Por Carlos del Frade
Lunes, 29 de Octubre de 2012 | (APe).- -Basta de excusas. Esta no es la policía que heredaron…-dijo el diputado nacional Agustín Rossi, una de las principales espadas políticas del kirchnerismo, al referirse al escándalo y posterior crisis institucional que provocó en Santa Fe, la segunda provincia del país, la renuncia de Hugo Tognoli a su cargo de jefe policial porque se lo investiga por vínculos con el narcotráfico y la trata de personas.
El viernes pasado, socialistas, radicales y peronistas de varios pelajes escenificaron una nueva hipocresía: convocaron a una reunión a los diputados nacionales y el kirchnerismo se fue porque, según dijo, no iba a estar presente la prensa.
Mezquindades.
Declaraciones para la tribuna.
Buscar aumentar o reducir el costo político.
Corralito ideológico que quiere subordinar a los más de tres millones de santafesinas y santafesinos a la suerte individual de Tognoli y a quién es el mayor responsable entre gobiernos socialistas y peronistas que administraron la provincia durante casi un cuarto de siglo.
-En las escuelas las chicas de doce o trece años ya no sueñan con ser botineras. Ahora quieren ser narqueras…-cuenta la maestra Mabel Ríos como ejemplo existencial concreto de lo que sucede en el barrio con la naturalización del narcotráfico como herramienta económica pero también como identidad individual y colectiva.
Y agrega: “Un chico dibuja una imagen del barrio. En un costado, un chico triste con una pelota. Está solo. Del otro lado, un grupito de pibes contentos, con una gran sonrisa, disparan al cielo. Son los que venden merca”, describe Mabel.
Esa es la realidad que hoy parece ser olvidada por los funcionarios nacionales y provinciales, la cotidiana presencia del narcotráfico consumiéndose la vida de las pibas y los pibes en las principales ciudades de la provincia.
Por un lado, millones y millones de dólares que van a parar a pocas manos; por el otro, centenares de chicas y chicos que hoy ya no están, sangre joven derramada y hoy silenciada detrás de los números oficiales que multiplican las muertes detrás de la escasa y cómplice frase de “ajustes de cuentas”.
Es clara la responsabilidad del gobierno socialista en la selección de sus jefes, como también es notoria la construcción de los nichos corruptos dentro de La Santafesina SA del justicialismo a lo largo de sus veinticuatro años de gobierno. La serpiente apareció con la administración Bonfatti pero el huevo de la serpiente de fue alimentando y desarrollando con los restos del partido fundado por el viejo General.
Las últimas cifras oficiales dicen que hasta mediados de octubre se llevan secuestrados más de 440 kilogramos de cocaína, dos mil veces más que en 1988. Un fenomenal negocio económico que entraña no solamente la participación de narcopolicías y funcionarios del poder ejecutivo, sino también de miradas intencionalmente ciegas de parte del poder legislativo, del judicial y también del ejecutivo nacional.
Mientras tanto, en los barrios, los pibes olvidan la pelota, se divierten disparando al cielo y las chicas quieren enganchar a un narco como sinónimo de progreso personal y social.
La suerte individual de Tognoli no explicará la triste historia de resignaciones de los partidos mayoritarios, no solamente en Santa Fe, sino en toda la Argentina.
Fuentes: Diarios “La Capital”, “El Ciudadano” y “Rosario/12”, durante los días 26, 27 y 28 de octubre de 2012.
Fuente:IndymediaRosario
Los pruebas alcanzarían para poder poner cerca del procesamiento a Hugo Tognoli
Se esperan nuevos informes, pero con lo disponible hasta ahora lo menos probable es que sea desvinculado. En esta etapa del trámite para acusar se requiere probabilidad de delito y no certeza. Eso complica al ex jefe.
Por Hernán Lascano
La situación procesal del ex jefe de policía provincial Hugo Tognoli podría resolverse el lunes próximo. Ese día vence el plazo de diez días hábiles a partir de la indagatoria para que el juez federal Carlos Vera Barros se expida. El duelo de posiciones entre la acusación y la defensa se reduce a dos planteos. Por un lado, la fiscal federal Liliana Bettiolo entiende que, más allá de cómo termine este pleito, resulta central el hecho de que se efectuó una consulta desde la ex Dirección General de Drogas Peligrosas sobre el dominio de un automotor de una fuerza de seguridad que perseguía a un supuesto narcotraficante con el fin de darle información. Por el otro, el abogado de Tognoli dice que si eso es verdad no hay responsabilidad penal de su cliente ya que no era poseedor ni usuario de la clave con la que se realizó la averiguación.
