1 de octubre de 2012

ROSARIO: VIEJAS COSTUMBRES...

Nos siguen pegando abajo
Por Lorena Panzerini
En lo que va del año, las denuncias por apremios ilegales contra policías se incrementaron un 30 por ciento. Atribuyen el aumento al stress laboral, las viejas prácticas y el conocimiento de sus derechos que tienen los apresados.


SE REGISTRO UN FUERTE INCREMENTO DE DENUNCIAS CONTRA POLICIAS POR APREMIOS ILEGALES.
Entre el stress y la vieja costumbre
El aumento de las denuncias en lo que va del año aumentó entre un 20 y un 30 por ciento. Lo atribuyen a la presión que hay sobre la fuerza para que se esclarezcan los casos, pero también a la falta de capacitación del personal policial.
Por Lorena Panzerini
Para el fiscal Camporini a veces la policía considera esclarecido un hecho "cuando hay detenidos".Imagen: Alberto Gentilcore.
Los sucesos violentos y delictivos que marcaron este 2012 revelaron otra realidad: Se incrementaron entre un 20 y un 30 por ciento las denuncias penales contra oficiales de la fuerza de seguridad, por apremios ilegales a personas detenidas. "Existe impotencia policial ante la exigencia de resultados para que se esclarezcan los hechos. Sucede que como la policía no está capacitada con un método científico para ello, vuelve a los viejos tiempos para que alguien confiese" y con eso "para ellos el caso está esclarecido", reflexionó el fiscal de Cámaras de los Tribunales provinciales, Guillermo Camporini, sobre el fenómeno. Por su parte, la defensora General de Cámaras, Marcela De Luca, instó a que en las causas por apremios, que se están investigando, se den "fallos en los que se condene la actitud, entonces la policía se va a cuidar más. Tiene que haber un límite, un parámetro". Desde su cargo,la funcionaria aseguró: "Siempre vamos a denunciar estos hechos porque hacen a la dignidad y al trato que merece todo ser humano".

En los últimos tres turnos semanales de las Defensorías penales hubo 29 denuncias -solo en cuatro de las seis que funcionan en los Tribunales de Rosario- por apremios ilegales de personas que llegaban privadas de la libertad para dar su declaración en sede judicial. La Defensoría Nº 11 está al tope con 14 denuncias entre los tres turnos; le sigue la Nº 10, con diez presentaciones contra agentes de la fuerza; en la Nº 8 ingresaron tres denuncias; y otras dos en la Nº 7. "Hoy, el detenido siente que cuenta con más garantías porque el Poder Judicial responde de otra manera, que es más positiva", dijo De Luca, quien al mismo tiempo indicó que en las últimas causas que tienen como víctimas a los detenidos a cargo de las defensorías, éstas se constituyeron como querellantes de las investigaciones por apremios.

Según explicó la funcionaria acerca de la normativa vigente para detención de personas, en un procedimiento policial donde haya detenidos la policía debe requerir dos testigos del arresto de personas sospechadas de haber cometido un hecho; sin embargo, en la realidad y según las circunstancias, ello no se cumple. Las excusas suelen estar relacionadas con el horario o el lugar de la detención que -dicen- imposibilita que haya personas que puedan atestiguar sobre la detención. "Si se anularan los resultados de ese procedimiento por no haberlo hecho según la regla, los policías se encargarían de que siempre estén los dos testigos".

Para la defensora General, "toda detención implica violencia; es un hecho violento y suele haber maltrato, porque la policía tiene la mayor fuerza en ese momento. Sucede que muchas veces lo que le decimos a la policía que no se hace, es lo que la sociedad pide. Si la policía cumpliera, habría mejores condiciones y no habría pruebas sucias ni nulidades. Esto es lo que deriva en impunidad".

Entre las justificaciones, los oficiales acusados suelen plantear que el detenido "se autolesionó", que "hubo resistencia"; o que "debieron defenderse". De Luca sostiene que "hay una concepción de autoridad, y eso es lo que hay que cambiar. La policía está para proteger, no puede dar miedo. Hay casos en los que los detenidos, aunque no lleguen golpeados, los traen a declarar sin haberlos alimentado ni higienizado; hay quienes llegan incomunicados, que ni su familia saben que están detenidos. Eso es ejercer un poder irracional e ilegítimamente".

