“COMPLICE EN PRIMER GRADO”
Por Alejandra Dandan
EL DUEÑO DEL INGENIO LEDESMA FUE ACUSADO COMO COMPLICE DE 29 SECUESTROS, ENTRE ELLOS LOS DE LA NOCHE DEL APAGON
Blaquier procesado por la represión dictatorial
El juez Fernando Poviña lo procesó en dos causas. “La cooperación tuvo lugar en el marco de una persecución político-sindical llevada a cabo por la empresa Ledesma”, dice el escrito, que también alcanza al ex gerente administrativo Alberto Lemos.
Por Alejandra Dandan
Imagen: DyN
El paso está dado. El juez federal Fernando Poviña procesó al empresario Carlos Pedro Tadeo Blaquier como cómplice en primer grado de la privación ilegal de la libertad agravada de 29 personas durante la última dictadura militar. El procesamiento se hizo en dos causas, cuyas distintas características importan para entender el peso determinante de esta medida.
El primer expediente se refiere a tres dirigentes sindicales secuestrados el 24 de marzo de 1976, entre los que está el ex intendente Luis Arédez. Las otras 26 personas son secuestrados de la Noche del Apagón de julio de ese año. Los “referentes” sindicales del primer grupo, con fuertes vínculos con los trabajadores del Ingenio Ledesma, fueron perseguidos y secuestrados “individualmente”. Los integrantes del segundo grupo “no eran referentes”, pero estaban emparentados con los trabajadores y eran posibles enemigos de la empresa. Además del dueño del Ingenio Ledesma, Poviña procesó al gerente administrativo Alberto Lemos. Embargó a Blaquier por once millones de pesos y a Lemos, por cinco. La resolución dio por probados dos tipos de colaboración: el aporte material –fundado especialmente en los “vehículos”– y el “dolo”: la voluntad de colaborar con una dictadura que fundaba un nuevo orden económico “neoliberal” que los beneficiaba: “La cooperación en cadena de los imputados tuvo lugar, a su vez, en el marco de una persecución político-sindical llevada a cabo por la empresa Ledesma SAAIII –dice el escrito– contra los dirigentes sindicales de la misma, tal como se evidenció oportunamente”.
En los dos procesamientos, de unas 200 páginas cada uno, además del análisis y organización del cúmulo de prueba, se citan antecedentes de Nuremberg y de otros escenarios de justicia, como para empezar a pensar jurídicamente aquí la responsabilidad penal del sector empresario. Ese es el contexto en el que lee el caso Ledesma, y acaso es uno de los aportes importantes para próximas causas.
“En tanto que además de aquel apoyo intra e interinstitucional con el que contaron las fuerzas de represión para arrebatar la representación política, los militares a cargo de los sucesivos golpes de Estado fueron apoyados y se beneficiaron con la colaboración activa de los mayores grupos económicos del país”, dice la resolución. “La política económica y la política represiva estuvieron, entonces, estrechamente relacionadas. Así, no resulta sorprendente a esta altura del análisis que aquellos militares que participaron en los sucesivos golpes de Estado y asumieron la conducción estatal como ministros o funcionarios públicos fueran luego de su retiro contratados por las grandes corporaciones como lobbistas o asesores”. Con estas citas de Victoria Basualdo y Daniel Cieza, entre otros, Poviña situó a Ledesma en su mundo de relaciones políticas con nombres como José Alfredo Martínez de Hoz, los créditos que beneficiaron a Ledesma y las políticas de liquidación de los ingenios azucareros del norte del país que sirvieron para concentrar la industria en Salta y de Jujuy, y allí de Pedro Blaquier.
En este esquema, de confluencia de intereses, observó el resto de la causa. Situó a Lemos y Blaquier en la figura de “cómplice” pensando en el rol posible para quienes no eran funcionarios del espacio político. Y en ese contexto analizó los dos aportes.
