4 nov, 2012
De visita en la Argentina para participar de las IV Jornadas de Revisión de la Convención sobre discapacidad, el experto aseguró que “el colectivo que tiene sus derechos civiles más vulnerados es el de las personas con discapacidad psicosocial”. Así, Astorga Gatjens se refirió a las personas que por sufrir, por ejemplo, bipolaridad o esquizofrenia, no pueden ejercer su derecho al casamiento, al voto o a firmar un contrato. “Existe una gran confusión e imprecisión para las personas con discapacidad psicosocial, de hecho hay países que ni siquiera trazan una división entre discapacidad intelectual y psicosocial”, explicó Astorga Gatjens, quien además es comunicador y militante de derechos humanos, en Costa Rica. “Mientras que la discapacidad intelectual tiene características que vienen de nacimiento, como el síndrome de down o el autismo, la discapacidad psicosocial se genera por las condiciones de la sociedad, y está asociada a problemas en la salud mental”, dijo.
Las jornadas fueron organizadas por la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis), la Fundación para las Américas de la OEA y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Del encuentro también participó la chilena Pamela Molina, de la Fundación para las Américas (OEA) que lleva adelante un proyecto organizado por la Fundación Trust y financiado por Open Society Institute (OSI), en el que se busca la “promoción y concientización de la capacidad legal de las Personas con Discapacidad Psicosocial en América latina”. En ese marco, Molina indicó: “Las personas con discapacidad psicosocial son las más vulneradas porque sus organizaciones se encuentran en un proceso de desarrollo más débil y en muchos países todavía no se consideran personas con discapacidad sino enfermas”.
Según un relevamiento que se realizó en febrero y marzo como parte de este proyecto, en la Argentina, Perú, México, Chile, Colombia y Paraguay “no hay estadísticas claras de las personas con discapacidad psicosocial, sus organizaciones son muy recientes y las legislaciones todavía mantienen las figuras de interdictos, incapaces e inhabilitados”.
“A la discriminación que sufrimos todas las personas con discapacidad, quienes tienen discapacidad psicosocial cuentan –además– con el estigma de que son peligrosos”, indicó Molina. Y en este sentido, explicó: “El círculo de discapacidad y pobreza se acentúa por el estigma, no consiguen empleos y entonces terminan en las instituciones psiquiátricas porque no tienen cómo subsistir”.
Otro referente latinoamericano sobre el abordaje de la salud mental con un enfoque de derechos, Salam Gómez –fundador de Fundamental Colombia–, aseguró que la capacidad jurídica “es una base sobre la que se construyen todos los demás derechos”.
“El reto es comenzar a trabajar en empoderar a las personas con discapacidad psicosocial para que puedan reconocer que están pasando por un proceso de salud mental, y luego pensar cómo superar las barreras que se imponen, cómo desmitificar, porque el elemento que da la discapacidad es el estigma”, planteó. “En algunos espacios todavía es resistida la denominación psicosocial porque la consideran «muy grande», nosotros decimos que lo es, y que desde esa amplitud es desde donde hay que trabajar”, añadió.
En tanto, la comunicadora Sabrina Aguilera, a cargo de la investigación del proyecto de OEA en Argentina, explicó que “la Convención establece que la discapacidad no la tiene la persona sino que se da en la interacción entre la sociedad y esa persona”.
“Si nosotros hablamos de enfermo mental estamos dando una definición desde un enfoque médico y lo que buscamos es la cura, si en cambio decimos persona con discapacidad lo que se pretende es lograr su mayor nivel de autonomía”, aseguró.
La Convención Internacional de Personas con Discapacidad fue aprobada en 2006 y la Argentina la ratificó en 2008.
El Código Civil vigente establece que mediante un proceso judicial se puede declarar la insanía e inhabilitación, sin embargo, en el proyecto del nuevo código este concepto está siendo debatido para ajustarlo a lo que plantea la convención. “Hay que eliminar la figura de insanía y sustituirla por redes de apoyos que le permitan a las personas con discapacidad tomar sus decisiones”, sostuvo Iñaki Regueiro, de la organización Red por los Derechos de las personas con Discapacidad (Redi). El experto explicó que “estos temas se están debatiendo y es muy importante que se puedan plasmar en el nuevo código porque es la única manera de reflejar legalmente el nuevo paradigma que propone la Convención”.
Fuente:ElCiudadanoyLaGente
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