Año 5. Edición número 233. Domingo 4 de noviembre de 2012
Por Demián Verduga
dverduga@miradasalsur.com
Ninguna fuerza política argentina ha hecho de la derogación de la ley de medios una bandera. Ni siquiera cuando la oposición tuvo mayoría en el Parlamento, entre diciembre de 2009 y diciembre de 2011, el bienio en que predominó el Grupo A, se planteó la posibilidad.
Esto se explica en parte porque aquella mayoría opositora también estaba compuesta por fuerzas que habían acompañado la Ley, como el socialismo, algo que habría que recordar antes de señalarlos con el dedo. Además de estos motivos visibles, hay alguno subterráneo: las operaciones políticas que el multimedio ha hecho durante tantos años de hegemonía, de las que han sido víctimas casi todos los partidos del sistema político.
Antes de seguir, una salvedad en honor al rigor: sí hubo un dirigente opositor que propuso la derogación de la ley de medios. Fue Eduardo Duhalde durante la campaña electoral del 2011, el ex presidente que en las elecciones generales sacó el 5,86% de los votos.
Los radicales. Cuando se habla sobre la relación con Clarín con los operadores políticos del radicalismo, lo primero que destacan es que en el partido “nadie se olvida de lo que le hicieron a Raúl Alfonsín”. Hoy está ya muy claro el nivel de presión que el Grupo ejerció sobre el gobierno radical cuando pretendía la modificación de la ley de radiodifusión de la dictadura para poder comprar Radio Mitre.
Esa presión tuvo su clímax cuando Alfonsín contestó, en el discurso –ya celebre– que dio en la inauguración de la Sociedad Rural el 12 de febrero de 1987. Un dato más actual para subrayar es que por ahora la agenda política de los boinas blancas no se centra en el 7/D ni en lo que pasará en los días subsiguientes. “Nuestras prioridades son otras”, remarcó un asesor del bloque radical de la Cámara baja.
El leitmotiv que la UCR ha elegido para instalarse en el escenario político es oponerse a la supuesta intención de reformar la Constitución que impulsarían algunos sectores del kirchnerismo. La idea de la reforma es difícil de comprobar, ya que desde el Gobierno nadie la ha puesto sobre la mesa. Lo importante del dato en este caso es que el tema le ha servido a los radicales para intentar ponerse como eje de la oposición, convocando a una multisectorial, armando foros, orquestando un acuerdo entre los senadores opositores, etcétera, y sin poner en el centro al 7/D.
Claro que hay algunos matices para remarcar. No todos los correligionarios tienen la misma visión sobre cómo pararse frente al tema. Oscar Aguad, Ernesto Sanz y Silvana Giudici son dirigentes que defienden un alineamiento más nítido detrás de Clarín, y también es cierto que la UCR respalda el accionar de sus representantes en el Consejo de la Magistratura.
Los frenteamplistas. En el Frente Amplio Progresista (FAP) resaltan una cuestión central respecto de su relación con el Grupo Clarín. “Cuando comenzó la campaña electoral del año pasado nos borraron de las páginas del diario, de las radios, y de sus canales de televisión”.
Lo que destacan en el FAP es algo que el lector puede comprobar repasando algunos diarios del año pasado. Recibió mucho más espacio el senador Sanz, que lanzó su candidatura presidencial en marzo del 2011 y jamás logró pasar el 1% de intención de voto, que Hermes Binner. En el FAP señalan que luego, cuando Sanz se bajó “empezaron con Eduardo Duhalde y siguieron Ricardo Alfonsín, siempre tratando de bajarnos a nosotros”.
Finalmente fue Binner quien salió segundo en las presidenciales y eso empujó otra operación, sería posible titularla así: “Macri no compitió, pero fue el segundo”. “Lo ponen siempre como si fuera el jefe de la oposición y en realidad el que salió detrás de Cristina fue Binner”, remarcó un diputado nacional del socialismo.
El dirigente remarcaba esta situación, pidiendo reserva, para sostener que “siempre intentan ponernos en segundo plano como fuerza política”. ¿Será porque apoyaron la ley de medios? Aunque sea difícil de creer por lo bien que tratan los medios del establishment a Mauricio Macri, en el PRO también miran a Clarín con una dosis de desconfianza.