“En resumidas cuentas –indicó–, el aporte rendido por Blaquier y Lemos como la facilitación de medios de transporte para el traslado de los detenidos se orientó a la consumación de los hechos principales de privación de libertad de las víctimas.” Pasado ese primer peldaño, “y de acuerdo con las especiales circunstancias históricas que rodean los hechos, puede inferirse que los imputados obraron dolosamente, es decir, se advierte que tenían pleno conocimiento de que realizaban un aporte de convergencia lesiva en los hechos delictivos perpetrados por las Fuerzas Armadas dentro de un ataque generalizado y sistemático en la denominada lucha contra la subversión. En dicho contexto, la cooperación en cadena de los imputados Blaquier y Lemos tuvo lugar, a su vez, en el marco de una persecución político-sindical llevada a cabo por la empresa Ledesma contra los dirigentes sindicales de la misma, tal como se evidenció oportunamente, al reconstruir las acciones reprochadas”.
La prueba
Según la resolución, la investigación no está cerrada, sino que debe continuar sobre el resto de las acusaciones realizadas por el fiscal Pablo Pelazzo y las querellas. Están pendientes la imputación por tormentos y homicidios y el pedido de detención.
Hasta ahora, las resoluciones en las causas por delitos de lesa humanidad hicieron hincapié en la persecución política e ideológica de la última dictadura, explican desde el juzgado. Esta resolución intenta modificar conceptualmente la forma de concebir la confluencia de intereses entre el sector empresario y los militares. Ese es el corazón del escrito. Luego analiza la contribución de Ledesma, marcada especialmente por el aporte de vehículos para trasladar a los detenidos en forma ilegal en el contexto de dos expedientes: 1) la llamada “causa Arédez” y 2) la causa conocida por “la Noche del Apagón”.
1) En la causa Arédez, los procesaron por tres de las cinco víctimas. Fueron detenidas el 24 de marzo, las llevaron a la cárcel de Villa Gorritti, luego a la Unidad 9 de La Plata y las dejaron en libertad. Todos eran dirigentes sindicales conocidos y quedó demostrado que con tres de ellos usaron las camionetas de la empresa para los traslados. Todos fueron individualizados, detenidos de forma aislada, y en general en sus domicilios.
2) El otro expediente son las víctimas de las noches de apagones del 20 al 27 de julio de 1976. Aunque no son todas las víctimas, el procesamiento probó la complicidad de los empresarios en 26 traslados. Así como las otras estaban “invididualizadas”, estos secuestros fueron colectivos. “Las detenciones fueron masivas y, en ese caso, donde para poder hacer todo eso la policía provincial contaba con poco parque automotor, necesitaban más vehículos, porque eran muchas las personas que se iban a detener”, explica una fuente de la causa.
“Ellos no eran los ‘referentes’ sindicales sino los que quedaban ‘por las dudas’: tenían algún tipo de vínculos con la empresa o familiares, no eran las personas individualizadas como parte de la lucha sindical”.
El aporte “doloso” quedó fundado en las pruebas que demuestran la persecución que ejerció Ledesma sobre los trabajadores. Entre ellas está el material que recogió el juzgado en los allanamientos, como los legajos con indicaciones de filiación política y biográfica de los delegados y obreros. Y los informes que demuestran que iban siguiendo el recorrido interno de los detenidos. El caso de Arédez es especialmente representativo porque todas las pruebas indican que su persecución se fundó en el importantísimo rol que tuvo a nivel sindical la reivindicación de derechos sociales y la decisión de cobrarle impuestos a la empresa, como lo dijo una y otra vez su mujer, Olga Arédez, hasta su muerte, una figura que también es destacada en el procesamiento. Blaquier y Lemos hasta ahora fueron procesados por su primer secuestro, todavía queda pendiente el segundo y su desaparición.
El aporte de los vehículos se sostiene en innumerables testimonios, pero además en documentos que permitieron consolidar la prueba: el libro de novedades del destacamento de Orán que marca el ingreso de camiones de Ledesma el día del golpe y, entre otros, un convenio hallado la semana pasada entre el jefe de Gendarmería de la zona y la empresa Ledesma para la provisión del camiones. El jefe de Gendarmería en ese momento era Antonio Domingo Bussi, el convenio es posterior a los hechos, pero para el juzgado vino a blanquear la situación de hecho.