A esta altura del caso, con los elementos disponibles y sin atender al notorio peso del contexto político que incide en él, el juez de Instrucción Carlos Vera Barros podría inclinarse a procesar a Tognoli por supuesta protección a un detenido por narcotráfico.
Para procesar a alguien por un delito presunto, en el primer tramo de una investigación penal, alcanza que las pruebas reunidas demuestren en forma racional la probabilidad positiva de que el imputado haya cometido ese delito. Para condenar a Tognoli no hay dudas de que lo reunido hasta ahora es harto insuficiente.
Para procesarlo se presume que no.
Indicios. La fiscal Bettiolo encadena estos hechos indiciarios para llegar a su imputación con hechos que están acreditados:
• Existe una comunicación de Carlos Ascaíni, detenido en Piñero por cargos de narcotráfico, al teléfono de la comisaría de Villa Cañás, pidiendo que le informen sobre un vehículo que lo perseguía. Tal cosa consta en la llamada 10 del casete 6 lado A registrado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que seguía a Ascaíni entre el 23 y el 30 de noviembre de 2009.
• Tras esto alguien pide al Registro de Propiedad Automotor (RNPA) que averigüe de quién es el dominio. La consulta se hizo el 25 de noviembre de 2009 a las 18.08, según el RNPA, con una clave de la "Dirección General de Prevención y Control de Adicciones-Hugo Tognoli".
• Luego de esto Ascaíni presenta, el 20 de mayo de 2010, un hábeas corpus en el juzgado federal 4 de Rosario donde denuncia que lo seguían con dos camionetas. "Según he podido averiguar en la comisaría de Villa Cañás, me fue informado que son de la PSA, tengo miedo por mi familia y mis vecinos". Este elemento gravita para acusar. Prueba que la información le fue suministrada porque Ascaíni hizo algo con ella: presentar el hábeas corpus. Que sea la comisaría la que le pasa información a Ascaíni es considerado un absoluto disparate.
• Simultáneamente, de otra fiscalía le hacen saber a Bettiolo el mensaje de texto en el que la dueña de un burdel le pide al comisario mayor Oscar Ledesma de General López los nombres de los narcos a los que debe comprar droga y los jefes policiales a los que supuestamente comprar tolerancia. El mensaje de Ledesma dice que el narco de Villa Cañás (menciona a Ascaíni) arregla "30000 directo con Tognoli".
• Por último, suma como elemento indiciario que la Justicia provincial tiene una causa, impulsada por la fiscal de Cámaras María Eugenia Iribarren, en base a una denuncia anónima que menciona a Tognoli en una reunión del 2 de enero pasado en Santa Fe con un importante narco de Rosario.
Refutación. El abogado de Tognoli, Eduardo Jauchen, refuta punto a punto estos temas. Lo hizo en una entrevista publicada el jueves pasado en este diario que no puede ser citada por una cuestión de extensión de esta nota. Básicamente señala que el usuario de la clave atribuida a Tognoli es de modo probado otra persona: el actual jefe de la comisaría 2ª de Rosario, Néstor Juan Fernández.
Este comisario se presentó a la Justicia al difundirse el caso. Ahora será citado a declaración informativa o indagatoria. Fernández, al momento de la consulta de los vehículos de la PSA, era jefe de Drogas Peligrosas en Venado Tuerto, muy cerca de Villa Cañás. Lo convocarán porque su eventual rol es relevante antes de la resolución judicial: la defensa de Tognoli sugiere que si se prueba que usó la clave la situación del ex jefe provincial se alivia.
Complicado. Otro elemento que complica a Tognoli no tiene que ver con pruebas de la causa sino con acciones suyas posteriores a la difusión de la nota del diario Página/12 que señalaba su involucramiento en este caso. Uno es un llamado de Tognoli para ponerse a disposición con un juez (Bailaque) que no era el competente (Vera Barros) cuando funcionarios del gobierno provincial (uno de Asuntos Internos y un ministro del Ejecutivo) tuvieron reuniones con Vera Barros. Si el gobierno tenía claro que el juez era Vera Barros también Tognoli debió saberlo. Y luego la demora en su presentación al requerirse su captura.
Estos elementos, sumados a los indicios encadenados planteados por la fiscal, no le reportarían a Tognoli buenas noticias en el tramo inicial de este controvertido caso.
Fuente:LaCapital
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