“Es como acariciarle la pata al tigre”, remarcó un diputado del macrismo. El mismo referente sostuvo que “nadie en la oposición piensa que defender al Grupo es cuidar la libertad de expresión”.
De todos modos, todos los opositores tratan de cuidar los espacios mediáticos que tienen para mostrarse a la sociedad. Aquí es donde radica el poder político de los medios. Por eso, aunque sea reiterativo señalarlo, hay que volver a remarcar que nada bien le hace al sistema político la concentración mediática. A la larga, siempre le juega en contra.
Se viene el per saltum. Este panorama de fondo tiene un debate de coyuntura que se juega en la superficie. Como suele suceder, allí las posiciones cambian. El próximo 14 de noviembre la Cámara de Diputados discutirá la reglamentación del per saltum.
La norma se aprobó el miércoles pasado en el Senado por 43 votos a favor y 23 en contra, y a la mañana siguiente recibió dictamen en las comisiones de la Cámara baja. El tema se disparó por un hecho concreto: un grupo económico –Clarín– ha podido gambetear una ley aprobada por el Parlamento. Lo ha hecho durante tres años, utilizando una medida cautelar que parecía extenderse hasta el infinito.
La Corte Suprema le puso como fecha límite el 7 de diciembre, pero la dilación judicial podría continuar. ¿Qué herramienta jurídica puede generar la democracia para evitar en el presente y el futuro una situación como esta? Una de las herramientas posibles, según el Gobierno, es el per saltum.
“Es un recurso extraordinario que se podría solicitar cuando la demora en una causa puede producir perjuicio al derecho federal y que este perjuicio no pudiera repararse después”, le explicó a Miradas al Sur la diputada del Frente para la Victoria Diana Conti, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
La figura del per saltum implica “saltar instancias” para darle mayor celeridad a determinadas causas, exceptuando las penales. La Corte podría intervenir y pronunciarse antes que las cámaras de apelación. Esto sucedería ante el pedido de una de las partes en pugna en un juicio determinado. Los supremos son los que deciden si acceden a la solicitud.
La reglamentación que se aprobó en el Senado establece que la intervención puede hacerse en situaciones de “marcada excepcionalidad” y cuando hay “gravedad institucional”. “La norma –explicó Conti– describe la gravedad institucional. Ocurre cuando las cuestiones sometidas a juicio exceden el interés de las partes y se proyectan sobre el interés general.”
La reglamentación también establece que el per saltum sólo puede aplicarse luego de una sentencia definitiva en primera instancia o en las resoluciones comparables con ellas en sus efectos. (Una cautelar que dura tres años es comparable en sus efectos con una sentencia definitiva).
Las críticas del arco opositor tienen varios puntos en común. Uno de ellos es que la norma se debate en medio del conflicto por la aplicación plena de la ley de medios. “Nos preocupa porque está vinculado de un modo directo con esta causa –le remarcó a este medio el diputado de la UCR Miguel Bazze–. Casi toda la oposición piensa que es un proyecto inspirado por esta situación. Creo que es una exageración por parte del Gobierno”.
Este medio le preguntó al diputado radical si no era grave que un grupo económico pudiera evitar durante tres años el acatamiento de una ley aprobada por el Parlamento. El dirigente contestó: –En algún momento esto terminaría resolviéndose en la Justicia. Creo que el Gobierno paga un costo muy alto por algo que no es trascendente.
Bazze remató señalando algo esperable: “No vamos a acompañar esta ley. Podríamos haberla apoyado si se hubiera planteado en otro contexto, pero en este no”. Al igual que el diputado radical, referentes del PRO y el FAP que fueron consultados por este semanario sostuvieron que no acompañarían la reglamentación. Y también pusieron el acento en que era un mal momento por el conflicto de la ley de medios.
Una breve reflexión sobre esta cuestión del contexto, que es un argumento recurrente en los debates políticos. Casi todas las disputas legislativas, en la Argentina y el mundo, se producen en medio de los conflictos que esas mismas leyes pretenden resolver. La reestatización de la mitad más uno de las acciones de YPF, la anulación del servicio militar obligatorio a fines de la década del ’90, la aprobación de la Ley de Divorcio en los ’80, las normas antiesclavistas del siglo XIX, fueron leyes que se plantearon al calor de los conflictos. Es una verdad histórica sobre cómo funciona el proceso político. En este caso no pasa nada distinto.