SOBREVIVIENTES Y FAMILIARES DESTACARON EL PROCESAMIENTO
“Era lo que esperábamos”
Los hijos de Luis Arédez consideraron que la imputación a Carlos Pedro Blaquier “es el resultado de no bajar las banderas de memoria, verdad y justicia en el lugar más difícil del norte argentino”.
Por Adriana Meyer
Las causas por delitos de lesa humanidad vinculadas al Ingenio Ledesma se reactivaron el año pasado.
Ricardo Arédez recibe la noticia en Buenos Aires y disca rápido para expandirla mientras le late fuerte el corazón. Su hermana Adriana desde Tilcara dice que está “súper alegre” y piensa que su mamá Olga “tendría que estar acá”. Hilda Figueroa, sobreviviente de la Noche del Apagón, dice desde Libertador General San Martín que siente un “alivio en esta herida que lleva 38 años”, y una “esperanza cierta y concreta porque por fin la Justicia nos está escuchando y está caminando, más allá de lo que ahora demore en cerrarla del todo”. Demasiados años esperaron las víctimas este momento, que les trae algo de consuelo en su lucha contra el dominio de los dueños del Ingenio Ledesma. Pero no logra ahuyentar del todo el miedo por el poder que aún detentan los Blaquier en la vida cotidiana de Libertador General San Martín y la región.
Así lo expresaron ayer a Página/12 algunos testigos protegidos en esta causa, que admitieron el impacto que les causó conocer que Carlos Pedro Blaquier fue procesado, y también cierto nerviosismo porque en teoría no deberían tocarles “ni un pelo”, pero la realidad es que “las cosas son muy distintas acá, en el territorio, ante las barbas del Ingenio”. Las “cosas” allí parecían destinadas a no modificarse jamás, pero el año pasado se reactivaron los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad y en este caso el capítulo de la participación civil y empresarial en la dictadura. Esto sucedió al calor de una intensa movilización de grupos sociales y de derechos humanos, que contaron con apoyos de sus pares nacionales, y la postura de la Unidad Fiscal Especial de Seguimiento de causas por los crímenes cometidos por los sicarios del terrorismo de Estado y sus colaboradores. Sin embargo, una seguidilla de episodios de amedrentamiento a testigos y sobrevivientes, sumados a la reticencia del imputado Blaquier a ajustarse a derecho, alertó sobre la resistencia que estaba dispuesto a oponer el poder real en esa parte de la provincia.
El menor de los cuatro hermanos Arédez prefiere ser cauto hasta conocer los fundamentos del fallo que procesó al empresario Carlos Pedro Blaquier y al administrador del Ingenio Ledesma, Alberto Lemos, en dos de los emblemáticos expedientes por los secuestros ocurridos en esa localidad jujeña en 1976. “Es el resultado de no bajar las banderas de memoria, verdad y justicia en el lugar más difícil del norte argentino, y aunque aún no podemos hablar de un triunfo, sí lo consideramos un hecho histórico. Es la primera vez que en Jujuy hay un juez comprometido con resolver esto que era tan evidente”, dice en diálogo con Página/12. “Es una reivindicación de la memoria de las madres y padres que ya no están, los desaparecidos, los ex presos políticos, sus mujeres y todos los que vivimos la persecución de esta gente”, agrega.
