realizar actos del Partido Liberal y mantener decenas de campesinos presos sin condena y sin poder comprobarles delito alguno.

Desde hace un mes, 26 de ellos continúan en huelga de hambre, reclamando su libertad ante la ausencia de pruebas que meriten una condena. Una investigación de la Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos, encabezada por el veterano dirigente liberal Domingo Laíno, exige que el Fiscal Rachid Lichi, que los mantiene presos, sea apartado de la causa, “por creerse abogado querellante y no fiscal”. 

Hijo y sobrino de dos conocidos senadores colorados que hicieron fortuna durante la tiranía del General Alfredo Strossner, Lichi “no investiga la autoría de los 17 muertos en Curuguaty, el 15 de junio”, afirmó el Abogado español Aitor Martínez, asesor en la defensa de los campesinos y, en particular de Ruben Villalba, preso acusado por el fiscal de liderar a los labriegos en esa acción, que tiene claros visos de emboscada, con participación de franco tiradores alquilados, presumiblemente capangas de los latifundistas de la zona.

Ese día murieron 12 campesinos y cinco policías, una semana antes de que, utilizando esos crímenes como pretexto, Lugo fuera sometido al juicio express, por el cual fue destituido, con el alegato de mal desempeño de sus funciones. 

Lichi actúa de manera parcial e ilegal, pues las tierras donde se produjo ese luctuoso acto, aparecen como propiedad de un tío suyo, uno de los tantos jerarcas estronistas que aparecen en la larga lista de detentores ilegales de entre ocho a doce millones de hectáreas, en todo el país.

En el caos en el que se desliza el Estado paraguayo, con clara supremacía del Parlamento en las decisiones más importantes, obrando de hecho como una dictadura, el Ejecutivo es una de las expresiones más lastimosas pero le siguen muy de cerca el Poder Judicial y al Tribunal Superior de Justicia Electoral, con tres Ministros inamovibles funcionales en la práctica a las corruptas cúpulas de los Partidos Colorado y Liberal.
Fuente:Argenpress