Fuente:MiradasalSur
Mucho más que la nueva ley de medios
Año 5. Edición número 233. Domingo 4 de noviembre de 2012
Por Gabriel Bencivengo
gbencivengo@miradasalsur.com
El congreso armado por el Grupo Clarín en Miami arroja luz sobre los vínculos entre algunos jueces y el holding. Los intereses, los jugadores y las cámaras del sector con las que Magnetto presiona para preservar un ámbito privilegiado de acumulación.
Que las cámaras empresariales se integren con propietarios y ejecutivos de compañías es normal; tan normal como que pugnen por defender los intereses de sus asociados, o que intenten preservar ámbitos privilegiados de acumulación. Son las reglas del juego.
Que esas mismas cámaras financien centros de investigación que producen documentos orientados a legitimar las posiciones de sus patrocinadores es también una práctica extendida. Los famosos think tanks.
Lo que sin duda es anormal, o debería serlo, es que integrantes de la magistratura, concretamente cinco jueces de la Cámara Civil y Comercial Federal –de un total de ocho en actividad–, participen de un seminario organizado por un centro de investigación creado y financiado por un grupo económico que tiene intereses en juego en el fuero en cuestión.
Tal es la médula de la situación planteada por el viaje que hicieron los camaristas Francisco de las Carreras, Alfredo Gusman, Santiago Kiernan, Ricardo Recondo y Ricardo Guarinoni –según la declaración del secretario general del tribunal, Gustavo Boccanera– invitados por el ahora famoso Centro de Estudios para el Desarrollo de as Telecomunicaciones y Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina (Certal) que financia, entre otros multimedios de la región, el Grupo Clarín.
Los antecedentes. “Mi materia prima es la democracia, por esos no pegan”, se victimizó Héctor Magnetto durante la tenida que mantuvieron esta semana en Montevideo los empresarios que integran la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR).
Claro está: nada dijo sobre los motivos que llevaron a su empleadora, Ernestina Herrera de Noble, a brindar con el dictador Jorge Rafael Videla cuando Clarín y La Nación se apropiaron de Papel Prensa.
Tampoco habló Magnetto de las presiones que aplicó el matutino sobre la frágil democracia del período presidencial de Raúl Alfonsín para que las propietarias de medios gráficos y las sociedades provenientes de cualquier sector de la economía pudieran ingresar en el mercado de la televisión y la radio; objetivos alcanzados durante el menemismo con la Ley de Reforma del Estado que abrió el juego de las privatizaciones y modificó una serie de artículos del Decreto-Ley 22.285 de la dictadura cívico-militar.
Mucho menos mencionó Magnetto los irrisorios 11 millones de dólares que desembolsó Arte Radiotelevisivo Argentina S.A. –sociedad que usó Clarín en la licitación– para quedarse con el Canal 13 y todas sus instalaciones y equipos.
El desembarco le permitió, mediante el sistemático abuso de su posición dominante, consolidar un conglomerado que alcanza, según las imprecisas cifras oficiales, unas 250 licencias de radio, televisión y televisión por cable en todo el país.
No es extraño que, desde entonces, el peso del Grupo se hiciera sentir en la agenda pública y que, mediante otra intrincada red de relaciones, modelara a su imagen y semejanza las cámaras empresarias del sector.
Colonizando cámaras.Algunos vínculos son interesantes. No porque hablen de actividades ilícitas, sino porque explicitan los intereses en juego y dejan en claro por cuenta y orden de quienes actúan los jugadores. Un caso sintomático lo constituye la Comisión de Asuntos Públicos y Regulación del célebre Certal.
Su titular es el ex secretario de Defensa de la Competencia y al Consumidor, Carlos Winograd, quien a mediados de 2000 aprobó el convenio mediante el cual el Grupo Clarín le compró a Techint el 50% de Impripost Tecnología S.A., dedicada a la impresión de datos variables y ensobrados de documentos en grandes volúmenes La compra implicaba un alto grado de concentración. Winograd no exigió estudios de mercado para determinar si la operación disminuía, restringía o distorsionaba la competencia.