En julio de 1976, Hilda Figueroa era estudiante de abogacía en la Universidad de Tucumán y fue detenida durante uno de los apagones en Libertador General San Martín; la llevaron a la comisaría de Calilegua y luego al centro clandestino de Guerrero, donde fue torturada. “Esto vino con velocidad a partir del nombramiento de (el juez Fernando) Poviña, y lo recibimos con regocijo e incredulidad, aunque era lo que esperábamos desde hace tanto tiempo”, dice, consultada por este diario. A su criterio, el fallo “abre un proceso en el que se van a tener que hacer cargo de lo que hicieron, por ejemplo, si hubo colaboración con listas que pudieron haber aportado en la dictadura en defensa de sus intereses”. Y asegura que podría ayudar a “cerrar las heridas que tenemos abiertas, porque todo lo que denunciamos sucedió, no fue un mito”. Para Figueroa –que preside la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado regional Ledesma– lo peor de las casi cuatro décadas que transcurrieron fue “la indiferencia” de sus victimarios, que “ahora tuvieron que salir a hablar y tratar de defenderse”, y “la condena social que nos dictaron desde el primer momento por esa cultura cómoda de guardar silencio, la pesada mochila que cargamos los sobrevivientes que sólo pudimos superar saliendo de lo individual hacia la lucha colectiva”.
El 11 de abril de 2011 Adriana Arédez fue citada por el ex juez federal Carlos Olivera Pastor y amplió detalles de una declaración testimonial que había hecho su madre, Olga Márquez de Arédez, ante el juez español Baltasar Garzón. Cuando terminó el interrogatorio, dijo que quería denunciar “a todo el directorio de la empresa, brigadieres, jerarcas, a Mario Paz, a Alberto Lemos y a los Blaquier”. Recuerda que los funcionarios judiciales se sorprendieron, que ni siquiera tenía abogado y por eso fue a buscar a Pablo Pelazzo, actual fiscal ad hoc en el expediente, porque “era el que más conocía las causas y me empezó a respaldar”. Su hijo Mariano, que es abogado, le había dicho: “Mami, las empresas no matan, matan las personas, tenés que dar nombres”, y entonces se mudó de Catamarca a Jujuy para impulsar esa denuncia, para “hacerles un seguimiento semanal”. Se refiere a Olivera Pastor y al fiscal Domingo Batule, a quienes sigue acusando de responder a los intereses de los imputados. “Y empecé a pedir las pruebas que mi vieja desparramó en Europa, nosotros teníamos algo, el CELS aportó y siguen los aportes, de (Eduardo) Aliverti por ejemplo”, agrega. La segunda hija de los Arédez festejó que Blaquier “haya sido embargado por el secuestro de mi padre y de las demás víctimas”, pero aclaró que “eso no la libera a Nelly Arrieta, y a sus hijos que hicieron el espionaje en democracia” durante la Marcha del Apagón de 2005.
Fuente:Pagina12
El dueño de Ledesma está imputado en las causas Aredez y Burgos
La justicia procesó a Blaquier por 29 casos de secuestro en 1976
Por: Gerardo Aranguren
La decisión la tomó el juez federal Fernando Poviña, quien lo imputó como cómplice primario en 26 casos de privación ilegítima de la libertad en la causa Burgos, que investiga los hechos ocurridos durante La Noche del Apagón, y por los secuestros del intendente de Libertador San Martín, Luis Ramón Aredez, de Omar Gainza y de Carlos Melián, empleado de Ledesma.
El procesamiento también incluyó a Alberto Lemos, quien era el administrador de la empresa durante la dictadura. En su resolución, el magistrado entendió que Ledesma "facilitó medios de transporte para el traslado de los detenidos", una acusación histórica contra la empresa apoyada en las declaraciones de testigos que aseguraron haber visto camiones con el logo de Ledesma durante el apagón de julio de 1976, cuando más de 400 personas fueron secuestradas en las localidades de Libertador San Martín y Calilegua.
Por los mismos hechos, Lemos fue procesado como partícipe secundario. Si bien el juez decidió que permanezcan en libertad, debido a que quedaron acusados por privaciones ilegítimas de la libertad, les trabó embargo sobre su patrimonio: 11 millones para Blaquier y de 5,5 millones de pesos para Lemos. "El aporte rendido por Blaquier y Lemos se orientó a la consumación de los hechos principales de privación de libertad de las víctimas: Aredez, Gainza y Melián, conforme surge del análisis e interpretación de los elementos probatorios, esenciales, incorporados al proceso y que fueran reseñados", señala Poviña en el expediente Aredez.