La funcionaria apuntó a romper con esas costumbres y aseguró que "hay policías más humanos y han cambiado algunas cosas. La sociedad también debe saber que estos cambios van a mejorar la cuestión judicial".
Por su parte, el fiscal Camporini ejemplificó la situación con los detenidos acusados de robarle a la intendenta Mónica Fein, que fueron liberados 17 días después de la detención, por falta de pruebas. Es que en agosto pasado, el hecho generó cruces entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Desde la Justicia sostienen que para mantener privada de la libertad a una persona detenida por la policía hacen falta pruebas de que cometió el ilícito del que está acusado. Cuando se dan libertades por falta de pruebas, "la policía dice que así no se puede trabajar", porque si hay un detenido "consideran esclarecido el hecho". En ese momento, los imputados hablaron de maltratos de los uniformados de las comisarías 5º y 14º.

El funcionario judicial lamentó que las denuncias suelen ser contra uniformados de determinadas comisarías o del Comando Radioeléctrico, área de la fuerza que la semana pasada se manifestó sobre cuestiones salariales ante la posibilidad de dejar de cobrar los adicionales con el cambio de horarios propuesto por el Ministerio de Seguridad provincial. "Es una vergüenza que no tengan un ingreso digno; y esto desvirtúa todo. Tiene que haber una recompensación de todo tipo, sobre todo salarial y de capacitación sobre los métodos, y en derechos humanos", planteó Camporini.


OPINIÓN
SIETE DIAS EN LA CIUDAD
Bonfatti y la patrulla infernal
El gobernador resistió el amotinamiento de los patrulleros del Comando Radioeléctrico a un costo menor al que se esperaba. Ahora estudia como mostrar más dureza en la conducción de los uniformados sin generar nuevos espacios de rebeldía. El aviso político de Lifschitz y los preparativos de los partidos para el 2013.
Por Leo Ricciardino
Más allá de que el gobierno de Antonio Bonfatti haya decidido que iba a llevar las cosas al límite para convencerse y convencer de que la policía estaba protagonizando el primer y último amotinamiento de la gestión; para todos es claro que algo se quebró. Algo entre los mandos políticos y los policiales no es igual. Algo entre los jefes uniformados y los agentes tampoco es lo mismo. 

El paro de las patrullas de Rosario que dejó a la ciudad sin protección prácticamente durante casi todo un día fue un hecho grave, a no dudarlo, pero permitió ver ciertas cosas. La primera de ellas es la escasa gravitación de Apropol. El pretendido sindicato de Martínez llegó tarde y se quedó sin nada al final del día. No pudo extender la protesta hacia otras demandas y el predicamento de estos ex policías sobre los jóvenes agentes es prácticamente nulo.

Segundo. La no aparición de funcionarios políticos hasta bien avanzado el conflicto fue una estrategia muy arriesgada, pero no menos planificada. El ministro Raúl Lamberto sabía con exactitud los límites de la protesta y hasta dónde podía llegar. Se jugó al desgaste de los amotinados que después, tuvieron que incluir en la negociación la posibilidad de no ser sancionados. Pero sin garantías. El objetivo que tenían se cumplió: La policía no abandona el turno de tercios de 9 horas por 31 de descanso pero se compromete a intensificar los patrullajes.

También quedó en la superficie la precariedad laboral de los agentes que reclamaron como bravos por su tiempo de descanso pero, obviamente, no para pasarlo con sus familias sino para acumular adicionales que engrosen el magro sueldo que tienen. También, en ocasión de reunir a casi 50 patrulleros frente a la sede de gobierno (una ocasión que no abunda) se pudo observar claramente el estado de los mismos. Una cosa es ver a una patrulla deteriorada y con las gomas lisas y otra muy distinta es observar un lote
completo de autos que en su gran mayoría necesita urgentes mantenimientos.

La siempre mencionada interna policial también asomó por un momento. Hasta dónde los jefes Miranda y Brest mantienen diferencias, nadie lo sabe con exactitud, pero el segundo es conocido como un duro de acción que mantiene su respeto entre los agentes. Mientras que el número uno ha hecho una carrera diferente y no es de los que son seguidos por grandes grupos. Con todo, los dos se encargaron de bajar la orden del poder político. Claro que muchos suponen que lo hicieron para que si había equivocaciones, éstas quedaran en evidencia.