El visto bueno se otorgó en base a las cifras declaradas por las partes interesadas en que el negocio se concretara. La participación de Impripost en el mercado creció aún más cuando el Grupo Clarín sumó nuevos clientes al negocio de la televisión por cable; por ejemplo, a través de la compra de Multicanal. No es el único caso que alimenta el entramado de intereses.
En la práctica, Winograd es secundado en la Comisión de Regulación del Certal por Walter Burzaco, representante de Magnetto en el negocio de la televisión por cable y titular de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC). La entidad, creada a principios de los ’90, fue colonizada por el Grupo Clarín a la par que asfixiaba primero y fagocitaba después una infinidad de pequeños y medianos operadores del interior del país que no podían resistir la presión del dueño del fútbol codificado y que terminaron vendiéndole a Magnetto. Hernán Verdaguer, gerente de Asuntos Regulatorios de Clarín y directivo del Certal es otro caso típico.
Además de las posiciones que detenta en el holding y en Certal, también está presente en ATCV como secretario general de la Comisión Directiva, posición desde la que se ocupa de hacer lobby en el lucrativo negocio de la televisión por cable. La lista es interminable. Alejandro Harrison, titular del capítulo argentino de Certal, preside Pramer –compañía de Liberty Global Inc.–, una de las mayores empresas de medios del mundo.
Pramer tiene unos 20 millones de clientes y distribuye señales en 24 países, entre ellas El Garage TV, una de las señales que encabezó la movida –medida cautelar de por medio– contra la resolución de la Afsca que reordenaba las grillas en el cable. Los conchabos de Harrison no terminan en Pramer. El hombre también se desempeña en otra organización empresarial clave en el negocio de la televisión.
Se trata de la Cámara de Productores y Programadores de Señales Audiovisuales (Cappsa), que junto a Cablevisión fue uno de los auspiciantes del seminario organizado por Certal en Miami. Harrison, ex ejecutivo del Grupo Clarín, es vicepresidente de Cappsa, donde es secundado desde una de las vocalías por Pablo Casey, sobrino de Magnetto que, además, ocupa la presidencia de la Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires (Aedba).
¿Juez y parte…? La situación del juez Ricardo Recondo es clara. Su influencia en la corporación judicial, su peso como camarista y ex presidente de la Asociación de Magistrados, además de su posicionamiento político-ideológico, son ampliamente conocidos. Que su hija, Ana Recondo, trabaje en el Certal como coordinadora general del capítulo argentino no es excepcional.
En la práctica, el juego de las relaciones es casi infinito. Menos conocido es el caso del juez Carlos Mahíques, integrante de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires. Al igual que sus colegas De las Carreras y Recondo, Mahíques fue uno de los disertantes del congreso organizada por el Certal, organización en la que también revista su hijo, Juan Mahíques, como responsable de Relaciones Institucionales del capítulo argentino, y su hija, Eugenia Mahíques, como directora del observatorio de medios.
Especialista en Derecho Penal, el currículum de Mahíques incluye un doctorado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica Argentina, donde es profesor titular de varias asignaturas. En los claustros de la casa de estudios suelen concretarse las convocatorias del Movimiento Productivo Argentino que lidera Eduardo Duhalde.
Quienes transitan la magistratura bonaerense pintan a Mahíques como un cuadro de la derecha de muy sólida formación. Activo militante del antiabortismo, su nombre lo barajó el PRO hacia fines de 2010 para ocupar un lugar en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, cuando en medio de un escándalo se cayó la postulación de Daniela Bruna Ugolini, la primera candidata de Mauricio Macri.
Todo para mí. Desde el oficialismo se subraya que el Certal es, ante todo, un grupo de lobby. “Lo que no se entiende es qué hace la Cámara Civil y Comercial Federal asistiendo a ese congreso”, se preguntó esta semana el senador neuquino del Frente para la Victoria, Marcelo Fuentes.
En el caso de De las Carreras se le dio traslado en el Consejo de la Magistratura a la denuncia en su contra y tiene 20 días de plazo para hacer su descargo. “Si las explicaciones no son satisfactorias, se puede abrir el proceso de destitución”, agregó Fuentes. En el oficialismo señalan que la situación de Recondo es más delicada. Similares son las evaluaciones que hacen quienes transitan los diferentes ámbitos del Poder Judicial.