Allí destaca el testimonio de Olga Márquez de Aredez, ya fallecida, esposa del ex intendente de Ledesma, quien señaló que su esposo fue sacado de su domicilio el 24 de marzo de 1976 en una camioneta blanca con el logotipo de la compañía Ledesma. Lo mismo relataron su hijo, Ricardo, y el propio Carlos Melián, que contó cómo fue trasladado hasta la cárcel de Jujuy en una camioneta que pertenecía al ingenio.
"Se pudo corroborar la utilización de los vehículos de la Empresa Ledesma S.A.A.I. por parte de las Fuerzas Armadas y de Seguridad para el traslado de los detenidos mencionados precedentemente", concluyó Poviña y agregó que el rol de Blaquier fue clave: "Impartió la orden a Lemos para que este proveyera de medios de transporte a las fuerzas armadas y de seguridad para hacer efectivo el traslado de los detenidos hasta los distintos lugares de detención, donde fueron alojados (participación indirecta en el hecho del autor)", explica en el fallo que le otorga el rol de cómplice primario por haber sido "aquel que realiza un aporte material necesario en un hecho ajeno, sin el cual este no habría podido cometerse."
Lo mismo determinó en la causa Burgos, sobre La Noche del Apagón. "Algunas o varias de las víctimas una vez detenidas habrían sido trasladadas en algún momento con el aporte de vehículos de la Empresa Ledesma hasta las seccionales policiales o inclusive hasta el CCD de Guerrero, donde permanecieron transitoriamente bajo torturas, siendo presuntamente asesinados algunos de ellos", señaló sobre los 26 casos por los cuales Blaquier y Lemos quedaron procesados.
Sin embargo, aseguró que no consta en la investigación que el propósito del aporte de vehículos haya sido específicamente para que los utilizaran los grupos de tareas. El fiscal Pelazzo se mostró conforme con el procesamiento. En diálogo con Tiempo Argentino señaló que "el criterio establece la complicidad empresarial con la dictadura, en ese sentido es histórico, y es el primero que marca la responsabilidad de Ledesma en los delitos de lesa humanidad".
Sin embargo, adelantó que apelará el fallo de Poviña, quien dictó falta de mérito a Blaquier y Lemos por tormentos y homicidios, que habían sido reclamados por la fiscalía.
El procesamiento del dueño de Ledesma marca un hito en la lucha por los Derechos Humanos en Jujuy. La causa contra Blaquier llevaba años paralizada en el Juzgado Federal 2 mientras era subrogado por Carlos Olivera Pastor, que había rechazado el pedido de indagatoria al empresario a pesar de las pruebas que constaban en el expediente.
La salida de Olivera Pastor, quien había sido sostenido en el cargo por la Cámara Federal de Salta, se dio luego de una movilización a su juzgado en el aniversario de La Noche del Apagón y una masiva marcha, con más de 100 mil personas, en el aniversario del golpe.
Algunas semanas después asumió el cargo el juez tucumano Poviña, y en poco tiempo le dio impulso a la causa: realizó allanamientos en las oficinas de Ledesma e indagó al dueño del ingenio, quien parecía intocable.
El 8 de agosto pasado, Blaquier declaró por videoconferencia desde el Consejo de la Magistratura, alegando problemas de salud y luego de frustrarse un intento de hacerlo en Jujuy tras incidentes frente al juzgado.
En la indagatoria, Blaquier negó todos los cargos y argumentó que el tránsito de camionetas de la empresa en La Noche del Apagón era normal por la temprana actividad en el ingenio, y consideró que la participación de Ledesma en la represión es parte de un "mito" creado a partir del documental Sol de Noche, producido por Eduardo Aliverti.
la complicidad civil, investigada
La justicia comenzó a investigar y juzgar la complicidad y responsabilidad de los empresarios en la última dictadura militar. El Tribunal Oral en lo Criminal de Mar del Plata condenó, en marzo, a once años de prisión a dos civiles por delitos de lesa humanidad y ordenó investigar la responsabilidad del directorio de la empresa Loma Negra en el secuestro y asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno.