La oposición en la provincia, en general, eligió no agregar leña al fuego pero algunas cosas se dijeron. Lo más destacado y reiterado es que Bonfatti está pagando las consecuencias de lo que no hizo su antecesor y mentor Hermes Binner. Lo mismo que con el gasto público y los ingresos, para un vasto sector del peronismo la mayor parte de los problemas del actual mandatario tienen su origen en la gestión que heredó. Y muchas veces es difícil oponerse a esa situación cuando se observa que en lugar de Lamberto estuvo Alvaro Gaviola cuya experiencia más fuerte en seguridad había sido sellar documentos en el Registro Civil. Claro que para ser justos habría que recordar que Bonfatti era el ministro de Gobierno y que muchas veces se lo escuchó defender al propio Gaviola y su no-gestión. De todas maneras hoy la realidad es otra y ya sea por mérito propio o por necesidad, la actual gestión socialistas logró mostrar otras dotes. Primero con Leandro Corti, quien cayó por exceso de carácter pero aún se lo extraña; y ahora un hombre del riñón político que puede conducir sin levantar la voz y mostrar una lealtad a prueba de todo.

Pero la policía sólo cambia de perfiles. El blando por el duro, el dialoguista por el autoritario, y -cuando se puede- el insospechado por el sospechado. Siendo este último perfil el más difícil de encontrar. Los uniformados no son pocos ni muchos, lo importante es que son un actor clave en la película de la inseguridad, se le den las vueltas que se le den. Y cuando los standards son rebasados las cosas empiezan a salir mal, como sucede ahora en Rosario donde a los delitos menores que más molestan a la gente, se le agregan los complejos con nuevas características que desorientan a las autoridades.

El que avisa.

Esta semana el senador provincial Miguel Lifschitz salió a marcar la cancha para el 2015. Avisó para propios y extraños que no tiene el menor interés en integrar una lista de candidatos a diputados nacionales por el Frente Amplio Progresista y que prefiere reservarse para una candidatura a gobernador para 2015.

Cuando se le pregunta a Lifschitz qué cree que perdió cuando todos lo señalaban como el sucesor cantado de Hermes Binner en la Casa Gris, y en su lugar el líder del FAP se decidió por Bonfatti; el ex intendente de Rosario usa -como muchas veces lo hace- una fórmula invariable para decir poco y evitar hablar de lleno del asunto: "Yo nunca me imaginé que iba a llegar a intendente, por lo tanto uno tiene deseos personales pero está convencido de un proyecto y ahí va donde lo necesitan". Claro que no es tan así, pero en política nada lo es.

Con todo el senador quiere cumplir su mandato y salir de la disputa. Además sabe que está Binner que para diputados las encuestas lo muestran cortado sólo en Santa Fe.

El que volvió a relanzarse, por cuarta o quinta vez como candidato a encabezar una lista de diputados en Santa Fe es Miguel del Sel. El cómico mira de reojo los números y en su entorno cada vez están más convencidos de que el batacazo inexplicable de 2011 está cada vez más lejos. Los zondeos actuales lo ubican tercero cómodo en la preferencia de los santafesinos. Pero todavía falta mucho.

Agustín Rossi ya está lanzado desde hace tiempo y en las encuestas empezó a trepar en las últimas semanas. Esta candidatura es totalmente distinta de la anterior suya a gobernador donde se jugaban otros factores. Rossi es ahora identificado como una carta fuerte del oficialismo en el Congreso y ahí en ese núcleo duro es en donde cosecha votantes. Su papel destacado en temas clave como la reestatización de YPF lo ubican como una pieza central del gobierno en el parlamento y no es otro el perfil que debe mostrar en esta elección.

En el mismo sector, muchos peronistas ahora dicen que "hay uno que se apuró a probarse el traje" en referencia al ascendente intendente con licencia de Granadero Baigorria y secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos. Su participación en las negociaciones por la reforma tributaria lo dejaron un tanto en falsa escuadra y no son pocos los que recuerdan aquel reto vía satélite de la presidenta cuando dijo "yo no tengo voceros en Santa Fe que hablen por mí", a lo que añadió "me contaba Agustín (Rossi) que...", con lo que dejaba aclarado que la reprimenda no era para el jefe de la bancada de Diputados del Frente para la Victoria. Habrá que esperar, aunque por las dudas dicen que el joven abogado baigorriense prepara un colectivo para largar la campaña, para el año que viene o para el 2015. Se verá.
Fuente:Rosario12                                                

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