Ni qué hablar del análisis de los integrantes del oficialismo en el Consejo de la Magistratura. “No sólo quedaron claras sus maniobras de digitación del juez subrogante Raúl Tettamanti, el bloqueo a la designación de jueces naturales, sino que ahora surgen estas vinculaciones con esta organización llamada Certal”, dijo Fuentes. Para el oficialismo, los vínculos son claros.
Los hechos parecen confirmarlo. El congreso de Miami también tuvo como panelista a Carlos Moltoni. El gerente de Cablevisión sostuvo que la nueva ley de medios sancionada por el Congreso abre la puerta a la participación de actores que, según su entender, no tendrían que participar. La embestida apunta a preservar el ámbito privilegiado de acumulación que en el sector info-comunicacional consolidó el Grupo Clarín entre 1989 y 1995.
Está claro: en la visión de los actuales jugadores no hay lugar para las organizaciones no gubernamentales ni para las universidades, por citar un par de ejemplos.
Hoy por hoy. Tras las revelaciones y la fuerte ofensiva de los consejeros del Frente para la Victoria, los camaristas Martín Farrell y Santiago Kiernan renunciaron a sus cargos.
Al momento de la dimisión, Farell era el presidente subrogante de la Cámara y miembro de la Sala I del tribunal. Kiernan, también subrogante, ocupaba un cargo de magistrado en la Sala II.
Los dos estaban jubilados, pero sin embargo habían sido convocados por sus pares, amparados en una normativa que permite a los jueces retomar sus tareas si es necesario.
Farrell se vio involucrado directamente en la denuncia del Gobierno Nacional por anomalías en la designación de los jueces subrogantes que debían fallar sobre el artículo 161 de desinversión. Al igual que Recondo, Farrell está señalado como uno de los responsables de digitar la elección de magistrados. En Tribunales, las aguas están divididas entre quienes recelan de las intenciones del Gobierno Nacional y quienes no.
Sin embargo, unos y otros admiten que se está descorriendo el velo que ocultaba un sistema para la elección de magistrados que rozaba la ilegalidad.
Fue ante esta situación que el Poder Ejecutivo se presentó ante el Consejo de la Magistratura y denunció hechos y situaciones; al tiempo que exigió que se priorizara la selección de jueces a través de concursos y presentó, con acuerdo del Senado, el listado de 16 conjueces que la Cámara Civil y Comercial Federal deberá sortear para cubrir las vacancias del tribunal hasta tanto el Consejo de la Magistratura designe nuevo titulares.
Modus operandi
El valor de la palabra
Las prácticas a las que suele apelar el Grupo Clarín para conservar y aumentar su poder de lobby tienen un patrón que quedó en evidencia hace un par de años. El escenario en aquella ocasión fue una cámara empresaria clave: la Asociación de Teledifusoras Argentinas (ATA), entidad que desde 1959 representa a los canales de televisión abierta que tienen licencias para operar en el país.
En 2008, el Grupo Clarín y Telefé habían alcanzado un acuerdo de palabra que consistía en alternarse en la presidencia de ATA. La idea, alentada por los canales del interior, consistía en que se alcanzara un equilibrio que garantizara un mayor equilibrio en las decisiones para que el holding que dirige Héctor Magnetto no siguiera imponiendo sus posturas.
En octubre de 2010, la cuestión pasaba por designar al sucesor de Pablo Casey, sobrino de Magnetto y hasta ese momento presidente de ATA. El candidato de consenso era Luis Velo, ejecutivo de Telefé y referente de las televisoras del interior. Sin embargo, el Grupo Clarín desconoció el pacto y llamó a un cuarto intermedio para dilatar la sucesión.
Los canales del interior exigieron que se respetara lo acordado. La discusión fue áspera. La asamblea resolvió votar. Así las cosas, el candidato de los canales del interior ganaba por amplia mayoría.
Sin embargo, una jugada de último momento le permitió a Casey entorpecer lo que parecía un resultado cantado. La repentina ausencia de uno de los delegados dejó sin quórum la asamblea.
La maniobra del Grupo Clarín abrió profundas diferencias hacia el interior de ATA. Tras una dura pulseada, finalmente, el Grupo Clarín se vio obligado a ceder la posición y Luis Velo sucedió a Casey.
Fuente:MiradasalSur
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