Se trata de Julio y Emilio Méndez, propietarios de la "Chacra de Méndez", donde estuvo detenido Moreno. Los jueces señalaron que en el debate oral surgieron elementos de convicción que permiten sospechar que integrantes del directorio de Loma Negra habrían inducido los delitos que terminaron con el homicidio de Moreno.
El juez federal Julián Ercolini debe decidir si cita a indagatoria a Héctor Magnetto y a Bartolomé Mitre por la causa Papel Prensa, donde están denunciados como partícipes necesarios de delitos de lesa humanidad. Otro caso se produjo cuando el dueño de la empresa de transporte La Veloz del Norte, el salteño Marcos Jacobo Levin, fue procesado por el secuestro de Víctor Manuel Cobos, delegado gremial.
La Oficina de Coordinación de Políticas de Derechos Humanos, Memoria, Verdad y Justicia, trabaja bajo la órbita de la CNV, Alejandro Vanoli, para identificar documentación vinculada con la dictadura sustancial para colaborar con las investigaciones judiciales.
el zar del azúcar
Hijo de Carlos Blaquier Alzaga y María Ester Guillon, el 27 de agosto Carlos Pedro Tadeo Blaquier cumplió 85. Con cinco hijos y casado en segundas nupcias, a su edad muchos hombres reflexionan sobre el pasado. En su caso, es la justicia quien lo obliga a dar cuenta de lo hecho tiempo atrás.
Blaquier encabeza el poderoso Grupo Ledesma y tiene bien ganado el mote de "zar del azúcar". Sin embargo, su fortuna y sus influencias –que se evidenciaron en los intentos por invisibilizar el juicio en su contra– no sólo se deben a las operaciones azucareras. Los negocios de Blaquier también incluyen la fabricación de papel, la exploración petrolera y el rubro agropecuario.
De todas maneras, el ingenio ubicado en la provincia de Jujuy sigue siendo su principal activo, además de ser una pieza central en la trama conocida como La Noche del Apagón: el brutal operativo ejecutado por el terrorismo de Estado en julio de 1976, cuando fueron secuestradas 400 personas, de los cuales 30 siguen desaparecidas.
La llegada de Blaquier al emporio azucarero data de 1952, cuando contrajo matrimonio con María Nelly Arrieta, heredera de Ledesma. En 1962, durante el gobierno de facto de José María Guido, José Martínez de Hoz, secretario de Agricultura, y Juan Alemann, subsecretario de Comercio, impulsaron una medida clave para el ingenio: su nombramiento como "de interés nacional".
Ya en 1966, en tiempos de la autodenominada Revolución Argentina, el ingenio La Merced, una de las operaciones de Ledesma, quedó al margen del desmantelamiento aplicado por la dictadura sobre el sector y que afectó a sus competidores.
En su auto de procesamiento contra Blaquier, el juez Fernando Poviña mencionó al abogado Jaime Perriaux, al que define como "otro enlace principal entre las autoridades militares y el establishment local". Poviña señaló que Perriaux, "desde su cargo en la administración pública fungió como colaborador de grandes corporaciones, entre ellas, el Grupo Ledesma".
También agregó que "según recuerda el ex secretario de Agricultura del gobierno de facto, Jorge Zorreguieta, en los años previos al golpe de 1976 se habrían realizado numerosas reuniones entre Martínez de Hoz (ACINDAR), el imputado Carlos Pedro Blaquier (Ledesma), Alejandro Braun Menéndez (Presidente de la Cámara de Comercio y de La Anónima), el nombrado Jaime Perriaux y Mario Cadenas Madariaga", entre otros.
De allí mismo, de esas tertulias donde se mencionó a Blaquier, saldría la cúpula civil que, tras el golpe del '76, se sumaría a la Junta Militar.
Fuente:TiempoArgentino
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